Héctor Manuel González Dávila

Expediente 1898/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1898/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Héctor Manuel González Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el siete de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO General 18/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclame, de autoridades del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, la omisión de dar contestación a peticiones relacionadas con la práctica de una auditoría selectiva al citado fondo y requerimientos diversos derivados de ello, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se encuentra contemplado en el supuesto previsto en el artículo 1 del citado acuerdo general, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, como lo establece el diverso artículo 3° del mismo cuerpo normativo, para que lo turne al juzgado de distrito que por razón de turno corresponda, a fin de que continúe la tramitación del asunto hasta su total substanciación, a quien se solicita el acuse de recibo de estilo, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente. Fórmese antecedentes y háganse de las anotaciones respectivas en el libro electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Se apertura incidente. Tramítese por cuerda separada y en un solo cuaderno físico el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 717/2023, promovido por Arnulfo Dueñas Calleros, contra actos de al Coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad, ello en atención a que el expediente electrónico hará las veces del duplicado, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Solicitud de informe previo. Con apoyo en los ordinales 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al en que reciban el oficio respectivo, en el cual, debe concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; para tal efecto se le remite copia de la ampliación de demanda de derechos. Apercibimiento. Apercibida que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza de los actos que se le reclaman. Fecha de audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo. Suspensión provisional. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". En el caso, la parte quejosa señaló autoridad responsable y acto reclamado, en los siguientes términos: Autoridad responsable: Coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México. Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en el Rincón Municipio de Tepic, Nayarit. Acto reclamado: [...] 1. A la autoridad señalada en el inciso a) denominada: COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES, reclamo lo siguiente: 1.1 LA OMISIÓN de requerir al director general del centro federal de readaptación social número 4 "noroeste", a respetar la Ley y permitir ingresar a laborar a dicha unidad administrativa; 2 A la autoridad señalada en el inciso b) denominada: DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NOROESTE", reclamo lo siguiente: 2.1 LA ORDEN VERBAL Y/O ESCRITA, de negarme el acceso a laborar al centro federal de readaptación social número 4 "noroeste". Solicitando le sea concedida la medida suspensional para los siguientes efectos: "Para que no se continúe ejecutando en mi contra LA ORDEN DE NEGARME EL INGRESO A LABORAR al Centro Federal de Readaptación Social número 4 "NOROESTE" [.].". Ahora bien, con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se CONCEDE a la parte quejosa Arnulfo Dueñas Calleros, la suspensión provisional, con la finalidad de que no se le niegue el acceso a laborar al centro federal de readaptación social número 4 "noroeste"; además, se continúen pagando sus sueldos y demás prestaciones económicas y de seguridad social del quejoso. Lo anterior, en virtud de que no se advierte indicio o prueba que demuestre que en el caso particular el quejoso haya sido debidamente notificado y respetado su derecho de defensa a algún procedimiento administrativo con motivo de la actividad que desempeña; de ahí, que exista una violación a su derecho al empleo y subsistencia. Ello, hasta que las autoridades señaladas como responsables reciban notificación de la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva y según el sentido de la misma. La presente medida cautelar surte sus efectos siempre y cuando los actos sobre los cuales se concede no se encuentren consumados o deriven de algún hecho justificado que impidan que el quejoso preste sus servicios. Encuentra sustento lo antes expuesto en el artículo 150 de la ley de la materia, toda vez que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede o no tener el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado a la parte quejosa y en atención a que si el acto reclamado se llegara a ejecutar, se causarían daños de difícil reparación con sus respectivas consecuencias jurídicas a la parte quejosa, por lo que resulta indudable que la suspensión debe concederse; aunado a que, quien aquí resuelve deberá dictar las medidas necesarias para conservar la materia del amparo tal y como lo dispone el ordenamiento legal citado con anterioridad. Apoya la jurisprudencia seiscientos ocho, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible la página quinientos cincuenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete al dos mil, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos.". De igual manera, resulta aplicable la tesis I.7o.A.3 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página cuatrocientos uno, Tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE TRATÁNDOSE DE LEYES AUTOAPLICATIVAS. Tratándose de leyes que por su sola vigencia obligan al gobernado a realizar una conducta de hacer, de no hacer o de dar son impugnables desde su publicación mediante la acción constitucional, toda vez que sus efectos no quedan supeditados a un acto posterior futuro e incierto por parte de la autoridad, sino contrariamente, el incumplimiento de dicha disposición legal por parte del obligado generaría sanciones de diversos tipos cuya aplicación es oficiosa por parte del Estado, de lo que se colige que constituyen actos razonables futuros que son susceptibles de suspensión ya que en principio el fin de esta institución es evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación, así como evitar que se dificulte el retorno de las cosas al estado que tenían en caso de concederse el amparo." Garantía. Sin que en el caso sea factible exigir garantía alguna a la parte quejosa, a fin de que surta efectos la suspensión concedida, ello de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que en la especie no existe tercero interesado que pueda resentir algún daño o perjuicio, como tampoco interés fiscal alguno que garantizar. En el entendido de que dicha medida cautelar, no surtirá efectos si ya se hubiese consumado o si proviene de alguna sanción con motivo de un procedimiento administrativo o laboral instaurado en su contra. Lo anterior, en virtud de que se encuentran satisfechos los extremos del numeral 129 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión provisional fue solicitada por la parte agraviada, al concederla, no se atenta contra el interés social, tampoco se contravienen disposiciones de orden público y si se llega a ejecutar el acto reclamado, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionen al quejoso. Notificaciones a las autoridades. Las notificaciones a las autoridades responsables y con carácter de terceras interesadas, respecto de acuerdos de trámite que no sean trascendentales, serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal." Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. VALH/Luis.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Se interpone revisión. Visto el escrito de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas dependiente de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, a través del cual interpone recurso de revisión contra la resolución emitida dentro del presente juicio el catorce de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito, los arábigos 84 y 89 ambos de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que, la tramitación y resolución del recurso que se promueve es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad. Notificación a las partes. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 89 de la ley en comento, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión y distribúyanse entre las mismas, copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del plazo de TRES DÍAS, junto con el escrito de agravios al Órgano de Control Constitucional competente; y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo a partir de la presente actuación dado que las anteriores obran en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.), en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. Estado de autos. En relación a la designación de delegados y domicilio procesal, en el libelo de cuenta, el cual se encuentra dirigido a este órgano jurisdiccional, dígase que se esté a lo acordado en proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, donde se proveyó de conformidad en cuanto a ello.

  4. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Héctor Manuel González Dávila, contra los actos que reclamó del Director General y Comité de Vigilancia ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Estado de Nayarit; por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y último de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes; asimismo, procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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