Hebert Rodolfo Lara Ferreyra
Expediente 1379/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1379/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hebert Rodolfo Lara Ferreyra
Actuaciones
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Hebert Rodolfo Lara Ferreyra, contra los actos que reclamó de las autoridades y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.
- Principal
Visto el comunicado del Titular de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en contra de la Mujer y Feminicidio, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Incidental
Apertura del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha en el juicio de amparo II-1379/2019, promovido por Hebert Rodolfo Lara Ferreyra, por propio derecho, de conformidad con los artículos 125, 128, último párrafo y 130 de la Ley de Amparo vigente, con dos copias simples de la demanda se inicia por duplicado el trámite del incidente de suspensión, en contra de las autoridades siguientes: N°AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Titular de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso Contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. 2 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso Contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. De quienes reclama: La orden de localización, búsqueda, presentación, y/o aprehensión, así como su ejecución. Requerimiento de informes previos y señalamiento de audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto de reformas constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, acorde a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia, sin perjuicio de presumir ciertos los actos reclamados, para los efectos del presente incidente. Con fundamento en los artículos 168 y 140 de la Ley de Amparo, en el citado informe previo deberá concretarse a expresar si son o no ciertos los actos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde, y que determine la existencia de los actos que de ella se reclama y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, así como la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa y, en su caso, si es factible, la situación económica de la misma y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia; además debe precisar el delito o delitos por el cual se libró la orden de localización, búsqueda, presentación, y/o aprehensión, los artículos que los tipifican y sancionan a éstos y si se trata de un delito que implique prisión preventiva oficiosa. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Precisión de actos reclamados para resolver sobre la suspensión provisional. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se obtiene que el promovente reclama en esta instancia constitucional: La orden de localización, búsqueda, presentación, y/o aprehensión, así como su ejecución. Petición de parte respecto a la suspensión. La parte quejosa solicitó la suspensión provisional del acto reclamado y, en su momento, la definitiva; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado. Toda vez que se trata de la suspensión provisional, para efecto de determinar la existencia del acto reclamado deberá atenderse, en forma preliminar, únicamente a lo expuesto por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo y a las pruebas que, en su caso, hubiese aportado. De ahí que, bajo tal contexto, resulta suficiente lo esgrimido en la demanda de amparo para tener demostrada la existencia de los actos reclamados en esta vía. Susceptibilidad de suspender los actos reclamados. Los actos reclamados son de carácter positivo, por lo cual conllevan actos de ejecución, mismos que sí son susceptibles de ser suspendidos. Concesión de la suspensión provisional. En ese sentido, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, ya que, en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por el agraviado en su escrito inicial de demanda, no se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse el acto reclamado sería difícil la reparación de los daños y perjuicios. Con fundamento en el artículo 166, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, para los efectos siguientes: Si la orden de aprehensión fue dictada por un delito que tenga prevista prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso, una vez detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad personal y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para la continuación del mismo. En el caso de que la orden de aprehensión hubiese sido dictada por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el solicitante del amparo no sea detenido, con motivo de la orden reclamada. Efectos de la suspensión respecto de la orden de localización, búsqueda o presentación. Ahora, respecto del diverso acto que se combate consistente en la orden de localización, búsqueda o presentación, así como su ejecución, en virtud de que se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, ya que, en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por el agraviado en su escrito inicial de demanda y no se contravienen disposiciones de orden público. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada XCIII/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor literal siguiente: "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía". En tal virtud, en acatamiento a los preceptos 162 y 165, párrafo primero, en relación con el 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, para que no se le prive de la libertad deambulatoria, con motivo de la orden de localización, búsqueda o presentación que reclama, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, toda vez que, por una parte, si bien dicha orden no tiene como propósito lograr su "detención", lo cierto es que dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el quejoso, se limita temporalmente su derecho a la libertad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 109/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Condiciones de la suspensión. La medida cautelar no surtirá efectos en favor del agraviado, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de localización, búsqueda, presentación, y/o aprehensión, dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables por el peticionario del amparo. Además, la suspensión concedida sólo surtirá efecto en caso de que la orden de localización, búsqueda, presentación, y/o aprehensión, así como su ejecución, que se reclama haya sido emitida con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que lo fue a las quince horas con cincuenta minutos del diez de diciembre de dos mil diecinueve, pues de emitirse con posterioridad, no surtirá efectos la suspensión provisional concedida y podrá ejecutarse el acto reclamado. La suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Garantía para que siga surtiendo sus efectos la suspensión provisional. Con fundamento en el artículo 136, en relación con el numeral 22, ambos de la Ley de Amparo en vigor, la medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si el quejoso, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, no exhibe una garantía a satisfacción de este juzgado, por la cantidad siguiente: N° QUEJOSO CANTIDAD 1 Hebert Rodolfo Lara Ferreyra. $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Lo anterior, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberá aparecer como depositante, para garantizar su devolución a la autoridad que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Asimismo, dicho billete de depósito deberá contener los requisitos siguientes: 1) Nombre del quejoso. 2) Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. 3) Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4) Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5) Importe por el cuál se expidió el certificado para otorgar la garantía. 6) Fecha de expedición del certificado. La exhibición de tal garantía deberá ser en términos del artículo 32 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que textualmente refiere: "Artículo 32.- AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". Asimismo, se requiere a la parte quejosa para que, de optar por la cubrir la garantía mediante billete de depósito, la cantidad que ha sido fijada como caución deberá ser exhibida a través de un solo billete donde se contenga la totalidad del monto antes precisado. Requisito que se impone en atención al principio de eficiencia que debe regir en la recepción de los diversos recursos que ingresan a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y que se orienta a establecer una organización ágil sobre la recepción y manejo de esos ingresos, principio que deriva del título décimo segundo de la Ley de Amparo y que se desarrolla en el Acuerdo General 17/2007, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Con fundamento en el artículo 163 de la ley de la materia, la cantidad se fija de manera discrecional, por no contar con la información para decretarla en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo vigente, misma que podrá variar si con posterioridad aparecen las circunstancias que así lo ameriten. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis I.7o.P.39 P, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantías, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante de garantías se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis". Sin que por el momento haya lugar a exigir a el quejoso que comparezca ante la autoridad responsable que la requiera, en términos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto se tenga certeza respecto de la existencia de los actos reclamados y, en su caso, de la autoridad que lo emitió; de ahí que dicha medida de aseguramiento, no será exigible hasta en tanto la autoridad que emitió el acto reclamado rinda informe previo, en el que manifieste si es o no cierto el acto que se le atribuye, cuestión ésta que, en su caso, deberá notificarse personalmente a la parte promovente, a efecto de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral invocado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir efectos. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 149/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". Para facilitar el envío de las comunicaciones oficiales, las autoridades responsables deberán hacer uso de la vía telegráfica o fax al número 014433226960, extensión 1162, en el entendido que los informes y demás promociones que se realicen con base en la última de las tecnologías enunciadas, solo será válida una vez que cualquiera de los secretarios del juzgado, confirme el envío y recepción; motivo por el cual la utilización de la misma es responsabilidad exclusiva del servidor público requerido; por tanto, debe confirmar, sin excepción, la recepción del documento transmitido por fax. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. CXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo contenido es el siguiente: "RESOLUCIÓN ENVIADA POR FAX (TELEFACSÍMIL). PUEDE TOMARSE EN CUENTA SI SÓLO CORROBORA LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE. Si en un expediente de un conflicto competencial, el proveído por el que una Junta Local de Conciliación y Arbitraje consta en un documento enviado por fax y el mismo sólo corrobora los datos que derivan de otros medios probatorios, como la resolución de la Junta Federal que también se consideró incompetente y que ordenó enviar el asunto a la Suprema Corte para que definiera a qué órgano jurisdiccional le correspondía conocer del asunto, la solicitud de la Secretaría de Acuerdos de la Sala al presidente de la Junta de que remitiera copia certificada del proveído en el que se declaró incompetente así como tales medios de comprobación llevan a la plena convicción de que el referido documento enviado por fax procede del funcionario que lo remitió. El criterio se sustenta, además por una parte en que si bien la legislación procesal aplicable no contempla de manera específica el fax (telefacsímil) como medio probatorio, ello se debe a que cuando se emitió no existía ese adelanto y, por otra, en que contribuye a salvaguardar el principio de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Constitución y que tiene especial aplicación en conflictos competenciales que al plantearse suspenden la tramitación del juicio respectivo". Si las autoridades responsables cuentan con la firma electrónica avanzada (FIREL) del Poder Judicial de la Federación, el informe y en su caso los anexos podrán ser remitidos al correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en el entendido que ninguna otra firma es válida para este efecto. Señalamiento de domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal, así como autorizando en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Rendón Herrera, ello toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Expedición de copias. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de este acuerdo, previa razón que de su recibo obre en autos para constancia legal. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Admisión. Vista la demanda de amparo promovida por Hebert Rodolfo Lara Ferreyra, por propio derecho, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, párrafo segundo, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite contra actos de las autoridades siguientes: N°AUTORIDADES RESPONSABLES1 Titular de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso Contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. 2 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, Homicidio Doloso Contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. De quienes reclama: La orden de localización, búsqueda, presentación, y/o aprehensión, así como su ejecución. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número II-1379/2019, tanto el libro de gobierno como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Incidente de suspensión Como el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados, con fundamento en el ordinal 128, fracción I, de la citada Ley de Amparo, se ordena tramitar por separado y duplicado el incidente respectivo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése a la representación social de la adscripción la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 3o. J/2, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 673, tomo II, segunda parte-2, julio a diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado, que deben rendir por escrito dentro del plazo de quince días; exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio; la constitucionalidad o legalidad del acto que se les atribuye, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la ley instrumental aplicable se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Señalamiento de audiencia constitucional. Con apoyo en el precepto 115, párrafo primero, de la ley en aplicación, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Terceros interesados. Por otro lado, se reserva proveer respecto al emplazamiento de las personas a quienes pudiera resultar el carácter de terceros interesados, hasta en tanto se cuente con las constancias de donde deriva el acto reclamado. Requerimiento de información sobre la actualización de causales de sobreseimiento. Asimismo, con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en la materia, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Uso de medios electrónicos. De igual forma, en atención a la solicitud de la parte quejosa, se le autoriza para la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígasele al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal, así como autorizando en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Rendón Herrera, ello toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del dispositivo 2, párrafo segundo, de la ley en aplicación. Autorizados para firmar oficios. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Expedición de copias. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de este acuerdo, previa razón que de su recibo obre en autos para constancia legal. Digitalización y anotaciones respectivas. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y háganse las anotaciones en el libro de gobierno así como en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
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