Hermelinda Mendoza García

Expediente 1025/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1025/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Hermelinda Mendoza García
  • Juez Quinto de primera Instancia en Materia oral Familiar en esta ciudad
  • Juez Quinto de primera Instancia en Materia oral Familiar en esta ciudad y Otros.
  • Hermelinda Mendoza García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADO HUGO EMILIO GUTIÉRREZ GAMIÑO, EL SIGUIENTE AUTO:O Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Hermelinda Mendoza García, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.V.G.M., para efecto de que la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Hermelinda Mendoza García, frente a Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño; y, 2. Dicte otro, en el que, reitere las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con libertad de jurisdicción, provea en relación a las peticiones que le son planteadas, aplicando los fundamentos legales correspondientes. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Inconforme con dicha resolución el tercero interesado, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria emitida en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado; y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el cinco de marzo de este año, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada del auto de cuatro de marzo de este año y otras constancias, derivados del juicio ordinario oral familiar 611/2019, y de las cuales se desprende que para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: A) Dejó insubsistentes los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019. B) Continuando con los lineamientos que le fueron marcados, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, dio nueva cuenta con el escrito presentado por el demandado y aquí tercero interesado, Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, determinando de acuerdo con el interés superior de la menor, es prerrogativa de ésta convivir con sus ascendientes, en el caso concreto, con el padre no custodio, con la salvedad de que advirtió que exista inminente riesgo a la integridad física, psicológica o emocional de la menor, tal como lo establece el artículo 436 del Código Familiar para el Estado; y que la menor cuenta actualmente con la edad de cinco años cumplidos. Lo anterior lo consideró así, partiendo de lo dispuesto en el referido numeral 436 del Código Familiar para el Estado, concatenado con lo que establece el diverso 440 del mismo ordenamiento legal, para lo cual, con base en las constancias rendidas en autos del juicio de origen, consideró satisfechas cada una de las circunstancias previstas en ese artículo (I. La edad de la menor; II. Los honorarios de sus actividades escolares y extraescolares, si las tuviere; III. Sus condiciones y necesidades particulares; y, IV. La existencia o no de riesgo de sustracción del menor de edad o de la necesaria adaptación del mismo con el progenitor con quien va a convivir, a efecto de determinar si debe ser libre, asistida o supervisada; progresiva y evaluada por sicólogos, a fin de graduarla, precisando el lugar, días y horas en que deberá desarrollarse, dictando los apercibimientos y las providencias necesarias para su cumplimiento) Cabe señalar que la juez responsable, en torno a lo expresado por la parte actora y aquí quejosa, sobre el riesgo de la menor con la convivencia con su progenitor, expuso que no se encontraban plenamente demostrados, por lo que no podía denotarse que el padre tuviera intención de sustraer a la menor, ni que peligre a su lado, señalando las pruebas que estimó fehacientes, idóneas e incluso supervenientes, con las que arribó a esa convicción C) Por ello, insistió en determinar que sí procede decretar la convivencia provisional entre el demandado y su menor hija; y para materializar tal convivencia, la juez responsable reservó ese aspecto, hasta en tanto los padres cumplieran con los requerimientos que les formuló (información sobre convivencias, horarios, aspectos diarios y de seguridad de la menor), a fin de tomar las medidas que mejor beneficiaran a la infante. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, la juez responsable por oficio presentado el diecinueve de marzo de este año, allegó copia certificada del acuerdo de dieciocho de ese mes y año, dictado en el juicio familiar de origen, en el cual, tomando en consideración lo determinado en auto de cuatro de marzo en curso, estableció el régimen de convivencia del demandado y su menor hija, señalando los días y horas de convivencia, así como la forma en que la misma habrá de tener verificativo. Dada la información rendida por la responsable, se ordenó dar nueva vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran necesario a sus intereses. Declaración de ejecutoria cumplida Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que la magistrada responsable dejó insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019; y, en su lugar, con fecha cuatro de marzo de este año, dictó uno diverso, en el que, reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, proveyó en relación a las peticiones que le fueron planteadas, citando la fundamentación que estimó aplicable y una vez que dio respuesta a las manifestaciones de oposición formuladas por la actora y aquí quejosa, decretó la convivencia de la menor con su progenitor, tercero con interés en el amparo y en auto posterior de dieciocho de ese mismo y año, estableció el régimen de dicha convivencia. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LETICIA MONSERRAT GARCÍA ROSAS, EN CUANTO TUTORA ESPECIAL DE LA MENOR QUEJOSA DE INICIALES A.V.G.M., QUE DICE: SRM Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Hermelinda Mendoza García, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.V.G.M., para efecto de que la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Hermelinda Mendoza García, frente a Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño; y, 2. Dicte otro, en el que, reitere las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con libertad de jurisdicción, provea en relación a las peticiones que le son planteadas, aplicando los fundamentos legales correspondientes. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Inconforme con dicha resolución el tercero interesado, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria emitida en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado; y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el cinco de marzo de este año, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada del auto de cuatro de marzo de este año y otras constancias, derivados del juicio ordinario oral familiar 611/2019, y de las cuales se desprende que para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: A) Dejó insubsistentes los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019. B) Continuando con los lineamientos que le fueron marcados, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, dio nueva cuenta con el escrito presentado por el demandado y aquí tercero interesado, Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, determinando de acuerdo con el interés superior de la menor, es prerrogativa de ésta convivir con sus ascendientes, en el caso concreto, con el padre no custodio, con la salvedad de que advirtió que exista inminente riesgo a la integridad física, psicológica o emocional de la menor, tal como lo establece el artículo 436 del Código Familiar para el Estado; y que la menor cuenta actualmente con la edad de cinco años cumplidos. Lo anterior lo consideró así, partiendo de lo dispuesto en el referido numeral 436 del Código Familiar para el Estado, concatenado con lo que establece el diverso 440 del mismo ordenamiento legal, para lo cual, con base en las constancias rendidas en autos del juicio de origen, consideró satisfechas cada una de las circunstancias previstas en ese artículo (I. La edad de la menor; II. Los honorarios de sus actividades escolares y extraescolares, si las tuviere; III. Sus condiciones y necesidades particulares; y, IV. La existencia o no de riesgo de sustracción del menor de edad o de la necesaria adaptación del mismo con el progenitor con quien va a convivir, a efecto de determinar si debe ser libre, asistida o supervisada; progresiva y evaluada por sicólogos, a fin de graduarla, precisando el lugar, días y horas en que deberá desarrollarse, dictando los apercibimientos y las providencias necesarias para su cumplimiento) Cabe señalar que la juez responsable, en torno a lo expresado por la parte actora y aquí quejosa, sobre el riesgo de la menor con la convivencia con su progenitor, expuso que no se encontraban plenamente demostrados, por lo que no podía denotarse que el padre tuviera intención de sustraer a la menor, ni que peligre a su lado, señalando las pruebas que estimó fehacientes, idóneas e incluso supervenientes, con las que arribó a esa convicción C) Por ello, insistió en determinar que sí procede decretar la convivencia provisional entre el demandado y su menor hija; y para materializar tal convivencia, la juez responsable reservó ese aspecto, hasta en tanto los padres cumplieran con los requerimientos que les formuló (información sobre convivencias, horarios, aspectos diarios y de seguridad de la menor), a fin de tomar las medidas que mejor beneficiaran a la infante. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, la juez responsable por oficio presentado el diecinueve de marzo de este año, allegó copia certificada del acuerdo de dieciocho de ese mes y año, dictado en el juicio familiar de origen, en el cual, tomando en consideración lo determinado en auto de cuatro de marzo en curso, estableció el régimen de convivencia del demandado y su menor hija, señalando los días y horas de convivencia, así como la forma en que la misma habrá de tener verificativo. Dada la información rendida por la responsable, se ordenó dar nueva vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran necesario a sus intereses. Declaración de ejecutoria cumplida Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que la magistrada responsable dejó insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019; y, en su lugar, con fecha cuatro de marzo de este año, dictó uno diverso, en el que, reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, proveyó en relación a las peticiones que le fueron planteadas, citando la fundamentación que estimó aplicable y una vez que dio respuesta a las manifestaciones de oposición formuladas por la actora y aquí quejosa, decretó la convivencia de la menor con su progenitor, tercero con interés en el amparo y en auto posterior de dieciocho de ese mismo y año, estableció el régimen de dicha convivencia. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA QUEJOSA HERMELINDA MENDOZA GARCÍA, POR PROPIO DERECHO Y EN CUANTO REPRESENTANTE DE LA MENOR A. V. G.M., EL SIGUIENTE AUTO:O Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Hermelinda Mendoza García, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.V.G.M., para efecto de que la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Hermelinda Mendoza García, frente a Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño; y, 2. Dicte otro, en el que, reitere las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con libertad de jurisdicción, provea en relación a las peticiones que le son planteadas, aplicando los fundamentos legales correspondientes. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Inconforme con dicha resolución el tercero interesado, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria emitida en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado; y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el cinco de marzo de este año, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada del auto de cuatro de marzo de este año y otras constancias, derivados del juicio ordinario oral familiar 611/2019, y de las cuales se desprende que para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: A) Dejó insubsistentes los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019. B) Continuando con los lineamientos que le fueron marcados, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, dio nueva cuenta con el escrito presentado por el demandado y aquí tercero interesado, Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, determinando de acuerdo con el interés superior de la menor, es prerrogativa de ésta convivir con sus ascendientes, en el caso concreto, con el padre no custodio, con la salvedad de que advirtió que exista inminente riesgo a la integridad física, psicológica o emocional de la menor, tal como lo establece el artículo 436 del Código Familiar para el Estado; y que la menor cuenta actualmente con la edad de cinco años cumplidos. Lo anterior lo consideró así, partiendo de lo dispuesto en el referido numeral 436 del Código Familiar para el Estado, concatenado con lo que establece el diverso 440 del mismo ordenamiento legal, para lo cual, con base en las constancias rendidas en autos del juicio de origen, consideró satisfechas cada una de las circunstancias previstas en ese artículo (I. La edad de la menor; II. Los honorarios de sus actividades escolares y extraescolares, si las tuviere; III. Sus condiciones y necesidades particulares; y, IV. La existencia o no de riesgo de sustracción del menor de edad o de la necesaria adaptación del mismo con el progenitor con quien va a convivir, a efecto de determinar si debe ser libre, asistida o supervisada; progresiva y evaluada por sicólogos, a fin de graduarla, precisando el lugar, días y horas en que deberá desarrollarse, dictando los apercibimientos y las providencias necesarias para su cumplimiento) Cabe señalar que la juez responsable, en torno a lo expresado por la parte actora y aquí quejosa, sobre el riesgo de la menor con la convivencia con su progenitor, expuso que no se encontraban plenamente demostrados, por lo que no podía denotarse que el padre tuviera intención de sustraer a la menor, ni que peligre a su lado, señalando las pruebas que estimó fehacientes, idóneas e incluso supervenientes, con las que arribó a esa convicción C) Por ello, insistió en determinar que sí procede decretar la convivencia provisional entre el demandado y su menor hija; y para materializar tal convivencia, la juez responsable reservó ese aspecto, hasta en tanto los padres cumplieran con los requerimientos que les formuló (información sobre convivencias, horarios, aspectos diarios y de seguridad de la menor), a fin de tomar las medidas que mejor beneficiaran a la infante. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, la juez responsable por oficio presentado el diecinueve de marzo de este año, allegó copia certificada del acuerdo de dieciocho de ese mes y año, dictado en el juicio familiar de origen, en el cual, tomando en consideración lo determinado en auto de cuatro de marzo en curso, estableció el régimen de convivencia del demandado y su menor hija, señalando los días y horas de convivencia, así como la forma en que la misma habrá de tener verificativo. Dada la información rendida por la responsable, se ordenó dar nueva vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran necesario a sus intereses. Declaración de ejecutoria cumplida Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que la magistrada responsable dejó insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019; y, en su lugar, con fecha cuatro de marzo de este año, dictó uno diverso, en el que, reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, proveyó en relación a las peticiones que le fueron planteadas, citando la fundamentación que estimó aplicable y una vez que dio respuesta a las manifestaciones de oposición formuladas por la actora y aquí quejosa, decretó la convivencia de la menor con su progenitor, tercero con interés en el amparo y en auto posterior de dieciocho de ese mismo y año, estableció el régimen de dicha convivencia. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Hermelinda Mendoza García, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.V.G.M., para efecto de que la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Hermelinda Mendoza García, frente a Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño; y, 2. Dicte otro, en el que, reitere las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con libertad de jurisdicción, provea en relación a las peticiones que le son planteadas, aplicando los fundamentos legales correspondientes. La anterior determinación se hace extensiva a la ejecución reclamada al Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Inconforme con dicha resolución el tercero interesado, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria emitida en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado; y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el cinco de marzo de este año, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada del auto de cuatro de marzo de este año y otras constancias, derivados del juicio ordinario oral familiar 611/2019, y de las cuales se desprende que para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: A) Dejó insubsistentes los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019. B) Continuando con los lineamientos que le fueron marcados, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, dio nueva cuenta con el escrito presentado por el demandado y aquí tercero interesado, Hugo Emilio Gutiérrez Gamiño, determinando de acuerdo con el interés superior de la menor, es prerrogativa de ésta convivir con sus ascendientes, en el caso concreto, con el padre no custodio, con la salvedad de que advirtió que exista inminente riesgo a la integridad física, psicológica o emocional de la menor, tal como lo establece el artículo 436 del Código Familiar para el Estado; y que la menor cuenta actualmente con la edad de cinco años cumplidos. Lo anterior lo consideró así, partiendo de lo dispuesto en el referido numeral 436 del Código Familiar para el Estado, concatenado con lo que establece el diverso 440 del mismo ordenamiento legal, para lo cual, con base en las constancias rendidas en autos del juicio de origen, consideró satisfechas cada una de las circunstancias previstas en ese artículo (I. La edad de la menor; II. Los honorarios de sus actividades escolares y extraescolares, si las tuviere; III. Sus condiciones y necesidades particulares; y, IV. La existencia o no de riesgo de sustracción del menor de edad o de la necesaria adaptación del mismo con el progenitor con quien va a convivir, a efecto de determinar si debe ser libre, asistida o supervisada; progresiva y evaluada por sicólogos, a fin de graduarla, precisando el lugar, días y horas en que deberá desarrollarse, dictando los apercibimientos y las providencias necesarias para su cumplimiento) Cabe señalar que la juez responsable, en torno a lo expresado por la parte actora y aquí quejosa, sobre el riesgo de la menor con la convivencia con su progenitor, expuso que no se encontraban plenamente demostrados, por lo que no podía denotarse que el padre tuviera intención de sustraer a la menor, ni que peligre a su lado, señalando las pruebas que estimó fehacientes, idóneas e incluso supervenientes, con las que arribó a esa convicción C) Por ello, insistió en determinar que sí procede decretar la convivencia provisional entre el demandado y su menor hija; y para materializar tal convivencia, la juez responsable reservó ese aspecto, hasta en tanto los padres cumplieran con los requerimientos que les formuló (información sobre convivencias, horarios, aspectos diarios y de seguridad de la menor), a fin de tomar las medidas que mejor beneficiaran a la infante. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, la juez responsable por oficio presentado el diecinueve de marzo de este año, allegó copia certificada del acuerdo de dieciocho de ese mes y año, dictado en el juicio familiar de origen, en el cual, tomando en consideración lo determinado en auto de cuatro de marzo en curso, estableció el régimen de convivencia del demandado y su menor hija, señalando los días y horas de convivencia, así como la forma en que la misma habrá de tener verificativo. Dada la información rendida por la responsable, se ordenó dar nueva vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran necesario a sus intereses. Declaración de ejecutoria cumplida Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplen los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que la magistrada responsable dejó insubsistente los autos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve y seis de septiembre del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario oral familiar 611/2019; y, en su lugar, con fecha cuatro de marzo de este año, dictó uno diverso, en el que, reiteró las consideraciones que no fueron motivo de la concesión del amparo y, con la libertad de jurisdicción que le fue reservada, proveyó en relación a las peticiones que le fueron planteadas, citando la fundamentación que estimó aplicable y una vez que dio respuesta a las manifestaciones de oposición formuladas por la actora y aquí quejosa, decretó la convivencia de la menor con su progenitor, tercero con interés en el amparo y en auto posterior de dieciocho de ese mismo y año, estableció el régimen de dicha convivencia. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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