Héctor Samuel Guzmán Rodríguez

Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 31 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
28/2019
Año
2019
Actuaciones
31
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Héctor Samuel Guzmán Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez Chihuahua; doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vistos para resolver el juicio de amparo 28/2019-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante comparecencia de dieciocho de enero de dos mil diecinueve,**********promovió demanda de amparo, vía comparecencia, en favor de **********. La compareciente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del directamente agraviado, contra actos del Agentes de la Policía Municipal de Juárez, Chihuahua, Agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Coordinador Estatal en Chihuahua de la Policía Federal, Fiscal de Distrito Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comisionado Estatal de Seguridad, Juez de Barandilla de la Estación Aldama (antes Universidad), Alcaide de la Estación Aldama (antes Universidad), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte y Delegación Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República, a quienes les reclamó ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos y actos de incomunicación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja, este resolutor estima violados los derechos humanos que los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al directamente agraviado. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo vía comparecencia, se registró en el libro de gobierno correspondiente bajo el consecutivo 28/2019-I, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y se previno al directamente agraviado para que se pronunciara respecto a su ratificación o no. Así, mediante constancia de notificación de dieciocho de enero del presente año, **********, quien fue localizado en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. Por tanto, el veintiuno de enero del año de referencia, se admitió a trámite la demanda de amparo, en los términos precisados en la comparecencia de inicio, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, después de diferida, se celebró al tenor de la certificación que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte en representación del Comisionado Estatal de Seguridad (foja 48), Delegado Estatal de Chihuahua (foja 49), la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional por sí y en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 54), Juez de Barandilla Estación Universidad (foja 55), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 60 a 67), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación de los Agentes de la Policía Municipal de Juárez, Chihuahua (fojas 68 a 75), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación distrito Zona Norte (foja 80) y Oficial y Jefe de Departamento adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos comisionada en Ciudad Juárez en representación del Coordinador Estatal en Chihuahua de la Policía Federal (foja 85), todos en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes manifestaron que no eran ciertos los actos de que se duele el quejoso respecto de los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, y rechazaron haber infringido malos tratos al quejosos y haberlo mantenido incomunicado. Por lo que respecta al Alcaide de la Estación Aldama, con residencia en esta ciudad, no rindió informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberían tenerse los actos como ciertos; sin embargo, en el presente juicio de amparo obra agregado el informe sobre la suspensión de plano (foja 13), que rindió dicha autoridad, en el negó la existencia de los actos reclamados y refirió que la detención la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Aunado a lo anterior, sin que el directamente agraviado hubiere ofrecido prueba alguna que desvirtuara el dicho de las responsables pues, es a éste a quien le recae la obligación de demostrar la existencia de los actos, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones la autoridad está en una imposibilidad jurídica de demostrar la negación de un hecho, en lo particular, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin. Consecuentemente, en relación a los actos de incomunicación y malos tratos reclamados por el directamente agraviado lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro *****, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vistos para resolver el juicio de amparo 28/2019-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante comparecencia de dieciocho de enero de dos mil diecinueve,**********promovió demanda de amparo, vía comparecencia, en favor de **********. La compareciente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del directamente agraviado, contra actos del Agentes de la Policía Municipal de Juárez, Chihuahua, Agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Coordinador Estatal en Chihuahua de la Policía Federal, Fiscal de Distrito Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comisionado Estatal de Seguridad, Juez de Barandilla de la Estación Aldama (antes Universidad), Alcaide de la Estación Aldama (antes Universidad), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte y Delegación Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República, a quienes les reclamó ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos y actos de incomunicación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja, este resolutor estima violados los derechos humanos que los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al directamente agraviado. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo vía comparecencia, se registró en el libro de gobierno correspondiente bajo el consecutivo 28/2019-I, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y se previno al directamente agraviado para que se pronunciara respecto a su ratificación o no. Así, mediante constancia de notificación de dieciocho de enero del presente año, **********, quien fue localizado en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. Por tanto, el veintiuno de enero del año de referencia, se admitió a trámite la demanda de amparo, en los términos precisados en la comparecencia de inicio, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, después de diferida, se celebró al tenor de la certificación que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte en representación del Comisionado Estatal de Seguridad (foja 48), Delegado Estatal de Chihuahua (foja 49), la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional por sí y en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 54), Juez de Barandilla Estación Universidad (foja 55), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 60 a 67), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación de los Agentes de la Policía Municipal de Juárez, Chihuahua (fojas 68 a 75), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación distrito Zona Norte (foja 80) y Oficial y Jefe de Departamento adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos comisionada en Ciudad Juárez en representación del Coordinador Estatal en Chihuahua de la Policía Federal (foja 85), todos en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes manifestaron que no eran ciertos los actos de que se duele el quejoso respecto de los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, y rechazaron haber infringido malos tratos al quejosos y haberlo mantenido incomunicado. Por lo que respecta al Alcaide de la Estación Aldama, con residencia en esta ciudad, no rindió informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberían tenerse los actos como ciertos; sin embargo, en el presente juicio de amparo obra agregado el informe sobre la suspensión de plano (foja 13), que rindió dicha autoridad, en el negó la existencia de los actos reclamados y refirió que la detención la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Aunado a lo anterior, sin que el directamente agraviado hubiere ofrecido prueba alguna que desvirtuara el dicho de las responsables pues, es a éste a quien le recae la obligación de demostrar la existencia de los actos, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones la autoridad está en una imposibilidad jurídica de demostrar la negación de un hecho, en lo particular, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin. Consecuentemente, en relación a los actos de incomunicación y malos tratos reclamados por el directamente agraviado lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro *****, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.

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