Hector Contreras Reyes
Expediente 148/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector Contreras Reyes
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a los presentes autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el cual contiene el oficio 229/2022-1 dirigido a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público en Funciones y en Comisión de la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, a través del cual, se ordenó notificarle que en auto de veintinueve de abril del presente año, causó ejecutoria la sentencia pronunciada el treinta y uno de marzo pasado, en el presente sumario constitucional y, se ordenó el archivo del expediente, al tratarse de un asunto totalmente concluido. La imposibilidad para entregar la pieza postal que contiene el comunicado 229/2022-1, obedece a la razón asentada en dicho sobre, de la literalidad siguiente: "Rehusada por estar mal el destinatario". Sin embargo, cabe destacar que de las actuaciones que integran el presente controvertido, se advierte que en proveído de veintidós de febrero de este año (fojas 31 y 33), se recibió el oficio 692/2022/Atlixco suscrito por la citada autoridad responsable, a través del cual, rindió el informe justificado solicitado bajo dicha denominación; sin que a la fecha de este auto, se haya informado sobre el cambio de nombre de dicha potestad, o del domicilio para recibir notificaciones. Por tanto, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la notificación del proveído de veintinueve de abril del año que transcurre, a la autoridad responsable citada con antelación, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintidós. I. SE DECLARA FIRME SENTENCIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y definitiva, al quejoso Héctor Contreras Reyes, en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, e interlocutoria de nueve de marzo del año en curso; con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 148/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Héctor Contreras Reyes, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Héctor Contreras Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito a la Agencia de Investigación, con residencia en Atlixco, Puebla, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en el artículo 1, 14,16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Héctor Contreras Reyes, con el número de juicio de amparo indirecto 148/2022; y se admitió a trámite la misma, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de diez de marzo del año en curso, se difirió la celebración de la audiencia constitucional y, en su lugar se señalaron las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para su verificativo, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. Mediante proveído dictado el tres de marzo del año en curso, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "2. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia de Investigación con residencia en Cholula, Puebla; y, 10. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación en Cholula, Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas; toda vez que por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista al quejoso por el término de tres días, contado a partir de que quedara legalmente notificado del referido acuerdo, a fin que precisara la denominación completa y correcta de las citadas autoridades responsables, ante la imposibilidad asentada por el acuario judicial adscrito a órgano jurisdiccional, en la razón de dieciséis de febrero de la anualidad en curso, para notificar los oficios 67.2 y 67.10 dirigidos a la referidas potestades, derivados del acuerdo admisorio de catorce de febrero de la presente anualidad; sin que al efecto dicho quejoso hubiera desahogado tal requerimiento. En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Héctor Contreras Reyes, reclama: 1. Las órdenes de detención y aprehensión emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente:"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Agente del Ministerio Público en funciones y en Comisión de la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla. Niega (foja 31) 3 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (foja 40) 4 Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla. Niega (30) 5 Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla, en funciones de Turno (María Nailea Ortiz Hernández). Niega (foja 63) 6 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por su representación. Niega (foja 36) 7 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Niega (foja 22) 8 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 23) 9 Jefe de Grupo Titular de la Unidad de Apoyo Policial, con sede en Atlixco, Puebla. Niega (foja 37) 11 Director de Seguridad Pública Municipal de Huaquechula, Puebla. Niega (fojas 50 a 52) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable 5. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla, en funciones de Turno (María Nailea Ortiz Hernández), haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional, la existencia de la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FECC/CORRUPCIÓN.MUN-I/000472/2021, en virtud que la referida potestad fue precisa en señalar, que en dicha indagatoria no se ha librado alguna orden de detención o aprehensión en contra del referido agraviado directo; de ahí que deba prevalecer el sentido del presente fallo. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Héctor Contreras Reyes, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Pablo. En la propia fecha, se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se agrega y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. [Firma electrónica]. La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
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