Hector Beristain Gonzalez

Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
575/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
12/01/2021

Partes del expediente

  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente Con Sede En Tecamachalco, Puebla
  • Hector Beristain Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. I. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos el oficio signado por el 1.Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur- Oriente, con sede en Tecamachalco, por medio del cual, acusa recibo del oficio 1260-C-1, mediante el cual se le devolvió el disco versátil digital DVD, que contiene la audiencia celebrada el tres de agosto de dos mil veinte, en apoyo a su informe de ley; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar el disco versátil digital DVD, que contiene la audiencia celebrada el tres de agosto de dos mil veinte, remitido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tecamachalco (Mario Cortés Aldama), en apoyo a su informe de ley, se ordena devolverlo a la referida autoridad y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes quejosa y tercera interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Romina Ortiz Avila, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. RRL. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 575/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Héctor Beristaín González; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, remitida de forma física al siguiente día a este órgano jurisdiccional, Héctor Beristaín González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una resolución dictada por Mario Cortés Aldama, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tecamachalco. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el veintiséis de agosto del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 575/2020; asimismo, la admitió a trámite -con incidente de suspensión-, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento al acuerdo de seis de octubre de la presente anualidad -y en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la Ley de Amparo-, se emplazaron con el carácter de terceros interesados a los siguientes sujetos: 1. Anel Lara Suárez, madre de los occisos Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara -víctimas del delito-. 2. Autoridad tercera interesada Alicia Fernández Rodríguez, Agente del Ministerio Público de Investigación Regional de Tehuacán, Puebla -interviniente en la causa penal de origen y en la carpeta de investigación 2301/2018/TECAM-. Cuarto. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal, en auto de veintitrés de octubre de la presente anualidad, se fijaron las diez horas con diez minutos del veintitrés de noviembre del actual, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues el acto reclamado -que se atribuye a una autoridad jurisdiccional de esa materia (penal)-, tiene lugar en la residencia donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso Héctor Beristaín González reclama: * La determinación de vincularlo a proceso, dictada en audiencia oral de tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 67/2020/TECAMACHALCO, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Alexis León Lara y de Juan Pablo León Lara. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Mario Cortés Aldama, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tecamachalco. Acepta. 41 y 42. Tabla Única. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió el juez de control, en especial con la audiencia correspondiente a la emisión de la resolución reclamada (vinculación a proceso), contenida en el disco versátil digital (DVD). Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -por tratarse de documentales públicas-. En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento penal de origen. Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. Este órgano de control constitucional advierte que la promoción de la demanda de amparo es oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Se explica. En primer lugar, debe decirse que dada la naturaleza jurídica de la resolución reclamada, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento judicial, se sigue que la acción de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el citado precepto legal; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Así, la resolución de vinculación a proceso, tomada en audiencia de tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal de origen, se notificó personalmente tanto al quejoso como a su defensa, durante su desahogo, por lo que esas notificaciones surtieron efectos el cuatro de agosto siguiente, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 94 del ordenamiento legal en cita. De modo que, el plazo de quince para la promoción de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio transcurrió del cinco al veinticinco de agosto de dos mil veinte, sin contar ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de agosto, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la citada demanda se presentó el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna. Sexto. Procedencia del amparo indirecto. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que este juzgador advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo, luego, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el aquí quejoso. Séptimo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes que derivan del informe justificado y de las probanzas ofrecidas, y que son los siguientes: 1. Mediante oficio sin número de veintinueve de julio de dos mil veinte, Alicia Fernández Rodríguez, Agente del Ministerio Público Investigador, solicitó al Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla el libramiento de una orden de aprehensión en contra de Héctor Beristaín González -quejoso- y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara. 2. El treinta de julio de dos mil veinte, se radicó la causa penal 67/2020/TECAMACHALCO con la recepción del citado oficio y se emitió la orden de aprehensión solicitada. 3. El uno de agosto de la presente anualidad, se tuvo por cumplimentada la orden de aprehensión emitida en contra de Héctor Beristaín González -quejoso- y Daniel Beristaín González, dentro de la causa penal de origen, por lo que el juez señaló las doce horas del tres de agosto de dos mil veinte para la celebración de la audiencia inicial. 4. En audiencia inicial de tres de agosto de dos mil veinte, se efectuó -medularmente- lo siguiente: ( El juez se cercioró que los defensores David Alejandro Carrasco Contreras y Karla Fabiola Carbarín Carbarín, que asistieron a los imputados en la referida audiencia contaran con cédulas profesionales de licenciados en derecho, quienes refirieron que sus números de cédula eran 10710544 y 6206372 -respectivamente-. ( La fiscalía formuló imputación en contra de Héctor Beristaín González -quejoso- y Daniel Beristaín González, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328, 329 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara. ( Después de que los imputados se reservaran su derecho a declarar, la fiscalía expuso los datos de prueba para sustentar su solicitud de vinculación a proceso. ( Se hicieron saber a los imputados los términos constitucionales para que se resolviera su situación jurídica, solicitando, previa consulta con sus defensores, que respecto de Héctor Beristaín González la misma se dilucidara en ese momento y por cuanto al diverso imputado Daniel Beristaín González se dirimiera dentro del término constitucional ampliado, por lo que se señalaron las doce horas del seis de agosto de dos mil veinte para tal efecto. ( En virtud de lo anterior, por un momento se retiraron de la sala respectiva el imputado Héctor Beristaín González y su defensa, a fin de que se resolviera lo atinente a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solicitada por el fiscal en contra de Daniel Beristaín González, la cual se le impuso por todo el tiempo que durara el procedimiento. ( Resuelto lo anterior, se retiraron de la sala el imputado Daniel Beristaín González y su defensa e ingresaron nuevamente el imputado Héctor Beristaín González y su defensa, para que se resolviera su situación jurídica. ( Previo debate entre la defensa y el fiscal, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Héctor Beristaín González, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328, y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara. ( Previa solicitud por parte del fiscal y réplica de la defensa, el juez de control impuso al citado imputado como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. ( Finalmente, autorizó el plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria. Octavo. Estudio del asunto. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Primero, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención del quejoso, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Por cuestión de método, el estudio de la presente sentencia, se dividirá en los siguientes apartados: Apartado A. Estudio constitucional del auto de vinculación a proceso. Apartado B. Conclusión. Es menester precisar que de la interpretación de los artículos 74, 75, 76, 79, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de los principios y derechos fundamentales consagrados en los numerales 1 y 17, en especial en su nuevo tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es factible concluir que aun cuando puedan existir vicios formales en el acto reclamado, debe privilegiarse el estudio de fondo del asunto, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Aunado a ello, se tiene que la nueva sistemática del juicio de amparo exige que se prefiera resolver íntegramente el asunto de fondo, para así evitar postergar innecesariamente su resolución definitiva y, de esta manera, cumplir con el derecho a una justicia pronta y expedita, maximizando así la efectividad del juicio de amparo para remediar violaciones a derechos humanos. Se insiste, de la interpretación de la redacción del último párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, se obtiene que en asuntos en los que proceda la suplencia de la queja -como en el que se resuelve-, dicha institución sólo podrá operar por violaciones procesales o formales cuando se advierta que en el acto reclamado no exista un vicio de fondo; de manera que -como se señaló- de concurrir, se debe privilegiar el estudio de tal vicio. Apartado A. Estudio constitucional del auto de vinculación a proceso. ( Conceptos de violación. Con el propósito de lograr una mayor claridad y entendimiento del asunto, se toma en cuenta que en los conceptos de violación expuestos, el quejoso Héctor Beristaín González se duele de que el auto de vinculación a proceso viola lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -sustancialmente- con base en los siguientes razonamientos: 1. Que la inspección del lugar de los hechos en nada abona para justificar su probable responsabilidad en los hechos imputados, al no concatenarse con las entrevistas de los testigos ni con el dictamen en balística, por lo que -sostiene- no existe certeza de la distancia en que fueron accionadas las armas de fuego. 2. Que los datos de prueba expuestos por el fiscal son contradictorios, en virtud de que de las entrevistas recabadas a Alejandro Flores Jiménez y a Gladys Galicia González existen dos versiones distintas de cómo sucedieron los hechos, lo cual se hizo valer por su defensa en audiencia. 3. Que el juez de control únicamente tomó en consideración la entrevista de Alejandro Flores Jiménez para establecer su probable responsabilidad en los hechos imputados; sin embargo, -refiere- que de los argumentos hechos valer por su defensa y de los datos de prueba derivados de la carpeta de investigación se desprende información suficiente que desvirtúa de manera total y completa el señalamiento que dicho testigo realiza en su contra. 4. Que la vinculación a proceso viola el principio de presunción de inocencia. ( Opinión jurisdiccional. Son ineficaces e infundados los conceptos de violación formulados, sin que exista materia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Para explicar lo anterior, el estudio del presente asunto se dividirá en los siguientes tópicos: Tema 1. Delimitación del análisis de la audiencia inicial y su continuación. Tema 2. Cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. Tema 3. Cumplimiento a los requisitos de forma, fundamentación, motivación y de fondo para la emisión del auto de vinculación a proceso. Tema 1. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2017, señaló que al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedían en la misma audiencia y existía una relación jurídica entre ambos actos, ya que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realizó la detención indudablemente impactarían para el dictado del auto de vinculación, se trataban de actuaciones cuya materia de análisis era diferente e iban sucediendo sin que existiera la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad que rige el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, determinó que ante la circunstancia de que el quejoso señalara como acto reclamado el auto de vinculación a proceso, no posibilitaba al juez de amparo para examinar la calificación de la detención efectuada por el juez de control, para ello, sería necesario que también la reclamara en su demanda, a fin de que estuviera en aptitud de analizarla y determinar si, los datos de prueba obtenidos al momento de la detención, fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Por ende, concluyó que cuando el quejoso únicamente reclamaba el auto de vinculación a proceso, pero en sus conceptos de violación expresaba argumentos tendentes a controvertir la calificación de la detención, el juez de amparo debía prevenirlo en términos de la fracción IV del artículo 108, en relación con la fracción II del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, con el objeto de que señalara como acto reclamado destacado el aludido control de la detención. En ese tenor, se debe recordar que en audiencia inicial de tres de agosto de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 67/2020/TECAMACHALCO, entre otros actos, se vinculó a proceso al ahora quejoso y se le impuso la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durara el procedimiento. En la demanda de amparo, el quejoso formuló conceptos de violación únicamente en contra de la resolución que lo vinculó a proceso, mas no de la resolución en la que se le fijó la citada medida cautelar para la continuación del procedimiento. De ahí que este órgano de control constitucional no estimó procedente ni necesario prevenir al quejoso para que manifestara su deseo o no de reclamar dicho acto -imposición de medida cautelar- y, por ende, el estudio constitucional únicamente se concentrará en la emisión del auto de vinculación a proceso, que incluye -en su caso- la verificación de las formalidades esenciales del procedimiento, que el quejoso haya sido asistido por un licenciado en derecho, la formulación de la imputación y las consideraciones de la resolución, que desde luego abarca el debate que sostuvieron las partes en esa etapa, sin comprender el relativo a la imposición de la medida cautelar. Lo anterior, sin perjuicio de que si en un caso determinado se declara inconstitucional el acto de vinculación a proceso por vicios de fondo, el amparo otorgado pueda hacerse extensivo a la medida cautelar impuesta, es decir, tendría como consecuencia que tal medida cesara de manera inmediata, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tema 2. El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de vinculación a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto. Lo anterior, en virtud de que es necesario que ese tipo de acto reúna, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las prerrogativas de seguridad jurídica consagradas en la Constitución, entre otras, que dicho auto conste por escrito -registro de grabación con medios tecnológicos-, proceda de una autoridad judicial, que se dicte respecto de un hecho con apariencia de delito castigado con pena corporal y que el quejoso se encuentre debidamente asesorado por un abogado, respetando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento. Cúmulo de derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un solo artículo, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal sentido, es oportuno indicar que, entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República, está la relativa al debido proceso legal, que permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En otras palabras, el derecho al debido proceso legal se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo procedimiento (instrucción, defensa, pruebas y sentencia). En ese sentido, el acto reclamado satisface íntegramente lo dispuesto en el citado artículo Constitucional. Se explica. De autos se advierte que el quejoso reclama la resolución en la que se determinó vincularlo a proceso, cuya emisión atribuye a un órgano judicial previamente establecido (Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tecamachalco). Autoridad que actuó -por conducto de su juez de control- dentro de la causa penal número 67/2020/TECAMACHALCO, que se instruye en su contra por su probable intervención de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara. Por otro lado, de las constancias no se aprecia que se haya dado efecto retroactivo a ley alguna en perjuicio del quejoso. Ahora bien, para explicar el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es preciso indicar que conforme a las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, previo a la emisión de un auto de vinculación a proceso se deben satisfacer las formalidades que al efecto prevén los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consisten en: En la audiencia inicial se desahogan diversos actos del proceso, entre otros, la formulación de la imputación y, en su caso, la decisión sobre si se vincula o no a proceso al imputado y sobre la aplicación de medidas cautelares (307). La imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado -bien sea por que fue detenido bajo los supuestos de flagrancia o caso urgente (309), o en virtud de que se hubiere ordenado su comparecencia-. El Juez de Control deberá cerciorarse de que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que informe al detenido o citado, el hecho que se le atribuye y por el que se desarrolla una investigación en su contra, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de Control, sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley (311). El Juez de Control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público (311). La vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo. El Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión El Juez cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo, la cual siempre debe operar a su favor y nunca en su contra. El Juez de Control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado (313). A mayor abundamiento, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 212/2016, determinó que la formulación de la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y para establecer el momento procesal en que el agente del Ministerio Público debe solicitar la vinculación a proceso, partió de dos premisas: 1) La vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) El plazo de setenta y dos horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido en el artículo 19 constitucional, es un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo, cuando el propio imputado lo solicite, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. De dichas proposiciones, la Primera Sala concluyó por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso, no puede operar en su detrimento, ya que su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, lo que se traduce en la posibilidad real de ofrecer los datos o medios de prueba que estime pertinentes para apoyar su teoría del caso, es decir, para desvirtuar el hecho considerado como delito, como para desvirtuar la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión. Por consiguiente, la Sala consideró que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, deberá solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 de la Constitución General de la República -o a su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica. Ello, toda vez que indicó que sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. Sentado lo anterior, de la audiencia inicial celebrada el tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal de origen, se advierte que se cumplieron las indicadas formalidades. En efecto, del análisis de las formalidades indicadas por cuanto al procedimiento seguido previo al dictado del auto de vinculación a proceso combatido, cuyo desarrollo se observa en la grabación contenida en el disco óptico remitido; revela que en audiencia de tres de agosto de dos mil veinte, se consideró lo siguiente: 1. El juez se cercioró en el Registro Nacional de Profesionales que David Alejandro Carrasco Contreras, defensor particular que asistió al quejoso en la referida audiencia, contara con cédula profesional de licenciado en derecho, quien refirió que su número de cédula era 10710544. 2. Después, el juez dio intervención a la fiscalía, quien formuló imputación al aquí quejoso; para ello, le dio a conocer las conductas que se le atribuían, la clasificación jurídica preliminar de las mismas, que según se dijo, correspondían a los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328, 329 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara. 3. Una vez formulada la imputación, el juez de control preguntó a la defensa si tenía alguna duda respecto de la misma o si requería alguna precisión o aclaración, a lo que se contestó que todo había quedado entendido; de igual manera, el juez comunicó al quejoso que contaba con el derecho a declarar en relación con los hechos que se le atribuían, o bien, a guardar silencio, a lo que después de consultarlo con su abogado, éste respondió que se reservaba su derecho a rendir declaración. 4. Enseguida, la fiscalía pidió oportunidad de solicitar vinculación a proceso y, una vez concedida dicha moción, señaló los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. 5. Luego, el juez de control hizo saber al quejoso los plazos en los que se podía resolver su situación jurídica, cuestionándole sobre el término por el que optaba y éste, después de consultarlo con su defensor, indicó que solicitaba que su situación jurídica se resolviera en la propia audiencia. 6. Enseguida -y después de que se reservara de resolver lo procedente por diverso imputado, quien solicitó la duplicidad del término constitucional-, el juez de control dio oportunidad a la defensa para que diera contestación a la solicitud de vinculación a proceso, por lo que una vez cerrado el debate, el juez de origen se pronunció sobre la situación jurídica del quejoso, decretando auto de vinculación a proceso en su contra, como probable responsable en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328, y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara y, además, precisó que su participación era de coautor material. 7. Luego, la fiscalía, en uso de la voz, solicitó que al aquí quejoso se le impusiera como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durara el procedimiento. 8. Previo debate, el juez impuso al quejoso como medida cautelar la solicitada por la fiscalía. En ese tenor, este órgano de control constitucional estima que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional competente, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. Asimismo, se considera que el juez de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que el defensor privado nombrado por el quejoso, interviniente en la audiencia inicial, fuera licenciado en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. Tema 3. Del artículo 19 Constitucional se obtiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso es necesario satisfacer los requisitos de forma y de fondo, siguientes: 1. Deberá dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro (si se solicita la duplicidad de plazo constitucional), contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial (de forma). 2. La precisión del hecho que la ley señala como delito que se atribuye al indiciado, indicando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (de forma). 3. Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (de fondo). 4. Que de esos mismos datos de prueba se establezca la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión (de fondo). Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 87/2016, -en lo que interesa- señaló que la intensidad o profundidad del análisis que debe hacer el Juez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 constitucional, para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador, para satisfacer el mandato constitucional, esto es, que permita que se establezca, a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal. Que, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condicionaba la clasificación jurídica del delito, porque este elemento sería determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivalía a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no debían considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En este orden de ideas, recalcó que el Juez de Control, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no estaba legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, llevara a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadraba en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. Que derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, debía expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. En ese sentido, indicó que tal actuar dependería de la metodología que eligiera para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí debía dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, así como el tipo penal que en su criterio se actualiza, derivado de su examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto. De igual forma, consideró que el Juez de Control debía fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, donde expondría las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo. Concluyendo que exigir la precisión y estudio dogmático de los elementos del delito, iría más allá de la directriz constitucional. En ese contexto, el suscrito juzgador estima que el primer requisito señalado se satisface, pues se advierte que en audiencia de tres de agosto de dos mil veinte, el ministerio público expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso. También, que el juez de control le informó los plazos con los que contaba para que se resolviera su situación jurídica y éste, después de consultarlo con su defensa, manifestó su deseo de que su situación jurídica se resolviera en ese momento. Entonces, si el uno de agosto de dos mil veinte, el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial, en virtud del cumplimiento de una orden de aprehensión, y su situación jurídica se resolvió el tres de agosto siguiente, esto fue dentro del plazo constitucional que prevé el artículo 19 de la Constitución General de la República. Del mismo modo, se satisface el segundo requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que al emitirse se informó al ahora quejoso que se le atribuían los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara; así también, se le hizo saber el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos con apariencia de delito. Tocante al estudio del tercero y cuarto de los requisitos que quedaron precisados, relativos a exponer los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, se encuentran satisfechos, por los motivos que se expondrán. Ciertamente, a criterio de quien esto resuelve comparte el razonamiento del juez de control, al haber considerado que los datos de prueba que relacionó la agente del ministerio público son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometieron hechos con la apariencia del delito de homicidio calificado, y que es probable que el imputado intervino y participó en su ejecución. Para dar a entender mejor esas conclusiones, el análisis se dividirá en los siguientes subtemas: Subtema 1. La resolución reclamada. Subtema 2. Correcto establecimiento de la existencia de hechos con la apariencia del delito de homicidio calificado, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión y, por ende, lo ineficaz e infundado de los motivos de disenso formulados. Subtema 1. En la especie se reclama un auto de vinculación a proceso en el que se atribuyó al imputado -ahora quejoso- los hechos que la ley prevé como delito de: * Homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara. El juez de control para tener por acreditada la existencia de los hechos ilícitos, escuchó las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas por la fiscalía, así como los datos de prueba que a continuación se describen: 1) La diligencia de levantamiento de cadáver de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, llevada a cabo por Eduardo Domínguez Morán y por Julián Flores Reyes, comandante y agente investigador, respectivamente; de la cual se obtuvo: ( Que se constituyeron en la Calle Nueva España, entre calles 3 Norte y 5 Norte, Rancho Chiquito de la Junta Auxiliar de San Miguel Zozutla, municipio de San Simón Yehualtepec, Puebla, arribando a las dieciocho horas con cincuenta y un minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, observando que se trataba de un lugar abierto, por tratarse de una vía de circulación de 7 metros de ancho, con orientación de oriente a poniente y viceversa, con piso de rodamiento tipo asfalto, con acotamientos, con adoquín, con guarniciones. ( Que se tuvo a la vista un vehículo tipo Sedan, marca Dodge, de la línea Attitude, color gris, sin placas de circulación, identificado como indicio número 5, en cuyo asiento del copiloto, se observó un cuerpo sin vida cubierto por una sabana de color blanco. ( Que al retirar la sábana, se apreció una persona adulta del sexo masculino, vestida con una playera a colores azul, morado y rosa y pantalón de mezclilla color negro, tenis de color blanco con líneas de colores amarillo, verde y rojo, con figuras en forma de gatos de color gris, zapatos tipo tenis, color negro, con agujetas de color azul. ( Que dicho cuerpo presentaba dos heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego, una en la región malar izquierda y la segunda en la región occipital. ( Que siendo las diecinueve horas con cinco minutos, se realizó el levantamiento físico del cadáver para su traslado a la ciudad de Tecamachalco. ( La localización sobre el piso a 2.10 metros con dirección del vehículo, tomando como referencia su ángulo trasero izquierdo, de un elemento balístico consistente en un casquillo con las siglas de identificación en su base Águila 380 auto, identificado y embalado como indicio 1. ( La localización sobre el piso a 2.23 metros, con dirección al sur oriente del vehículo, tomando como referencia su ángulo trasero izquierdo, de un elemento balístico consistente en un casquillo con las siglas de identificación en su base Águila 380 auto, identificado y embalado como indicio 2. ( La localización sobre el piso a 3.20 metros con dirección al oriente del vehículo, tomando como referencia la parte media de su defensa trasera, de un elemento balístico consistente en un casquillo con las siglas de identificación en su base Águila 380 auto, identificado y embalado como indicio 3. ( La inspección vehicular realizada por el perito en criminalística Roberto Espíndola Armenta, de la que a su vez se obtuvo: que se encontraba con su frente dirigido al oriente, con sus cuatro llantas montadas en sus rines metálicos, con sus respectivos ejes de rodamiento, en regular estado de uso y conservación; luces medallón en regular estado de uso; que su puerta trasera izquierda no tenía cristal por fragmentación; en su parte posterior se observó la fascia en regular estado de uso y conservación; que en su interior se apreciaron, en concreto en la parte del tablero, los dígitos alfanuméricos ML3AB26J1HH012362; en el asiento delantero izquierdo un elemento balístico consistente en un casquillo metálico de color dorado con las siglas de identificación en su base Águila 380 auto, identificado y embalado como indicio 6; la localización de una llave eléctrica de plástico identificada y embalada como indicio número B2; en la palanca de freno y mano y portavasos se localizó una mochila tipo mariconera de color café, en cuyo interior había una navaja de color azul, identificada y embalada como indicio número B3, y seis cartuchos organizados de color dorado, con las siglas de identificación en su base FC 9mm, P15, los cuales se identificaron y embalaron como indicio B4; sobre el piso en la parte posterior del lado izquierdo, se localizó un casquillo metálico de color dorado, con las siglas de identificación en su base Águila 380 auto. ( Que en el lugar en donde se realizó la citada diligencia de levantamiento de cadáver, se encontraban diversas personas, entre ellas una del sexo femenino quien dijo llamarse Azucena Lara Sánchez y quien manifestó reconocer al occiso como su primo, quien en vida respondía al nombre de Alexis León Lara. ( Dieciséis imágenes fotográficas en color blanco y negro del vehículo, de los indicios, de las personas referidas y del cuerpo encontrado. 2) La segunda diligencia de levantamiento de cadáver de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, realizada por Eduardo Domínguez Morán y por Julián Flores Reyes, comandante y agente investigador respectivamente; de la cual se obtuvo: ( Que se trasladaron al hospital Tecamachalco, S.A. de C.V., ubicado en calle 6 Sur, entre la avenida Hidalgo y la calle 3 Sur, de Tecamachalco Puebla, arribando a las veintidós horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. ( Que fueron atendidos por Rocío Ramírez Sandoval, médico de guardia, quien los condujo a la habitación número 2, en donde en la parte media y sobre un cama individual se encontraba un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, identificado como indicio B, vestido con un bóxer de color azul marino, con un tatuaje de 25 cm aproximadamente con la leyenda "David Paola Vane" ubicado en cara anterior antebrazo derecho, otro tatuaje de color negro, de 20 cm de largo aproximadamente, con la figura de una calavera en cara posterior de brazo izquierdo y con una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, localizada en mejilla derecha, con abundante tejido hemático en rostro y fosas nasales. ( Que a las veintidós horas con quince minutos del mismo día, se procedió a realizar el levantamiento físico del cadáver. ( Que en dicho lugar, se ubicó quien dijo llamarse Joselyn Cabrera Román, misma que reconoció el cuerpo como el de su esposo Juan Pablo León Lara. ( Ocho imágenes fotográficas del cadáver. 3) La entrevista de Oralia Martínez León de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en su calidad de testigo de identificación de cadáver; de la cual se obtuvo: ( Que tuvo a la vista el cadáver de una persona adulta del sexo masculino y que lo reconoció como el de su primo Alexis León Lara, quien contaba con la edad de veinticinco años, de unión libre y quien fue hijo de Fredy León Sánchez y de Anel Lara Suárez. ( Que tuvo a la vista el cadáver de una persona del sexo masculino y que también lo reconoció como el de su primo Juan Pablo León Lara, originario de San Miguel Zozutla, municipio de Yehualtepec, Puebla, con domicilio en calle Miguel Hidalgo, número 2, de veintiocho años de edad. ( Que los occisos tenían el mismo domicilio y que desconocía los hechos en los que perdieran la vida sus primos. 4) La entrevista de Ambrosia Lara Suárez, en su calidad de testigo de identificación de cadáver; de la cuales se obtuvo: ( Que reconoció e identificó el cadáver de su sobrino Alexis León Lara, quien era originario y vecino de San Miguel Zozutla, municipio de Yehualtepec, con domicilio en calle Miguel Hidalgo, número 2, de veinticinco años de edad. ( Que reconoció e identificó el cadáver de su sobrino Juan Pablo León Lara, quien era originario de San Miguel Zozutla, municipio de Yehualtepec Puebla, con domicilio en calle Miguel Hidalgo, número 2, de veintiocho años de edad. 5) El acta de nacimiento con número de folio A211534135 a nombre de Juan Pablo León Lara -víctima del delito-, registrada ante el juzgado del registro civil del Yehualtepec, de San Miguel Zozutla, Yehualtepec Puebla; de la cual se obtuvo: ( Su fecha de nacimiento: 07 de mayo de 1990. 6) El acta de nacimiento con número de folio A211534134 a nombre de Alexis León Lara -víctima del delito-, registrada ante el juzgado del registro civil del Yehualtepec, de San Miguel Zozutla, Yehualtepec Puebla; de la cual se obtuvo: ( Su fecha de nacimiento: 04 de marzo de 1993. 7) El dictamen número 435 de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por Ivana Ponce de León Daza, médica legista forense adscrita al Tribunal Superior de Justicia; del cual se obtuvo: ( Que el occiso Juan Pablo León Lara presentó las siguientes lesiones: i) la primera, herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, orificio de entrada de forma oval con bordes invertidos, equimóticos y escoriativos en región temporal izquierda, de 1cm por 1cm; ii) la segunda, herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, orificio de salida de forma oval, con bordes invertidos en ángulo de maxilar inferior derecho de 1cm por 0.5 cm, ubicada a 22 cm, por debajo del vértex con trayecto de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha; y, iii) la tercera, equimosis de coloración violácea de palpebral del lado derecho. ( La conclusión: que la causa de la muerte de Juan Pablo León Lara fue laceración de encéfalo secundario a herida penetrante cráneo por proyectil disparado por arma de fuego y tipo de muerte violenta. 8) El dictamen número 436 de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por Ivana Ponce de León Daza, médica legista forense adscrita al Tribunal Superior de Justicia; del cual se obtuvo: ( Que el occiso Alexis León Lara presentó las siguientes lesiones: i) la primera, herida por proyectil disparado por arma de fuego, que corresponde a un orificio de entrada, de forma oval, en ángulo de maxilar inferior del lado izquierdo de 1cm, ubicado a 148 cm por arriba del plano de sustentación y a 11.5 cm a la izquierda de la línea media anterior; ii) la segunda, abultamiento de tejido por alojamiento de proyectil, en cara externa tercio proximal de brazo derecho, de 1.3 cm por 0.7 cm, ubicado a 72 cm por arriba del borde, del dedo medio, de la mano derecha y a 19 cm a la derecha de la línea media anterior; iii) la tercera, una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, orificio de entrada, de forma oval, con bordes invertidos, equimóticos y escoriativos, en una punta de nariz, del lado izquierdo; y, iv) la cuarta, herida producida por proyectil disparado por arma de fuego orificio de salida de forma irregular en cara posterior de cuello de lado izquierdo, a 1 cm por 0.8 cm, ubicada a 145 cm por arriba del plano de sustentación. ( La conclusión: la causa de muerte de Alexis León Lara fue laceración subclavia derecha secundaria, a herida penetrante de cuello por proyectil disparado por arma de fuego. 9) El dictamen número 57-BIS/2018/TECAM, emitido por José Guadalupe Jiménez Cervantes, perito en identificación vehicular; del cual se obtuvo: ( Que el vehículo marca Dodge, tipo Attitude 2017, sin placas de circulación, color gris, con número de serie ML3AB26J1HH012362, no presentaba alteración alguna en su medio de identificación y que el valor de dicho vehículo ascendía a la cantidad de 150,000 pesos. 10) El dictamen en balística número 1357/2018, emitido por la perito en balística Ana Luisa Ramírez Cruz; del cual se obtuvo: ( La identificación de los indicios números 1, 2 y 3, consistentes en casquillos percutidos de latón dorado, calibre 380 auto, de la marca Águila. 11) La entrevista de Alejandro Flores Jiménez de doce de abril de dos mil veinte; de la cual se obtuvo: ( Que el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, el testigo se encontraba en la presidencia de la junta auxiliar de San Miguel Zozutla, perteneciente a San Simón Yehualtepec, Puebla, en donde imparte talleres dos veces a la semana porque trabaja en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP). ( Que circulaba en su camioneta sobre la Calle Nueva España, justamente con esquina 3 Norte, cuando observó que dos vehículos se encontraban estacionados, uno de la Marca Dodge, línea Attitude, color gris, sin placas de circulación, y el otro camioneta Chevrolet, color blanca, tipo Pickup, sin placas de circulación. ( Enseguida, se percató que un hombre estaba parado afuera de la ventanilla del copiloto y que tenía un arma larga, de color negro. ( Que detuvo la marcha de su camioneta en la que el testigo viajaba, quien iba acompañado de otras personas. ( Que no pasaron más de 5 minutos cuando observó que corrían dos hombres, cuyos nombres desconocía pero que sabía que pertenecían a la banda de la localidad conocida como "Los Peones", quienes portaban pistolas de color negras en sus manos y quienes se dirigieron hacia donde estaba el vehículo en donde se encontraban Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara, a quienes conocía porque una compañera de trabajo, de nombre Nohemí González Pardo, tenía una hija de nombre Gladys Galicia, quien se encontraba casada con Fredy León Lara, hermano de Alexis León Lara y de Juan Pablo León Lara. ( Que desde su camioneta, vio que dos hombres se bajaron de la camioneta blanca Chevrolet, cuyos nombres completos desconocía, pero sabía que uno se llamaba Daniel, a quien le apodaban "El Peón Chico" y el otro, Héctor, a quien le apodaban "El Peón" y que los conocía porque el testigo llevaba tiempo laborando en la Junta Auxiliar de San Miguel Zozutla, de San Simón Yehualtepec Puebla. ( Que dichos sujetos se acercaron a la ventana del piloto del vehículo marca Dodge línea Attitude, de color gris, sin placas de circulación, con armas de fuego color negro; luego, Daniel, "El Peón Chico", disparó en contra de Juan Pablo León Lara con la pistola que traía y Héctor, "El Peón", disparó su arma dos veces hacia Alexis León Lara. ( Que después, esos sujetos se subieron a la camioneta marca Chevrolet, tipo Pickup, sin placas de circulación. 12) La entrevista de Gladys Galicia González de doce de abril de dos mil veinte; de la cual se obtuvo: ( Que se percató de la presencia de Héctor Beristaín González y Daniel Beristaín González, el día veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con treinta minutos, en la calle Nueva España, entre las calles 3 y 5 Norte. ( Que los occisos Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara, en ese día y en esa hora, circulaban a bordo de un vehículo marca Dodge, línea Attitude. 13) El informe de investigación UAI/10908/2020, emitido por Juan Manuel Ramírez Rodríguez, analista de la Unidad de Análisis de Información de la Fiscalía; del cual se obtuvo: ( Que después de haber realizado, una búsqueda de fuentes abiertas y fuentes cerradas en redes sociales, se obtuvo el nombre completo de Héctor Beristaín González y que es apodado como "El Peón"; asimismo, el nombre completo de Daniel Beristaín González y que es apodado como "El Peón Chico". 14) El dictamen en criminalística de campo número 37/2020, emitido por Roberto Espíndola Armenta; del cual se obtuvo: ( Que se realizó el procesamiento del vehículo marca Dodge, del cual se obtuvieron un total de 5 indicios que fueron entregados al agente del ministerio público. 15) El informe de investigación de catorce de abril de dos mil veinte, emitido por Orlan Esaú Flores Marín; del cual se obtuvo: ( La inspección y descripción del lugar de los hechos: Calle Nueva España, esquina con 3 Norte, Rancho Chico de San Miguel Zozutla, de Yehualtepec, Puebla. 16) El informe de investigación AEI/TECAM/3188/2020, suscrito por Orlan Esaú Flores Marín; del cual se obtuvo: ( El nombre completo de Héctor Beristaín González y de Daniel Beristaín González, obtenidos a través de fuentes abiertas y cerradas. Luego, el juez de control valoró los datos de expuestos por el fiscal, así como el debate sostenido entre éste y la defensa del quejoso, concluyendo que se encontraban acreditados los hechos con apariencia del delito indicado, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, en los términos siguientes: A. Que atendiendo a la naturaleza propia del hecho, por el cual se formuló la imputación (homicidio calificado), y al lugar en donde ocurrió (población de Zozutla perteneciente a la demarcación territorial de Tecamachalco, Puebla), se declaró competente para resolver la situación jurídica de Héctor Beristaín González, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20 Constitucionales, en relación con el numeral 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los artículos 33, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. B. Que los hechos puestos a su conocimiento consistieron en que el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos (circunstancias de tiempo), Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara, circulaban a bordo del vehículo marca Dodge, tipo Attitude color gris, sin placas de circulación, sobre la Calle Nueva España, entre las calles 3 y 5 Norte, con dirección de oriente a poniente, en la comunidad de Rancho Chico, en San Miguel Zozutla, municipio de San Simón Yehualtepec, Puebla (circunstancias de lugar), momento en que se les emparejó una camioneta tipo Pickup, doble cabina, de color blanco, marca Chevrolet, sin placas de circulación, a bordo de la cual se encontraban Lázaro Ramírez Benítez, alias "El Chilaquiles", Daniel Beristaín González y Héctor Beristaín González (circunstancias de modo); que al pasar la esquina de la calle 3 Norte, ambos vehículos detuvieron la marcha; enseguida, Daniel Beristaín González y Héctor Beristaín González descendieron de la camioneta portando armas de fuego cortas en sus respectivas manos derechas (circunstancias de modo); luego , se acercaron a la ventanilla del lado del conductor del vehículo Dodge Attitude, sin placas de circulación (circunstancias de modo); posteriormente, con las armas de fuego apuntaron a la víctima Juan Pablo León Lara y, en ese momento, Roque Rodríguez Montes y César Ramírez Sánchez, llegaron por la parte de atrás del citado vehículo y se dirigieron a la ventanilla del copiloto, apuntando a la víctima Alexis León Lara (circunstancias de modo); después, Lázaro Ramírez Benítez gritó "ya mátalos, que sepan los hijos de la chingada quiénes mandan"; en ese momento, Daniel Beristaín González accionó su arma de fuego corta de color negro en contra de Juan Pablo León Lara; al mismo tiempo, Héctor Beristaín González accionó en dos ocasiones su arma de fuego en contra de Alexis León Lara (circunstancias de modo); enseguida, Roque Rodríguez Montes gritó: "ya los chingamos vámonos de inmediato"; posteriormente, Daniel, Héctor, Roque, César y Lázaro corrieron hacia la camioneta Pickup, se subieron y huyeron del lugar (circunstancias de modo). C. Relacionó los datos de prueba expuestos por el fiscal, con excepción de la entrevista recabada a Gladys Galicia González, extrayendo la información que estimó fundamental para establecer la existencia del hecho con la apariencia del delito de homicidio calificado y la probable responsabilidad del imputado Héctor Beristaín González. D. Hizo alusión a que la defensa de Héctor Beristaín González cuestionó que no era creíble que los casquillos se encontraran a 2.10 metros, a 2.23 metros y a 3.20 metros, respectivamente, del lugar donde se ubicaba el vehículo que circulaban las víctimas, pues argumentó que lo "propio" sería que se hubieran ubicado en la inmediación de donde fueron accionadas las armas de fuego; al respecto, el juez de control consideró que dicha afirmación no era totalmente contundente, pues -dijo- debía tomarse en cuenta el tipo de arma accionada, que los casquillos al momento de ser percutidos son lanzados con motivo del accionamiento del arma y que los casquillos al ser expulsados del arma no necesariamente tienen que caer en el mismo lugar de donde se acciona el arma porque la percusión hace que éstos salgan disparados, como sale la ojiva por el cañón. Que, por tanto, el hecho de que los casquillos hayan sido encontrados a 2.10 metros, a 2.23 metros y 3.20 metros -respectivamente-, no implicaba una falta de lógica y de congruencia en el hecho expuesto por el fiscal. E. Hizo referencia a que la defensa de Héctor Beristaín González argumentó que el ministerio público se condujo con deslealtad, al señalar que de la entrevista de Gladys Galicia González no expuso completamente su contenido, quien -a dicho de la defensa en réplica- declaró: "dice ella y refiere que el día 22 de noviembre del año 2018, siendo las 16:25 se encontraban en un curso de estilismo, en la presidencia municipal de la colonia de Rancho Chico, y que a su vez le informan, que habían matado a su suegro, y que su esposo de nombre Fredy León Lara se encontraba escondido, y que temía por su vida, por lo que refiere que dice que ve pasar a las personas de nombre Héctor Beristaín, Daniel Beristaín, Lázaro Ramírez, César Ramírez y Roque Rodríguez, que pasaron como 15 minutos, que le marco un familiar y no recuerda quien fue, pero que le dijeron que acababan de matar a su suegro, por lo que ella habla con su mamá, se comunica y le dice que se tranquilizara, que no había pasado nada, que fuera a ver, y refiere que se dirige al lugar en donde se tenía escondido , en donde tenían escondido a su esposo, que era por Rancho Chico, y menciona que, en un momento ve como se detiene la camioneta de color blanco tipo Pickup marca Chevrolet sin placas de circulación, y que había pasado un momento antes a toda velocidad y con la música a todo volumen, menciona que era conducida por Lázaro Ramírez Benítez donde venía Daniel Beristaín González y en la parte trasera del lado del copiloto venia Héctor Beristaín González, que se le emparejó y paró al vehículo de marca Dodge línea Attitude de color gris, sin placas de circulación, que en el interior estaban sus cuñados, Juan Pablo León Lara y Alexis León Lara y que observó como Lázaro Ramírez, estaba parado a un lado de la ventanilla del piloto, cabe remarcar y que en sus manos tenía un arma, un arma larga de color negro, que estaba platicando con su cuñado, y que en ese momento ella se aproxima para, se aproxima a una distancia aproximada de 10 metros, y menciona que se encontraba del otro lado de la acera, junto a un auto lavado para preguntarle (sic), que se iba acercar para preguntarle a los cuñados si ya sabían que habían matado a su suegro, y dice que su esposo de nombre este (sic), que si sabían dónde estaba su esposo de nombre Fredy León Lara, y es cuando escucha que le dice Lázaro Ramírez Benítez, que le comprara el arma, que se la dejaba a buen precio, es decir a 10 metros de distancia esta persona escucha todo, y dice que pasan unos 5 minutos aproximadamente llega por la parte de atrás donde se encontraban los vehículos parados, que supuestamente llegan de la calle 3 Norte, una persona que observo que se acerca que es de nombre César Ramírez Sánchez al que le dicen "El Trompas", y que también se acerca Roque Rodríguez Montes a quien le apodan "El Roqui" o "El Quesos", que ellos mismos portaban armas de fuego cortas, en sus manos tipos pistolas, que observó que César Ramírez traía la pistola en la mano derecha y Roque Rodríguez Montes portaba la pistola también en su mano derecha, y que César Ramírez Sánchez comienza a gritarle a Lázaro Ramírez, que, que carajos pensaba que porque no se había chingado a esos pendejos, que venían a matarlos, que servía para pura madre el carbón y dispara César Ramírez Sánchez una vez en contra del vehículo en donde venían sus cuñados, Juan Pablo León Lara y Alexis León Lara, pegando el disparo en la ventana de lado izquierdo de la puerta trasera del lado del conductor, en dirección del lado del copiloto, mismo donde se encontraba su cuñado Alexis Lara León, posterior a eso, llega César Ramírez Sánchez le grita a Roque Rodríguez Montes ya dispara cabrón, vamos a darle en la madre a estos hijos de la chingada, inmediato a lo dicho, por César Ramírez Sánchez a Roque Rodríguez Montes, se acerca Roque Rodríguez Montes del lado del conductor, del mismo lado que se encontraba supuestamente el señor Lázaro, donde estaba su cuñado Juan Pablo Lara León y les grita, les dije que el pueblo y el negocio es nuestro y por pinches necios se los llevó (sic), se los va a llevar la chingada, disparándole en 2 ocasiones, disparando en 2 ocasiones Roque Rodríguez Montes a Juan Pablo León Lara, contradicción por lo manifestado por la fiscalía, que supuestamente dice que quien disparo fue tanto el señor Héctor como el señor Daniel, dice que pasan un instante y Lázaro Ramírez Benítez tira al suelo el arma larga de color negro, y saca una pistola de color negro que traía fajada a la altura de la cintura entre el cinturón del lado izquierdo, se acerca del lado del copiloto es decir que da toda la vuelta completamente (sic), da toda la vuelta completamente porque primero menciona que estaba del lado del piloto, y dice que dispara en una ocasión en contra de su cuñado Alexis, dice que al haber pasado lo anterior, baja Héctor Beristaín González del asiento trasero del lado del copiloto de la camioneta, es decir, que en ningún momento menciona que él está ahí, en el lugar, si no que él se encontraba en el vehículo, y dice que mismo que traía un arma en su mano izquierda, dato razonable porque el fiscal dice supuestamente la otra (sic), el otro testigo dice que el portaba la pistola del lado derecho, de la mano derecha, contradicción. Asimismo señoría dice que en ese momento recoge del suelo el arma larga de color negro, misma que en momentos antes fue puesta, posterior, posteriormente por el señor Lázaro Ramírez que la tira al suelo nuevamente así dice y Héctor Beristaín González escuchó como le grita a Lázaro Ramírez, escuchó ella que le grita a Lázaro Ramírez Benítez, vámonos cabrón ya te los chingaste, de forma inmediata desciende Daniel Beristaín González quien desciende de la camioneta color blanco sin placas de circulación igual, dice que mismo que traía un arma corta de color negro tipo pistola en su mano derecha, para dirigirse al lado del conductor, del conductor de la camioneta, entonces Héctor Beristaín González, César Ramírez Sánchez y Roque Rodríguez Montes les grita trépense ya a la camioneta, ya los matamos, vámonos o nos va a llevar la chingada, ya calentamos mucho esto, se sube a la camioneta de inmediato, y los demás se suben, Daniel Beristaín González es quien conduce, Lázaro Ramírez se sube del lado del copiloto, Roque Rodríguez se sube de la puerta trasera del conductor, Héctor Beristaín González, se sube del lado de la puerta del copiloto y César Ramírez se sube también, se arrancan en dirección al puente y se van". F. Al respecto, el juez de control indicó que de acuerdo con las técnicas y la teoría del caso de cada una las partes, se podía incorporar la información conforme a la conveniencia de su teoría y no necesariamente debían y estaban obligados a exponer todo el contenido de un determinado dato de prueba; entonces, de acuerdo a la teoría del caso del ministerio público, solo le había sido necesario referir de esa entrevista que el día de los hechos, observó que se encontraban las victimas a bordo del vehículo Dodge Attitude, así como Héctor Beristaín González junto con otras personas, circulando en una camioneta Pickup, color blanco, sin placas de circulación. No obstante ello, tomando en consideración lo argumentado por la defensa sobre el resto de la narrativa expuesta por la testigo Gladys Galicia González, el juez señaló que sí trascendía su dicho, puesto que estaba exponiendo hechos que si bien no contradecían la hipótesis del ministerio público, sí resultaban ser divergentes a la pretensión del ministerio público, por lo que concedió razón a la defensa y no tomó en cuenta la entrevista de dicha ateste. G. Destacó lo argumentado por la defensa, en el sentido de que del oficio 528/2020, se desprenden entrevistas de Gladys Galicia González y de la testigo Nohemí (de la que no se me proporcionó mayor información) recabadas el uno de julio de dos mil veinte, quienes manifestaron que no estuvieron en el lugar de los hechos, lo cual fue considerado por el juez de control para no tomar en cuenta el contenido de la entrevista de Gladys Galicia González. H. Destacó que para la emisión de un auto de vinculación a proceso no se requieren pruebas plenas, sino únicamente información de la cual emerjan indicios razonables. I. Consideró que de toda la información expuesta por el ministerio público, resultaba objetiva, clara y suficiente para establecer que dos personas que respondieron al nombre de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara fueron privados de la vida el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, cuando se encontraban a bordo de un vehículo de la marca Dodge tipo Attitude color gris, sin placas de circulación, circulando sobre la calle Nueva España, entre las calles 3 y 5 Norte de la comunidad de Rancho Chico, en San Miguel Zozutla, municipio de San Simón Yehualtepec, Puebla. J. Que la vida de dichas personas fue informada por quienes llevaron a cabo la identificación de los cuerpos, es decir, Oralia Martínez León y Ambrosia Lara Suárez, quienes, además, refirieron y confirmaron que respondían a los nombres de Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara, que resultaron ser primos y sobrinos de ambas testificantes -respectivamente-; asimismo, que la vida de las víctimas se encontraba justificada con los extractos de las actas de nacimiento exhibidas. K. Que la privación de la vida fue violenta, porque las víctimas resintieron heridas producidas por proyectil de arma de fuego. L. Que hubo pluralidad de personas que privaron de la vida a las víctimas. M. Que existió un señalamiento claro y contundente en contra de Héctor Beristaín González, por parte de Alejandro Flores Jiménez, considerándolo un indicio fundado y suficiente para poder establecer meridianamente que el primero participó en la comisión de los hechos; asimismo, agregó que ese señalamiento no se encontraba desvirtuado de manera alguna. N. Que no existía información que favoreciera a Héctor Beristaín González y que destruyera aquélla materia de la imputación. En esencia, son las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. Subtema 2. Se estima ajustada a derecho la valoración que el juez realizó a los datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia inicial, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se explica. La naturaleza legal del dato de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una mera referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. En ese sentido, se consideran idóneos para establecer que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas por la fiscalía, el quejoso Héctor Beristaín González y otro sujeto, accionaron -respectivamente- en contra de las víctimas Juan Pablo León Lara y Alexis León Aranda las armas de fuego que portaban, logrando con ello causarles lesiones que, a la postre, generaron su deceso, mismo que evidentemente no derivó de causas naturales sino por un homicidio violento, según lo concluido en los dictámenes de necropsia. De igual forma, dicho datos son suficientes para establecer la agravante de ventaja propuesta por la fiscalía -la cual se prevé en la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado de Puebla-, habida cuenta que existe información de que los activos eran superiores a sus víctimas por las armas que emplearon, así como información de que éstas no tenían armas para repeler la agresión en su contra. Asimismo, debe decirse que la probable responsabilidad del quejoso también se encuentra debidamente establecida con los datos de prueba expuestos. En efecto, el juez responsable -de forma acertada- estimó que la entrevista de Alejandro Flores Jiménez era idónea para señalar que Héctor alias "El Peón" participó como coautor material en los hechos que se le refutan, como aquella persona que, junto con otro sujeto, privó de la vida a Juan Pablo León Lara y a Alexis León Aranda -respectivamente-, con el accionar de un arma de fuego; entrevista que se adminicula con los informes de investigación que arrojan que el quejoso Héctor Beristaín González es apodado con el seudónimo "El Peón". Ahora bien, el ahora demandante constitucional estima inconstitucional la vinculación a proceso, en virtud de lo siguiente: 1. Que la inspección del lugar de los hechos en nada abona para justificar su probable responsabilidad en los hechos imputados, al no concatenarse con las entrevistas de los testigos ni con el dictamen en balística, por lo que -sostiene- no existe certeza de la distancia en que fueron accionadas las armas de fuego. 2. Que los datos de prueba expuestos por el fiscal son contradictorios, en virtud de que de las entrevistas recabadas a Alejandro Flores Jiménez y a Gladys Galicia González existen dos versiones distintas de cómo sucedieron los hechos, lo cual se hizo valer por su defensa en audiencia. 3. Que el juez de control únicamente tomó en consideración la entrevista de Alejandro Flores Jiménez para establecer su probable responsabilidad en los hechos imputados; sin embargo, -refiere- que de los argumentos hechos valer por su defensa y de los datos de prueba derivados de la carpeta de investigación se desprende información suficiente que desvirtúa de manera total y completa el señalamiento que dicho testigo realiza en su contra. 4. Que la vinculación a proceso viola el principio de presunción de inocencia. En ese tenor, -como se adelantó- son ineficaces e infundados los motivos de disenso formulados. En primer lugar, debe decirse que el quejoso parte de una premisa errónea al señalar que la información derivada de la inspección de lugar de los hechos sirvió para establecer su probable responsabilidad en la comisión de los hechos imputados; lo anterior, porque dicho dato de prueba no fue tomado en consideración expresamente por el juez de control para acreditar tal aspecto; en cambio, para tal fin sólo tomó en cuenta la entrevista de Alejandro Flores Jiménez y los informes de investigación en redes sociales que apuntaron que el quejoso se apodaba con el seudónimo que dicha persona mencionó al momento de rendir su entrevista, es decir, que Héctor Beristaín González tenía el apodo de "El Peón". De ahí que resulte ineficaz cuando sostiene que la inspección del lugar de los hechos en nada abona para justificar su probable responsabilidad en los hechos imputados. Por otro lado, este juzgador coincide con el quejoso cuando alega que en las entrevistas recabadas por el fiscal a Alejandro Flores Jiménez y a Gladys Galicia González existen dos versiones distintas de cómo sucedieron los hechos; sin embargo, debe decirse que dicha contradicción, en todo caso, quedó sin materia con la debida exclusión que realizó el juez de control de la entrevista de la segunda mencionada, por existir una posterior en la que Gladys Galicia González negó estar presente en los hechos materia de la imputación. Justamente, la autoridad responsable, después de escuchar a la defensa, sí advirtió que en las versiones de dichos sujetos existía una contradicción en los elementos fácticos de cómo se actualizó la conducta antijurídica y, luego, tomando en consideración que en un informe de investigación se recabó una diversa entrevista a Gladys Galicia González el uno de julio de dos mil veinte, en la que manifestó que no estuvo presente en el momento de los hechos materia de la imputación, descartó su entrevista rendida ante el fiscal el doce de abril de dos mil veinte. Dicho en otras palabras, el juez de control desestimó la entrevista de Gladys Galicia González rendida ante el fiscal por falta de credibilidad, pues apreció en ella narró los acontecimientos en los que las víctimas perdieron la vida y, con posterioridad, destacó que la misma persona, en diversa entrevista recabada posteriormente, indicó que no estuvo presente en ese momento. En ese tenor, se estima correcto que el juez de control no la tomara en consideración para resolver la situación jurídica del quejoso. En cambio, conviene agregar que con la exclusión señalada no existe información diversa que contradiga o desvirtué lo narrado por Alejandro Flores Jiménez, por lo que su entrevista -como se dijo- es idónea y suficiente para establecer la probable responsabilidad del quejoso. Entonces, si la determinación judicial que ahora se combate, se realizó en función de hechos que el órgano técnico de acusación puso en conocimiento del juez de control, mediando la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, quien decide, debe apreciar los indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan. Lo que en la especie acontece, pues el juez responsable externó las razones y justificaciones por las que estima que los datos de prueba que ahora se cuestionan, a pesar de los alegatos defensivos, subsisten en su existencia, y son pertinentes e idóneos para establecer el hecho delictivo y la probable participación del imputado, en grado de suposición, bajo el prisma de un ejercicio libre y lógico, que a juicio de quien aquí resuelve, no se aprecia como desajustado de tales parámetros. Cuenta habida que lo relevante es el señalamiento de Alejandro Flores Jiménez respecto de la persona del quejoso, como aquél que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que precisaron en sus entrevistas, cometió junto con otro sujeto los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado. De ahí que, para la etapa procesal en que se dictó el auto de vinculación a proceso, es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Por ende, el dato de prueba al ser una referencia del contenido de un medio de convicción no desahogado aun, debe ser pertinente e idóneo, en conjunción con otros, para establecer la existencia de los hechos punibles y la probable intervención del quejoso en su comisión, en grado de suposición, lo cual se actualiza en el presente asunto. Recordemos que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Lo anterior, no implica que cuando se advierta una causa de exclusión del delito (atipicidad, causas de justificación, inimputabilidad e inculpabilidad), el juez no pueda declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan; es decir, para tener por acreditada la existencia de un hecho considerado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable. Por otro lado, -como se dijo- el dato de prueba es la simple indicación que el fiscal realiza al juez de control en la audiencia inicial, sobre la existencia del contenido de un determinado medio de convicción aun no perfeccionado, en la carpeta de investigación, que se advierte como idóneo, pertinente y útil para establecer -no demostrar plenamente- que existe un hecho delictivo y que probablemente, determinada persona -imputado- participó en cualquier forma en su comisión. De ahí que, si el medio de convicción al que se refiere el dato no ha sido naturalmente perfeccionado, menos aún pueda indagarse sobre aspectos que atañen a su correcto o legal desahogo, con base en un análisis de la forma en que aquello se ha verificado dentro de la carpeta de investigación, pues además de no tener esta última a la vista al momento de resolver la situación jurídica, lo relevante es la existencia y la exposición de tales datos de prueba por el Ministerio Público, para únicamente establecer aquellos extremos normativos, seguido de la advertencia por el Juez de control sobre su pertinencia e idoneidad para tal efecto, asignándoles esas cualidades de manera libre, lógica y justificada. En diverso sentido, es menester indicar que de conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito. En ese contexto, contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, en el oral acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con base en ello, una entrevista registrada como dato de prueba, no puede considerarse análoga a una testimonial, pues ésta consiste en la obtención de una declaración realizada de forma directa ante una autoridad judicial y las partes, que es valorada como una prueba; en cambio, la entrevista, como acto de investigación, cuyo contenido se convierte en dato de prueba, consiste en los indicios, noticias o hechos que se desprenden del diálogo que tuvo el Ministerio Público con una persona. Así, en la testimonial se tiene la narración directa del testigo ante la autoridad judicial, mientras que en la entrevista como dato de prueba, es la narración del Ministerio Público, con sus propias palabras y tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, obtuvo de una conversación con la víctima o alguna persona que intervino o presenció el hecho que investiga. Por tanto, en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde éste narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. Razones por las cuales, resultan ineficaces e infundados los motivos de disenso en los que el quejoso sostiene que no existe información que establezca su probable responsabilidad en los hechos imputados al haber advertido una contradicción en las entrevistas de Alejandro Flores Jiménez y Gladys Galicia González. Finalmente, es infundado el agravio en donde se afirma una violación al principio de presunción de inocencia, ya que el juez de control jamás revirtió la carga probatoria que corresponde al ministerio público para acreditar -en el estándar que se requiere para el dictado de un auto a vinculación a proceso- la existencia de un hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad del imputado. Apartado C (conclusión). Realizando una recapitulación, en líneas precedentes se determinó -medularmente- lo siguiente: A. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional competente, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. B. Que el juez de control veló por el derecho del quejoso de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que su defensor privado, interviniente en la audiencia inicial, fuera licenciado en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. C. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. D. Que existen datos de prueba suficientes y pertinentes para establecer la existencia de hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Juan Pablo León Lara y Alexis León Lara. E. Que dichos datos de prueba también son suficientes para establecer la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión. F. Que son ineficaces e infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, sobre todo aquéllos en los que alega una violación al principio de presunción de inocencia y en los que pretende contrarrestar la información que pesa en su contra con las contradicciones advertidas en las entrevistas rendidas ante el fiscal por Alejandro Flores Jiménez y Gladys Galicia González. En consecuencia, se considera constitucional que el juez de control, en audiencia celebrada el tres de agosto de dos mil veinte, haya vinculado a proceso al quejoso Héctor Beristaín González, dentro de la causa penal 67/2020/TECAMACHALCO, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito indicado y, por ende, se le niega el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto a ese acto combatido. Noveno. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Décimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso la presente sentencia, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de Tecamachalco, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que su personal autorizado en términos amplios, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Beristaín González, respecto a la determinación de vincularlo a proceso, dictada en audiencia oral de tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 67/2020/TECAMACHALCO, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Alexis León Lara y de Juan Pablo León Lara; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado en la demanda de amparo; por lista a la tercera interesada Anel Lara Suárez, madre de los occisos Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara -víctimas del delito-; y, por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE noviembre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Beristaín González, respecto a la determinación de vincularlo a proceso, dictada en audiencia oral de tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 67/2020/TECAMACHALCO, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de homicidio calificado, en agravio de Alexis León Lara y de Juan Pablo León Lara; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado en la demanda de amparo; por lista a la tercera interesada Anel Lara Suárez, madre de los occisos Alexis León Lara y Juan Pablo León Lara -víctimas del delito-; y, por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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