HÉCTOR MANUEL CARRILLO SANTANA y Otros.
Expediente 1039/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 03/10/2019
Partes del expediente
- HÉCTOR MANUEL CARRILLO SANTANA y Otros.
- Héctor Manuel Carrillo Santana
- Margarita del Socorro Jacobo Cambero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento que mediante proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, ese Órgano Jurisdiccional tuvo por recepcionados los autos originales del juicio de amparo indirecto 1039/2019 del índice de este juzgado, tres tomos de pruebas y cuadernos del incidente de suspensión; de igual manera, comunica que con esa misma data se avocó al conocimiento del referido sumario constitucional, el cual quedó registrado bajo el número 2319/2019 de su estadística; por lo tanto, agréguese el comunicado de mérito a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, por las razones antes expuestas se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Luego entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que este Órgano de Control Constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por la parte quejosa; máxime que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual se deriva el presente cuaderno de antecedentes y no existen documentos originales exhibidos por las partes; además que carece de relevancia documental; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico, las constancias remitidas por la autoridad responsable consistentes en copias certificadas del juicio 13/1999 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ixtlán del Río, Nayarit, se obtiene que Marco Antonio Rivas Núñez demandó a Rafael Salazar Sánchez, a quien reclamó la prescripción positiva del inmueble ubicado en calle México e Hidalgo de la población de Jala, Nayarit, identificado con clave catastral 87-41-002-005-003. Ahora bien, la suscrita considera, salvo mejor opinión, que no es legalmente competente, por razón de turno, para resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que en el diverso Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, ahora Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit se tramitó el juicio de amparo 702/1999 promovido por Rafael Salazar Sánchez contra el acto reclamado al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit, consistente en el emplazamiento por edictos al juicio civil ordinario número 13/1999, todo el procedimiento practicado en el mismo, la sentencia dictada y el acuerdo que la declaró ejecutoriada. Precisado lo anterior, es inconcuso, que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, en la que se regula lo relativo a los sistemas de turno de asuntos de dichas oficinas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, dicho órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo del asunto y, por ende, es quien debe resolverlo, por los motivos que enseguida se expresarán. En principio debe precisarse que del acuerdo general citado en el párrafo que antecede, concerniente a los sistemas de turno de asuntos que realizan las oficinas de correspondencia común, se advierte, en lo que aquí interesa, que los jefes de las oficinas aludidas, previo a realizar el turno aleatorio, tienen la obligación verificar si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Lo anterior, en el entendido de que el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto del turno que deba darse a los asuntos que se vayan a tramitar en órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurran en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico, por estar conociendo, o bien, haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 46/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 585, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguiente: En efecto, los artículos 45 y 46 de la Sección Octava del acuerdo general en análisis, establecen lo siguiente: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; De lo anterior se colige, que existen juicios de amparo relacionados, en los siguientes supuestos: El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que esté conociendo, o bien, que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, se turnará al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; o, Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; Entonces, es dable deducir que, por regla general, cuando se actualizan estos supuestos la competencia debe determinarse en favor del juzgador que tuvo el último conocimiento de un juicio de amparo relacionado al que se pretende turnar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 184/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Novena Época, página 222 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y contenido siguiente: Asimismo, dicha porción normativa establece que cuando se turne un asunto a determinado órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer. Ahora, en el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit, en apoyo a su informe de ley, consistente en los autos que integran el juicio 13/1999 de su índice, se advierte que Rafael Salazar Sánchez promovió juicio de amparo indirecto contra diversos actos que atribuyó a dicho juez, el cual por razón de turno conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, actualmente denominado Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, cuyo titular lo registro con el número de expediente 702/1999 y resolvió el uno de febrero de dos mil concediendo el amparo. Por tanto, es inconcuso que el citado órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo del asunto que aquí se ventila, pues, como se precisó, se encuentra relacionado con el citado juicio de amparo 702/1999, de su numerario, el cual fue promovido por Rafael Salazar Sánchez. Ahora bien, de todo lo anterior, se advierte que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 46, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, porque ambos juicios de amparo se encuentran relacionados, toda vez que los actos reclamados en éstos, se encuentran vinculados al tener como su origen el mismo juicio natural, pues los actos reclamados consiste en la orden de cancelación de la inscripción de la escritura pública número "3,718" que ampara el inmueble ubicado en calle México número 31 y 33, esquina con la calle Hidalgo (actualmente con número visible 25) de la población de Jala, Nayarit, emitida en el contradictorio de origen 13/1999, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit. Por tanto, con apoyo en lo establecido en los invocados artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado federal estima que el presente asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral citado en segundo término y, por ende, no le corresponde resolver el juicio de amparo promovido por Héctor Manuel Carrillo Santana y Margarita del Socorro Jacobo Cambero, contra los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia de Jala, Nayarit y otras autoridades, por lo que se ordena remitir el presente expediente de amparo, así como los legajos de prueba y cuadernos incidentales relativos a éste al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes, solicitándole a su titular tenga a bien informar a este órgano de control constitucional, el acuerdo que recaiga a la presente determinación. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el returno del presente juicio se realice con posterioridad a que este órgano jurisdiccional se avocó de su conocimiento, toda vez que el citado acuerdo general no establece algún momento procesal para pronunciarse al respecto, pues el numeral 45, fracción ll del acuerdo en análisis establece expresamente que cuando la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Cuarto Circuito, turne asuntos de manera relacionada lo hará al órgano jurisdiccional que conoce o conoció del asunto previo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 129/2010, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189 del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: Así como, por las razones que informa, la diversa tesis XVII.2o.2 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3342, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: Por tanto, con las principales constancias que integran el juicio que nos ocupa, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, en el entendido de que se difiere la audiencia constitucional y en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento total al fallo protector. En consecuencia, agréguese a sus autos la comunicación de referencia, para que obre como corresponda, en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el mismo, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, toda vez que las constancias que remite para acreditar lo anterior, se advierten actos tendentes a su acatamiento. Ahora bien, toda vez que por resolución dictada en el presente sumario de amparo (fojas 66 a la 72 del tomo I), se observa que se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para el efecto de que la responsable aplicara los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución total del laudo decretado en su oportunidad dentro de expediente laboral 67/2005 de su índice y de ese modo restituir a la quejosa en el goce de las garantías violadas. Precisado lo anterior, del oficio de cuenta y anexos que acompaña, no se advierte que se hubiera dado acatamiento total a la sentencia de amparo, es decir, que se haya ejecutado de manera total del laudo decretado en su oportunidad dentro de expediente laboral 67/2005, conforme a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; por lo tanto, requiérase nuevamente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe las gestiones que está realizando con la finalidad de dar total cumplimiento al fallo protector. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el catorce de abril de dos mil dieciséis, acorde con los dispositivos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguese a los presentes autos, con vista a las partes, el informe justificado rendido por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de esa dependencia, con sede Jala, Nayarit. Además, con sustento en el numeral 9 de la Legislación en comento, se tienen como delegados de la autoridad en mención, los señalados en el oficio de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa, de conformidad con los ordinales 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley antes referida, en términos de su arábigo 2°. Finalmente, de conformidad con el numeral 75 de la Ley de la Materia, téngase por recibido el anexo certificado que acompaña la autoridad registral antes referida, mismo que se ordena agregar en autos, con vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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