Heriberto Morales Luna

Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
33/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Heriberto Morales Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de febrero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo XXXXXX, promovido por SXXXXXX, a favor de XXXXXX. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El doce de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por XXXXXX, quien reclamó la detención, incomunicación y malos tratos en perjuicio de XXXXXX, misma que fue ratificada por el directo agraviado, única y exclusivamente por lo que hace a la detención e incomunicación, actos que endilgó a la Titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Fiscalía general del Estado, Distrito Zona Norte y al Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte, en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de enero de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número 33/2023-V, y previa ratificación del directo agraviado, el trece siguiente se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en la incomunicación y detención. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia y el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, al rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que les endilga la parte quejosa, a saber, la incomunicación, sin que éste hubiere aportado prueba alguna a fin de desvirtuarlos. De ahí, se deriva la inexistencia de los actos de que se duele la parte quejosa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto precisado en este considerando. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir sus informes con justificación, la Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia y el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, precisaron que es cierto el acto de que se duele el quejoso XXXXXX, pues a las veintiún horas con treinta minutos del once de enero de dos mil veintitrés, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lo pusieron a disposición de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud, Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quedando interno en el centro de detención provisional de esa Fiscalía; ello, con motivo de que fue detenido a las diecisiete horas con treinta minutos de la misma fecha, por aparecer como probable responsable en la comisión del delito contra la salud. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia de las constancias que remitieron las autoridades responsables relativas al número único de caso 37-2023-0000930, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Conforme a dicha causal la acción de amparo se torna improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de junio de 1999, página 38, registro digital 193758, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para arribar a dicha conclusión basta destacar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. El once de enero de dos mil veintitrés, XXXXXX, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, por el hecho con apariencia de delito de contra la salud; y puesto a disposición de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud, Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. 2. El trece de enero de dos mil veintitrés, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud, libró el ocurso UIDNM-973/2023, al encargado del área de custodia de detenidos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a efecto de que pusiera en libertad al justiciable, toda vez que no pretendía ejercer acción penal en su contra, decretando así su libertad. Por ello, este órgano encuentra una barrera jurídica para analizar el acto reclamado, en virtud de que, si bien el quejoso fue privado de su libertad con motivo de que se le imputó la comisión de un hecho delictuoso, lo cierto es que obtuvo su libertad el trece de enero del año que transcurre. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, del contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Heriberto Morales Luna, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada XXXXXX, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXX. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el ocurso signado por el agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito y en atención a su contenido téngasele formulando los alegatos que deja vertidos en su escrito de cuenta y hágase relación los mismos al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 124 de la ley de la materia. Finalmente, en relación a las copias que solicita, deberá de estarse a lo proveído en auto de doce de enero del presente año. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.IRS

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por esta juzgadora mediante proveído de veinte de los corrientes, comunica que el catorce de los mismos, se cumplimentó la orden de aprehensión librada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal en funciones de Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, contra el peticionario de amparo, ********************; en tal sentido, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. En el entendido de que el valor probatorio del ocurso de cuenta, es pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P(10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Sin que se haga necesario dar vista a la parte quejosa con dicho mandamiento de captura, pues del sumario destaca que el doce del presente mes y año, ********************, presentó demanda de amparo a favor de ********************, reclamando la detención de la que había sido objeto; luego, el Coordinador Regional de la Agencias Estatal de Investigación, Zona Norte, informó que el trece de los mismos el directo agraviado obtuvo su libertad por así haberlo determinado el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la salud, al determinar que no se ejercería acción penal en su contra atento a lo establecido en el artículo 478 de la Ley General de Salud. Mientras que la orden de captura librada en contra del quejoso, se libró el trece de enero de dos mil veintitrés, por un injusto penal diverso, incluso ha sido cumplimentada, según quedó asentado en párrafos precedentes, lo que lleva a concluir que el acto reclamado en la demanda, no guarda relación con dicha orden de aprehensión. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano