Heriberto Antonio Orihuela De la Cruz
Expediente 15/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Heriberto Antonio Orihuela De la Cruz
- Heriberto Antonio Orihuela De la Cruz y Otros.
- Marisela Burciaga Serna
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de julio de dos mil dieciocho, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como depurable según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón actuarial se hace efectivo el apercibimiento y se notifica a la tercero interesada por medio de lista por estar ordenado en resolución de treinta de julio de dos mil dieciocho, que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de julio de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 15/2018-V, promovido por *******, contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, turnada a este Juzgado el ocho siguiente, ******* promovió demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: A).- Juzgado de Garantías, dentro de la Causa Penal ******* (.) CON CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALÓ:- A).- AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES (.) B).- AL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL PARA ADULTOS NÚMERO TRES (.) B).- AL COORDINADOR DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA (.) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS, SE RECLAMA: A).- EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Dictado en mi contra en la Audiencia de Vinculación de fecha 26 de Diciembre del 2017. B).- De las Autoridades Responsables señaladas con el carácter de EJECUTORAS, reclamó el cumplimiento del Auto de Vinculación a Proceso en contra del suscrito dictado en la fecha anteriormente señalada. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda bajo el expediente 15/2018-V, admitiéndose a trámite y requiriendo a las autoridades responsables su informe justificado, además de dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En mismo proveído, se reconoció el carácter de tercero interesada a la víctima de iniciales *******, así como al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer y Equidad de Género, que intervino en la carpeta de investigación ******* de la que deriva el acto reclamado. Ambos terceros interesados fueron debidamente emplazados al presente juicio de amparo (fojas 22 y 82). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, dado que se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento de naturaleza penal, que producen efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama: El auto de vinculación a proceso pronunciado en la causa penal *******, el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado por los artículos 171, penúltimo párrafo y 175, fracción VII, en términos del 17, fracción I, y 21, fracción I, todos del Código Penal, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus informes con justificación, el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad, y la Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, en representación de la Titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en Aquiles Serdán, Chihuahua (fojas 30 y 39); comunicaron que es cierto el acto que se les endilga, toda vez que el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el quejoso ingresó a ese reclusorio y quedó a disposición del Tribunal de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con motivo del proceso penal instaurado en su contra bajo el número de expediente *******; y el veintiséis siguiente se dictó auto de vinculación en su contra por el injusto penal en comento; en el entendido, que las funciones de la autoridad carcelaria se limitan exclusivamente a vigilar y resguardar la medida cautelar impuesta a aquél. Sin embargo, para quien resuelve, resulta inexistente el acto que se le atribuyó a las autoridades en comento, toda vez que la privación de la libertad no derivó del auto de vinculación a proceso reclamado, sino de diversa determinación, esto es, la de medidas cautelares, la cual no fue señalada como acto reclamado. En tal tesitura, como la privación de la libertad del quejoso no obedece directamente del auto de vinculación a proceso decretado contra el impetrante de amparo, sino de la determinación de medidas cautelares, no puede considerarse como autoridades ejecutoras del acto aquí reclamado al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y a la Titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en Aquiles Serdán, Chihuahua. Asimismo, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado (fojas 25), negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para acreditar su dicho. Con base en lo expuesto, se impone sobreseer en el presente juicio respecto del aludido acto de ejecución, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado y se corrobora con las copias certificadas de los discos compactos y la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete que anexó respecto a la causa penal ******* (fojas 48 a 51; 96 a 106). Las documentales a que se ha hecho referencia, alcanzan eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2º, ya que se trata de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de las facultades que la ley les concede. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a dicho principio y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañaron las autoridades responsables a su informe con justificación, no se advierte que las partes hayan invocado causal de improcedencia alguna, ni quien resuelve advierte de oficio su actualización. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como requisito de la sentencia que el juzgador los transcriba para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en aquélla, pues se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sostiene lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, registro 164618, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el justiciable. Como se anunció, es infundado el motivo de disenso siguiente: 1. El agente del Ministerio Público no realizó contrainterrogatorio al quejoso al rendir su declaración ante el Juez de Control, conforme a lo establecido en los numerales 371 y 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (disco 2 - 14:06:41). Lo anterior es así, pues el respeto al principio de contradicción, en virtud del cual las partes tienen el derecho de interrogar y contrainterrogar a los testigos venidos al juicio, no obliga a aquéllos a realizar cuestionamientos a los atestes, pues lo que prevé es salvaguardar el mencionado principio, de ahí que con independencia de que el agente del Ministerio Público ejerza o no su derecho de actuar acorde a lo establecido en el ordinal 372 de la ley en cita (interrogatorio y contrainterrogatorio), para dictar la determinación que se analiza -auto de vinculación a proceso-, únicamente es necesario que de los datos de prueba se advierta que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado intervino en su comisión, es decir, los aspectos que pretende el peticionario de amparo se analicen, no forman parte de la determinación reclamada, de ahí que dicho concepto de violación sea infundado. Asimismo, resultan infundados sus motivos de disenso, en lo relativo a: 1. Que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, tomó en consideración los datos de prueba aportados por la Fiscalía y que obran en la carpeta de investigación, además de la declaración vertida por el justiciable en audiencia; circunstancia esta última que le irroga perjuicio, pues no es dable tomar en consideración los medios de prueba ofertados por su defensa. 2. Que el auto de vinculación se sustentó en la declaración de la víctima, por lo que no quedó demostrado de forma alguna su participación en el hecho que se le imputa. 3. Se aplicó inexactamente la ley, pues no se observaron las disposiciones contenidas en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. No es posible que la víctima haya sido objeto de violencia sexual de su parte, pues el galeno que la revisó no arribó a esa conclusión, esto es, que aquélla tuviera lesiones internas o externas en sus genitales. Ahora, antes de analizar la constitucionalidad de la vinculación a proceso decretada contra el quejoso, es menester señalar que respecto de las formalidades esenciales del procedimiento en la etapa de investigación de la que deriva el acto reclamado, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a cerciorarse de que no se haya trasgredido en perjuicio del imputado el artículo 14 constitucional, en lo concerniente a la resolución reclamada, de modo que debe interpretarse en relación con el numeral 20 de la propia Ley Fundamental, lo anterior de conformidad con las jurisprudencias que enseguida se invocan. En primer lugar, la jurisprudencia P./J.47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Constitucional, Común, página 133, de la Novena Época, registro 200234, del título y contenido: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En segundo término, la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal de justicia del país, impresa en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, página 396, de la Décima Época, registro 2005716, que a la letra dice: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. En el caso, de constancias se advierte que hasta la etapa procedimental que se analiza se respetaron dichas formalidades, ya que en la audiencia inicial el quejoso designó a un defensor, quien aceptó y protestó el cargo (disco 1 - 10:28:09); asimismo, el juez responsable constató que el amparista conoció sus derechos constitucionales (disco 1 - 10:27:56); de igual manera, verificó que el peticionario de amparo conoció los hechos que la ley señala como delito de violación con penalidad agravada, con motivo de la imputación que se le realizó (disco 1 - 10:31:04); del mismo modo, se le dio oportunidad de declarar, si así era su voluntad en relación con esos hechos, manifestando en un principio que era su derecho guardar silencio, para luego en diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete rendir declaración (disco 1 - 10:35:36; disco 2 14:04:51); además, consta que se le hizo saber que tuvo oportunidad de ofrecer datos y medios de prueba (disco 1 - 11:00:25); así, con base en los que aportó el Ministerio Público, atendiendo a los principios de continuidad, concentración, inmediación y contradicción, se emitió la resolución respectiva, en el caso, el auto de vinculación a proceso motivo del presente juicio; con lo anterior, se concluye que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento pertinentes para la etapa de la investigación inicial, por lo que respecto de ese tópico se estima justificado el acto reclamado en esta instancia. En otro contexto, del contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, así como de los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierten los requisitos de fondo y forma que debe reunir un auto de vinculación a proceso como el que se reclama, son: 1) Que la resolución esté fundada y motivada. 2) Que se realice en el plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez, o bien, en la duplicidad de esa temporalidad, cuando aquél lo solicite. 3) Que en dicha temporalidad se reciba la declaración inicial del imputado. 4) Que se exprese el hecho que la ley señala como delito. 5) Que se precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de ese hecho. 6) Que se indiquen los datos que establezcan que se ha cometido tal hecho y las razones de las que se aprecie que el imputado probablemente intervino en su comisión; y 7) Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Requisitos que en el caso fue correcto que el juez responsable tuviera por satisfechos, toda vez que la resolución controvertida se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada, porque la autoridad judicial responsable apoyó su decisión en los artículos constitucionales, procesales y sustantivos que estimó aplicables; además, en estricta observancia al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó la forma en que a su criterio, los datos de prueba mencionados por la agente del Ministerio Público, en su conjunto, permitían tener por acreditados los hechos que la ley señala como delito de violación agravada, así como la probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión, con lo cual adecuó los hechos materia de la imputación, a la descripción típica del delito señalado, con lo que ajustó su resolución a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, Materia Común, de la Séptima Época, registro 238212, del título y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por otro lado, se observa que el auto de vinculación a proceso se dictó en el plazo ampliado que prevé el artículo 19 de la Constitución Federal; sin dejar de atender, claro está, que del oficio ******* de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Coordinador Especial "B" de la Agencia Estatal de Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada de Órdenes de Aprehensión, y dirigido al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se desprende que el justiciable quedó interno en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad, a las catorce horas con veinte minutos de la citada fecha. Mientras que el auto de vinculación a proceso terminó de dictarse a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (plazo ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas); con todo y la audiencia en la que se determinó la situación jurídica del quejoso, misma que fue señalada para las doce horas de la fecha aquí citada, en la que se pronunció auto de vinculación a proceso en su contra, de lo que se tiene que su situación jurídica fue resuelta dentro del plazo constitucional establecido. En otro orden, se advierte que la autoridad judicial responsable precisó los hechos que la ley señala como delito de violación agravada, previsto en el artículo 171 (A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo), en relación con el párrafo penúltimo (Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá previa querella), en relación con el numeral 175, fracción VII (Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho) del Código Penal del Estado de Chihuahua, por el cual dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso, con lo que colmó uno más de los requisitos formales requeridos. Ahora, en cuanto a la acreditación de los hechos delictivos, es necesario precisar que basta con que el juez encuadre la conducta relativa a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, es decir, para tener por satisfecho ese tópico sólo es necesario acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio en relación con el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos de prueba, cuya diferenciación se hace patente en el artículo 261 del código procesal penal nacional, pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio respecto del delito y su autor o partícipe. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, de la Décima Época, registro 2014800, del epígrafe y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Asimismo, es importante destacar que el principio de contradicción, que rige el proceso penal, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor. Es orientadora la tesis 1a. CCXLIX/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, registro 160184, del rubro y texto: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo. Consecuentemente, a efecto de constatar si se respetó el principio de contradicción señalado, es menester mencionar los datos de prueba recabados por la autoridad ministerial, a partir de los cuales sustentó la solicitud de vinculación a proceso contra el quejoso. 1. Denuncia o querella de doce de noviembre de dos mil diecisiete, en la que en lo medular la víctima manifestó: (.) que tengo un año un mes viviendo en unión libre con mi pareja sentimental de nombre *******; y el día sábado once de noviembre del año en curso, siendo las diecisiete horas, ******* se molestó porque descubrió que tengo una cuenta de facebook falsa, me pidió la contraseña, se la di, revisó mi facebook y me dijo que si lo estaba buscando era acostarme con mi "ex", para él esto era una infidelidad que merecía unos "putazos"; y me preguntó que qué (sic) era lo que quería hacer, le dije que era mejor que termináramos, y él me dijo que sí, "que si por mis huevos", me gritó diciéndome que me callara; y luego me volvió a preguntar que qué pensaba hacer, me volvió a callar y me dijo que si no era con él no iba a estar con nadie más, me insultó diciéndome que soy una basura, que soy una mierda de persona, me dijo que estaba pagando todo con él, toda la mierda que he tirado al universo, me empujó a la cama, me amarró con su cinto en el cuello, me apretó con éste, sentí que me asfixiaba, se me salieron los mocos y las piernas me temblaban, cuando vio que estaba llorando aflojó el cinto y luego volvió a apretar, y cuando veía que ya no podía respirar lo soltaba, y me lo volvió a apretar con éste en mi cuello, me dijo lo siguiente "te voy a matar, quieres que te mate" me soltó cuando le dije que íbamos a luchar y que lo íbamos a intentar, entonces con su mano me apretó la quijada, yo estaba llorando y le dije que se calmara, y él con su dedo índice me pegó en la frente y me lo ponía en la boca diciéndome que me callara; me dijo que me iba a coger, y le dije que no era el momento, me dijo "chingando a huevo", ahora ni eso quieres, me quito mi pantalonera, me penetró con su pene y me dijo que si sentía rico, que fingiera como siempre lo hacía y me penetró más fuerte y me dijo que si así sentía, y me dijo que me iba a llenar de chupetones, me cubrí el cuello con mis brazos y al mismo tiempo lo empujé de la cara para que no me besara el cuello, le dije que a mí no me gustaban los chupetones, cuando se escuchó que tocaba la puerta él se retiró, se metió a bañar, agarró mi teléfono celular y las llaves y se fue de la casa (.). Menciona la víctima que teme por su integridad ya que ******* es muy violento, por lo que ella acude ante el Ministerio Público a interponer su denuncia (.) 2. Ampliación de denuncia de trece de noviembre de dos mil diecisiete. (.) los hechos de la fecha once de noviembre del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, se encontraban en la casa ubicada en *******, *******, sus hijos de nombre ******* de ******* años de edad y ******* de ******* años de edad, ya que el fin de semana lo pasan con nosotros, también se encontraba mi hijo de nombre ******* de ******* años de edad, ******* y yo, mi hijo y los hijos de ******* se encontraban jugando videojuegos en la sala de la planta baja de la casa y ******* y yo nos encontrábamos en nuestra habitación en la planta de arriba, cuando me comenzó a reclamar sobre la cuenta de Facebook y a agredirme diciéndome que merecía unos "putazos", diciéndome basura y que soy una mierda, fue cuando me tiró a la cama y me amarró el cuello con un cinto y lo apretó y me dijo que me iba a matar, me dijo que me iba a coger, me dijo que me quitara la pantalonera o me la quitaba él, yo le dije que no me la iba a quitar, que no era el momento, y le dije que no quería coger con él, entonces me dijo que él me la quitaría que a huevo, me jaló la pantalonera y yo trate de subirla, pero logró quitármela, y me quitó mi ropa interior, luego me penetró en la vagina, lo empuje y le dije que no quería y trate de quitarlo de encima, pero él continúo y me penetró cada vez más fuerte." 3. Informe médico de lesiones, elaborado por la perito médico legista *******, de doce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que en lo conducente manifestó (.) presenta en el cuello, tanto en la cara lateral izquierda y derecha y anterior, una abrasión en cada cara, de forma irregular de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro cada una; el resto de la exploración física no presenta huellas de lesiones visibles, ni externas, ni recientes. (.) La clasificación de las lesiones son de las que no ponen en peligro la vida, que tardan menos de quince días en sanar y no dejan consecuencias médico legales, lesiones físicas recientes al momento de la exploración física (.). 4. Dictamen pericial psicológico, realizado el doce de noviembre de dos mil diecisiete por el perito oficial *******, en el que concluyó: (.) que tiene una afectación emocional grave, y para esto recomienda una terapia psicológica de veinte sesiones (.) 5. Informe sexual cronológico y de lesiones de trece de noviembre de dos mil diecisiete, por la perito médico legista *******, del que se desprende: (.) en cuanto a la exploración genital (.) se aprecia monte de venus de características normales para la edad, con presencia de vello púbico con implantación normal, labios mayores y normales e íntegros, labios menores sin eritema o enrojecimiento, mediante maniobra de las riendas se encuentra (ilegible) con características normales, himen de tipo carúncula mirtiformes, con antecedentes de partos vaginales amplios con región perianal normal (.). Se tomaron muestras para su revisión (.) Si presenta datos compatibles de penetración de data antigua (.) 6. Informe policial de 8 de diciembre de 2017, realizado por *******, quien realizó serie fotográfica del lugar donde ocurrieron los hechos, así como de captura de la pantalla de los mensajes enviados entre la víctima y el imputado; actas de entrevista a la víctima de la cual se omitió su lectura y se tuvo por reproducida por ser congruente con lo vertido en sus denuncias. 7. Entrevista de siete de diciembre de dos mil diecisiete, a la madre de la víctima de nombre *******, quien manifestó: (.) que el sábado once de noviembre de dos mil diecisiete, aproximadamente a las siete de la tarde, recibió un mensaje de un número desconocido, que le decía "mamá ven por mí por favor", y después me marcó mi hija y me dice "mamá, ven por mí" pasó algo, ven por mí, y mi hija estaba llorando y le dije a mi hermana ******* que si me llevaba a la casa de mi hija y me dijo que sí, cuando mi hija me habló por teléfono me dijo que también si puedes abrir la puerta le hablas a la policía, llegamos a la casa de mi hija en la calle *******, yo y mi hermana *******, pude abrir la puerta y entro y me voy hasta la recámara y veo a mi hija llorando con las marcas en el cuello y marcas como de sangre en la cara, y mi hija me dice ******* me golpeó, me ahorcó con un cinto y abuso sexualmente de mí, se detuvo porque estaban los niños y un vecino, se llevó las llaves de la casa y mi celular, yo lo que hice fue cambiar las chapas y sacamos todas sus cosas y se las dejamos afuera, y me lleve a mi hija, estamos viviendo con una hermana porque ******* sabe dónde vive y le tengo mucho miedo a *******, ******* nos amenazó con ir a la casa y hacer cosas (.) 8. Acta de entrevista de siete de diciembre de dos mil diecisiete, a ******* (.) que es la tía materna de la víctima de iniciales *******, y que el sábado once de noviembre de dos mil diecisiete, aproximadamente a las siete de la tarde, su hermana le dice vamos por mi hija, me dijo que si no podíamos abrir la puerta le habláramos a la policía, este cabrón algo le hizo, nos fuimos a la casa de mi hija en la calle*******, entramos a la casa y mi hermana se fue hasta la recámara de mi sobrina, yo me quedé en la puerta y escucho que grita mi hermana qué pasó y yo me asusté, después bajó mi hermana y me dice "este cabrón quiso ahorcar a mi hija y abusó de ella, la forzó, trae el cuello todo marcado", después de un rato bajó mi sobrina y le preguntó que qué paso y la vi toda marcada del cuello y como con venas reventadas en la cara y mi sobrina me dice ******* revisó mi teléfono y encontró mensajes con el papá de mi hijo y se puso muy agresivo, me empezó a ahorcar con un cinto y empezó a abusar de mí, me dejó porque dijo que no me mató porque estaban los vecinos y yo estaba sorprendida, mi sobrina estaba llorando y me dice "tía, ya me quiero ir", y yo le dije vamos a cambiar las chapas, y fuimos a comprar y las cambiamos y me la lleve a mi casa y está conmigo porque le tiene mucho (sic) (.) El quejoso se acogió a la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica; y la defensa solicitó la comparecencia de la víctima con el propósito de realizar interrogatorio e incluso verificar la posibilidad de otorgar el perdón del ofendido. Por lo que en la continuación de la audiencia, el justiciable designó defensor particular que lo representara en dicho proceso jurisdiccional, manifestando la defensa y la agente del Ministerio Público no tener pruebas que desahogar, incluso la defensa desistió del medio de prueba consistente en la declaración de la víctima *******, mientras que *******, declaró lo siguiente: 9. (.) "Quiero manifestar que no hubo delito sexual porque no la violé (.) no hubo violación ese día, porque sí tuvimos relaciones, pero tuvimos relaciones antes de que yo me diera cuenta por lo que empezó la pelea, de sus infidelidades, tuvimos relaciones media hora antes de que empezara la discusión, sí, sí la agarré, me enojé mucho, la agarré de la parte de la cabeza y del cuello y le dije muchas cosas, pero no hubo violación, es una persona tanto emocional como mentalmente inestable, a ella ya le quitaron a dos de sus hijos por *******, a lo cual su mamá, la que está testificando ahorita en mi contra, fue la que testificó en su contra cuando le quitaron a sus hijos por *******, es una persona alcohólica, a lo cual su hijo el mayor puede testificar también, su hijo mayor (ininteligible) ******* tiene ******* años, y él se fue a la casa por los constantes ******* por parte de ******* y de *******, ella es una persona que conmigo es el quinto matrimonio, no nos casamos vivíamos en unión libre pero se podría decir que fuimos un matrimonio (.) Cerrado el debate, el juez responsable de manera oral, pronunció su determinación, en que estimó acreditado el hecho que la ley señala como delito de violación agravada, cuya previsión se ha señalado en párrafos precedentes. Conclusión que este órgano de control constitucional considera legal, porque el juez responsable valoró los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, de manera libre y lógica, así como la declaración vertida en audiencia por el justiciable con asistencia de su defensor particular, acorde con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son eficaces, hasta la etapa procedimental que se analiza, para demostrar el hecho imputado al quejoso que la ley señala como delito. En ese entendido, fue correcto que el juez responsable considerara la petición del Ministerio Público, relativo a que los hechos acontecieron en el interior del domicilio ubicado en la calle *******, en esta ciudad y es competente, así como la aplicación del código penal del Estado de Chihuahua. Para lo cual tomó en consideración los datos de prueba reseñados por la representación social, en especial los informes médicos de lesiones y psicológico, que dan cuenta de que la víctima presentaba, tanto en la cara lateral izquierda y derecha y anterior del cuello, abrasiones y equimosis, además de una afectación emocional grave a consecuencia de la agresión de la que fue objeto, datos que armonizan con lo expuesto por la víctima en sus declaraciones de doce y trece de noviembre de dos mil diecisiete, en las que en lo conducente manifestó que el aquí quejoso la insultó, la empujó a la cama, le colocó un cinto en el cuello con el cual la asfixiaba, luego le bajó el pantalón y le introdujo su pene vía vaginal. Asimismo, concatenó las declaraciones de ******* y *******, madre y tía respectivamente de la víctima de iniciales *******, quienes establecieron las circunstancias inmediatas posteriores a la ejecución de los hechos, pues refirieron que aproximadamente a las siete de la tarde del once de noviembre de dos mil diecisiete, la víctima se comunicó con su madre pidiéndole que fuera por ella, y una vez que se presentaron en su domicilio observaron que la víctima *******, tenía marcas en el cuello, además de informarles que ******* la había agredido física y sexualmente. Del mismo modo, en lo relativo a la declaración vertida en audiencia por el quejoso *******, quien refirió que el día de los hechos tuvo una discusión con la víctima, sin abordar los detalles de la misma, y que si bien tuvieron relaciones sexuales, esto fue de manera consensuada y previo a iniciar la discusión, el Juez de origen refirió que dicho medio de prueba se encuentra aislado, contrario a lo expuesto por la víctima *******, quien al ser valorada por el psicólogo destacó que presentó una afectación emocional a consecuencia de los hechos ocurridos, y no de forma autónoma o que ansiara faltar a la verdad para perjudicar al aquí quejoso. Igualmente, el Juez de origen no dejó de atender que en el informe sexual cronológico y de lesiones, de trece de noviembre de dos mil diecisiete, no se asentó de manera expresa el aspecto ginecológico, sin embargo, estableció que tanto la víctima como el imputado reconocieron el ayuntamiento carnal, por lo que atendiendo a que la jurisprudencia ha establecido que los delitos de índole sexual son de realización oculta, se pondera el dicho de la víctima en relación con el resto del material probatorio al que se ha hecho alusión. En atención a los datos de prueba descritos, el juez responsable señaló que el hecho materia de la imputación planteado por la agente del Ministerio Público, en el sentido de que probablemente el once de noviembre de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en la calle *******, en esta ciudad, *******, realizó cópula con la víctima *******, quien en esa fecha era su pareja sentimental, esto a través de la violencia física, toda vez que la empujó a la cama, le amarró un cinto al cuello, comenzó a asfixiarla, le bajó el pantalón y sin su consentimiento la penetró con su pene en la vagina, hasta ese momento en que resolvió lo tuvo por acreditado, pues precisamente la conducta desplegada por el activo, se traduce en que a través de la violencia realizó cópula con la víctima, introduciéndole su pene vía vaginal, esto mientras mantenía una relación de pareja. En ese sentido, fue correcto que vinculara a proceso al quejoso. Por otra parte, fue correcta la determinación del juez responsable, al concluir que en el caso no se actualiza en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es importante destacar que el artículo 19 constitucional señala que en un auto de vinculación a proceso debe establecerse que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que implica que los datos recabados hasta la etapa procedimental sólo deben reunir el estándar probatorio necesario para satisfacer tal extremo, pues se reitera que la vinculación a proceso tiene como principal objetivo que el Ministerio Público esté en posibilidad de realizar una investigación complementaria del hecho delictivo, en la que pueda recabar datos y medios probatorios, a través de los cuales, eventualmente, pueda proceder acorde con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, solicitar el sobreseimiento (parcial o total), suspensión del proceso o formular acusación. Con base en lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 19 Constitucional y los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que de los datos de prueba se advierte que aparecen datos suficientes hasta este momento, para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de violación con penalidad agravada y existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; máxime que, como se dijo, no es requisito indispensable en dicha resolución se cuente con pruebas plenas o contundentes para acreditar la plena responsabilidad penal del justiciable, sino sólo datos que hagan probable su intervención o participación. Finalmente, en lo concerniente a lo vertido por el justiciable en sus conceptos de violación, -que el auto de vinculación se sustentó en la declaración de la víctima, por lo que no quedó demostrado de forma alguna su participación en el hecho que se le imputa y se aplicó inexactamente la ley, pues no se observaron las disposiciones contenidas en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y no es posible que la víctima haya sido objeto de violencia sexual de su parte, pues el galeno que la revisó no arribó a esa conclusión, esto es, que aquélla tuviera lesiones internas o externas en sus genitales-. Dichos motivos de disenso han quedado contestados con los razonamientos expuestos con antelación. Lo anterior es así, pues como ya se dijo, el Juez de origen observó las disposiciones contenidas en los artículos 19 Constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de resolver la situación jurídica del quejoso, y valoró las datos de prueba invocados por la Fiscalía, así como el medio de prueba relativo a la declaración de *******; y se dijo que no es requisito indispensable que en la resolución de vinculación a proceso se cuente con pruebas plenas o contundentes para acreditar la plena responsabilidad penal del justiciable, sino sólo datos que hagan probable su intervención o participación. Ahora, en lo relativo al motivo de disenso expresado por el quejoso -que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, tomó en consideración los datos de prueba aportados por la Fiscalía y que obran en la carpeta de investigación, además de la declaración vertida por el justiciable en audiencia; circunstancia esta última que le irroga perjuicio, pues no es dable tomar en consideración los medios de prueba ofertados por su defensa -. Es de acotar que el numerales 114, 117, fracción III, 312, 316 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que el imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el Órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su Defensor. Por lo que una vez formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en dicho código; incluso es requisito para dictar el auto de vinculación a proceso, el otorgar al imputado la oportunidad de declarar. Igualmente, que los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código. Asimismo, establecen como obligaciones del defensor, comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley. Postulados que dan lugar a establecer que la defensa puede desahogar medios de prueba para desvirtuar el hecho atribuido por el Ministerio Público, como en el presente caso, la declaración del imputado, y corresponde al Juez resolver tomando en consideración lo manifestado por la Representación Social, y los contraargumentos de la defensa. Así, tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de convencerlo de su versión, a lo cual se le conoce como "teoría del caso". De esa manera, en el auto de vinculación a proceso, el Juez de control, atento a los extremos que rigen al principio de contradicción, debe emitir su decisión con base en los antecedentes de investigación que le exponga el Ministerio Público en la audiencia correspondiente y los contraargumentos de la defensa, es decir, debe analizar y ponderar las cuestiones debatidas en la audiencia inicial o, en su caso, en la de vinculación a proceso. Por tanto, no irroga perjuicio al justiciable que el Juez de origen, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, valorara la racionabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social y la refutación del imputado respecto de los hechos que se le imputan. Es aplicable la tesis XVII.1o.P.A.53 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Materia Penal, página 2082, de la Décima Época, registro 2015953, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA. El Juez de control, quien interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, al resolver, según sea el caso, sobre la calificación de la detención, la vinculación o no a proceso o la imposición de medidas cautelares al imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos provenientes de la carpeta de investigación del Ministerio Público o de la investigación de la defensa y aun en caso de haber desahogado medios de prueba en la etapa inicial el imputado o su defensor, deben valorarse con el mismo rango que los datos de prueba del Ministerio Público, pues las pruebas en esta etapa sólo sirven para integrar datos, por lo que darle un mayor valor, en ese momento, rebasaría las directrices constitucionales, además de que originaría desigualdad de la defensa con el Ministerio Público y la víctima u ofendido, toda vez que, de acuerdo con los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, el único que puede desahogar prueba durante el plazo constitucional o su ampliación, es el imputado, por lo que valorarla con distinto estándar al dato, la colocaría en una situación invariablemente privilegiada, violando el principio de igualdad de las partes. Lo anterior, no obstante que el Ministerio Público en la carpeta de investigación reúna pruebas y no datos necesariamente, pues al igual que los de la defensa, deben valorarse en la etapa inicial como datos, en atención al principio de igualdad previsto en el artículo 10 del código mencionado. (el subrayado es para dar énfasis) En ese contexto, toda vez que la determinación reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. En consecuencia, tomando en consideración el estudio que precede, se puede concluir que el acto reclamado no es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso; lo que impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y al Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado, ambos en esta ciudad; y a la Jefa del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, en representación de la Titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en Aquiles Serdán, Chihuahua, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE, al quejoso *******, en contra de los actos que reclamó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notífiquese personalmente al quejoso, a la tercero interesada y al agente del Ministerio Público de la adscripción; y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público que tiene la calidad de tercero interesado. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el treinta de julio de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo de cuenta agréguense a los autos para que consten como legalmente corresponda, con lo cual el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, remite la transcripción del auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso *****, en autos de la causa penal ****/****. En mérito de lo anterior y toda vez que dicha documental es parte integral del informe justificado de la citada autoridad, la cual no se recibió en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, tal y como se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA ALA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo de cuenta agréguense a los autos para que consten como legalmente corresponda, con lo cual el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, remite la transcripción del auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso *****, en autos de la causa penal ****/****. En mérito de lo anterior y toda vez que dicha documental es parte integral del informe justificado de la citada autoridad, la cual no se recibió en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, tal y como se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.
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