Henry Orlando Koyoc Canul
Expediente 1130/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Henry Orlando Koyoc Canul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de once de octubre de la presente anualidad, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, no obstante que en el presente asunto, se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: De la constancia de dieciséis de octubre del año en curso, levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, se aprecia que, por los motivos que expone, no le fue posible notificar de manera personal al quejoso Henry Orlando Koyoc Canul, el acuerdo de once de los corrientes, en el domicilio proporcionado en autos. En consecuencia, tomando en consideración la imposibilidad de la actuaria de la adscripción de notificar en forma personal el proveído de que se viene hablando al quejoso ***********, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, hágasele la notificación del aludido proveído, del presente acuerdo y los subsecuentes que se dicten en este expediente, aún los de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Notifíquese y cúmplase. Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan este expediente, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Titular y Comandante de Cuartel en turno de dicha Secretaría, y anexo que adjunta, en el que manifestó que el directo quejoso *****, estuvo en la cárcel pública de esa Secretaría el diez de septiembre del año en curso; posteriormente, en fecha once del citado mes y año fue puesto en libertad a las cero horas con quince minutos, cumpliendo un arresto administrativo de cinco horas con veinticinco minutos de treinta y seis horas, lo que acreditó con las constancias conducentes que remitió; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Titular y Comandante de Cuartel en turno de dicha Secretaría, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, Alfonso Peniche Malvarez promovió demanda de amparo reclamando de las autoridades responsables la detención e incomunicación del directo quejoso HENRY ORLANDO KOYOC CANUL. Sin embargo, de las constancias que el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación del Titular y Comandante de Cuartel en turno de dicha Secretaría, acompañó a su oficio de cuenta, se advierte que el directo quejoso HENRY ORLANDO KOYOC CANUL, el diez de septiembre de dos mil diecisiete, estuvo recluido en la cárcel pública de dicha Secretaría, cumpliendo una sanción administrativa por cinco horas con veinticinco minutos; y posteriormente, el día once del citado mes, a las cero horas con quince minutos, al conmutar en su beneficio la sanción administrativa de arresto por multa, obtuvo su libertad. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues como quedó asentado, éstos se hicieron consistir, en la detención e incomunicación del directo quejoso HENRY ORLANDO KOYOC CANUL; los cuales ya cesaron y por tanto indudablemente se actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, en razón de que debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, ya que por su propia naturaleza, sería imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se causa agravio alguno a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial 612/2017 del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y resérvese para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE DEJA SIN MATERIA el presente cuaderno incidental, por lo que toca a la suspensión definitiva solicitada por *********, en contra del acto que reclamó del Secretario y Comandante de Cuartel en turno, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y regístrese.
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