Herlinda Nieto Díaz
Expediente 59/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Herlinda Nieto Díaz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintidós. HA CAUSADO ESTADO DESECHAMIENTO Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. SE RECIBE DEMANDA DE MAPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado bajo el número III-59/2022. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 28, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. DESECHAMIENTO POR NO AGOTAR LA EXPECIÓN DE PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD La quejosa reclama el acuerdo de no ejercicio de la acción penal de dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, dictado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de alto impacto, de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, licenciada María del Socorro Maya García. En el caso, contra dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Ahora bien, el citado artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo cuando exista un juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados. Por su parte, el numeral 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y el de no ejercicio de la acción penal. El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, ya que se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito de la prerrogativa constitucional de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Además, el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Se advierte además, que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que tanto la abstención de investigar como el no ejercicio de la acción penal, del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, los derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, si en el presente asunto el quejoso reclama la abstención de investigar hechos constitutivos de delito, lo que se traduce en una omisión de ejercitar acción penal, a través de la declinación de su demanda, resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa debió acudir ante el Juez de Control competente a impugnar tal omisión a través del recurso innominado que contiene éste último precepto, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, a través de la admisión de la demanda, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. Es aplicable a lo anterior, las jurisprudencias que enseguida se citan. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021659 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.I.P. J/68 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433 Tipo: Jurisprudencia "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021064 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.I.P. J/61 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, página 1430 Tipo: Jurisprudencia "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARÁCTER NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está obligado a impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o sus omisiones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, al imputado o a quien se ostente con tal carácter no le es exigible agotarlo antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues condicionarlo a ello representa imponerle una exigencia excesiva y carente de razonabilidad al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer dicho medio ordinario de defensa, aunado a que implicaría generarle cargas adicionales, como interponer otros recursos contra la eventual negativa del Juez de Control de admitir ese medio de impugnación en la vía ordinaria, lo que además pugna con el derecho fundamental de acceso a la justicia." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023531 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 9/2021 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito." DIVERSO MOTIVO DE DESECHAMIENTO. Asimismo, del análisis de la demanda, y constancias que se adjuntan al ocurso de cuenta, se conduce a considerar que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de dicha normatividad, según se verá a continuación: El artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, dispone lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del numeral 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, c) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En su escrito inicial de demanda la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado, consistente en: El acuerdo de no ejercicio de la acción penal de dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, dictado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de alto impacto, de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, licenciada María del Socorro Maya García. En tales condiciones y toda vez que el acto reclamado por la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la oportunidad de la promoción de la demanda de garantías, inconcuso es que, el plazo que rige en el presente asunto es el general de quince días. Ahora bien, atento a lo corroborado con las copias certificadas que le emitió la Agente del Ministerio Público, y al manifestar la quejosa bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama el veintidós de diciembre del dos mil veintiuno. Por tanto, el término para promover la demanda de amparo comenzó a contar a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de los actos, conforme a la ley del acto, esto es del veintitrés de diciembre del dos mil veintiuno al doce de enero del dos mil veintidós, como se advierte de la siguiente ilustración: DICIEMBRE 2021 DOMINGO LUNES MARTES MIERCÓLES JUEVES VIERNES SABADO INHÁBIL 1 2 3 4 5 INHÁBIL 6 7 8 9 10 11 INHÁBIL 12 INHÁBIL 13 14 15 16 17 18 INHÁBIL INHÁBIL 19 20 21 22 Quejosa tuvo conocimiento de los actos. 23 (1) 24 (2) 25 INHÁBIL 26 INHÁBIL 27 (3) 28 (4) 29 (5) 30 (6) 31 (7) INHÁBIL ENERO 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIERCÓLES JUEVES VIERNES SABADO INHÁBIL 1 INHÁBIL 2 3 (8) 4 (9) 5 (10) 6 (11) 7 (12) 8 INHÁBIL 9 10 (13) 11 (14) 12 (15) Último día para la presentación de la demanda. 13 14 15 INHÁBIL 16 17 18 19 20 (PRESENTACION DE LA DEMANDA) FUERA DE TÉRMINO. 21 22 Así las cosas, como la demanda fue presentada hasta el veinte de enero del año en curso, según consta de la papeleta de la Oficialía de Correspondencia Común de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, resulta claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el primer de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos. En consecuencia, si como ya se dijo, la demanda de amparo a estudio fue presentada el veinte de enero del presente año, esto es, cuando ya había transcurrido el término para promover el juicio constitucional, es claro que su presentación deviene extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo cual constituye una razón adicional para desechar la demanda de amparo. Por tanto, al actualizarse las causales de improcedencia en comento, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. SEÑALA CORREO ELECTRÓNICO De conformidad con lo establecido por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional toma nota de la dirección del correo electrónico y número telefónico precisado, siendo el siguiente: carlomagnod@hotmail.com y 7151154990 sólo como información adicional de dicha parte, para que pueda ser tomada en consideración en un momento dado dentro del presente juicio. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a Carlo Magno Díaz Mancera, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, se tiene a Rosana Morales Olalde, como autorizada únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones, por los motivos expuestos en la certificación de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete de enero al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp
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