Gustavo Sarabia Ramírez
Expediente 566/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gustavo Sarabia Ramírez
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda presentada por Gustavo Sarabia Ramírez. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. CAMBIO DE TITULAR Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO Intégrese el oficio de incompetencia y sus anexos, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; en atención a su contenido, este juzgado asume el conocimiento del asunto; regístrese bajo el número 566/2021-IV-C y acúsese el recibo correspondiente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama: ?La resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-50/2021, que modificó la resolución interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, en el juicio sucesorio intestamentario 148/2020.En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Afecten a personas extrañas; y, 3. Determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así pues, conviene precisar que el quejoso señaló como acto reclamado y autoridad responsable el siguiente: Autoridad responsable: ? Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Acto reclamado: La resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-50/2021, que modificó la resolución interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, en el juicio sucesorio intestamentario 148/2020. Para evidenciar la actualización de la indicada causal de improcedencia, se estima necesario realizar una narración de los antecedentes del acto reclamado, expuestos por el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, de los que esencialmente se desprende: a) Por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, Concepción, Maricela, José Luis, Juana y Benigno, todos de apellidos Monroy Núñez, comparecieron ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes de Ma. Paz Monroy Núñez, [quien era concubina del ahora quejoso], registrándose con el número 148/2020, manifestado, bajo protesta de decir verdad, que no había más presuntos herederos, la cual se admitió a trámite. b) Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el peticionario Gustavo Saravia Ramírez, compareció al juicio subyacente a deducir sus derechos hereditarios en cuanto concubino de la autora de la sucesión, en el cual ofreció y desahogo diversos medios de prueba, entre los cuales se encuentra la constancia de domicilio expedida el veinticinco de agosto de dos mil veinte, por el Secretario del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán; empero, que al llevarse a cabo la ratificación de dicha documental la autoridad municipal dijo que no era suya la firma estampada en esa constancia y, que por tanto no la había expedido. c) El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, dictó sentencia interlocutoria, en la que determinó que la notificación realizada a los presuntos herederos Benigno y Ángel, ambos de apellidos Monroy Núñez, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo cual, para salvaguardar los derechos de éstos y del debido proceso, ordenó reponer el procedimiento, declarando nulo todo lo actuado a partir del auto de diecisiete de junio de dos mil veinte, a fin de que se realizara correctamente su notificación. d) Determinación que fue recurrida por Juana Monroy Núñez, albacea provisional de la sucesión, misma que fue modificada en apelación por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en resolución de quince de abril del año en curso, dictada en el toca I-50/2021, para ahora, declarar únicamente nulas las notificaciones practicadas a los presuntos herederos Benigno y Ángel, de apellidos Monroy Núñez, no así el procedimiento a partir del auto de diecisiete de junio de dos mil veinte. Siendo éste el acto reclamado por el promovente, en virtud de que, desde su punto de vista lo priva de la oportunidad de intervenir en las actuaciones realizadas dentro del sucesorio intestamentario de origen, las cuales no se declararon nulas. De acuerdo a lo narrado por el quejoso en su escrito de demanda el acto reclamado se emitió dentro del trámite de la primera sección de un juicio sucesorio intestamentario; empero, el primigenio no decidió dicha etapa, en virtud de que determinó reponer el procedimiento para que se notificara legalmente a los coherederos Benigno y Ángel, ambos de apellidos Monroy Núñez, declarando nulo todo lo actuado en el juicio de origen a partir del proveído de diecisiete de junio de dos mil veinte; resolución que modificó el ad quem para ahora determinar que únicamente serían declaradas nulas las notificaciones de aquéllos, subsistente las demás actuaciones; sin embargo, no existe resolución que haya decidido la primera sección en el sucesorio intestamentario de origen. Al respecto, resulta oportuno señalar que los artículos 1012 al 1016, 1046, 1047, 1048 y 1049, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establecen, en su orden, lo siguiente: "Artículo 1012. En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho". "Artículo 1013. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización; II. La denuncia del intestado; III. Los nombramientos y remociones de albaceas; IV. Las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, V. Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores". Artículo 1014. La segunda sección se llamará de inventarios y contendrá en su caso: I. Los inventarios que presenten los albaceas provisionales, interinos o definitivos, o los herederos y el cónyuge sobreviviente, en su caso; II. Los avalúos; y, III. Los incidentes que se susciten sobre estos puntos. Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores. Artículo 1016. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de partición; II. Los arreglos relativos; III. Las ventas y la aplicación de los bienes; y, IV. Las sentencias y los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores". De los normativos transcritos se colige, en lo que aquí interesa, que la sucesión constituye un juicio universal que se integra por cuatro secciones que se denominan, la primera: "de sucesión", la segunda: "de inventarios", la tercera: "de administración" y la cuarta: "de partición"; coligiéndose también que cada una de ellas se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. En la primera sección, se decidirá la validez del testamento y las personas con derecho al caudal hereditario de la autora de la sucesión, quienes deberán acudir a deducir sus derechos, cuyo resultado es susceptible de ser apelado. Acorde con lo anterior, es posible concluir que, si el juicio sucesorio está constituido de cuatro secciones distintas que se deciden por separado mediante la resolución especial correspondiente, entonces, las violaciones cometidas en cada una de ellas (las tres primeras), sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o le ponga fin. En ese sentido, el acto que reclama el quejoso no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las tres primeras etapas del juicio sucesorio; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. En este tenor, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado en sentido contrario. Lo anterior, pues como se dijo, el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En relación con los actos de imposible reparación, en la tesis de jurisprudencia P./J.37/2014 (10a) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107 fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". Con base en la nueva disposición, el Alto Tribunal sustentó el criterio, que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que JUZGADO 4° DE DISTRITO debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió, que la anterior interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicha jurisprudencia, se publica en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y es de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ES ULTERIOR RECURSO, IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En la especie, como se adelantó, no opera el supuesto de irreparabilidad a que se alude en el criterio jurisprudencial transcrito; contrario a ello, la determinación que combate el quejoso en esta instancia constitucional es la resolución que modificó la interlocutoria emitida en la primera sección del sucesorio de origen; empero ésta no decidió dicha etapa, ya que no se ha determinado qué personas se considera herederos de los bienes, derecho, acciones y obligaciones que en vida pertenecieron a Ma. Paz Monroy Núñez [concubina del quejoso], pues únicamente se ordenó declarar nulas las notificaciones realizadas a dos coherederos y realizar legalmente su llamamiento, por lo que se considera que dicha resolución no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso. Ciertamente, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales; como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos, etcétera. Esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente; lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden subsanadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Atendiendo a dicha concepción, debe entenderse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso desaparecen los efectos producidos por aquellas actuaciones. Esto es, dichos actos sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Máxime que los efectos del acto reclamado pueden ser intrascendentes, porque el quejoso tiene expedito su derecho para aportar las pruebas que justifiquen su entroncamiento con la autora de la sucesión, esto es, que fue su concubino, lo que en todo caso será materia de estudio que realice el juzgador al resolver en definitiva la primera sección del juicio y determinar quiénes son los herederos de la de cujus (lo que aún no ha acontecido); empero, de ser adversa la determinación que resuelva la primera sección y estime que se cometió alguna violación en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo correspondiente a tal etapa, el quejoso podrá impugnarla vía apelación, la que de persistir podrá controvertirla en amparo indirecto (previo a que agote el principio de definitividad), instancia en la que estará en condiciones de invocar todas las violaciones procesales que estime cometidas, con las características aludidas. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis VI.20.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1311, Novena Época cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.3o.C.439 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1546, Materia Civil, Novena Época, la cual establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia1] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación con los autorizados dígasele que se tienen como tales a los que indica únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: RADICACIÓN Y REGISTRO Intégrese el oficio de incompetencia y sus anexos, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; en atención a su contenido, este juzgado asume el conocimiento del asunto; regístrese bajo el número 566/2021-IV-C y acúsese el recibo correspondiente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama: ?La resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-50/2021, que modificó la resolución interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, en el juicio sucesorio intestamentario 148/2020.En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se expondrá en los apartados subsecuentes. El supuesto determinado en la fracción y numeral aludido establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, VI y VIII, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Del estudio correlativo de las fracciones antes transcritas se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando: 1. Sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. Afecten a personas extrañas; y, 3. Determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos y en una diversa fracción (VIII) estableció la procedencia del amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero mencionando el supuesto específico. Lo cual cobra relevancia, dado que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio o fuera de juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así pues, conviene precisar que el quejoso señaló como acto reclamado y autoridad responsable el siguiente: Autoridad responsable: ? Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Acto reclamado: La resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-50/2021, que modificó la resolución interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, en el juicio sucesorio intestamentario 148/2020. Para evidenciar la actualización de la indicada causal de improcedencia, se estima necesario realizar una narración de los antecedentes del acto reclamado, expuestos por el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, de los que esencialmente se desprende: a) Por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, Concepción, Maricela, José Luis, Juana y Benigno, todos de apellidos Monroy Núñez, comparecieron ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes de Ma. Paz Monroy Núñez, [quien era concubina del ahora quejoso], registrándose con el número 148/2020, manifestado, bajo protesta de decir verdad, que no había más presuntos herederos, la cual se admitió a trámite. b) Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el peticionario Gustavo Saravia Ramírez, compareció al juicio subyacente a deducir sus derechos hereditarios en cuanto concubino de la autora de la sucesión, en el cual ofreció y desahogo diversos medios de prueba, entre los cuales se encuentra la constancia de domicilio expedida el veinticinco de agosto de dos mil veinte, por el Secretario del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán; empero, que al llevarse a cabo la ratificación de dicha documental la autoridad municipal dijo que no era suya la firma estampada en esa constancia y, que por tanto no la había expedido. c) El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, dictó sentencia interlocutoria, en la que determinó que la notificación realizada a los presuntos herederos Benigno y Ángel, ambos de apellidos Monroy Núñez, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo cual, para salvaguardar los derechos de éstos y del debido proceso, ordenó reponer el procedimiento, declarando nulo todo lo actuado a partir del auto de diecisiete de junio de dos mil veinte, a fin de que se realizara correctamente su notificación. d) Determinación que fue recurrida por Juana Monroy Núñez, albacea provisional de la sucesión, misma que fue modificada en apelación por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en resolución de quince de abril del año en curso, dictada en el toca I-50/2021, para ahora, declarar únicamente nulas las notificaciones practicadas a los presuntos herederos Benigno y Ángel, de apellidos Monroy Núñez, no así el procedimiento a partir del auto de diecisiete de junio de dos mil veinte. Siendo éste el acto reclamado por el promovente, en virtud de que, desde su punto de vista lo priva de la oportunidad de intervenir en las actuaciones realizadas dentro del sucesorio intestamentario de origen, las cuales no se declararon nulas. De acuerdo a lo narrado por el quejoso en su escrito de demanda el acto reclamado se emitió dentro del trámite de la primera sección de un juicio sucesorio intestamentario; empero, el primigenio no decidió dicha etapa, en virtud de que determinó reponer el procedimiento para que se notificara legalmente a los coherederos Benigno y Ángel, ambos de apellidos Monroy Núñez, declarando nulo todo lo actuado en el juicio de origen a partir del proveído de diecisiete de junio de dos mil veinte; resolución que modificó el ad quem para ahora determinar que únicamente serían declaradas nulas las notificaciones de aquéllos, subsistente las demás actuaciones; sin embargo, no existe resolución que haya decidido la primera sección en el sucesorio intestamentario de origen. Al respecto, resulta oportuno señalar que los artículos 1012 al 1016, 1046, 1047, 1048 y 1049, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establecen, en su orden, lo siguiente: "Artículo 1012. En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho". "Artículo 1013. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización; II. La denuncia del intestado; III. Los nombramientos y remociones de albaceas; IV. Las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, V. Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores". Artículo 1014. La segunda sección se llamará de inventarios y contendrá en su caso: I. Los inventarios que presenten los albaceas provisionales, interinos o definitivos, o los herederos y el cónyuge sobreviviente, en su caso; II. Los avalúos; y, III. Los incidentes que se susciten sobre estos puntos. Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores. Artículo 1016. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de partición; II. Los arreglos relativos; III. Las ventas y la aplicación de los bienes; y, IV. Las sentencias y los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores". De los normativos transcritos se colige, en lo que aquí interesa, que la sucesión constituye un juicio universal que se integra por cuatro secciones que se denominan, la primera: "de sucesión", la segunda: "de inventarios", la tercera: "de administración" y la cuarta: "de partición"; coligiéndose también que cada una de ellas se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente. En la primera sección, se decidirá la validez del testamento y las personas con derecho al caudal hereditario de la autora de la sucesión, quienes deberán acudir a deducir sus derechos, cuyo resultado es susceptible de ser apelado. Acorde con lo anterior, es posible concluir que, si el juicio sucesorio está constituido de cuatro secciones distintas que se deciden por separado mediante la resolución especial correspondiente, entonces, las violaciones cometidas en cada una de ellas (las tres primeras), sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o le ponga fin. En ese sentido, el acto que reclama el quejoso no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las tres primeras etapas del juicio sucesorio; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. En este tenor, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado en sentido contrario. Lo anterior, pues como se dijo, el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En relación con los actos de imposible reparación, en la tesis de jurisprudencia P./J.37/2014 (10a) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107 fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". Con base en la nueva disposición, el Alto Tribunal sustentó el criterio, que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que JUZGADO 4° DE DISTRITO debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Añadió, que la anterior interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicha jurisprudencia, se publica en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y es de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ES ULTERIOR RECURSO, IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En la especie, como se adelantó, no opera el supuesto de irreparabilidad a que se alude en el criterio jurisprudencial transcrito; contrario a ello, la determinación que combate el quejoso en esta instancia constitucional es la resolución que modificó la interlocutoria emitida en la primera sección del sucesorio de origen; empero ésta no decidió dicha etapa, ya que no se ha determinado qué personas se considera herederos de los bienes, derecho, acciones y obligaciones que en vida pertenecieron a Ma. Paz Monroy Núñez [concubina del quejoso], pues únicamente se ordenó declarar nulas las notificaciones realizadas a dos coherederos y realizar legalmente su llamamiento, por lo que se considera que dicha resolución no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso. Ciertamente, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales; como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos, etcétera. Esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente; lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden subsanadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Atendiendo a dicha concepción, debe entenderse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso desaparecen los efectos producidos por aquellas actuaciones. Esto es, dichos actos sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Máxime que los efectos del acto reclamado pueden ser intrascendentes, porque el quejoso tiene expedito su derecho para aportar las pruebas que justifiquen su entroncamiento con la autora de la sucesión, esto es, que fue su concubino, lo que en todo caso será materia de estudio que realice el juzgador al resolver en definitiva la primera sección del juicio y determinar quiénes son los herederos de la de cujus (lo que aún no ha acontecido); empero, de ser adversa la determinación que resuelva la primera sección y estime que se cometió alguna violación en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo correspondiente a tal etapa, el quejoso podrá impugnarla vía apelación, la que de persistir podrá controvertirla en amparo indirecto (previo a que agote el principio de definitividad), instancia en la que estará en condiciones de invocar todas las violaciones procesales que estime cometidas, con las características aludidas. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis VI.20.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1311, Novena Época cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.3o.C.439 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1546, Materia Civil, Novena Época, la cual establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia1] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación con los autorizados dígasele que se tienen como tales a los que indica únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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