Héctor Manuel Ávalos Arcadia
Expediente 1344/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Héctor Manuel Ávalos Arcadia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y documental recibidos en la oficialía de partes de este juzgado federal (fojas 54-55), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de seis de septiembre del año en curso (foja 56), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo en mención, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo, este juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte agraviada el nueve de septiembre del presente año (foja 59); por tanto, el plazo de tres días otorgado a la fecha transcurrió con exceso, sin que hubiera desahogado dicha vista. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional de amparo procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente contradictorio constitucional el treinta y uno de julio del presente año (fojas 36-42), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que el tribunal laboral responsable realizara lo siguiente: Dictara acuerdo en el que señalara fecha para la celebración de la audiencia de conciliación dentro del juicio laboral 190/2019 y lo hiciera del conocimiento de las partes. En ese sentido, a través del oficio y documental en mención (foja 54-55), el presidente del tribunal responsable, remitió el proveído de veintitrés de agosto del presente año, por medio del cual se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación dentro del expediente laboral 190/2019 del índice del referido tribunal. Sin que pase inadvertido que la responsable no allegó la notificación correspondiente del auto de mérito, no obstante que, mediante la citada determinación de seis de septiembre del año actual (foja 56), este juzgado de Distrito ordenó notificar a la demandante del amparo el contenido del acuerdo que se trata, toda vez que atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique ésta de forma personal a las partes, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que dicha respuesta se le notifique en forma personal al solicitante del amparo para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia; lo anterior, en aras de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en cuanto a procurar una justicia pronta y expedita. Es aplicable al respecto por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veintidós, Tomo IX, en marzo de mil novecientos noventa y nueve, materia común, de la novena época, de rubro y texto siguiente: "**llo.". De ahí que, resulta evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo el goce de sus derechos infringidos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de derechos y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
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TEPIC, NAYARIT, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el comunicado de cuenta signado por el Presidente Árbitro y Actuario Notificador del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informan las gestiones que realizaron, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos y, al efecto, remite copia certificada del proveído de veintitrés de agosto del presente año, emitido dentro del contradictorio laboral 1344/2019 del índice del referido tribunal responsable, por medio del cual señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación; sin embargo, se advierte que la autoridad en mención no acompañó la notificación correspondiente a las partes. En ese sentido, atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique ésta de forma personal a las partes, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que dicha respuesta se le notifique en forma personal al solicitante del amparo para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia; por tanto, en aras de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en cuanto a procurar una justicia pronta y expedita, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, para que notifique de forma personal a la parte quejosa la citada determinación. Es aplicable al respecto en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veintidós, Tomo IX, en marzo de mil novecientos noventa y nueve, materia común, de la novena época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. ...." En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y documental de cuenta, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interese legal convengan, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que el presente juicio de amparo, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de quince de julio del año en curso (foja 115), remítanse los autos originales del juicio de amparo 2102/2018, promovido por ********************contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado, contra la sentencia pronunciada el diecinueve de junio del año en curso, por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa (fojas 67 a 85).
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, siendo las diez horas con veinticuatro minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías número 1344/2019, en audiencia pública la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dos de julio de dos mil diecinueve, quien actúa asistida del Secretario Jesús Amador Casas que autoriza y da fe, la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a). Escrito inicial de demanda y documentales anexas presentadas vía electrónica (fojas 2 a 10). b). Informe justificado rendido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit y Actuario Notificador de su adscripción con sede en esta ciudad, el primero por conducto de su Presidente (folio 18). Sin más constancias que deban relacionarse, la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado de Distrito acuerda: En términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de autos. Posteriormente, con apoyo en los arábigos 119 y 123 de dicha Ley, se inicia el período probatorio, dentro del cual, se tienen por admitidas las que ofrecieron las partes. Se cierra dicha etapa y se abre la de alegatos, sin que ninguna de las partes los haya hecho valer. Se cierra dicha etapa y se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1344/2019, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el once de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, Héctor Manuel Ávalos Arcadia por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y por los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. C. ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital." "IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de señalar fecha para audiencia de conciliación como lo determina el numeral 134 de los Estatutos Jurídicos (sic) para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. Asimismo como la omisión de celebrar dicha audiencia en los términos que la ley establece para tal efecto. DEL ACTUARIO NOTIFICADOR; La omisión de notificar en tiempo y forma los acuerdos emitidos por el Tribunal responsable." Actos que consideró violatorios de los derechos humanos previstos por el numeral 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda fue asignada a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, donde se registró con el número 1344/2019 y se admitió a trámite por auto de doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 11 a 13); se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los numerales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 55, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de un acto de un Tribunal laboral que tiene su sede en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, en términos de los dispositivos y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del ordinal 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación y la omisión de celebrar la audiencia misma así como de efectuar las notificaciones a las partes dentro del juicio laboral 190/2019. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como Actuario Notificador de su adscripción, pues así lo señalaron al rendir su informe justificado, la primera por conducto de su Presidente (foja 18). CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que la suscrita advierta de oficio, en torno al acto reclamado materia de este considerando, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa argumenta medularmente que las autoridades responsables vulneran en perjuicio de su representada el artículo 17 constitucional en lo referente a la pronta impartición de justicia, así como el diverso ordinal 134 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, en virtud de que ha omitido señalar fecha para el verificativo de la audiencia de conciliación, prevista en el ordinal citado en segundo término, aunado a que tampoco ha celebrado la misma, lo que ocasiona que el contradictorio laboral de origen no se tramite en los términos previstos en la ley que los rige y, por ende, produce retraso en la administración de justicia. El concepto de violación sintetizado resulta substancialmente fundado y suficiente a fin de conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, como se argumentará a continuación. En ese contexto la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justica consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, los artículos 134 y 135 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit disponen: "ARTICULO 134.- Tan pronto reciba la primera promoción o demanda en su caso, relativa a un conflicto individual, colectivo o sindical, la junta citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación, que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo. ARTICULO 135.- En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no se requiere forma o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes." De los enunciados normativos, se deduce que una de las características esenciales del juicio laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, pues en éste rigen los principios de concentración, inmediatez y economía procesal. Por tanto, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, deben tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos marcados por el referido Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit. Entonces, del numeral 134 de la normativa que rige el acto reclamado, se advierte que lo primero que debe realizar al tribunal laboral cuando reciba una demanda relativa a un conflicto individual, colectivo o sindical es citar a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación, la cual tendrá verificativo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación y en la que se procurará convencer a las partes para que lleguen a un convenio, en el entendido de que de celebrarse dicho acuerdo, éste se elevará a categoría de laudo ejecutoriado; sin embargo, si no es posible llegar a un arreglo conciliatorio se remitirá el expediente a la secretaría de acuerdos del tribunal para que se proceda a la etapa de arbitraje. Empero, de las constancias del juicio laboral de origen 190/2019, que remitió el Tribunal laboral responsable, se advierte que únicamente obra la demanda inicial que promovió el aquí quejoso (visible a fojas 20 a 30), empero, sin que se haya dictado el auto inicial y por consecuencia tampoco se ha señalado fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, circunstancia que genera una violación al derecho humano de pronta impartición de justicia del gobernado. De igual forma, de lo anterior destaca que el plazo en que la aludida audiencia de conciliación deberá tener verificativo es dentro del término de tres días contados a partir de la emisión del auto en el cual se señale hora y fecha para su celebración, es decir, la normativa que rige el acto reclamado contiene manifestación expresa al respecto, sin que durante dicho lapso se haya efectuado lo propio. De lo anterior, se colige el tribunal laboral responsable al omitir dictar el auto inicial del juicio y por consecuencia, señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación prevista en el artículo 134 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, fuera del término de tres días establecido en el numeral en cita, ha retrasado el procedimiento de origen, ocasionando con ello una violación al derecho humano a la pronta impartición de justicia previsto constitucionalmente, pues con ello genera que el juicio de origen no se desarrolle en sus términos, al encontrarse actualmente paralizado. Lo anterior, trae como consecuencia el desfasamiento del procedimiento natural, retardándose, por consecuencia, la conclusión del juicio, ya que no se respetaron los plazos legales establecidos para el desarrollo de cada actuación, violando flagrantemente en perjuicio de la parte quejosa el contenido del artículo 134 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, y por ende, el derecho humano previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no proveer respecto de los estados procesales indicados ni resolver de manera pronta, completa e imparcial así como dentro de los plazos que señala la ley secundaria, la controversia puesta a su jurisdicción. En las relacionadas consideraciones, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, en restitución de la garantía individual violada, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para efecto de que el Tribunal Laboral responsable, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, de manera inmediata continúe con la sustanciación del procedimiento, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda con prontitud a dictar acuerdo inicial del juicio en el que cite a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación, la cual tendrá verificativo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación y en la que se procurará convencer a las partes para que lleguen a un convenio dentro del juicio de origen. En el entendido, que deberá hacer todas las gestiones conducentes para que ello se lleve a cabo en forma inmediata, haciendo en su caso uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley para su cabal cumplimiento. Mientras que el Actuario Notificador deberá llevar a cabo las notificaciones que se le ordenen en forma inmediata a fin de no retrasar la sustanciación del juicio laboral de origen. Precisa destacar que la presente protección constitucional se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, como ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª. CV/2013, visible en la foja 732 del Libro Uno, diciembre de dos mil trece, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 215 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Manuel Ávalos Arcadia, por conducto de su apoderado legal contra los actos reclamados a las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y Actuario Notificador de su adscripción. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así, lo resuelve y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dos de julio de dos mil diecinueve, ante el Secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe.
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