Heliodoro Herrera López

Expediente 507/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
507/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
28/10/2015

Partes del expediente

  • Heliodoro Herrera López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil quince. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se le haga saber el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. En atención a lo que solicita hágasele saber que el diecisiete de septiembre de dos mil quince, se dictó sentencia, en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; y por acuerdo de seis de octubre del año en curso, causó ejecutoria, para constatar tal información, remítasele copia certificada de dichas resoluciones. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diecisiete de septiembre del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último se ordena, devolver al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el expediente de la causa penal 6/1997, que remitió al rendir su informe, solicitando acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de septiembre de dos mil quince. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 507/2015-III promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, ********** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua y otra autoridad, de quienes reclamó la orden de reaprehensión librada en su contra y su respectiva ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos transgredidos los reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciséis de julio de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el expediente 507/2015-III, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto que es susceptible de tener ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama: La orden de reaprehensión dictada contra el quejoso el diecisiete de octubre de dos mil cinco, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en la causa penal 6/1997, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito contra la salud, en su modalidad de transportación de marihuana y su respectiva ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de reaprehensión de diecisiete de octubre de dos mil cinco, dictada en contra el quejoso en la causa penal 6/1997, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito contra la salud, en su modalidad de transportación de marihuana y su respectiva ejecución, para lo cual, el Juez penal remitió el expediente original de la causa penal 6/1997. A tales constancias se les reconoce valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de los autos originales que corresponden a la actuación de autoridades en ejercicio de sus funciones; por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la orden de reaprehensión tildada de inconstitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, al rendir su informe con justificación, el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua negó la existencia de la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada con la existencia de la orden de reaprehensión aceptada por el Juez de la causa penal 6/1997, que se instruye al quejoso con motivo de los hechos constitutivos del delito contra la salud, en su modalidad de transportación de marihuana, la cual se trata de una instrucción que eventualmente se encuentra obligada a cumplimentar, conforme a sus facultades orgánicas; de ahí que se deba tener por cierta la existencia de los actos de ejecución que le fueron reclamados. Apoya esta consideración, la tesis aislada del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que estatuye: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis es oficioso y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias de autos se advierte que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la diversa X del mismo artículo, ya que el acto que aquí se reclama fue materia de otro juicio de amparo ya ejecutoriado, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por lo que ha operado la figura procesal denominada en la doctrina como cosa juzgada. Para corroborar la actualización de la causa de improcedencia, se transcribe lo dispuesto en el artículo 61, fracciones X y XI de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] El dispositivo transcrito en su fracción X, dispone por una parte, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, pues en este caso, sólo se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que el sobreseimiento a que se refiere esa fracción tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias, y que se inutilice el principio de la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia; por tanto para que cobre vigencia dicha causal es necesaria la concurrencia y plena identidad entre ambos juicios, comprendida también la causa de pedir o derecho tutelado en cada uno, y las pretensiones que se deducen en los mismos. Por otra parte, de una recta interpretación del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Apoya a lo anterior por su contenido esencial, la tesis aislada I.6o.C.45 K., aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: 'materia de una ejecutoria', debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Luego, la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, y se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. A efecto de verificar que en la especie se surte la figura de cosa juzgada, conviene señalar que el acto reclamado se hace consistir en la orden de reaprehensión dictada contra el quejoso el diecisiete de octubre de dos mil cinco, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en la causa penal 6/1997, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito contra la salud, en su modalidad de transportación de marihuana y su respectiva ejecución. Ahora, de las constancias que remitió el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, consistentes en el original de la citada causa penal, se advierte que el aquí quejoso también formuló demanda de amparo en contra de la indicada orden de reaprehensión, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en el juicio de amparo 906/2012-II. Mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil doce, la Juez del conocimiento dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos resultaron inexistentes y negar el amparo solicitado por Heliodoro Herrera López (aquí quejoso), contra el acto consistente en la orden de reaprehensión dictada en su contra el diecisiete de octubre de dos mil cinco, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en la causa penal 6/1997 y su respectiva ejecución. Asimismo, obra constancia del acuerdo de veintisiete de septiembre de aquél año, en el que la Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua declaró que la sentencia indicada en el párrafo que antecede, había causado ejecutoria, por falta de impugnación. De esta manera, en el juicio que en esta data se resuelve y el diverso 906/2012, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, la situación o hecho que funge como elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio, se refieren exactamente al mismo objetivo: la emisión de la orden de reaprehensión librada contra el quejoso el diecisiete de octubre de dos mil cinco, en la causa penal 6/1997, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez y su respectiva ejecución. En esa medida, las consideraciones jurídicas en que se sustenta el acto reclamado ya fueron dilucidadas en el juicio de amparo 906/2012-II precitado; de ahí que la resolución que se dicte en este juicio de amparo (507/2015-III) no podría restarle sustento a lo que ya se decidió en el juicio primeramente señalado. En ese sentido, es evidente que el presente juicio resulta improcedente en virtud de que la pretensión del quejoso sigue siendo la misma, y respecto de la cual ya se falló en un juicio de amparo anterior, de manera que el demandante no puede replantear la misma controversia en este juicio constitucional, porque sería tanto como permitir que el mismo tema se ventile en múltiples ocasiones, aunque resulte ya cosa juzgada. Máxime que el quejoso tuvo la oportunidad de recurrir la sentencia emitida en el juicio de amparo 906/2012-II, en caso de que dicho fallo le resultara contrario a sus intereses, sin que haya sido el caso, pues como se indicó en párrafos anteriores, tal resolución causó ejecutoria mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil doce. Ante la configuración la cosa juzgada, se arriba a la conclusión de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del mismo artículo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Sustenta el anterior razonamiento, la tesis aislada del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo rubro y texto establecen: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis I.7o.A.132 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y tenor siguientes: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Lo anterior, sin que sea óbice para esta Juzgadora el hecho de que el quejoso manifieste que fue hasta el trece de mayo de dos mil quince, la fecha en que conoció de dichos actos derivados de un derecho de petición, toda vez que como se advierte de la demanda presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativo del Distrito Federal, fue objeto de estudio en la sentencia de dieciocho de julio de dos mil trece. El sobreseimiento del juicio se debe hacer extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, pues la ejecución que se le imputa no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia de la orden de reaprehensión impugnada. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Incidental

    SE DICTA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA MEDIANTE LA CUAL SE NIEGA Y SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SOLICITÓ LA PARTE QUEJOSA.

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