Herbert Julian Moguel Sierra
Expediente 1179/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Herbert Julian Moguel Sierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativas al oficio con el que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por las autoridades señaladas como responsables. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico e incidental como los impresos, coinciden en su totalidad con los electrónicos generados con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1179/2022-VII-B, promovido por Herbert Julián Moguel Sierra, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de las siguientes autoridades: COMO ORDENADORAS: 1. JUEZ PRIMERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO. 2. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO. CIUDAD 3. JUEZ TERCERO DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. PROGRESO, YUCATÁN. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: 4. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 5. SUBSECRETARIO DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 6. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN LA ESCENA DEL CRIMEN, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. CIUDAD SEGUNDO. Por acuerdo de diez de mayo del año en curso, se registró la demanda de amparo con el número 1179/2022-VII-B y se admitió a trámite la misma; se ordenó dar a la representante social de la federación adscrita la intervención que le compete, solicitar a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; todo lo cual se hizo en sus términos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tiene lugar este día al tenor del acta que precede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, en el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La orden de aprehensión y/o comparecencia, dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERA. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1. Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado (Registro 11093, foja 23). 2. Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado (Registro 11225, foja 30). 3. Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán (Registro 12662, foja 34). 4. Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (promoción 11088, foja 24). 5. Subsecretario de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (promoción 11086, foja 25). 6. Coordinador General de la Policía Estatal de Investigación Especializada en la Escena del Crimen, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (promoción 11087, foja 26). Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, el tercero nombrado por conducto del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en funciones de la Juez responsable; el cuarto mencionado por conducto del encargado del departamento jurídico de la Policía Estatal de Investigación, y el quinto relacionado, a través del encargado del departamento jurídico de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación. Sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Herbert Julián Moguel Sierra contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese una reimpresión firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales y tomando en consideración que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales a partir del dieciocho de marzo hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Ahora bien, mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Acuerdo respecto del cual, es un hecho notorio, que ha existido una amplia publicidad, en razón de que marca la conclusión del periodo de suspensión y establece las reglas bajo las cuales los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación operarán del tres de agosto al treinta y uno de octubre, ambos de dos mil veinte, garantizando la continuidad de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19; aunado a que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el considerando Noveno, y artículos 2°, fracción I y 20 del citado Acuerdo General 21/2020, a partir del día tres de agosto de dos mil veinte, fecha en que se reanudaron labores en los órganos jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación; los plazos y términos en el presente juicio de amparo se tuvieron por reanudados. Por otra parte, el día veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 203 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, a partir del día doce de enero de dos mil veintiuno, fecha en que se reanudaron labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, los plazos y términos en el presente juicio de amparo se tuvieron por reanudados. Lo anterior, en el entendido de que, en ambas circunstancias, sólo se hizo el ajuste procesal en relación con los días que operaron las aludidas suspensiones de labores, sin que ello implicara el reinicio de los plazos y términos respectivos, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; de ahí que, se reitera, el levantamiento de las suspensiones implicó su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo se exhibió el billete de depósito N-842750, expedido por la sucursal en esta ciudad de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, ahora Banco del Bienestar, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, sin centavos, moneda nacional), el cual fue otorgado por la parte quejosa como uno de los requisitos para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida. Luego, no obstante que en el presente juicio de amparo han transcurrido más de dos años contados a partir de la notificación del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó devolver el billete en cuestión a la parte quejosa, debidamente endosado a su favor; lo anterior por cuanto la notificación del proveído de referencia se realizó el diecinueve de diciembre siguiente y, por ende, el aludido término de dos años ha transcurrido; descontando el periodo de suspensión de labores referido; sin que hubiera comparecido la parte interesada para efectos de su devolución. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declara prescrito el derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito en cuestión. Consecuentemente, se ordena se aplique en beneficio del Fisco Federal el importe del billete de que se trata, y con la documentación relativa, remítase debidamente transferido el billete de depósito número N-842750, a fin de que, como ya se dijo, su importe ingrese a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese el telegrama remitido por telegrama remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo en representación del Director en Jefe así como por el Director General de Registro y Control Documental de dicha institución, residente en la Ciudad de México, que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Ahora bien, en la misiva de cuenta, la autoridad informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, toda vez que señala que ha girado instrucciones a la Dirección General de Registro y Control Documental, para que proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad remitente, para que dentro del término de cinco días hábiles, a partir de que quede legalmente notificada, informe lo relativo a la contestación que dio el Director General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, o el impedimento que tenga para ello; a fin de acordar lo conducente. En el entendido que queda subsistente el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de mayo del año en curso. Notifíquese y cúmplase.
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