Hector Sánchez Ceja

Expediente 699/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
699/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Hector Sánchez Ceja
  • Fidel Sánchez Galvan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-699/2018 promovido por Fidel Sánchez Galván y Héctor Sánchez Ceja, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta capital, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado Abel Ceja Arias, quien se encuentra debidamente emplazado. Por otro lado, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los siguientes informes justificados: Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Jefa del Departamento del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos la documental que el quejoso acompañó a su escrito de demanda, así como la documental pública y la instrumental de actuaciones que ofreció en su escrito presentado el veintiséis de octubre pasado; de la misma forma, obra en autos la documental que la Jefa del Departamento del fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, acompañó a su informe justificado, asimismo, obra en cuadernos de pruebas por separado las documentales que el Magistrado y el Juez responsables acompañaron como sustento de sus informes justificados, consistentes en el toca de apelación III-15/2018, así como copia certificada del juicio ordinario civil 141/2011, respectivamente; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; al no existir medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los alegatos formulados por las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa, por medio de su escrito presentado el veintiséis de octubre de la presente anualidad, vertió diversas manifestaciones a guisa de alegatos; asimismo, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado formuló los alegatos que a su parte corresponden, a través de su pedimento 380/2018. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-699/2018, promovido por Fidel Sánchez Galván y Héctor Sánchez Ceja, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Fidel Sánchez Galván y Héctor Sánchez Ceja solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señalaron en su escrito de demanda y los actos que precisaron en el mismo. Actos que los quejosos consideraron violatorios en su perjuicio de los derechos humanos reconocidos por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Previas prevenciones formuladas, mediante proveído veintisiete de septiembre pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VI, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una autoridad que tiene su residencia en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consiste en la resolución de veinte de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de queja III-15/2018, a través de la cual se declaró infundado el mencionado medio de defensa y se interpuso una multa en contra de los ahora quejosos. Asimismo, del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta capital, reclaman la ejecución de la referida sentencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del análisis del informe justificado rendido por la Jefa del Departamento del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, se obtiene que negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen. Pese a lo manifestado por la autoridad responsable de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad del informe mencionado. No es óbice, que a través del oficio 0994, el Magistrado responsable remitió a dicha dependencia, testimonio de la resolución dictada en el toca de origen, sin embargo, como refiere en su propio informe, no se le facultó a fin de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, en razón de que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en su artículo 174, refiere que las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales y administrativos del propio Poder Judicial de esta entidad, se consideran créditos fiscales y se harán efectivas a través de la autoridad hacendaria del Estado, por lo que no desplegó ninguna actuación relacionada a la ejecución de la sentencia dictada en la contienda natural. Por tanto, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de la Juez responsable residente en La Piedad, Michoacán, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo por lo que ve a los actos reclamados al Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Además, tales manifestaciones se corroboran, con las copias certificadas, tanto del juicio de origen, como del toca de apelación, que tales autoridades remitieron junto con sus informes justificados, respectivamente; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser documentos expedidos por autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Luego, al formular su pedimento la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano de control constitucional, únicamente refirió que se debe sobreseer el presente juicio de amparo por lo que ve al Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, toda vez que al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; en consecuencia, no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Este juzgado federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores". Ahora, del análisis integral de la demanda que dio génesis al expediente que se resuelve, se obtiene que el peticionario del amparo aduce toralmente que al emitir la resolución combatida, la Sala responsable omitió analizar el único agravio formulado en el escrito de queja interpuesto por el ahora amparista, en contra del proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de del acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, en el que a su vez se desechó un incidente de falsedad de documento promovido por el mismo solicitante de la protección constitucional; pues en su decir, en la especie, se actualizaba la hipótesis de excepción prevista en el artículo 743 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, por tanto, debió admitirse y resolverse en el fondo el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo por el que se desechó el incidente aludido supralíneas, por tratarse de una determinación dictada en la etapa de ejecución de sentencia. Tal aserto es infundado. Para evidenciar lo anterior, conviene destacar lo siguiente: El veintidós de agosto de dos mil doce, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad capital, dictó sentencia en los autos del juicio 141/2011 de su índice, promovido por Abel Ceja Arias, en contra de Fidel Sánchez Galván, Héctor Sánchez Ceja, Javier Ceja Chihuaqui y Angelina Anguiano Martínez, de quienes reclamó entre otras prestaciones, la reivindicación de un inmueble; en tal determinación se declaró procedente la acción reivindicatoria. Inconformes con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación del cual, por razón de turno, correspondió conocer a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que lo radicó como el toca 299/2012 de su estadística; y, por ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil doce, confirmó el fallo recurrido. En la etapa de ejecución, ante el juzgado de origen, los sentenciados Héctor Sánchez Ceja y Fidel Sánchez Galván promovieron lo que denominaron: ".EXCEPCIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA; ya que ha transcurrido más de un año que consiste en la falsedad del instrumento fundándome para ello en los instrumentos públicos que exhibió el actor con su escrito inicial de demanda o para los efectos legales a que haya lugar." En respuesta a lo anterior, el mencionado órgano jurisdiccional emitió el acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, en el que medularmente se determinó que: ".dígase que no ha lugar a acordar de conformidad su ocurso de cuenta, ya que si bien es cierto que los artículos 734, 735 y 736 del Código de Procedimientos Civiles señalan que se puede promover la excepción de falsedad de documento que refiere, también lo es que la misma no puede promoverse posteriormente a la sentencia, como lo indica el artículo 734. Aunado a ello, dicho documento es el base de la acción, el cual fue objetado por la parte demandada en esos términos, lo que fue analizado en la sentencia definitiva, específicamente en la foja 430, y dicha sentencia fue confirmada por el tribunal de alzada, por lo que la misma causó ejecutoria por ministerio de ley. Por lo que es notoriamente improcedente la excepción que pretende tramitar, además, sus manifestaciones son tendientes a revocar la sentencia definitiva, lo cual no es posible en la fase de ejecución." En desacuerdo con dicha determinación, los propios actores incidentistas presentaron un ocurso a través del cual pretendían interponer recurso de apelación; empero, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el juzgador primigenio emitió un acuerdo por el que desestimó el mencionado medio de impugnación, por considerar lo siguiente: ".se les dice que no ha lugar a tenerlos interponiendo recurso de apelación en contra del auto 14 catorce de junio de 2018 dos mil dieciocho, que negó la admisión del incidente de excepción de falsedad de documento, toda vez que de conformidad con lo establecido con los numerales 691 y 877 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, los autos son apelables cuando lo dispone la ley, si, además, lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten y en el caso concreto el auto que pretende apelar no se encuentra expresamente señalado por la ley como apelable." En contra del proveído mencionado, los inconformes interpusieron recurso de queja el cual fue radicado como el toca 15/2018, admitido a trámite y resuelto por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante ejecutoria veinte de agosto pasado, en la que medularmente se determinó que: ".tampoco le asiste razón al apelante en relación a la vulneración del artículo 743 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, toda vez que el mismo no resulta aplicable en la especie, ya que este numeral hace referencia respecto a la impugnación de las resoluciones dictadas en y para la ejecución de una sentencia, y el auto mediante el cual pretenden inconformarse con el recurso de apelación, lo es un proveído que niega la admisión de un incidente de excepción de falsedad de documento; de ahí que, se deberá atender a las reglas generales de los incidentes Capítulo I de los incidentes en general, y si de tales preceptos legales no se advierte que exista norma jurídica alguna que de manera expresa disponga que contra el auto que niegue la admisión de un incidente -como el de la especie- proceda tal recurso, evidentemente que entonces, es inadmisible el recurso de apelación, como acertadamente lo señaló el juzgador de origen en su auto materia de esta queja. Y es que contrario a lo señalado por los quejosos, dicho acuerdo sería impugnable a través del recurso de revocación previsto en el precepto 676 del cuerpo de leyes en consulta, que refiere que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el juez que los dictó, o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio; y no, se insiste, mediante el de apelación como lo pretende hacer valer." De lo expuesto hasta aquí se obtiene que, contrario a lo sostenido por el peticionario de la protección constitucional, la Sala responsable sí atendió el único argumento vertido en el recurso de queja, relativo a que en el caso, se actualizaba la hipótesis de excepción prevista en el artículo 743 de la ley adjetiva civil para la Entidad; pues sobre ese aspecto la responsable sostuvo que, en oposición a lo sostenido por el recurrente, en la especie, el medio de impugnación procedente era el recurso de revocación, porque no existe precepto legal que expresamente establezca la procedencia del recurso de apelación en contra del proveído impugnado, de modo que debía estarse al contenido del artículo 676 de esa misma codificación; añadió, que en el caso, no era aplicable el artículo 743 del código adjetivo, pues en su decir, el proveído impugnado no fue emitido ".para la ejecución de una sentencia.", sino que se trata de aquel a través del cual se desechó un incidente de falsedad de documentos promovido con la intención de que se analizara el documento base de la acción; de manera que aun cuando se hubiere promovido en la etapa de ejecución del juicio natural no podía considerarse que se tratara de una determinación tendente a la ejecución de la sentencia definitiva. Máxime, que el documento cuestionado era el que fungió como base de la acción y éste ya había sido analizado en la sentencia definitiva de veintidós de agosto de dos mil doce, la cual fue confirmada por ejecutoria de segundo grado de veinticuatro de octubre siguiente. Por esa misma razón, también resulta infundado lo aducido por el promovente del juicio de control constitucional respecto a que la responsable omitió examinar todos los aspectos de la litis; pues, como él mismo lo refirió únicamente se formuló un argumento y ya quedó precisado que éste sí fue atendido por la responsable. En otro aspecto, resulta inoperante lo argumentado por el peticionario del amparo cuando aduce que la resolución combatida era independiente de la ejecución de la sentencia y que, por tanto, no era necesario que aguardara hasta la ejecución de la misma para que se analizara el fondo del citado medio de impugnación. Lo anterior, debido a que ya quedó precisado que la Sala señalada como responsable sí dio contestación al único argumento formulado por el quejoso; es decir, que analizó de fondo el recurso de queja interpuesto por el aquí solicitante de la protección constitucional; de ahí, que el hecho de que la resolución combatida se independiente de la ejecución de la sentencia constituye una afirmación sin sustento lógico o jurídico, precisamente porque es un aspecto que no fue cuestionado por la responsable; tan es así, que se insiste, resolvió de fondo el recurso interpuesto por el peticionario de la protección constitucional. Por lo tocante a que la responsable obstaculizó el derecho de acceso a la justicia del quejoso, al haber resuelto en la forma en que lo hizo, debe decirse que carece de razón el quejoso. Es así, porque no es verdad que la responsable impida que el quejoso acceda a un medio ordinario de defensa; en realidad lo que ocurre es que el promovente del juicio de control constitucional optó por un recurso que no era el procedente y esa circunstancia en ningún modo es atribuible a la responsable, pues como dicha autoridad lo sostuvo en la resolución combatida: ".para ejercer el derecho de acceso a la justicia, se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no está contemplado en la ley, como ya ha quedado expuesto, no puede subsanarse el error por el juez a fin de que se admita el recurso, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil." En un aspecto distinto, los quejosos aducen que la responsable la responsable vulneró sus derechos fundamentales al imponerles una multa por el sólo hecho de no haber obtenido un resultado favorable en el recurso de queja; pues en su decir, dicha circunstancia sólo constituye un obstáculo para la tutela judicial efectiva. Tal aserto resulta igualmente infundado. Para evidenciar lo anterior, conviene señalar que sobre el tópico que se analiza, el tribunal responsable determinó lo siguiente: "De conformidad con lo que estatuye el artículo 699 de la ley procesal de la materia y atendiendo a la circunstancia de que en la presente queja se obstaculizó el supuesto que se enumera, referente a que la queja no está fundada en derecho, debe imponerse a los quejosos una multa equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el Estado, a favor del fondo Auxiliar ara la Administración de Justicia de la Entidad, la que se hará efectiva por el Consejo del Poder Judicial del Estado." Como se observa, no asiste razón a los quejosos cuando aducen que la multa impuesta por la responsable constituye un obstáculo para la tutela judicial efectiva; por el contrario, debe entenderse que la finalidad del artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, es que las partes que ocurran a interponer el recurso de queja lo hagan en forma consiente y fundada; ello, con el propósito de que no se retrase la impartición de justicia; es decir, que no se promuevan recursos injustificados con la única finalidad de retrasar la tramitación de los procesos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Ahora, no es el caso de analizar si la imposición de la multa por parte de la autoridad señalada como responsable fue constitucional o no, porque los motivos expuestos por dicha autoridad no fueron controvertidos por los ahora solicitantes de la protección constitucional; es decir, que no es factible que este órgano de control constitucional examine si la queja estaba fundada en derecho o no, debido a que ese aspecto no fue cuestionado por los aquí quejosos, se insiste, porque lo único argumentado por éstos fue que la imposición de la multa constituía un obstáculo para la tutela efectiva. En un último disenso, los quejosos argumentan que, al emitir la resolución que se combate, la autoridad señalada como responsable debió aplicar la protección más amplia (principio pro persona) en favor de los ahora quejosos, en términos de los artículos 8.1, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como 8 y 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; y, con base en lo anterior, declarar fundado el recurso de queja. Tales asertos resulta infundados, debido a que el principio pro persona no implica que las cuestiones planteadas ante una determinada autoridad deban ser resueltas indefectiblemente de manera favorable, ni aun cuando se trate de establecer una interpretación más amplia y extensiva a determinadas normas jurídicas. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "Época: Décima Época Registro: 2004748 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) Página: 906 PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece." En suma, ante lo ineficaz de los argumentos vertidos por los quejosos, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO solicitado. SÉPTIMO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Héctor Sánchez Ceja y Fidel Sánchez Galván, respecto de la autoridad denominada Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Héctor Sánchez Ceja ni a Fidel Sánchez Galván, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. RAZÓN ACTUARIAL; SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Vista la razón levantada por el Actuario de la adscripción el cinco de noviembre de los actuales, de la cual se obtiene que no le fue posible emplazar al tercero interesado Abel Ceja Arias, por sí o a través de su apoderado Emigdio Gómez Huerta, por los motivos expuestos en la misma. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista al tercero interesado Abel Ceja Arias, por sí o través de quien acredite ser su representante legal, el proveído de veintisiete de septiembre, veintiséis de octubre, así como el presente proveído todos del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezca a señalar domicilio para tal efecto. Para mayor esclarecimiento de las partes, se agrega copia certificada del poder notarial, del cual se advierte que el tercero interesado Abel Ceja Arias otorgó poder a Emigdio Gómez Huerta, incluso para representarlo en el juicio de amparo, mismo que a la fecha se encuentra vigente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. RAZÓN ACTUARIAL; SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Vista la razón levantada por el Actuario de la adscripción el cinco de noviembre de los actuales, de la cual se obtiene que no le fue posible emplazar al tercero interesado Abel Ceja Arias, por sí o a través de su apoderado Emigdio Gómez Huerta, por los motivos expuestos en la misma. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista al tercero interesado Abel Ceja Arias, por sí o través de quien acredite ser su representante legal, el proveído de veintisiete de septiembre, la resolución incidental de cinco de octubre, así como el presente proveído todos del año en curso, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezca a señalar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que se encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado Abel Ceja Arias, en la inteligencia de que se ordenó dicho llamado a juicio en proveído de veinticinco de los actuales; para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. PRUEBAS Y ALEGATOS DE QUEJOSO. En otro orden de ideas, visto el escrito de cuenta signado por la autorizada de los quejosos por Fidel Sánchez Galván y Héctor Sánchez Ceja; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que refiere, así como la instrumental de actuaciones; de la misma forma, se tienen por formulados los alegatos que a su parte corresponden. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otra parte, agréguese a sus autos el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a través del cual hace manifestaciones a guisa de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados; sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional. SOLICITUD DE COPIAS. Finalmente, en torno a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que acontezca dicha situación, expídasele la misma, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy Fe.Dva

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