HECTOR DE LUNA SPEZZIA y Otros.
Expediente 328/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hector de Luna Spezzia
- HECTOR DE LUNA SPEZZIA y Otros.
- Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-Ii-4 de la Ciudad de Puebla (Rosa Isela Hernández Spíndola)
- Fernando Riva Chaires
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que por acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; por tanto, devuélvase la documental exhibida por la autoridad responsable 1. Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante), consistente en copia cotejada de constancias relativas a la carpeta administrativa PUE/117/2021 de su índice (anexo I), sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal. Por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por oficio a la 1. Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre pasado, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. * Efectos concesión. Por sentencia firmada y autorizada el siete de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Héctor de Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, para los efectos siguientes: "(.) "Octavo. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable 1. Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante), en la causa penal PUE/117/2021, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que declaró infundada la solicitud de la defensa y se reiteró la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en contra de los quejosos Héctor de Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández. Señale fecha para la celebración de la audiencia en la que habrá de cumplir el fallo protector, en la que, primero, reiterará todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado dicha audiencia, emita otra determinación en el sentido de declarar procedente la sustitución de la prisión preventiva justificada, tener por acreditado tanto el arraigo familiar como domiciliario de los quejosos, sin tomar en consideración lo establecido en el arraigo laboral, y lo atinente a la pena máxima de los ilícitos, por los que fueron vinculados a proceso -por ser alta-, pues por sí solo no es un factor determinante. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior y con plenitud de jurisdicción, resuelva la solicitud planteada, en donde deberá analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que deberá imponer a los quejosos. Cabe señalar que la concesión del amparo no implica que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, se pueda imponer a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva diversas que tengan mayor rigor, ya sea porque éstos incumplieron con las medidas cautelares impuestas y/o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En diverso aspecto, cabe puntualizar que la presente sentencia de amparo surte sus efectos de manera inmediata, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la ley de la materia, por las consideraciones que enseguida se exponen. De la interpretación de dicha porción normativa, se obtiene que en asuntos del orden penal en que se reclamen medidas restrictivas de libertad, o bien, actos que condicionen y justifiquen su imposición, la sentencia que conceda el amparo para que el acto quede sin efectos por contener vicios que impidan su reiteración, surtirá efectos inmediatos, no obstante que la misma no se encuentre firme o confirmada por el Tribunal de Alzada. En tal virtud, la jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabeth García Cante), responsable deberá cumplir de manera inmediata los efectos establecidos en la presente sentencia, habida cuenta que deberá prescindir de la prisión preventiva justificada sean cuales sean las medidas cautelares que decida imponer a los quejosos; lo último, sin perjuicio de que este fallo pueda ser revocado o modificado por el Tribunal de alzada a través del medio de defensa legal que legalmente se interponga. No obstante, no ha lugar a fijar medidas de aseguramiento en términos del citado artículo 77 de la ley de la materia, tomando en consideración que el juez de control, con la libertad de jurisdicción reservada, impondrá a los quejosos medidas cautelares para asegurar su presencia al procedimiento de origen y para que no evadan la acción de la justicia; considerar lo contrario, significaría imponerles una doble carga, pues tanto en el presente juicio como en el proceso de origen subsistirían en un mismo lapso medidas impuestas para tales efectos (.)" * Cumplimiento inmediato Con motivo de lo anterior, se requirió su cumplimiento inmediato en términos del artículo 77, ante penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable 1. Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante), informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. * Causa ejecutoria Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia y se ordenó dar vista a las partes, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente respecto del cumplimiento respectivo. * Cumplida Por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. * Inconformidad Por auto de veintiséis de junio de dos mil veintiuno se tuvo a José Edmundo Peregrina Moctezuma, defensor particular de los quejosos Héctor De Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, interponiendo recurso de inconformidad. Medio de impugnación que se substanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el número de inconformidad 12/2021 de su índice, y por sesión de treinta de septiembre de la presente anualidad, resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Héctor de Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, a través de su defensor particular José Edmundo Peregrina Moctezuma, en contra del proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 328/2021, mediante el cual el Juez Tercero de Distrito del Estado de Puebla, declaró cumplida la ejecutoria de amparo. SEGUNDO. Dese aviso con la presente resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a su Acuerdo 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envió de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito". * Requiere cumplimiento Con motivo de lo anterior, en el mismo auto (veintiséis de junio de dos mil veintiuno), se requirió a la autoridad responsable 1. Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabeth García Cante), cumpliera con la ejecutoria de amparo. * Vista Por oficio 28990/2021 (registro 19620) de tres de noviembre de dos mil veintiuno, el Asistente de Constancias y Registros adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Lucino Cordero Astudillo), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y, remitió el disco versátil respectivo. Así, por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes quejosa y autoridad tercera interesada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. * Análisis cumplimiento Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien resuelve se avoca a su estudio, de acuerdo con lo ahí precisado. En efecto, el Asistente de Constancias y Registros adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Lucino Cordero Astudillo) remitió el oficio 28990/2021 y disco versátil con los que justifica el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo, quien informó lo siguiente: - Que existía imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo respecto de los imputados Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, pues el trece de julio de dos mil veintiuno, en el toca penal 18/2021-2 el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, modificó la resolución emitida por esa juzgadora de control el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y dictó a favor de los imputados auto de no vinculación a proceso, sin efectos de sobreseimiento, por el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y confirmó únicamente por lo que hace al proceso de Héctor de Luna Spezzia. - Que se dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se declaró infundada la solicitud de la defensa y se reiteró la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada únicamente en contra de Héctor de Luna Spezzia. - Se declaró fundada la petición de la defensa, dejó insubsistente la prisión preventiva justificada, y toda vez que no había aspecto para fundar la necesidad de cautela, pues el máximo de la pena no se podía considerar conforme a lo determinado en la ejecutoria de amparo, ordenó la inmediata libertad de Héctor de Luna Spezzia, solo por cuanto hacía a esa causa penal; y - Se giró oficio al Centro de Reinserción Social de San Miguel en el Estado de Puebla, para que pusieran en libertad a Héctor de Luna Spezzia, solo por lo que hace a la causa PUE/117/2021. Ahora bien, en la audiencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que se desarrolló en la forma siguiente: En principio, la jueza responsable precisó que no obstante que el asistente de Sala indicó que dicha causa se instruía en contra de Héctor de Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, ya no era así, en atención a las determinaciones emitidas en dicha causa penal, como lo es, el recurso de apelación por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, de trece de julio de dos mil veintiuno, en el cual se dictó auto de no vinculación sin efecto de sobreseimiento, por el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y confirmó la resolución apelada únicamente por lo que hace al proceso de Héctor de Luna Spezzia, por diverso delito. Lo que implicó que ese Tribunal pusiera en inmediata libertad a Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, quienes se encontraban en libertad; que incluso ya se había presentado una acusación en contra de Héctor de Luna Spezzia, por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (DVD causa penal 117/2021, audiencia 01.- 03/11/2021 minuto 00:30 a 4:16) Posteriormente, solicitó la individualización de las partes: - David Benjamín Gómez Pulido, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos ya proporcionados a ese órgano jurisdiccional. - Amado Falcón Linda (sic) en su calidad de defensor particular y, - El imputado Héctor de Luna Spezzia. La jueza de Control responsable en cumplimiento a la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cercioró que el defensor particular que se encontraba en esa audiencia contara con la cédula profesional respectiva expedida por la Secretaría de Educación Pública (DVD causa penal 117/2021, audiencia 01.- 03/11/2021 minuto 04:18 a 07:18). De igual forma, la responsable interrogó a las partes si tenían algo por manifestar antes de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, el Fiscal manifestó que únicamente se tomara en consideración que esa causa penal se seguía en contra de Héctor de Luna Spezzia, y no así contra de Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, derivado de las diversas resoluciones que habían sido emitidas en esa causa penal. El defensor particular manifestó que no tenía nada que manifestar en atención a que la jueza responsable ya había hecho la precisión que esa causa penal se llevaba únicamente por lo que correspondía a su defenso (DVD causa penal 117/2021, audiencia 01.- 03/11/2021 minuto 08:18 a 09:18) Acto continuo, la responsable expuso que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo requerido el veintisiete de octubre del año en curso, y tomando en consideración que el trece de julio de dos mil veintiuno, en el toca penal 18/2021-2, el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, revocó la resolución emitida por ese órgano de control, y dictó auto de no vinculación al proceso en la causa penal PUE/117/2021, y en consecuencia, se ordenó la inmediata libertad únicamente por lo que respecta a los imputados Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, y que continuaba a la prisión preventiva respecto de Héctor de Luna Spezzia; únicamente daría cumplimiento respecto del quejoso Héctor de Luna Spezzia, al tener imposibilidad jurídica de pronunciarse respecto de Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, pues como lo había indicado al inicio de la audiencia, esa causa penal ya no se instruía en contra de ellos, al tener una resolución de apelación. Así, la jueza responsable dejó insubsistente la resolución emitida en la primera audiencia de cumplimiento de la ejecutoria celebrada el siete de mayo de dos mil veintiuno, en esa causa penal, y en acatamiento dejó insubsistente la diversa de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Asimismo, la resolutora de control expuso que con plenitud de jurisdicción que le otorgaron con las condiciones específicas, y que incluso fue el tema de la inconformidad, que no se debió analizar el máximo de la pena, que era el único punto con base en el cual se podía otorgar la medida cautelar, y que en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo en relación con la inconformidad emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y toda vez que no había punto o circunstancia alguna para analizar la necesidad de cautela, puesto que únicamente era el máximo de la pena en que lo eventualmente en lo que se podía confiar; entonces no existía necesidad de cautela dadas las circunstancias particulares, pues habían variado evidentemente su situación jurídica y hasta por lo que se le seguía esa causa, que al no tener ningún elemento para acreditar la necesidad de cautela, en consecuencia, era fundada la petición de la defensa, se tenían por reiteradas las condiciones expuestas en aquella audiencia de veintiséis de marzo del año en curso, se declaraba fundada la solicitud, y decretó su libertad por lo que hacía a esa causa penal, lo que se informaría a las autoridades carcelarias (DVD causa penal 117/2021, audiencia 01.- 03/11/2021 minuto 09:21 a 20:29). * Cumplida. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos, respecto del quejoso Héctor de Luna Spezzia. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, únicamente por lo que respecta al promovente del amparo Héctor de Luna Spezzia. * Imposibilidad jurídica En otro aspecto, este órgano jurisdiccional determina que existe imposibilidad jurídica para que la jueza responsable cumpla con el efecto del fallo protector, tal como lo indicó en esa audiencia, respecto de los quejosos Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, tomando en consideración que el trece de julio de dos mil veintiuno, en el toca penal 18/2021-2 el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, revocó la resolución emitida por esa juzgadora el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y dictó a favor de los imputados auto de no vinculación a proceso, sin efectos de sobreseimiento, por el hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quienes quedaron en libertad. Por lo tanto, se itera, este Juzgador considera que existe la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos segundo y último del numeral 196 de la Ley de Amparo, de no interponer las partes recurso de inconformidad contra esta determinación, una vez transcurrido el plazo a que alude el diverso ordinal 202 de la ley de la materia, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que en turno corresponda, para que determine lo conducente. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada y, al agente del Ministerio Público Federal de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 28990/2021, recibido vía interconexión signado por el Asistente de Constancias y Registros adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Lucino Cordero Astudillo) y anexo, por el cual informa: Que en cumplimiento al requerimiento de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, y en relación con la resolución de treinta de septiembre pasado, dictado en el recurso de inconformidad 12/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Puebla, se hizo del conocimiento a las partes, la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo respecto de los imputados Fernando Rivas Chaire y Sergio Nava Hernández, pues el trece de julio de dos mil veintiuno, en el toca penal 18/2021-2, el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, modifico la resolución emitida por la 1. Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabeth García Cante), por lo que dictó auto de no vinculación al proceso en la causa penal PUE/117/2021, y en consecuencia, se ordenó la inmediata libertad de los imputados Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández. Con motivo de lo anterior, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo respecto del quejoso Héctor de Luna Spezzia, y realizó lo siguiente: "1. Se dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se declaró infundada la solicitud de la defensa y se reiteró la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en contra de Héctor de Luna Spezzia. 2. Se declaró fundada la petición de la defensa y se dejó insubsistente la prisión preventiva justificada, y toda vez que no hay aspecto para fundar la necesidad de cautela (pues el máximo de la pena no se puede considerar por lo determinado en la ejecutoria de amparo); se ordenó la inmediata libertad de Héctor de Luna Spezzia y no se impuso medida cautelar alguna. 3. Se ordenó girar oficio al Centro de Reinserción Social de San Miguel en el Estado de Puebla, para que pusieran en libertada a Héctor de Luna Spezzia, solo por lo que hace en la presente causa." Asimismo, adjuntó el disco versátil que contiene la audiencia oral celebrada de tres de noviembre del año en curso, en la que consta el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad tercero interesada y, al agente del Ministerio Público Federal de la Federación adscrito a este Juzgado. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Nahieli Avendaño Palacios, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio III-3903/2021, signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta testimonio de la inconformidad 12/2021 de su índice, interpuesto por Héctor de Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, a través de su defensor particular José Edmundo Peregrina Moctezuma, contra el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, y los autos originales de este último. Acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Héctor de Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández, a través de su defensor particular José Edmundo Peregrina Moctezuma, en contra del proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 328/2021, mediante el cual el Juez Tercero de Distrito del Estado de Puebla, declaró cumplida la ejecutoria de amparo. SEGUNDO. Dese aviso con la presente resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a su Acuerdo 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envió de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito". En consecuencia, glósese únicamente las constancias originales posteriores al envío del medio de impugnación citado que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro De Justicia Penal Federal, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan la ejecutoria de amparo, esto es, acate todos los aspectos precisados en la ejecutoria de amparo, como lo ordenó el Tribunal de Alzada. Se precisa que los efectos de la concesión son en los términos siguientes: "Octavo. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable 1. Jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante), en la causa penal PUE/117/2021, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que declaró infundada la solicitud de la defensa y se reiteró la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en contra de los quejosos Héctor de Luna Spezzia, Fernando Rivas Chaires y Sergio Nava Hernández. Señale fecha para la celebración de la audiencia en la que habrá de cumplir el fallo protector, en la que, primero, reiterará todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado dicha audiencia, emita otra determinación en el sentido de declarar procedente la sustitución de la prisión preventiva justificada, tener por acreditado tanto el arraigo familiar como domiciliario de los quejosos, sin tomar en consideración lo establecido en el arraigo laboral, y lo atinente a la pena máxima de los ilícitos, por los que fueron vinculados a proceso -por ser alta-, pues por sí solo no es un factor determinante. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior y con plenitud de jurisdicción, resuelva la solicitud planteada, en donde deberá analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que deberá imponer a los quejosos. Cabe señalar que la concesión del amparo no implica que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, se pueda imponer a los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva diversas que tengan mayor rigor, ya sea porque éstos incumplieron con las medidas cautelares impuestas y/o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En diverso aspecto, cabe puntualizar que la presente sentencia de amparo surte sus efectos de manera inmediata, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la ley de la materia, por las consideraciones que enseguida se exponen. De la interpretación de dicha porción normativa, se obtiene que en asuntos del orden penal en que se reclamen medidas restrictivas de libertad, o bien, actos que condicionen y justifiquen su imposición, la sentencia que conceda el amparo para que el acto quede sin efectos por contener vicios que impidan su reiteración, surtirá efectos inmediatos, no obstante que la misma no se encuentre firme o confirmada por el Tribunal de Alzada. En tal virtud, la jueza Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla actuando con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante), responsable deberá cumplir de manera inmediata los efectos establecidos en la presente sentencia, habida cuenta que deberá prescindir de la prisión preventiva justificada sean cuales sean las medidas cautelares que decida imponer a los quejosos; lo último, sin perjuicio de que este fallo pueda ser revocado o modificado por el Tribunal de alzada a través del medio de defensa legal que legalmente se interponga. No obstante, no ha lugar a fijar medidas de aseguramiento en términos del citado artículo 77 de la ley de la materia, tomando en consideración que el juez de control, con la libertad de jurisdicción reservada, impondrá a los quejosos medidas cautelares para asegurar su presencia al procedimiento de origen y para que no evadan la acción de la justicia; considerar lo contrario, significaría imponerles una doble carga, pues tanto en el presente juicio como en el proceso de origen subsistirían en un mismo lapso medidas impuestas para tales efectos (.)" En el entendido que para dicho cumplimiento debe de tomar en consideración lo manifestado toralmente por la Superioridad al resolver el recurso de inconformidad 12/2021, cuya copia se anexa, esto es: "(.) Lo así expresado por la Jueza responsable, deja ver que si bien es cierto en distintos momentos previos a lo destacado, señalo que no iba a tomar en cuenta el máximo de las penas correspondientes a los delitos por los cuales se vinculó a proceso a los imputados, ello en estricto cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, cuando hace la justificación de medidas cautelares a imponer, precisa, puntualmente, que las penas son el único parámetro que le queda para evaluar la necesidad de cautela, incluso invoca las penas mínimas y máximas que corresponden a los hechos con apariencia de delitos, por los que fueron vinculados a proceso los imputados, ahora los recurrentes, esto es, insistió tomar como parámetro el máximo de las penas, y si bien se hace evidente que aludió a que no las consideró con la misma intensidad que al imponer prisión preventiva, lo cierto es que si lo tuvo presente en algún grado y ello indició (sic) en su decisión de fijar la totalidad de medidas cautelares por la que sustituyó la prisión preventiva antes impuesta, siendo probable que, de haberlo considerado así, las medidas a fijar quizá hubieran sido menores a las impuestas. Así las cosas, lo anterior impidió la eficacia jurídica total de la sentencia concesoria, pues la juez responsable tomó en cuenta nuevamente para evaluar la necesidad de cautela un parámetro que no le estaba permitido de conformidad con los lineamientos de la ejecutoria concesoria de amparo; lo que se estima relevante, ya que eventualmente el fiscal, pudiera solicitar de nueva cuenta, que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que cambiaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, y de subsistir lo dicho por el juez de control en la audiencia de cumplimiento que se revisa, se estaría avalando que el parámetro de las penas máximas de los ilícitos de que se trata, puede tomarse en cuenta para emitir el nuevo pronunciamiento. Por otra parte, el hecho de que las medidas cautelares impuestas, permitan a los quejosos gozar de su libertad, nada tiene que ver con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; había cuenta que el órgano jurisdiccional debe vigilar y hacer cumplir puntualmente las ejecutorias de amparo, conforme a los dispuesto en lo artículos 192, 197 y 214, de la Ley de Amparo (.)" Se apercibe a la citada autoridad que, para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del 1. Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro De Justicia Penal Federal, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada y, al agente del Ministerio Público Federal de la Federación adscrito a este Juzgado...
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