Henry Octavio Rodriguez Ku

Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Henry Octavio Rodriguez Ku

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, con un anexo, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo, informa que mediante proveído de diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio 387/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de interdicción, proveyó señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar en dicho asunto. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En ese sentido, en virtud que de las constancias que remitió la Juez responsable, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital: La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar dentro del expediente 387/2020, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de interdicción. Sin embargo, de las constancias que anexó la Juez responsable a su informe justificado, se advierte que mediante proveído de diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, acordó lo conducente respecto a la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar por la aquí parte quejosa; lo que se notificó por medio de lista el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. De ahí que resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de ***, apoderado de la persona moral quejosa "***", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL, por medio del cual solicita se gire el exhorto correspondiente, a fin de notificar y emplazar al tercero interesado ***, en el domicilio que proporcionó en su escrito con número de registro 2708. Al efecto, el suscrito juzgador se reserva a proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto obre en autos el resultado de la diligencia encomendada en el exhorto electrónico 109/2020-E-AMP-CIVIL-V-B, con número de origen 36/2020-E-AMP-CIVIL-V-B, por medio del cual se ordenó emplazar al nombrado tercero interesado. Por otra parte, toda vez que de una revisión de constancias se advierte que hasta la presente fecha el Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, no ha devuelto el exhorto electrónico número 109/2020-E-AMP-CIVIL-V-B, con número de origen 36/2020-E-AMP-CIVIL-V-B, enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado, emplazara al tercero interesado ***. En mérito de lo anterior, mediante oficio electrónico que al efecto se le gire, solicítese atentamente y de nueva cuenta al referido Juez exhortado informe el estado procesal que guarda la aludida comunicación oficial, y en caso de estar debidamente integrada, devuelva a la brevedad posible el aludido exhorto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, se efectuó a las autoridades terceras interesadas Registro Agrario Nacional y Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, residentes en la Ciudad de México, el día veinticinco de enero del año en curso, tal como consta en las tarjetas de acuse de recibo. Siendo que a la vista concedida, únicamente dieron contestación la parte quejosa y la tercero interesada Inmobiliaria Dzibichaltún, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ambas por conducto de sus autorizadas. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado a las restantes partes para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, los datos aportados por la autoridad responsable y las manifestaciones vertidas por las referidas partes quejosa y tercero interesada, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En este orden de ideas, es importante precisar que por sentencia firmada el veinte de agosto de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, del que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el que mediante ejecutoria de nueve de mayo del dos mil diecinueve, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal responsable: Dejara sin efectos el acuerdo reclamado y, en su lugar, emitiera uno diverso, en el que determinara de manera congruente y debidamente motivado el monto de la contragarantía solicitada por el Ejido quejoso, tomando en consideración los lineamientos expuestos en la referida resolución, con la salvedad de que dicho monto no podría ser superior al fijado en el acuerdo reclamado. Asimismo, en dicho auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento de la sentencia ejecutoria a la autoridad responsable. Mediante oficios ***y ***(fojas 360 a 362 y 389), signados por el Magistrado del Tribunal Agrario, Distrito 34, residente en esta ciudad, informó y acreditó que dio cumplimiento al requerimiento contenido en la ejecutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve. Advirtiéndose de la primera misiva de tres de junio de dos mil diecinueve, que transcribió el proveído mediante el cual, en primer término, dejó sin efectos el acuerdo reclamado de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en el que fijó a la parte demandada la contragarantía solicitada, consistente en la cantidad de $744,000.00 (setecientos cuarenta y cuatro mil pesos, sin centavos, moneda nacional), por la medida precautoria concedida a la parte actora en el juicio de origen. Posteriormente, determinó que no era procedente acordar respecto a la contragarantía solicitada por los accionados, toda vez que advirtió que al dejar sin efecto la medida precautoria otorgada, se generaría un daño de difícil reparación al otorgarse efectos restitutorios a los solicitantes. Mientras que la segunda misiva fue remitida por la responsable, en alcance a la primera, con la única finalidad de aclarar que la fecha correcta del acuerdo transcrito en el primer oficio, fue dos mil diecinueve y no dos mil dieciocho, como se asentó. Por acuerdos de cinco y catorce de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes respecto del cumplimiento que dio la autoridad a la ejecutoria del amparo; y el veintidós de agosto de dos mi diecinueve, se determinó que el fallo protector, quedó debidamente cumplido. Mediante diversos autos de diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los escritos presentados por la parte quejosa y tercera interesada Inmobiliaria Dzibichaltún, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mediante los cuales, interpusieron recursos de inconformidad en contra del acuerdo con el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito, los cuales resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en los tocas 26 2019 y 27 2019, declarando fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa y sin materia el diverso medio de impugnación interpuesto por la parte tercero interesada, respectivamente. En cumplimiento a lo ordenado por la citada Superioridad, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 34, con sede en esta ciudad, el exacto cumplimiento de la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77 fracción I del propio ordenamiento legal. Esto es, atendiendo a que la procedencia de la contragarantía solicitada por la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejosa, ya había quedado firme, debería pronunciarse de manera congruente y debidamente motivada acerca del monto de la misma. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento al requerimiento en cita, el Tribunal responsable remitió el oficio ***, al que anexó el acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, en el que fijó como monto de la contragarantía la cantidad de $744,000.00 (setecientos cuarenta y cuatro mil pesos, sin centavos, moneda nacional). Al respecto, es menester precisar que de la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se desprende que el razonamiento toral de dicha determinación en la que se otorgó a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal, lo fue que era necesario que el Magistrado responsable motivara debidamente la determinación en los términos ahí señalados, es decir, que precisara con toda claridad y precisión las razones, hechos, factores o circunstancias concretas en que se apoyó para determinar cuál es el monto que solventa suficientemente las resultas del juicio. Ello, pues señaló la Superioridad, de manera incongruente la responsable confundió y mezcló los conceptos relativos a la garantía y la contragarantía, siendo que el primero responde por los daños y perjuicios que se pueden ocasionar a la parte contraria con la concesión de la medida precautoria, mientras que el segundo, debe solventar las pretensiones que deriven del resultado del juicio. Haciendo notar que al momento de efectuar el procedimiento respectivo para fijar el monto de la contragarantía se precisó que la cantidad decretada se calculó con la finalidad de "garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte actora"; evidenciando así que el procedimiento llevado por el Magistrado responsable se efectuó en función de los posibles daños y perjuicios que pudieran resentir los actores en el juicio natural, no así para establecer un monto que sea suficiente para responder por el resultado del juicio. Ahora bien, del proveído de tres de agosto de dos mil veinte, con el que la responsable pretendió dar cumplimiento al fallo amparador, este órgano jurisdiccional advirtió que el Tribunal responsable manifestó en el considerando cuarto que procedía determinar lo relativo a la contragarantía tomando como base que existían elementos suficientes para su establecimiento, así como que la misma debería ser suficiente para responder por los resultados del juicio. Posteriormente, en el considerando quinto, una vez establecida la cantidad de $744,000.00 (setecientos cuarenta y cuatro mil pesos, sin centavos, moneda nacional) como monto de la contragarantía en cita, refirió: "...lo anterior, es de recalcar que se fija para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los accionantes del presente juicio natural...". En ese sentido, resultó incuestionable que la responsable no atendió la totalidad de los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, pues nuevamente mezcló los conceptos de "daños y perjuicios" y "resultados del juicio". Pues como quedó establecido, por un lado señaló que establecía el monto determinado tomando como base que existían elementos suficientes para su establecimiento, así como que la misma debería ser suficiente para responder por los resultados del juicio; y después señaló que éste se fijó para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los accionantes del presente juicio natural. De ahí que, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se estimara que la autoridad responsable, no había dado cabal cumplimiento con la ejecutoria del amparo, razón por la cual, se le requirió para que la cumpliera en sus términos. A fin de cumplir con el requerimiento señalado, la responsable, mediante oficio TUA34-UAJ-***de siete de diciembre de dos mil veinte, informó el contenido del proveído dictado en dicha fecha (siete de diciembre de dos mil veinte), en el cual, por una parte, dejó insubsistente el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho reclamado, y por otra, plasmó los razonamientos y fundamentos legales de su actuar, esto es, precisó con claridad y precisión las razones, hechos, factores o circunstancias concretas en que se apoyó para determinar cuál es el monto fijado como contragarantía en autos del juicio de origen, el cual específicamente señaló debe solventar las pretensiones que deriven del resultado del juicio. Por lo que reiteró, la cantidad establecida se fijó con la finalidad de solventar las pretensiones que deriven del juicio. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que sea óbice a lo anterior, los escritos presentados por Ángela Carolina Maldonado Cachón y Carolina Cerón Ávila, en su carácter de autorizadas, respectivamente de la parte quejosa y tercera interesada Inmobiliaria Dzibichaltún, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, mediante los cuales, en relación con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, hacen valer su inconformidad. Manifestando, esencialmente, por una parte, que la responsable no señala con precisión qué acuerdo dejó insubsistente dejando a las partes en incertidumbre jurídica, y por otra, que el Tribunal responsable no fundamentó ni motivó en cálculos aritméticos su decisión respecto a la cantidad de $744,000.00 (setecientos cuarenta y cuatro mil pesos, sin centavos, moneda nacional), como monto de la contragarantía en cita, por lo que aducen, que éste no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Al respecto, si bien es cierto que en el acuerdo en cita la responsable no plasmó la fecha del proveído que dejó insubsistente, también lo es que en el mismo manifestó expresamente que se trataba del acuerdo reclamado, esto es, el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio agrario TUA ***, acto reclamado en el presente juicio constitucional. Por lo que, contrario a lo señalado por las inconformes, se evidencia que dicho Tribunal no dejó en incertidumbre jurídica a las partes, toda vez que, como ya se dijo, dejó insubsistente precisamente el acuerdo reclamado. En otro motivo de inconformidad, manifiestan las partes que la responsable no argumentó de manera congruente y debidamente motivada el monto de la contragarantía solicitada en el nuevo acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, contrario a lo señalado por las partes, de la ejecutoria en mención se advierte que el efecto a acatar por el Magistrado responsable, consistió en que: ".determine lo que ha derecho corresponda en cuanto a la fijación de la contragarantía, tomando como base que sí existen elementos para su establecimiento, aunado a que la misma deberá ser suficiente para responder de los resultados del juicio.", lo que como se dijo en líneas precedentes atendió cabalmente, por cuanto señaló con claridad y precisión las razones, hechos, factores o circunstancias concretas en las que se apoyó para determinar el monto que solventa suficientemente los resultados del juicio. Ahora bien, toda vez que de dichos argumentos se desprende que lo que pretenden ambas partes es controvertir la legalidad de la nueva resolución dictada por la responsable, lo cual no es susceptible de análisis en la presente determinación; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía legal correspondiente. Orienta a la anterior consideración, la tesis 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGÚN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. ..." Notifíquese personalmente y cúmplase

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