Heraclio López Calderón

Expediente 233/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
233/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Heraclio López Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Heraclio López Calderón, David Zamudio Contreras, Ma. Sonia Pérez Arreola, Juana Abigail Silva Sánchez, Guadalupe Ávila Merino, Martín Torres Espinoza, Abel Reyes Moreno y Jorge Espinoza Silva, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Ecr

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta que suscribe Juan Carlos Durán Arreguin, en cuanto apoderado jurídico de Heraclio López Calderón, David Zamudio Contreras, Ma. Sonia Pérez Arreola, Juana Abigail Silva Sánchez, Guadalupe Ávila Merino, Martín Torres Espinoza, Abel Reyes Moreno y Jorge Espinoza Silva, carácter que se le reconoce en términos de la documental que adjunta a la presente demanda, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Ello no obstante que la copia certificada que anexó a su demanda de amparo no señale el nombre de todos los actores del juicio de origen a los que representa, dado que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que tal promovente tiene reconocido el carácter de apoderado con la constancia que anexó a la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo ******************** de nuestro índice, consistente en el acuerdo de uno de diciembre de dos mil quince, en el que se observa que se le reconoció dicha personalidad de todos los actores precisados en el párrafo anterior. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis, del tenor siguiente: Registro digital: 186605 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXI/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 448 Tipo: Aislada "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la justiciable señala como acto reclamado destacado, el siguiente: ".Lo constituye la omisión de la responsable en ACORDAR EL ESCRITO PRESENTADO POR ESTA PARTE EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE SOLICITA QUE REQUIERA AL TITULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARO OBREGON, MICHOACÁN AHORA TERCERO INTERESADO PARA QUE CUMPLA CON EL LAUDO QUE OBRA EN AUTOS Y REMITA LA CANTIDAD A LA QUE FUE CONDENADO CUBRIR A FAVOR DE LOS QUEJOSOS, incumpliendo con lo señalado en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo." (subrayado y énfasis no es de origen). Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que eventualmente el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, como lo dispuso en la Jurisprudencia, del tenor siguiente: Registro digital: 163152 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin embargo, respecto al acto reclamado en esta vía, este Órgano de Control Constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe destacarse que en la actual Décima Época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; de ahí que, puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La referida interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, atendiendo a la naturaleza de dicha determinación, debe estimarse que no se cumple la condición para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en la etapa de ejecución, consistente en la exigencia de que se trate de un acto que afecte materialmente un derecho sustantivo, es decir, que denote una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total. En efecto, conforme a la jurisprudencia 33/2019, invocada por el Juez del conocimiento y sustentada por la también Segunda Sala de ese Alto Tribunal, ya se definió cual es el plazo que se debe tomar en cuenta para considerar procedente el amparo indirecto contra la dilación de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, estableciendo que era de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos. La jurisprudencia invocada fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página mil seiscientos cuarenta y tres, y es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Consiguientemente, la sola circunstancia de que no se haya acordado la promoción de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, relativa al expediente laboral 975/2015, mediante la cual solicitó que se requiriera el cumplimiento del laudo al Titular del Ayuntamiento Constitución de Álvaro Obregón, Michoacán, dentro del plazo que establece el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, no significa que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues se debe atender al periodo de cuarenta y cinco días, contados a partir del a fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Es así que en el caso, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues si presentó su promoción el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, entonces el plazo de cuarenta y ocho horas para acordarla venció el veintiséis del referido mes y año, por lo que si la demanda de amparo la presentó el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, es claro que solo habían transcurrido aproximadamente treinta y tres días naturales, que no excede los cuarenta y cinco días naturales que establece el artículo 772 del mismo ordenamiento, por lo que no existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento en ejecución. Sin que obste a lo anterior, que también sea un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad con las constancias que obran anexas al expediente de amparo ******************** de nuestro índice, que el que el laudo en el juicio laboral de origen se haya dictado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, transcurriendo más de tres años sin que se hubiese cumplido, en virtud de que no se puede tomar en consideración esa fecha para estimar que la responsable incurrió en una dilación abierta del procedimiento de ejecución del laudo, pues como quedó asentado con antelación, se debe atender a la fecha en que se presentó la promoción en la cual se requirió dicho cumplimiento y que lo es el veinticuatro de enero del presente año, no al tiempo que se llevó el trámite de la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral, al ser ésta una cuestión diversa y sujeta a otros términos y plazos de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo al respecto. Por lo que, se concluye que el acto reclamado no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que, se da juntamente dentro del mismo, esto es, la falta de prosecución del trámite de ejecución; puesto que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos de la parte promovente a las personas que refiere en su ocurso. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5°, 6°, y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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