Hardy Pantoja Calvillo y Otros.
Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hardy Pantoja Calvillo y Otros.
- Hardy Pantoja Calvillo
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda presentada por Hardy Pantoja Calvillo, Marcela Sánchez Martínez, Sandra Olivia Escobar García, Omar Salgado Solorio y Ángel Alfonso Valdez Santillán. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. S AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y CONCUERDAN CON EL EXPEDIENTE FÍSICO. DOY FE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda presentada por Hardy Pantoja Calvillo, Marcela Sánchez Martínez, Sandra Olivia Escobar García, Omar Salgado Solorio y Ángel Alfonso Valdez Santillán. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. S AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y CONCUERDAN CON EL EXPEDIENTE FÍSICO. DOY FE.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y AL PERITO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA: GUILLERMO MACIEL JIMÉNEZ, ASÍ COMO A LA TERCERA INTERESADA CAJA POPULAR LAGUNILLAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. EL SIGUIENTE ACUERDO:ntégrense los comunicados que remite la autoridad responsable, mediante el cual informa que el veintitrés y veinticuatro de los cursantes, comparecieron los especialistas designados por la tercera interesada y quejosa, respectivamente, a fin de a imponerse del juicio subyacente en que obra la firma dubitada. Atento a lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de los peritos designados por las partes tercera interesada y quejosa, que conforme al auto de nueve de junio de dos mil veintiuno cuentan con el plazo de diez días hábiles para emitir su dictamen pericial, contados a partir del día en que se impusieron del juicio de origen; en el entendido, en que en caso de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes indicado. Por otra parte, agréguese el ocurso signado por el perito de la parte tercera interesada, mediante el cual manifiesta que el veintitrés de los cursantes tuvo acceso al expediente en el que obra la signatura controvertida, por lo que solicita ampliación del término por cinco días hábiles para emitir el dictamen pericial. En atención a lo anterior, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que preceden.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueven Hardy Pantoja Calvillo, Marcela Sánchez Martínez, Sandra Olivia Escobar García, Omar Salgado Solorio y Ángel Alfonso Valdez Santillán, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 594/2021-IV-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del estudio integral de la demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama: El acuerdo del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aprobado en sesión celebrada el cuatro de junio de dos mil veintiuno en el que aprueba "LA REFORMA A LA MALLA CURRICULAR" y/o "Reforma al Plan de Estudios de Bachillerato con vigencia a partir del ciclo escolar 2021-2022", debido a que la aprobación de la citada reforma se realizó cuando había vencido el término del encargo y comisión de los miembros e integrantes del aludido órgano. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. En efecto, los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo trascrito no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo establece qué autoridades tienen el carácter de responsables, así como cuándo tendrán tal naturaleza los particulares. De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado a la autoridad responsable se hace consistir en el siguiente: El acuerdo del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aprobado en sesión celebrada el cuatro de junio de dos mil veintiuno en el que aprueba "LA REFORMA A LA MALLA CURRICULAR" y/o "Reforma al Plan de Estudios de Bachillerato con vigencia a partir del ciclo escolar 2021-2022", debido a que la aprobación de la citada reforma se realizó cuando había vencido el término del encargo y comisión de los miembros e integrantes del aludido órgano. Ahora, el estudio integral de la demanda de amparo revela que el argumento toral, en el cual descansa el reclamo de la parte quejosa consiste en que los miembros e integrantes del Consejo Técnico Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aprobaron un acuerdo cuando, a decir de la parte quejosa, había fenecido el término de su encargo. Es decir, que la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado se constriñe en verificar si, en efecto, había concluido o no, el encargo del H. Consejo Técnico en mención cuando emitieron la reforma al plan de estudios de bachillerato para el ciclo escolar 2021-2022. Bajo ese contexto, se advierte que el acto reclamado está relacionado con el procedimiento de vigencia en el cargo de los miembros del Consejo Técnico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahora, este juzgador considera necesario acudir al contenido del artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Federal, que prevé lo relativo a las universidades, su autonomía y la forma de autogobierno, en los términos siguientes: "Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. [.] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y [.]" Como se desprende de la transcripción anterior, la Constitución Federal dispone que las universidades podrán gozar de autonomía, por lo que resulta necesario determinar cuál es el origen, el límite y las finalidades que constitucionalmente corresponden a las atribuciones de autogobierno que derivan de la autonomía universitaria regulada en el citado precepto. Ahora, por cuanto hace al origen de la autonomía universitaria, el citado artículo 3°, fracción VIII, constitucional, señala con precisión que ésta será conferida en la ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Unión o de las legislaturas locales. Por otra parte, la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3° constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen, discusión de las ideas y, con base en ello, determinar sus planes y programas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en diversos criterios en qué consiste la autonomía universitaria, señalando, de manera específica, que las universidades públicas son órganos del Estado que cuentan con autonomía, la cual implica dotarlas con competencias, entre otras, de autogobierno, en atención a la necesidad de lograr con la mayor eficacia la prestación del servicio educativo que les está atribuido, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que aquélla se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. Dicho criterio se encuentra reflejado, entre otras, en las siguientes tesis: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." Tesis de jurisprudencia que se derivó del amparo en revisión 1195/92, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al recurso de revisión interpuesto por Julio Oscar Trasviña Aguilar, en contra de la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en el juicio de amparo 545/92. "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, determinó que conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. En congruencia con ese criterio, y en virtud de la autonomía que el dispositivo constitucional citado le concede a la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta se encuentra facultada para gobernarse a sí misma, a través de sus propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su propia legislación, así como en la creación de sus propios órganos de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias que se deriven del incumplimiento de su propia normativa." En continuación con el estudio de la autonomía de la que gozan las universidades públicas, debe precisarse que el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, establece lo siguiente: "Artículo 143. Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Título, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo, se normarán conforme lo dispone la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución General de la República". Caso concreto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tendrá como facultad la de gobernarse a sí misma, lo que se pone de manifiesto de conformidad con los ordenamientos internos que la rigen. Ahora, con relación a la naturaleza del acto reclamado y en atención a los argumentos vertidos por la parte quejosa, se advierte que el Consejo Técnico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ejerce dos de las facultades que le confiere el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para autogobernarse, una, para elegir a sus miembros y, otra, para determinar los planes y programas internos. Ahora, en un primer aspecto, se tiene que el artículo 2, fracciones I y III, de la Ley Orgánica de la aludida Universidad, establecen como atribuciones de ésta la de elegir y remover libremente a sus autoridades y determinar los planes y programas académicos, de investigación científica, de difusión de la cultura y de extensión Universitaria. Luego, el Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos, se puede advertir, en lo que importa, que en el artículo 14 establece que corresponde a la Secretaría del H. Consejo Universitario emitir convocatoria para elecciones a representantes Profesores y Alumnos. Por otra parte, del Reglamento Interno del Honorable Consejo Universitario, en su artículo 1°, establece que dicho órgano es la máxima autoridad del gobierno de la Universidad (salvo las atribuciones que corresponden a la Comisión de Rectoría) el cual estará integrado por: El Rector; Los Directores de las Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; El Titular del Consejo de Investigación Científica; Un Consejero Titular Profesor y Alumno de cada Escuela, Facultad e Instituto; Un Representante Propietario por cada uno de los Sindicatos titulares de los Contratos Colectivos de Trabajo; Un Representante Propietario por todas las Casas del Estudiante; y, Un Representante Propietario de la Sociedad de Nicolaitas Exalumnos con derecho a voz únicamente. Además, en su artículo 2°, fracción IV, precisa que corresponde a dicho órgano de gobierno la facultad de aprobar planes y programas de estudios, métodos de enseñanza, así como sistemas de evaluación del aprovechamiento de los alumnos con base en los dictámenes que presente la Comisión Permanente Técnico Pedagógica. Esto es, de los instrumentos normativos aludidos se puede advertir que la Universidad Michoacana, encuentra en ellos lo relativo las cuestiones inherentes a su autonomía para autogobernarse, otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del artículo 3°, por la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del numeral 143, la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esas condiciones, este órgano de control constitucional no advierte que el acto reclamado a la parte quejosa le genere alguna afectación directa a sus derechos sustantivos, pues contrario a ello, debe tomarse en consideración que a su vez, éstos forman parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su calidad de profesores, por ello, el hecho de que la autoridad señalada como responsable haya ejercido o no dos de las atribuciones que las leyes le confieren para autodeterminarse, específicamente, para reformar al plan de estudios de bachillerato para el ciclo escolar 2021-2022, no les causan afectación alguna, pues dicha circunstancia compete a cuestiones internas de la propia Universidad. Lo anterior es así, toda vez que si bien la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de conformidad con el artículo 1° de su Ley Orgánica, es un organismo público descentralizado por servicio, pues la educación, en términos del artículo 3° constitucional, es una responsabilidad del Estado que lo encarga, mediante la delegación de facultades, a las universidades autónomas por ley, por lo cual, siendo una fórmula de organización de la administración pública, es parte integrante del Estado y, como tal, los actos que emita son susceptibles de afectar la esfera jurídica de los gobernados; sin embargo, tal supuesto se actualiza cuando éstos se emitan en ejercicio de la función del servicio público que presta dicha institución educativa, como ente descentralizado del Estado, de acuerdo con el invocado artículo 3º de la Constitución General de la República, en tanto afecte en sí y ante sí, de manera unilateral, la esfera jurídica del gobernado. En el caso específico que se analiza, la posición de la parte quejosa frente a la autoridad universitaria que señala como responsable no es la de gobernados en términos constitucionales, ya que el hecho de que invoquen en su demanda de amparo como violados, entre otros, los preceptos 14 y 16, de la Constitución General de la República no cambia la naturaleza de los actos en sí, el cual no emerge del imperio que corresponde a la Universidad, como parte de la administración pública estatal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, dado que, tanto el tema de la elección y permanencia de los miembros de los Consejos Técnicos de la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como la de determinar sus planes de estudio, se desarrollan con base en su autogobierno, que deriva de los instrumentos legales antes mencionados. Por consiguiente, no se trata de decisiones que creen, extingan o modifiquen alguna situación jurídica, ya que por el hecho de que el acuerdo recurrido en esta instancia haya sido emitido por el Consejo Técnico Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en aras de sus atribuciones normativas, ya que el estatus de profesores o alumnos no se verá modificado, lo que conduce a sustentar que si en esos actos la universidad no desarrolla ni ejerce el poder público, pues los quejosos no tienen la calidad de gobernados, sino la de formar parte de la estructura de la propia Universidad y, por ello, no puede afectar algún derecho fundamental protegido por las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concluye, en el presente caso se advierte que se encuentra inmiscuido un organismo autónomo, dado que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución con autonomía y personalidad propia, de conformidad con los artículos 1° y 2°, de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de ahí que cualquier conflicto suscitado entre sus miembros no pueda considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo. Además, debe tenerse en cuenta que los Consejos Técnicos tienen por actividad la de regular el funcionamiento de las dependencias universitarias, a fin de cumplir a cabalidad con la finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, como son educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que rigen a la educación que se imparte en el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, implementando para ello los planes y programas de estudio que consideren pertinentes para lograr dicho fin. Particularmente, debe precisarse que el Consejo Técnico de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo tiene a su cargo atribuciones, funciones y deberes específicos para realizar esa finalidad constitucional, los cuales están precisados en el artículo 47 del Estatuto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, órgano universitario que se encuentra integrado por el Director de la Escuela, Facultad o Instituto respectivo, un profesor y un alumno por cada grado escolar; es decir, dicha autoridad contribuye en el control y calidad de la prestación del servicio educativo a su cargo, cuyo proceso de elección se enmarca, precisamente, dentro del principio de autonomía universitaria. Así, lo precedente revela que tanto las funciones del Consejo Técnico como su elección son fieles expresiones de las facultades del autogobierno, las cuales no sólo son competencias que se limitan a regular actividades relacionadas con el servicio educativo, por el contrario son de un espectro mayor, dado que promueven el desarrollo educativo, mediante la ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y normas que las universidades emiten; supervisan y controlan la actividad universitaria que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, están facultados para realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios y dirimen los conflictos que lleguen a surgir al interior del plantel, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 20/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO. Las competencias que derivan de la facultad de autogobierno de las universidades públicas son las siguientes: a) Normativas, que se traducen en la aptitud de expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura; b) Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; c) Supervisión, que implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; y d) Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario". Bajo esa óptica, es claro que en el presente caso no puede tenerse como autoridad responsable a la autoridad universitaria que señalan los quejosos, ya que si bien existen ciertos supuestos en los que las autoridades universitarias pueden ser consideradas como responsables para los efectos del amparo, ello no acontece en la especie, pues atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos que se le reclaman y a los motivos de afectación que esgrimen, y que consisten, esencialmente, a cuestiones de permanencia y/o vigencia de los Consejeros Técnicos Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se llega a la conclusión de que la responsable, a través de tal acto, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de los quejosos. Luego, toda vez que los actos reclamados tienen consecuencias jurídicas únicamente al interior de la Universidad, en la que sus autoridades actúan de manera autónoma para la determinación de sus procesos de selección, vigencia y de calificación de sus elecciones internas, lo jurídico es estimar que no se está en presencia de un acto de autoridad que pueda ser combatible a través del amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido constitucional y legalmente para inmiscuirse en la esfera de competencia ejecutiva de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues la designación de sus funcionarios así como la determinación de los planes de estudios constituyen actos que tienen consecuencias, únicamente en el interior de la referida institución educativa, que realiza bajo las bases de las disposiciones que la rigen. Consideraciones anteriores que fueron parte de la resolución recaída al amparo en revisión 1921/2009, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dieron origen a la tesis siguiente: "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversos precedentes que para estimar que se ha realizado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de tal manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. En este orden, el examen de los artículos 1o., 2o., 8o., 9o. y 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permite sostener que la Comisión de Rectoría de dicha Universidad es una de sus autoridades administrativas y, por ende, depositaria de su gobierno, por lo cual en ejercicio de la competencia ejecutiva de esa casa de estudios derivada de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere, posee la atribución de designar al Rector; luego, el mecanismo conforme al cual la Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Por lo tanto, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la señalada Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del nombramiento del Rector de la citada Universidad, se llega a la conclusión de que aquella autoridad, a través de tales actos, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del quejoso, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano". Jurisprudencia anterior que, además, revela que la elección del Máximo Órgano Universitario (Rector) no está sujeta a control constitucional mediante el juicio de amparo, precisamente porque el nombramiento de Rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad, máxime que la posición del aspirante a ese encargo no es la de gobernado para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investido dicho órgano. De lo que se sigue que los procedimientos de elección de los órganos de la máxima casa de estudios nicolaita, no se sujetan a control constitucional. También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 918 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, registro 164876, de la literalidad siguiente: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos". Asimismo, se invoca en vía de orientación, la tesis IV Región 2o. 7 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Localizable en la página 2255, de la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, Libro 32, julio de 2016, Tomo III, registro 2012044, del tenor siguiente: "UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. LA ELECCIÓN EFECTUADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LOS DOCENTES QUE INTEGRARÁN SUS RESPECTIVOS CONSEJOS UNIVERSITARIO, TÉCNICO UNIVERSITARIO Y DIVISIONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 918, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR.", estableció, entre otras premisas, que: i. En términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; ii. Dentro de estos principios está el de autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior; iii. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios; y, iv. La garantía institucional de autonomía universitaria impide que algún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación, verbigracia, decidiendo quiénes deben ser designados funcionarios universitarios, amén de que esa determinación constituye un acto ad-intra. Ahora bien, con sujeción a las proposiciones descritas, se concluye que la elección efectuada por la Asamblea General de Profesores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de los docentes que integrarán sus respectivos Consejos Universitario, Técnico Universitario y Divisional, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional, por lo que, al impugnarse mediante esa vía, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que esa deliberación se inserta en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, resolviendo quiénes deben ser electos como integrantes de dichos órganos universitarios. Lo anterior es así, porque de los artículos 1, 6, 11, 12, 13 y 44 de la ley orgánica de la citada universidad, así como de los diversos 20, 25, 26 y 27 de su estatuto general, se colige que ésta es un organismo público descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma, mediante la designación de sus respectivas autoridades universitarias, entre las cuales están los referidos cuerpos colegiados; incluso, el primero de éstos es el máximo órgano de discusión y decisión, que tiene por objeto expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo de dicha universidad pública. Luego, la designación de los docentes que fungirán como integrantes de esos órganos colegiados, constituye un acto decisorio ad-intra de la mencionada universidad, pues lo adopta autónomamente, al interior de su asamblea de profesores, en términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo disuelva la esfera de competencias ejecutivas universitarias, pues se itera, la designación de sus funcionarios constituye un acto que tiene consecuencias, únicamente, al interior de la referida institución educativa, que emite bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones internas". Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio "no son actos de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerados como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la nueva Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación con los autorizados dígasele que se tienen como tales a los que indica únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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