Héctor Manuel Bueno Rentería

Expediente 535/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
535/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Bueno Rentería

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha las autoridades responsables Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, han sido omisas en informar la sentencia concesoria del amparo. Luego, vista la sentencia de amparo dictada el once de mayo de dos mil diecisiete (fojas 122 a 146), se determinó conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: " [.] lo procedente es, conceder a la persona moral "Desarrollo Marina Vallarta", Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le devuelva a la quejosa la cantidad que como anticipo erogó con motivo del pago del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), que efectuó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, respecto del predio con cuenta predial ********************, con clave catastral******************** ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. [.] Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías. [.] Luego, y toda vez que, en tratándose de inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal, consiste, -además- en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, e impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio de la quejosa, es por lo que, se hace extensiva la concesión del amparo antes decretada a los actos reclamados, pues al haberse declarado inconstitucional los preceptos tildados inconstitucionales de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que, es incuestionable que también lo serán éstos; por tanto, resulta innecesario abordar los motivos de disenso hechos valer por la gestionante del amparo, respecto a los mismos, ya que a nada práctico conduciría su estudio, cuando a la postre se han dejado sin efecto legal alguno". Consecuentemente, con sustento en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las autoridades de previa cita, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, se sirvan acatar la ejecutoria de referencia. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal que mediante proveído de doce de enero del año en curso, las autoridades responsables manifestaron que para estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, solicitaron se requiriera a la parte quejosa para que acudiera a sus instalaciones a recoger el numerario que fue erogado por concepto de anticipo del pago del impuesto predial del año dos mil diecisiete (foja 218), sin que lo anterior se hubiere realizado ante la negativa de éstas, como lo adujo la representante legal de la agraviada en escrito presentado el diecinueve del mes y año referidos (foja 220 a 221). Por tanto, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero Municipal y Catastro Municipal, ambos del mencionado Ayuntamiento, para que les ordene a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una por el equivalente a ********************, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a las mencionadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada.

  2. Principal

    Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional y Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, consistentes en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, de los numerales 12, 13, 14 y 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; y su ejecución atribuida al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta localidad. El amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Octavio Parra García, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución terminada de engrosar veintiocho de febrero de este año, dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 214 de la Ley aplicable, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurra un plazo de cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, por lo que también deberá dejarse por separado.

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