Heriberto González Campuzano y Otros.
Expediente 16/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficialía Central de Oficiales y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y Otros.
- Heriberto González Campuzano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta secretarial, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual informa el contenido del proveído de dos de agosto del año en curso, dictado por ese órgano jurisdiccional en el toca de amparo en revisión 173/2019, del que se advierte, que admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por *******, autorizado de los quejosos ******* y *******, en relación a la sentencia dictada por este Juzgado Federal; agréguese para que obre como legalmente corresponde. Notifíquese Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *******, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por ******* en su carácter de apoderado de la tercera interesada *******, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos del presente juicio de amparo, así como del escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese; a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables, entregándoles copia del escrito de agravios. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo **/2019-III, promovido por ******** y *********, contra actos del Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día ********* y ********** demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se indican: 3. AUTORIDAD RESPONSABLE: A) Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, B) El Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, adscrito a la Oficialía Central de Oficiales y Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, que haya practicado el ilegal emplazamiento al juicio que lleva por número de expediente ***/2016, del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos,. 4. ACTOS RECLAMADOS: Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se reclama: A) La falta de emplazamiento a los quejosos y/o el ilegal emplazamiento que supuestamente me haya sido practicado en el juicio Oral Ordinario con número de expediente ***/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. B) Todos los actos llevados a cabo en el juicio Oral Ordinario con número de expediente ***/2016 del índice del Juzgado a su digno cargo, a partir del ilegal y presunto emplazamiento, incluyendo la sentencia dictada y las actuaciones que se han hecho en ejecución. Del Oficial notificador y ministro ejecutor se reclama: A) El ilegal emplazamiento que haya realizado a los quejosos en el juicio oral ordinario con número de expediente ***/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violadas. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo y su ampliación. El once de enero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda como amparo indirecto **/2019-III y se admitió a trámite, se solicitó a las responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este juzgado la parte quejosa amplió la demanda en cuanto a los conceptos de violación y actos reclamados a las autoridades responsables como sigue: 2. ACTOS RECLAMADOS POR LOS QUE SE AMPLÍA LA DEMANDA: A) Del Juez Quinto de lo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos se reclama adicionalmente: I) El ilegal emplazamiento que nos fue practicado por edictos dentro del juicio que tiene como número de expediente ***/2016 de su índice. II) La omisión de decretar la caducidad de la instancia en el juicio que tiene como número de expediente ***/2016 de su índice. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto de los conceptos de violación y los actos reclamados; se ordenó correr traslado a las partes con copia del escrito de ampliación; se solicitó a las autoridades responsable su informe con justificación; hecho lo cual se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y de su ampliación, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: El emplazamiento que les fue practicado por edictos dentro del juicio oral ordinario ***/2016, de su índice, promovido por ******* en contra de ********* y ******** y todo lo actuado en el mismo incluyendo la sentencia y las actuaciones que se han realizado en ejecución. La omisión de decretar la caducidad de la instancia en el juicio. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: El emplazamiento que realizaron a los quejosos en el juicio oral ordinario ***/2016. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su examen. Se cita, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente a Abril de 2004, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado negaron el acto que se les atribuyó consistente en el emplazamiento al juicio ***/2016, pues manifestaron que de ese juicio no se advierte diligencia de emplazamiento por parte de alguno de los actuarios judiciales, sino que por auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el emplazamiento de los ahora quejosos se ordenó por medio de edictos. Es esas condiciones, al no haber aportado la parte quejosa elementos probatorios tendentes a desvirtuar esa negativa, es por lo que en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que hace al acto reclamado a la autoridad antes señalada. Tiene aplicación, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 284, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuya sinopsis reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del juicio oral ordinario ***/2016, de su índice, documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones y de cuyo contenido se advierte la existencia de los actos que le fueron atribuidos en la demanda de amparo; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia de los actos que le fueron reclamados a la referida autoridad. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Desestimación de la causal de improcedencia invocada por el tercero interesado. Por escrito presentado el veintidós de marzo de este año, en la oficialía de partes de este juzgado, el tercero interesado *********, por conducto de sus apoderados, adujo como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues refiere que los quejosos no pueden ser considerados terceros extraños a juicio, porque de la copia autorizada por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito del juicio de amparo 396/2017-IV del índice de ese juzgado, promovido por el aquí quejoso *********, contra actos del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, se advierte que el referido juez aun cuando en su informe justificado negó los actos que se le atribuyeron en ese juicio de amparo, consistentes en las órdenes de presentación, detención y aplicación de una medida de apremio, informó de la existencia del juicio oral ordinario ***/2016 de su índice promovido por ***********, en contra de los aquí quejosos y para soportar su informe justificado exhibió copia certificada de todas y cada una de las actuaciones de dicho juicio oral ordinario, por lo que en ese momento los quejosos tuvieron cabal conocimiento de la existencia del juicio oral ordinario y del estado procesal del mismo y a partir del conocimiento y certeza de dicho juicio, les corrió el término para ampliar su demanda de amparo o promover un nuevo juicio, pero dentro del plazo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Continúa manifestando que lo relevante para la procedencia del juicio de amparo, sería la situación de completo desconocimiento del juicio ***/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, pero que al tener conocimiento pleno de las constancias del juicio exhibidas por la responsable, adquirió la parte quejosa total conocimiento de la existencia del mismo y del estado del juicio, de la acción judicial instaurada en su contra, el número y tipo de juicio, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, el nombre de quien demanda y qué les demanda, lo cual les permitía preparar actos de defensa a través de medios y recursos ordinarios o vigilar la caducidad procesal de la instancia, por lo que al no haber obrado de esa manera les priva del carácter de tercero extraño. Es infundada la causa de improcedencia invocada por la institución bancaria, hoy tercera interesada. Para demostrar esta aseveración, es pertinente señalar que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Del dispositivo previamente reproducido se deduce que cuando un juicio de amparo no sea promovido dentro de los términos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados conforme a las reglas que establece el diverso numeral 18, en contra de actos que en opinión del amparista le agravian, los mismos se reputan tácitamente consentidos, para efectos de la procedencia de ese medio extraordinario de control constitucional. Ahora bien, el artículo mencionado en primer término, señala lo siguiente: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el diverso numeral 18 establece: 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De conformidad con los artículos transcritos, el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, lapso que podrá contarse a partir de tres momentos diversos, en función de la naturaleza del acto y la forma en que el quejoso tuvo conocimiento de él. El primero inicia desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto combatido en el juicio de derechos fundamentales; supuesto que opera cuando en autos existe constancia plena de la fecha en que se le notificó al agraviado el acto combatido y bajo esas condiciones, sin mayor problema puede computarse el lapso para la promoción de la demanda de amparo, tomando precisamente como punto de partida la fecha cierta de la notificación. El segundo momento para contar los quince días comienza al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; caso que se actualiza cuando no existe una notificación determinada del acto reclamado, pero de autos es posible concluir que se tuvo conocimiento de su existencia, o bien, cuando antes de que se practique la notificación formal, el gobernado tiene conocimiento de la existencia del acto de autoridad por otros medios. Por último, para contar el término de quince días hábiles que la ley prevé para presentar la demanda de amparo cuando no se configuren ninguna de las hipótesis jurídicas anteriores, se recurre a la fecha en que el propio peticionario de la protección constitucional se ostentó sabedor de dicho acto, ya que no se tiene constancia cierta de que se le haya notificado en día distinto, ni en el expediente en que se tramita el juicio de amparo existe prueba alguna de que haya conocido del acto en diferente momento del señalado bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda, por lo que la ley determina darle crédito a la afirmación del quejoso relativa a la noticia del acto que combate. Pues bien, en relación con el tema analizado es relevante comentar que cuando se reclama en amparo el emplazamiento al juicio natural, el quejoso tiene el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 12/2000, consideró que la persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Además, incluyó en ese concepto a la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Precisó que si el promovente del amparo se ostenta persona extraña al juicio, bajo el argumento de no haber sido emplazado o bien haber sido llamado en forma de tal manera ilegal que no tuvo conocimiento del procedimiento incoado en su contra; pero de las constancias de autos aparece que compareció al procedimiento común antes de haberse dictado sentencia definitiva, entonces se tiene que ya transcurrió el plazo legal para ejercitar la acción constitucional y se debe sobreseer en el juicio de amparo. La anterior circunstancia, dijo, es decir, el hecho que el promovente del amparo haya comparecido al juicio haciéndose sabedor de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio, toda vez que con ese carácter sólo quedan comprendidos quienes no fueron emplazados o, incluso siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. Como lo aclaró el Máximo Tribunal en la contradicción de tesis que se comenta, quien es parte en el juicio y comparece a él no obstante no haber sido emplazado o habiendo sido llamado en forma irregular, se hace sabedor del proceso antes de dictarse sentencia, se puede defender dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. Consideró que si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el conocimiento de las prestaciones que se le reclaman, lo que le permite hacer valer los medios de impugnación ordinarios para emprender la defensa de sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. Como aclaró el Máximo Tribunal en la contradicción de tesis que se comenta, desde el momento en que se actualice alguna de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, el quejoso está en aptitud de formular conceptos de violación en contra del acto que estime violatorio de sus derechos fundamentales, ya que es cuando adquiere conocimiento de él; lo que de ninguna forma le deja en estado de indefensión, en tanto no se limita su posibilidad para promover el juicio constitucional, ni se restringe el plazo para que lo haga, sino por el contrario, esa postura es acorde a lo que prevé el numeral 18 de la ley de la materia. Tal contradicción de tesis dio lugar al criterio P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época con registro electrónico 189916, cuya parte conducente es aplicable en este caso y dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En ese contexto, en la especie, los quejosos reclaman el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio oral ordinario ***/2016, incluida la sentencia y su ejecución tramitado ante el Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; de manera que en principio se aclara que dicho acto no se encuentra en alguno de los casos de excepción del artículo 17 de la Ley de Amparo, en que se prevén plazos amplios para la promoción del juicio de amparo, sino que el término para interponerlo es el genérico de quince días. Ahora bien, en la demanda de amparo se manifestó lo siguiente: 5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTAMOS LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Y QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: 1. El día de hoy miércoles 9 de enero de 2019, el suscrito ***** al dar lectura al periódico de la ciudad "El Diario de Juárez" me percaté que se encuentra publicado un edicto de remate en un juicio oral ordinario con número ***/2016 promovido por ***** en contra mía y de mi esposa la también quejosa ******, respecto de un bien inmueble de nuestra propiedad que se ubica en calle ****** interior * del fraccionamiento ********, en esta ciudad, por lo que procedí inmediatamente a darle aviso de tal situación a mi esposa. De donde se obtiene que los quejosos señalaron que tuvieron conocimiento de los actos reclamados hasta el nueve de enero de dos mil diecinueve. Ahora, si bien es verdad que obra en autos copia certificada del juicio de amparo ***2017-IV del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, promovido por el aquí quejoso *********, contra actos del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, de las que se advierte que el referido juez aun cuando en su informe justificado negó los actos que se le atribuyeron en ese juicio de amparo, consistentes en las órdenes de presentación, detención y aplicación de una medida de apremio, entre otros, informó de la existencia del juicio oral ordinario ***/2016 de su índice promovido por ********, en contra de los aquí quejosos y para soportar su informe justificado exhibió copia certificada de todas y cada una de las actuaciones de dicho juicio oral ordinario, antagónicamente a lo que aduce la tercero interesada, no existe constancia de que los hoy quejosos tuvieran conocimiento completo de los actos que aquí se reclaman. Se afirma lo anterior, porque de la copia certificada del juicio de amparo ***/2017-IV, no se advierte que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, le haya dado vista a *********, con el informe justificado que rindió el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (número de orden 4557) menos de las constancias que anexó a dicho informe, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, pues así se advierte de la audiencia constitucional celebrada a las catorce horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil diecisiete, ya que el secretario de ese Juzgado se concretó a dar cuenta al juez con la demanda de amparo de la parte quejosa, con el informe justificado, sin especificar a cuál se refiere, y con los diversos registrados con el orden 4634 y 4638, sin que alguno de estos corresponda al rendido por el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Aunado a lo anterior, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, procedió a dictar la sentencia correspondiente en ese juicio de amparo, en la que resolvió sobreseer en el juicio de amparo, la cual fue notificada a las partes por medio de lista, según se advierte a foja 475 de autos. En ese sentido, al no haber prueba fehaciente con la que se acredite que al quejoso ********, en el juicio de amparo indirecto ***/2017-IV, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, se le dio vista con la copia certificada del juicio oral ordinario ***/2016 y, por ende, tuvo acceso al contenido completo del juicio del que derivan los actos que aquí se reclaman, contrariamente a lo que aduce la tercera interesada, éste no tuvo conocimiento completo de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, y por lo tanto no les corrió el término a los quejosos para ampliar su demanda de amparo o promover un nuevo juicio de amparo. Luego, se tiene por cierto que conocieron de los actos que reclaman el nueve de enero de dos mil diecinueve, data en la que se percataron de la publicación de un edicto de remate en el juicio oral ***/2016, por lo que de conformidad con lo que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover la demanda se computará a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En esta tesitura, el plazo para ejercitar la acción de amparo inició el jueves diez y feneció el miércoles treinta de enero de dos mil diecinueve, sin contar dentro de ese lapso los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del citado mes y año, por ser no laborables. Luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el jueves diez de enero de este año, es evidente que aquélla se presentó oportunamente; de ahí que no se actualiza la causa de improcedencia invocada. Pues se reitera, en la especie no hay prueba precisa y concluyente de que en una fecha distinta a la señalada por la parte quejosa conoció los actos reclamados en el presente juicio, tal como lo hace valer la tercera interesada en su escrito de alegatos. Sobre el particular, se cita la jurisprudencia P./J. 115/2010 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Común, visible en la página cinco del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así como la tesis de la Sexta Época aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación Volumen LVI, Primera Parte, Materia Común, consultable en la página sesenta y uno del contenido siguiente: AMPARO NO EXTEMPORANEO. Si no hay datos que establezcan un punto de partida para contar el término dentro del cual debió reclamarse el acto, no puede afirmarse que la demanda de amparo sea extemporánea. En esa medida, al no existir alguna otra causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes, o alguna cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, enseguida se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Determinación que adopta este Juzgado. El primer concepto de violación expresado por la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. En él aduce que el presunto emplazamiento practicado por edictos en el juicio ***/2016 del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, seguido en su contra, no cumple las formalidades del artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua que establece que los edictos de emplazamiento se publicarán por tres veces consecutivas de tres en tres días en un periódico de circulación amplia en el Estado. Que en el caso, la persona moral actora en el juicio de origen, aquí tercera interesada, realizó las publicaciones de los edictos en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua los días sábado dieciséis, sábado veintitrés y sábado treinta, todos de septiembre de dos mil diecisiete; y en el Periódico "******", los días lunes once, lunes dieciocho y viernes veintidós, todos de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que las publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado no cumplen con las formalidades establecidas en el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, pues entre cada publicación median cinco días hábiles y no tres, aunado a que conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del mismo ordenamiento, las actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas hábiles, siendo inhábiles los días sábado y en el expediente no obra autorización para que se realicen actuaciones en días y horas inhábiles, por lo que las publicaciones no pueden considerarse apegadas a la ley ni se puede tener por realizado el emplazamiento. Finalmente, aduce que entre la primera y segunda notificación practicada en el periódico "*****" mediaron cuatro días hábiles y en el día quinto se realizó la publicación y entre la segunda y la tercera tres días hábiles y en el cuarto día recayó la publicación, por lo tanto, no se cumplió con la formalidad de que los edictos se publicaran por tres veces consecutivas de tres en tres días, lo cual torna ilegal el emplazamiento que se le practicó vía edictos. En principio, tenemos que en autos del juicio natural obran entre otras, las siguientes constancias: Auto de admisión y radicación de demanda en la vía Oral Ordinaria Civil, de cuarto de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se ordena correr traslado y el emplazamiento a juicio a los aquí quejosos ********* y ********, en los domicilios señalados en el escrito de demanda, ubicados en calle ***, número ***, casa ***, del condominio ***** y/o calle ****, número ****, casa ****, del fraccionamiento **** y/o calle ****, número *****, del fraccionamiento **** y/o calle ****, número ***, colonia ****, todos en esta ciudad. Constancia actuarial realizada a las siete horas con cincuenta minutos, de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en calle ***, número ****, casa ***, del condominio **** en esta ciudad, en la que se hizo constar que no se encontró a persona alguna y que una vecina le informó que ahí no viven las personas buscadas. Constancia actuarial realizada a las ocho horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en calle ******, número ****, colonia *****, en esta ciudad, en la que atendió una persona de nombre ******, quien manifestó que las personas que se buscan no viven ahí. Constancia actuarial realizada a las nueve horas con diez minutos, del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en calle ****, número *****, del fraccionamiento *****, en esta ciudad. En donde se hizo constar que no se encontró a persona alguna en el domicilio. Constancia actuarial realizada a las ocho horas, del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en calle *****, número ****, del fraccionamiento ****, en esta ciudad. En donde se hizo constar que fue atendido por **** quien manifestó vivir en ese domicilio y que las personas que se buscan no viven ahí. Acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el cual se ordena girar oficio al Instituto Estatal Electoral, a fin de que informe si en sus archivos se encuentra registrado algún domicilio de ****** y ******, así como a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, a efecto de que por medio de alguno de sus agentes proceda a la búsqueda de los demandados e informen si los domicilio ubicados en calle ****, número ****, casa ***, del condominio ****** y/o calle ****, número ****, casa ***, del fraccionamiento ***** y/o calle ****, número ****, del fraccionamiento **** y/o calle *****, número ****, colonia *****, todos en esta ciudad, se encuentran deshabitados o en su caso no conocen a los demandados. Oficio 03JDE/0077/2017, suscrito por el Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral en el cual se informó de la localización en la base de datos de la ubicación del domicilio coincidente para ambos ciudadanos ******* y ********** el ubicado en calle ****, número ****, fraccionamiento ****, en esta ciudad. Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se ordena girar oficio a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que informen si en sus archivos se encuentra registrado algún domicilio de ******* y *******. Oficio 6208/2017, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el cual informó que no fue posible dar cumplimiento a la solicitud de localizar a ****** y *********, por las razones que ahí se exponen. Oficio 475/2017, suscrito por el Coordinador del Departamento Jurídico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en el cual se informó que conforme al Departamento de Registro de Usuarios y/o padrón de usuarios, se encontró registro a nombre de *******, en calle ******* del fraccionamiento ******* y no de la diversa demandada. Oficio SSB/SC-L´JLMP-559-2017, suscrito por el Supervisor Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, en Ciudad Juárez Chihuahua, en el cual informó que no se encontró servicio activo a nombre de ******* y ******. Acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecisiete, en el que se consideró que toda vez que de las constancias actuariales visibles a fojas cincuenta y uno a cincuenta y cinco y de los informes rendidos por las diversas dependencias se acreditó el desconocimiento del domicilio de la demandada y dado que es el mismo domicilio convencional del contrato base de la acción en la cláusula vigésima segunda del apartado cláusulas generales, que en lo que nos interesa dice: " para el caso de emplazamientos o notificaciones, las partes, estas convienen en señalar los siguientes domicilios: EL ACREDITADO. Calle **** ******, casa ****, condominio *****, de ****** ", se ordenó emplazar a los demandados, aquí quejosos, por edictos, tres veces consecutivas de tres en tres, en un periódico de circulación amplia en el Estado. Tres publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, que contienen edictos de notificación, a los quejosos ******* y *******, de dieciséis, veintitrés y treinta de septiembre de dos mil diecisiete Tres recortes del periódico "El Diario de Juárez", que contienen edictos de notificación, a los quejosos ***** y *****, de once, dieciocho y veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, en que se tuvieron por exhibidos los edictos de emplazamiento publicados, presentados por la parte actora. Ahora, cabe precisar lo que establece el Código Procesal Civil del Estado de Chihuahua respecto a las notificaciones, así tenemos que los artículos 133, 134, 138 y 74 disponen: 133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, cerciorándose quien debe hacer la notificación que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. 138. Cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará por edictos, publicando la determinación respectiva por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el estado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez o jueza ordenará recabar informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez o jueza revisará la información presentada, así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. 74. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos, el primero de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del veintiuno de marzo; el primero y cinco de mayo, el quince y dieciséis de septiembre, el doce de octubre, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del veinte de noviembre; el primero de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; el veinticinco de diciembre, y aquellos en que por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado permanezcan cerrados los tribunales. Se entiende como horas hábiles las que median entre las siete y las diecinueve horas. En los juicios relativos a servidumbres legales, interdictos posesorios y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles. El juzgado puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea esta y las diligencias que hayan de practicarse. Si una diligencia o actuación judicial, se hubiere comenzado a practicar en horas hábiles podrá continuarse hasta su conclusión sin necesidad de que el juez o jueza habilite las que no lo fueren. De los preceptos transcritos, se establece lo siguiente: El emplazamiento a juicio de la parte demandada, se notificará personalmente. Cuando se trate de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, se debe cerciorar quien debe hacer la notificación, que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar. Quien realice la notificación, deberá asentar las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio. Que al no encontrarlo, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. Cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará por edictos, publicando la determinación respectiva por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el estado. Previamente a la notificación por edictos, el juez o jueza ordenará recabar informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas, lo que en el caso, se advierte que el juez responsable ordenó. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada, que en el caso, no se informó de diverso domicilio correspondiente a los demandados, aquí quejosos de los ya señalados por la parte actora. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez o jueza revisará la información presentada, así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos, aquellos que las leyes declaren festivos y en los que por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado permanezcan cerrados los tribunales. Se entiende como horas hábiles las que median entre las siete y las diecinueve horas. En los juicios relativos a servidumbres legales, interdictos posesorios y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles. Potestad del juzgado para habilitar días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea esta y las diligencias que hayan de practicarse. En el caso de que una diligencia o actuación judicial, se hubiere comenzado a practicar en horas hábiles podrá continuarse hasta su conclusión sin necesidad de que el juez o jueza habilite las que no lo fueren. Así, tenemos que, de conformidad con las constancias relativas al emplazamiento a juicio de los aquí quejosos, y en relación con los requisitos que establecen los artículos transcritos de la legislación ordinaria, se advierte que: Los domicilios de los quejosos, señalados en el escrito de demanda inicial fueron los ubicados en calle ****, número ****, casa *****, del condominio ***** y/o calle *****, número ****, casa ****, del fraccionamiento ****** y/o calle *******, número ******, del fraccionamiento ******* y/o calle *********, número *****, colonia ********, todos en esta ciudad. De conformidad con las constancias actuariales realizadas por los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores se advierte lo siguiente: De la que se realizó a las siete horas con cincuenta minutos, del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en calle ****, número ****, casa *****, del condominio ******* en esta ciudad, se hizo constar que no se encontró a persona alguna y que una vecina le informó que ahí no viven las personas buscadas. Por lo que hace a la constancia actuarial realizada a las ocho horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en calle ****, número ****, colonia *****, en esta ciudad, la atendió una persona de nombre ****, quien manifestó que las personas que se buscan no viven ahí. En la constancia actuarial realizada a las ocho horas, del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en calle ****, número ****, del fraccionamiento ****, en esta ciudad, se hizo constar que fue atendido por **** quien manifestó vivir en ese domicilio y que las personas que se buscan no viven ahí. Luego, no obstante que la responsable mediante acuerdos de veintiséis de enero y diecisiete de marzo, ambos de dos mil diecisiete, solicitó informes para indagar el domicilio de los quejosos, donde de los cuales, las autoridades Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; y Coordinador del Departamento Jurídico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, se advierte que fueron coincidentes, en informar que a nombre de ******, existen registros respecto del domicilio ubicado en calle ****, número exterior *****, número interior ****, del fraccionamiento ***** y/o *****, en esta ciudad. Pero en el caso, se estima que conforme a lo dispuesto por el último párrafo artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, el juez responsable estaba facultado para ordenar la publicación de edictos sin necesidad de recabar el informe referido en los párrafos segundo y tercero de dicho precepto legal, e incluso sin agotar la búsqueda en virtud de que en el contrato base de la acción en la cláusula vigésima segunda del apartado cláusulas generales, se estableció como domicilio convencional de los demandados calle ****, número siete mil ochocientos sesenta y uno, casa tres, condominio ********, de esta ciudad, de lo cual tuvo conocimiento la parte quejosa según se desprende de la escritura pública número treinta y cinco mil seiscientos diecisiete, otorgada ante la fe del Notario Público Número Diecinueve del Distrito Bravos, consistente en el contrato de compraventa y contrato de apertura de crédito, celebrado por los quejosos respecto a la casa habitación marcada con el número ****, del condominio *********, ubicado en el número **********, de la calle ******. De tal manera, se estima que al ordenar el juez responsable el emplazamiento por edictos mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, no vulneró lo previsto en artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en su porción antes destacada, además precisó dicha autoridad que dichos edictos deberían publicarse por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el Estado. Sin embargo, como lo hace valer la parte quejosa en su concepto de violación no se acató lo ordenado por el juez responsable en términos de lo previsto por el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles, por las siguientes razones. El juez responsable tuvo por emplazados a ***** y ******, mediante los edictos que la parte actora publicó en el periódico de edición local denominado "******"; sin embargo el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos, establece que la publicación de edictos se hará por tres veces consecutivas de tres en tres días, en un periódico de circulación amplia en el Estado; lo que en el caso no aconteció, porque "******" es un periódico únicamente de circulación local. Se estima aplicable al caso, por las razones que la componen, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 713, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en diciembre de 1999, registro 192653, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. SU PUBLICACIÓN DEBE EFECTUARSE EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN (ARTÍCULOS 50 Y 52 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De la correcta interpretación de los artículos 50 y 52 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se desprende que si el promovente de un juicio ignora el domicilio de la persona a quien ha de notificarse por primera vez, basta con que lo manifieste bajo protesta de decir verdad, para que el Juez del conocimiento ordene el emplazamiento a través de la publicación de tres edictos en el diario que a su juicio sea de mayor circulación en la entidad; sin embargo, la facultad que encierra la frase "a juicio del Juez", no debe ejercitarse arbitrariamente, sino en una forma razonada, atendiendo a los hechos imperantes de ese momento, para saber o conocer qué periódico es el que efectivamente tiene mayor circulación en el lugar y en esa época, para ordenar su publicación en él. Asimismo, de dichos edictos publicados en el periódico local "*********", se observa que tienen como fecha de publicación los días once, dieciocho y veintidós de septiembre de dos mil diecisiete; de lo que se advierte que tampoco se cumplió con el término previsto por la codificación adjetiva en el sentido de que la publicación de los edictos debía realizarse por tres veces consecutivas, de tres en tres días, pues se aprecia que entre la primera y segunda publicación transcurrieron tres días hábiles, y entre la segunda y tercera publicación tres días hábiles, por lo que se concluye que al haberse publicado de tal manera los edictos de referencia, es claro que dicho emplazamiento resulta ilegal y violatorio de derechos sustantivos. Es aplicable en lo conducente al caso, la jurisprudencia 1a./J. 19/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 220, del Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169846, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones. En torno a lo expuesto en el presente considerando, se estima ilustrativa por analogía jurídica la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 98, del Volumen 97-102, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, registro: 253063, de contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. Es cierto que el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de aplicación supletoria de la Ley de Amparo según lo dispuesto por el artículo 2o., de esta última, dispone que cuando deba de citarse a juicio a alguna persona que haya desaparecido o que no tenga domicilio fijo o que se ignore dónde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro de un término de 30 días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación; y que como lo alega la parte quejosa, dicha disposición no obliga a que forzosamente se tengan que realizar dichas publicaciones, tanto la del Periódico Oficial como la que debe hacerse en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, en forma simultánea; pero también lo es que no es verdad como lo sostiene el recurrente, que el Juez Federal debió haber ordenado que sólo se repusieran las publicaciones de los edictos en el periódico capitalino, o sea en el que se dio la anomalía, de no indicar en el último de los edictos a qué persona se hacía el emplazamiento, mas no así en el Diario Oficial de la Federación, en el cual, según el mismo recurrente fueron correctamente publicados los edictos de referencia, porque el emplazamiento es un acto procesal que se da dentro de un juicio de una manera completa y unitaria, por ser un acto que constituye un todo, pues el mismo se traduce en un acto que tiene por fin hacer saber al demandado, en este caso a la tercero perjudicado, la existencia de una demanda de amparo y los motivos de la misma, para que pueda hacer valer sus derechos, y es a partir del momento del conocimiento de tal hecho, cuando se puede tener legalmente emplazada a dicha parte tercero perjudicado, y así en el emplazamiento por edictos, las publicaciones de que estos edictos se hacen tanto en el Periódico Oficial como en alguno de los periódicos diarios de mayor circulación de la República, e independientemente de la simultaneidad o no simultaneidad con que se hagan, ya que el término de treinta días que otorga la ley contará a partir del día siguiente de realizada la última publicación, forman un todo homogéneo y si se realizan en la forma y con los requisitos estipulados por la ley, traerán como consecuencia que se tenga por realizado legalmente el emplazamiento, pero si por el contrario no se llevan a cabo, ya sea en una o varias publicaciones de cualquiera de los periódicos mencionados, en la forma y con los requisitos señalados por la ley, se tendrá por no realizado ese emplazamiento en forma legal, por no haber sido hecho en la forma correcta, y así, para que pueda emplazarse legalmente a la tercero perjudicado, es necesario, como se hizo, que se ordene la realización de un nuevo emplazamiento, en el que sí se cumpla en la forma debida con lo estipulado por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, razón por la cual no es posible que, como lo estima la parte recurrente, solamente se ordene la publicación de los edictos en el periódico de la mencionada omisión, aun cuando las publicaciones de los edictos realizados en el Periódico Oficial hayan sido legalmente correctas". En consecuencia, al quedar acreditado que se incumplió con lo previsto en el primer párrafo del artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, pues las publicaciones de los edictos no se hicieron de conformidad con los plazos relativos, ni en un periódico de circulación amplia en el Estado, con tal proceder se vulneraron derechos sustantivos en perjuicio de la parte quejosa. Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en el caso, en el emplazamiento de los quejosos no se siguieron los lineamientos que la ley procesal civil estatal prevé para un acto de tal naturaleza jurídica. Si esto es así, no cabe duda que, como bien lo alega la parte quejosa, se violó en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el numeral 14 de nuestra carta magna, precisamente, por ser el emplazamiento a juicio un acto de suma importancia que, desde luego, permite el cumplimiento cabal del derecho constitucional de que se trata. Ciertamente, el emplazamiento es el acto procesal de más significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una acción instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal de que oportunamente pueda apersonarse y producir la contestación respectiva. Luego, no hay duda de que es mediante este acto procesal que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o en algún procedimiento seguido a manera de juicio, con el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, conforme con el cual nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio que se siga ante tribunales previamente establecidos, en el que deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento. Desde luego, este derecho no es dable analizarlo en forma aislada en una controversia judicial o administrativa, sino de modo concatenado y complementado con el diverso de debido proceso legal, puesto que si bien un juicio se inicia, propiamente, con el llamamiento que se hace la parte demandada, lo cierto es que todos los actos procesales que en él se producen, incluyéndose, sin lugar a dudas, a la diligencia de emplazamiento, deben llevarse a cabo en los términos estrictamente previstos en la ley procesal aplicable acorde a los principios de legalidad y seguridad jurídica, lo que, se insiste, no sucedió en la especie, justamente, porque no se vieron colmados los lineamientos legales que para un emplazamiento mediante edictos exige la legislación procesal civil local, vulnerándose así el texto del artículo 14 constitucional, precisamente, al ser el llamamiento a juicio el acto que permite el cumplimiento cabal del derecho de audiencia y debido proceso. Importa acotar que los efectos del indebido emplazamiento de la parte quejosa al juicio natural, no se limitan al mero acto del llamamiento, sino que propiamente repercuten y trascienden a los demás actos procesales inherentes al juicio, justamente, porque la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones jurídicas respectivas, sin duda constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, en tanto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, es decir, aparte de que imposibilita a la demandada para contestar la propia demanda, por lo que le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance, también le priva del derecho a ofrecer las pruebas en que se finque su defensa, así como a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la contraria y, finalmente, se le veda la posibilidad de formular los alegatos correspondientes. Por lo anterior, asiste razón jurídica a la parte inconforme cuando alega que los actos reclamados violan en su perjuicio el derecho de audiencia, justamente, porque se siguió un juicio en su contra, sin que fuera plena y legalmente emplazado a él, motivo por el cual, como se adelantó se declara fundado el concepto de violación que nos ocupa. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa ******* y ******** el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la responsable ordenadora Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, vuelva las cosas al estado en que se hallaban antes de la violación cometida; es decir, para que: Reponga el procedimiento en el juicio oral ordinario civil ***/2016 de origen, dejando insubsistente todo lo actuado desde la notificación del auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, inclusive la sentencia y los actos tendentes a su ejecución; Hecho lo anterior, tomando en consideración lo resuelto en esta sentencia de amparo, proceda a realizar el emplazamiento respectivo a la demandada, ahora quejosa; adicionalmente y toda vez que ******* y *********** en la demanda de amparo señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, el despacho ubicado en calle ********, número ****, Local **** del ********, en el fraccionamiento ********, en esta ciudad, con apoyo en el principio de economía procesal, podrá ordenar su emplazamiento en tal domicilio; reiterando, para el caso de que en tal inmueble no se localice a los quejosos, previos los requisitos de ley ordene de nueva cuenta tal llamamiento al juicio oral ordinario civil del que derivan los actos reclamados por edictos, lo que deberá realizarse en términos de lo resuelto en esta sentencia y de conformidad con lo dispuesto por los numerales indicados del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, lo anterior con la finalidad de garantizar plenamente la garantía de audiencia de la parte quejosa, para en su momento continuar con la secuela del procedimiento y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis: I.7o.C.115 C, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, visible al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 2361, Registro: 168678, de Rubro y Contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO PORQUE TAL DILIGENCIA SE PRACTICÓ MEDIANTE EDICTOS, SIN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES Y EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL QUEJOSO MANIFIESTA COMO SUYO ALGÚN DOMICILIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE EL LLAMAMIENTO AL JUICIO NATURAL SE HAGA EN ESE LUGAR, ANTES DE INTENTARLO NUEVAMENTE POR EDICTOS. De conformidad con los artículos 114, fracción I y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el emplazamiento a juicio debe realizarse preferentemente en el domicilio que habita el demandado, esto es, en su domicilio real. En relación con el emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es la formalidad del procedimiento de mayor envergadura, cuya realización contraria a las disposiciones legales correspondientes deja sin defensa a quien se le practicó. Así, el juzgador está obligado a tomar las medidas que estime pertinentes para lograr que el emplazamiento se cumplimente con el mayor apego a la ley, por tanto, cuando en un juicio de amparo promovido por quien se ostenta tercero extraño al procedimiento por equiparación, se otorgue la protección constitucional porque el emplazamiento se realizó mediante edictos, sin observarse las formalidades que corresponden al caso, y, se advierta que en la demanda de amparo el quejoso manifestó expresamente la ubicación de su domicilio, el Juez de Distrito, en aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, debe ordenar, como un efecto del fallo protector, que antes de que se subsane la irregularidad de la diligencia por edictos, se intente llamar a juicio al buscado en el lugar que éste precisó en el amparo, con apoyo en los artículos 114 y 116 del código adjetivo citado, porque se presume que es su domicilio real, al haberse señalado por el propio interesado ante una autoridad judicial. Dados los efectos por los cuales se concede el amparo, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo y su ampliación, pues en cumplimiento a esta sentencia quedarán sin efectos los aspectos ahí impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 168, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, materia común, página 113, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******* y *********, en los términos precisados en el considerando tercero de esta resolución y por la autoridad a que el mismo se refiere. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********* y ***********, contra los actos y autoridades que se analizaron en el último considerando de esta sentencia y por las razones expresadas en el mismo. Notifíquese. Lo resolvió y firma **********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el apoderado del tercero interesado *******, mediante el cual formula alegatos y ofrece como prueba la documental pública, consistente en la copia certificada de las actuaciones del juicio de amparo *******, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, las cuales fueron remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado. Atento a lo anterior, se le tiene invocando una causa de improcedencia y por formulados los alegatos que hace valer, los que se tomarán en cuenta en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 124 de la ley en cita. Finalmente, en cuanto a la prueba documental que ofrece, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en el auto de veintiocho de febrero del año en curso, en el que se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental que refiere. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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