HECTOR EDUARDO LEIJA ALMANZA y Otros.
Expediente 1324/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1324/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- HECTOR EDUARDO LEIJA ALMANZA y Otros.
- Lilibeth Arroyo Goznalez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por medio del cual acusa recibo del oficio E-981-4 del índice de este órgano jurisdiccional e informa que por auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dicho juzgado Federal aceptó la competencia declinada a su favor y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Lilibeth Arrroyo González o Lilibeth Arroyo González, a nombre de Héctor Eduardo Leija Almanza, David Tinajero Benavides y Eder Daniel Escorza Cabadas. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad 1. Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, quien de conformidad a la suspensión de oficio y de plano concedida a los directos quejosos, informa que acata la referida medida cautelar; de lo que queda enterada la suscrita jueza Federal, para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la referida autoridad, a los profesionistas que señala en su informe de cuenta. Por otro lado, intégrese al expediente, únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado que pretende rendir dicha autoridad; lo anterior, en virtud de que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. En diverso aspecto, ya que a la fecha en que se actúa, no se tiene conocimiento de qué juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez correspondió conocer, por razón de turno de la incompetencia planteada en el juicio de amparo del que emanó el presente cuaderno de memoria -enviada por medio de oficio E-981-4 de la facturación de correos de seis de diciembre de dos mil diecisiete-; en consecuencia, solicítese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, para que, informe a qué órgano jurisdiccional correspondió conocer por razón de turno de la incompetencia planteada en el presente asunto.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Lilibeth Arrroyo González o Lilibeth Arroyo González, a nombre de Héctor Eduardo Leija Almanza, David Tinajero Benavides y Eder Daniel Escorza Cabadas, contra actos del 1. Coordinador de Centro Federales, 2. Comisionado de Seguridad Pública, y 3. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1324/2017-E. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados por la promovente Lilibeth Arrroyo González o Lilibeth Arroyo González, a nombre de Héctor Eduardo Leija Almanza, David Tinajero Benavides y Eder Daniel Escorza Cabadas, consisten en la orden de traslado de los directos quejosos, del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, a diverso centro penitenciario de la República Mexicana, así como su ejecución. En ese tenor, atento a que los actos reclamados son atribuidos a autoridades no jurisdiccionales, se provee lo relativo a la suspensión de oficio y de plano, de la siguiente manera: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), estableció, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Así mismo, la citada Sala, al resolver la contradicción de tesis 154/2016, tomó en consideración lo determinado en las citadas jurisprudencias y, de una interpretación del artículo 126 de la Ley de Amparo, concluyó que cuando se reclame una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta, al haberse generado fuera de procedimiento. En ese contexto, con fundamento en los artículos 126 y 161 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a los directos quejosos Héctor Eduardo Leija Almanza, David Tinajero Benavides y Eder Daniel Escorza Cabadas, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se traslade a los agraviados del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, a diverso centro penitenciario de la República Mexicana, o a un lugar distinto del de su reclusión, incluso dentro del propio centro penitenciario, si con ello corre peligro su vida o integridad física; lo que deberá tomar en consideración la responsable para dictar las medidas más adecuadas en relación con las condiciones en que deben permanecer recluidos. Sustenta el criterio de la suscrita jueza de Distrito la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Ahora bien, la media cautelar concedida no surtirá efectos en los casos siguientes: 1. Si la orden de traslado fue dictada mediante resolución administrativa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución, es decir: a) En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; b) En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, c) En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Porque de concederse soslayando tales aspectos, se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En este supuesto, deberán remitir copia certificada de la determinación del juez que calificó de legal o no la orden administrativa de traslado. 2. Si la orden de traslado fue dictada por una autoridad judicial. 3. Si la suspensión de la orden de traslado que se reclama es materia de una medida cautelar dictada dentro de un diverso juicio de amparo o en su incidente de suspensión. 4. Si la orden de traslado ya fue ejecutada. Hágase del conocimiento de las autoridades administrativas que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, dentro del término de veinticuatro horas, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior dentro de un veinticuatro horas, se les impondrá a cada una y por separado una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Además, debe indicarse a las autoridades responsables, que la medida aquí decretada tampoco impide la aplicación de las correcciones disciplinarias previstas en el Reglamento Interior de dicho Centro de Reclusión (Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz); debiendo en su caso, las autoridades responsables, remitir de inmediato las constancias correspondientes. En otro orden, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se reclama la orden de traslado de los directos quejosos, del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, a diverso Centro Readaptación Social Federal del país, así como su ejecución. En ese tesitura como el Centro Federal de Readaptación Social antes referido donde los quejosos manifiestan estar en reclusión y donde en su caso se comenzaría a ejecutar el traslado reclamado se ubica dentro de la jurisdicción de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, motivo por el cual este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia por territorio para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo transcrito establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. En ese contexto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y en atención a que el acto reclamado tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en términos del cuarto punto, fracción séptima, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sin que en la especie se inobserve por la suscrita Juzgadora Federal el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se debe prevenir la demanda de amparo, para que realice el señalamiento expreso de autoridades ejecutoras con residencia en el Juzgado de Distrito del conocimiento. Lo anterior es así, dado que claramente de los hechos narrados en la demanda de garantías, no se advierte la intervención de autoridad ejecutora en este Circuito Judicial; ello aunado a que la parte quejosa reclama el traslado del Estado de Veracruz a diverso Centro de Readaptación Social Federal del país y, en el Estado de Puebla no existe Centro Federal de Readaptación Social alguno al cual puedan ser traslados los directos quejosos, por lo que como se concluye en el presente acuerdo, no es posible la ejecución del traslado reclamado en este circuito Judicial. En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa (integrado con la papeleta de turno, el escrito de demanda y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento), al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. Se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con copia de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Además, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentran recluidos los directos quejosos, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Villa Aldama, Veracruz, en turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los directos quejosos Héctor Eduardo Leija Almanza, David Tinajero Benavides y Eder Daniel Escorza Cabadas, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1324/2017-E-; d) Notifique a los directos quejosos el presente proveído; e) Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si los directos quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la licenciada María del Carmen Ortega Reguera, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. En otro orden, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente.
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