Henry Josue Morales Carrillo

Expediente 561/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
561/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Henry Josue Morales Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el oficio 8020 remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia constitucional firmada el doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto, y se registró con el número de toca 566/2023. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos un escrito presentado vía electrónica por el quejoso ********************, mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el doce de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el doce de abril de dos mil veintitrés, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a favor del directo quejoso ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán (en su correcta denominación) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (Grupo de Operaciones Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.), residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de la misma fecha (doce de abril de dos mil veintitrés) se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que fuera puesto en libertad de manera inmediata, si no fuere el caso de haber sido detenido con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, y estar sujeto a un procedimiento, pues de ser así, el efecto de la suspensión, sería para que fuera puesto a disposición, sin demora, ante la autoridad ministerial correspondiente, así como para que cesara la tortura que se le pudo estar infringiendo. De igual forma se concedió la suspensión de plano de la desaparición forzada; por lo que se requirió a las responsables, para que en un término de veinticuatro horas informaran lo conducente. Asimismo, si el motivo de la privación de la libertad obedecía a un arresto administrativo, el efecto de la suspensión sería interrumpir su ejecución, más no de extinguirla. Por otro lado, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de la diligencia de notificación del citado proveído, o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por constancia actuarial de doce de abril de dos mil veintitrés (foja 12), la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con el directo quejoso, quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. En virtud de lo anterior, mediante proveído de trece de abril siguiente, se admitió la demanda de que se trata; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; se otorgó a la representante social de la federación adscrita la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, se inició, de oficio, en autos del juicio de amparo en que se actúa, el incidente de acumulación del diverso juicio constitucional ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de los actos que reclamó de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán; por lo que se ordenó suspender el procedimiento en cada uno de los mencionados juicios hasta en tanto se resolviera la incidencia en comento. CUARTO. En resolución de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se declaró procedente el referido incidente de acumulación, por lo que se ordenó que se agregara a estos autos el juicio ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Se levantó la suspensión del procedimiento y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. QUINTO. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que informó que el directo quejoso fue detenido el once de abril, imponiéndosele un arresto por treinta y seis horas; posteriormente el doce de abril siguiente, fue puesto en libertad, habiendo cumplido un total de diecisiete horas con cuarenta minutos, de las treinta y seis señaladas; quedando pendientes por cumplir dieciocho horas con veinte minutos. En virtud de lo anterior, este Juzgado Federal previno a la parte quejosa para que dentro del término de quince días legalmente computados, precisara si era su deseo señalar como acto reclamado en el presente juicio, las horas pendientes por compurgar, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, por auto de dieciséis de junio del año en curso, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo respecto al referido acto reclamado, por lo que se determinó que el presente juicio constitucional se resolvería únicamente respecto de los actos inicialmente señalados. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La detención (que en su momento se refirió como privación de la libertad fuera de procedimiento), incomunicación, tortura, desaparición forzada, tortura psicológica, tratos crueles e inhumanos, injurias, intimidación, la orden de ser entregado a la Policía Estatal de Investigación y resguardado por ésta, despojo de dinero y pertenencias, tomar fotografías sin permiso y mantenerlo privado de su libertad, o cualquier acto prohibido en el artículo 22 constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán (en su correcta denominación), en su totalidad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. (********************) Por su parte, no son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, consistentes en la incomunicación, tortura, desaparición forzada, tortura psicológica, tratos crueles e inhumanos, injurias, intimidación, la orden de ser entregado a la Policía Estatal de Investigación y resguardado por ésta, despojo de dinero y pertenencias, tomar fotografías sin permiso y mantenerlo privado de su libertad, o cualquier acto prohibido en el artículo 22 constitucional, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto del Director Jurídico de dicha dependencia, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. (********************) En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso (que en su momento se refirió como privación de la libertad fuera de procedimiento), es cierto, toda vez que así se desprende del informe justificado rendido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por conducto de su Director Jurídico (promociones ******************** y ********************). QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública del Estado por conducto de su Director Jurídico, se advierte que el directo quejoso fue detenido el once de abril de dos mil veintitrés, en la cárcel pública de dicha dependencia, y posteriormente, fue puesto en libertad el doce de abril del año en curso. De lo anterior, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues si este se hizo consistir, esencialmente, en la detención del directo quejoso; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que las autoridades señaladas como responsables la pusieran en libertad, lo cual ya aconteció. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior que al rendir su informe la autoridad responsable, haya señalado que al directo quejoso le restan dieciocho horas con veinte minutos por cumplir, de las treinta y seis que se le impusieron con motivo de la infracción administrativa que cometió. Esto, ya que al respecto mediante proveído de diecinueve de mayo de la presente anualidad, se le dio vista a la quejosa por el término de quince días para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda señalando como nuevo acto reclamado las horas que se encuentran pendientes por compurgar, sin que haya desahogado dicha prevención como se hizo constar en diversa providencia de dieciséis de junio del año en curso, por lo que se decretó que este juicio se resolvería únicamente respecto de los actos inicialmente señalados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos, para los efectos legales conducentes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Distritito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mmediante el cual solicita el domicilio de HENRY JOSUÉ MORALES CARRILLO, parte quejosa en el presente asunto. Al respecto, no existiendo impedimento legal alguno, infórmese al Juzgado oficiante, mediante misiva que para tal efecto se gire vía interconexión, que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, es el predio ubicado en la calle veintinueve, número doscientos setenta y nueve, entre calle cuarenta y seis, y********************, de la colonia ********************, de esta ciudad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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