Heriberto Dimas Abrego
Expediente 585/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heriberto Dimas Abrego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el amparo solicitado por HERIBERTO DIMAS ABREGO; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del expediente 64/2019. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintitrés de mayo pasado, dictado en el expediente del juicio de amparo VII-585/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia; Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VII-585/2019 promovido por Heriberto Dimas Abrego, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Oral Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercera interesada a Mayra Fernanda Munguía Luna por sí y en cuanto representante del menor de iniciales J.J.D.M., quien fue debidamente emplazada como se desprende de autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otro lado, se da cuenta con el oficio y el escrito registrados con los números 9932 y 9947, signados por la autoridad responsable, y por la representante especial del menor tercero interesado con iniciales J.J.D.M., mediante los cuales, se remiten pruebas documentales y se formulan alegatos, respectivamente. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación de hechos que antecede, y por lo que hace al oficio y escrito de cuenta, a través de los cuales se ofrecen pruebas y formulan alegatos, los mismos serán tomados en cuenta en la etapa respectiva. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: La Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial, en funciones de juez de instrucción. La Actuaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar Oral de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación del informe de referencia rendido con antelación y que ya obra en autos. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la autoridad responsable adjuntó a su oficio 2052/2019, presentado el veinticuatro del mes y año en curso en la oficialía de partes de este juzgado; asimismo obran en un tomo de pruebas por separado, las constancias que exhibió como sustento de su informe justificado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente formuló alegatos la representante especial del menor tercero interesado con iniciales J.J.D.M., mediante escrito presentado en esta misma fecha en la oficialía de partes de este juzgado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de referencia, con los cuales se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder al dictado de la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número VII-585/2019, promovido por Heriberto Dimas Abrego, por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Oral Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido el mismo día por razón de turno a este juzgado, Heriberto Dimas Abrego promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades referidas con antelación, de quienes reclamó los actos que precisó de la siguiente manera: ".De la C. Juez del H. Juzgado Cuarto Familiar Oral de este Distrito Judicial, señalada como responsable, lo es la emisión del auto dictado con fecha 14 catorce de Mayo del año en curso, dentro de los autos que integran, el Juicio Ordinario Familiar Oral número 64/2019 que promoví por propio derecho en contra de la C. Mayra Fernanda Munguía Luna y de la C. Ministro Ejecutora del Tribunal precisado, la inminente ejecución del mismo.". El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VII-585/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dió intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida en contra de actos de autoridades que residen dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMADA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consisten en: El acuerdo de catorce de mayo del año en curso, dictado en el juicio ordinario familiar oral 64/2019, del índice del Juzgado Cuarto Familiar Oral de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual se requirió al aquí quejoso el pago de pensión alimenticia provisional en favor de su menor hijo, por la cantidad de $12,321.60 (doce mil trescientos veintiún pesos 60/100 moneda nacional), correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año en curso, a razón de 3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional) de manera mensual; así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Del contenido de los informes justificados rendidos por la Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Cuarto Oral Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se desprende que éstos reconocieron la existencia de los actos reclamados. "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con los autos, y copias certificadas que las autoridades responsables remitieron con su informe justificado, y en diverso oficio número 2052/2019 presentado el veinticuatro del mes y año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En efecto, este juzgador advierte que se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, ello, toda vez que los actos de autoridad ya no pueden producir efecto alguno. Es decir, se trata de que el acto haya dejado de surtir sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación alegada como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que el acto no ha dejado huella alguna. Lo expuesto se retoma en la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en el acuerdo de catorce de mayo del año en curso, dictado en el juicio ordinario familiar oral 64/2019, del índice del Juzgado Cuarto Familiar Oral de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual se requirió al aquí quejoso el pago de pensión alimenticia provisional en favor de su menor hijo, por la cantidad de $12, 321.60 (doce mil trescientos veintiún pesos 60/100 moneda nacional), correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año en curso, a razón de 3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 moneda nacional) de manera mensual. Ahora bien, con independencia de la existencia de los actos reclamados y los efectos que haya generado en la esfera jurídica del gobernado, de las documentales que la autoridad responsable allegó al sumario el veinticuatro del mes y año en curso, se desprende que el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, tuvo lugar la audiencia preliminar en el juicio ordinario oral familiar 64/2019, en donde se llevó a cabo un convenio entre Heriberto Dimas Abrego -aquí quejoso-, y Mayra Fernanda Munguía Luna -aquí tercera interesada-; en el cual se resolvieron las cuestiones relativas a los derechos inherentes a su menor hijo con iniciales J.J.D.M.; y en lo que interesa, se resolvió lo relativo al pago de los alimentos provisionales fijados al aquí quejoso en favor del menor tercero interesado con iniciales J.J.D.M.; toda vez que acordaron lo siguiente: ".en relación a los alimentos provisionales existe un adeudo por parte del señor Heriberto Dimas Abrego por la cantidad de seis mil trescientos sesenta y un peso con ochenta centavos los cuales se comprometió a cubrir el deudor alimentista en dos depósitos a la cuenta que proporcione la demandada, cada uno por tres mil ciento ochenta pesos con noventa centavos, el primero el treinta de agosto y el segundo el quince de septiembre de este año. Se dictó sentencia definitiva procedente, dándose la explicación breve de la misma y leyéndose los puntos resolutivos de dicho fallo. Se levantaron las medidas provisionales decretadas.". En ese contexto, al ser el acto reclamado en el presente juicio de garantías el acuerdo de catorce de mayo del año en curso, dictado en el juicio ordinario familiar oral 64/2019, en el que se requirió al aquí quejoso el pago de pensión alimenticia provisional en favor de su menor hijo, por la cantidad de $12, 321.60 (doce mil trescientos veintiún pesos 60/100 moneda nacional), del índice de las responsables; y, al haberse resuelto el pago de dicha pensión provisional en el convenio que celebró el aquí quejoso con la tercera interesada en el juicio de origen, así como dictado sentencia y levantarse las medidas provisionales decretadas, es de concluirse que han cesado sus efectos; actualizándose así la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, de manera que la medida restrictiva reclamada ha dejado de existir sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. De ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VI, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Heriberto Dimas Abrego, por propio derecho, contra los actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Oral Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de esta sentencia, la misma deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. SEÑALA DOMICILIO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la diligencia de emplazamiento realizada a Fernando Tello Mendoza, en cuanto apoderado de la tercera interesada Mayra Fernanda Munguía Luna por sí y en cuanto representante del menor con iniciales J.J.D.M.; atento a su contenido, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en la diligencia de mérito. REPRESENTANTE ESPECIAL ACEPTA CARGO Por otra parte, visto el escrito signado por la Asesora Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública Olivia Benítez Reyes, mediante el cual comparece a aceptar y protestar el cargo de representante especial del menor con iniciales J.J.D.M. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, téngase a la ocursante apersonándose dentro de los presentes autos en su calidad de representante especial del menor tercero interesado en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en las oficinas del área de asesoría jurídica del Instituto federal de Defensoría Pública, en Avenida Camelinas número 3550, tercer piso, colonia Club Campestre, y por designando como sus autorizados con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a Santiago Orozco Valencia y Alejandro León Cortés; en tanto que al resto de las personas que aduce en su ocurso téngaseles sin las plenitudes antes anotadas, por no habérselas conferido expresamente. NO SE HACE MAYOR PRONUNCIAMIENTO. Por otra parte, respecto a la solicitud que realiza en torno a que se le autorice el uso de medios electrónicos y se le expidan copias del presente juicio, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2830/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.-Mgm
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Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE ESPECIAL DE MENOR. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal; atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado mediante diverso oficio 8376 de catorce del mes y año en curso, y al efecto, informa que designó a la licenciada Olivia Benítez Reyes, como representante especial del menor tercero interesado con iniciales J.J.D.M., y además, señala el domicilio en donde puede oír y recibir notificaciones; de lo anterior este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, atendiendo a la manifestación que hace en torno a que no se le adjuntó copia de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, y toda vez que de supralíneas se desprende que ya se realizó la designación del representante legal del menor tercero interesado; se considera innecesario remitirle copia de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa, virtud a que dicho representante podrá consultar el expediente de mérito, en la secretaría de este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.Mgm
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