Héctor Álvarez Gallegos

Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
3/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Héctor Álvarez Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Estado de autosVisto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno (en la que se sobreseyó en el juicio de amparo) sin que lo hubiera hecho. Entonces, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO la resolución aludida para todos los efectos legales a que haya lugar. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se sobreseyó en el juicio de amparo. Mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva de este juicio de control constitucional también es susceptible de DESTRUCCIÓN pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada por la parte quejosa. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos (treinta días siguientes), procédase a la destrucción de los cuadernos mencionados, observándose lo dispuesto en el penúltimo y último párrafos del numeral 18, así como lo referido en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente, así como en la del cuaderno original del incidente de suspensión. Devolución de documentos Sin que haya lugar a la devolución de documentos a la parte promovente ya que los mismos fueron aportados digitalmente en términos del artículo 12, inciso f), del Acuerdo General de Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. De igual forma, sin que haya lugar a devolver garantía a la parte quejosa pues no se concedió la suspensión provisional y definitiva dentro del incidente de suspensión respectivo. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones respectivas de las anteriores determinaciones en los libros de gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos: Demanda de amparo Auto admisorio de seis de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Sentido Acto reclamado 1 Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Cierto (recibido el trece de enero de dos mil veinte) La circular 054, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, suscrita por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de los autos que anteceden; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que únicamente el quejoso allegó como medios de convicción de su parte, las documentales ofrecidas en la demanda de amparo. Al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119, 123 y 124 de la citada ley, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales indicadas, en razón de su propia y especial naturaleza, y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo, se cierra esta etapa. Acto continuo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que ninguna de las partes formuló alegatos, se tiene por perdido su derecho de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, procede pronunciar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-3/2021; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintiuno en el portal de servicios en informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, turnado ese día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Héctor Álvarez Gallegos, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la norma general que consideró violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 4o., 16 y 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, narró bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. En proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se requirió a la autoridad responsable el informe justificado correspondiente; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente para conocer de este juicio, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República (reformados mediante decreto del seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente); 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo; 48, 52 fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado está constituido por una norma general auto aplicativa que surte sus efectos dentro de la jurisdicción territorial de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para fijar con precisión en qué consisten los actos reclamados debe tomarse en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.40/2000, ha establecido la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De la jurisprudencia invocada, como ya se dijo, se desprende que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad, por lo que si la parte quejosa designa de manera incorrecta o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte esa situación, el juez de distrito debe precisarlo, a fin de que las personas no vean obstaculizado el derecho de acceso a la justicia. Ahora, en la demanda de amparo la parte quejosa señaló los actos reclamados de la forma siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: .- De las autoridad señalada se reclama: LA CIRCULAR 054, de fecha 29 de diciembre de 2020, suscrita por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia". TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, pues así se desprende del contenido del informe justificado rendido por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y se corrobora con el documento que la parte quejosa acompañó a la demanda ingresado al sistema institucional mediante firma electrónica y con la protesta a que alude el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio consejo, por tanto con valor probatorio pleno. CUARTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". También la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el resolutor se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. IV.1. Este órgano jurisdiccional observa que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. En efecto, los actos consumados se entienden -conforme a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza se clasifican en: a) actos consumados de modo reparable y; b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que los efectos que producen la ejecución o consumación del acto pueden ser restituidos o reparables al obtenerse una sentencia de amparo favorable en los términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, ya sea porque exista una imposibilidad física o jurídica. La primera se presenta cuando el bien jurídico tutelado en la norma ha dejado de existir, como el trascurso del tiempo; lo segundo se presenta cuando una situación jurídica haya quedado definida y no se puedan volver las cosas al estado al que se encentraban antes de cometida la violación, porque física o jurídicamente exista tal imposibilidad. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni jurídicamente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física, material o jurídica de los mismos, es decir, al hecho de que el quejoso pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados), salvo en los casos, como el que nos ocupa, que se trate de normas generales que estuvieron vigentes durante determinado período. En efecto, la circular 054 emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, estableció una restricción de carácter general, a todos los establecimientos mercantiles y de servicio para que cerraran los días treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como todos los viernes, sábados y domingos del mes de enero de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas, lo que se advierte de la siguiente inserción: Con la salvedad de aquellos cuyos servicios fueran consultorios médicos, hospitales y sanatorios, farmacias, clínicas médicas, gaseras, gasolineras, hoteles, servicios de velación y gas medicinal, giros mercantiles que son ajenos al que ejerce la quejosa (restaurante-bar). En ese contexto, del contenido nominal de la circular reclamada se advierte, que la vigencia de las restricciones se circunscribió del treinta uno de diciembre de dos mil veinte al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, período que ya concluyó; sin que se advierta prueba en el juicio de amparo en el sentido de que la autoridad emisora haya prolongado la vigencia de esa precitada circular más allá de la fecha en comento, ni de que el acto reclamado hubiese generado un daño objetivo. Por tanto, al haber concluido el período para el cual se emitió y durante en el cual surtió plenamente sus efectos, habrá de concluirse que el juicio de amparo es improcedente. En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia aludida y, por ello, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Héctor Álvarez Gallegos, por propio derecho, contra actos del Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, precisados en el tercero de la presente resolución.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Rubén Gutiérrez Pedraza, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso último.

  4. Principal

    Reanudación de labores. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluiría el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mi veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 77, último párrafo, de la ley en la materia, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, tomando en consideración que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, dentro de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria, y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: Dictar auto en el que se pronuncie sobre las acciones que considere más eficaces para lograr el cumplimiento del laudo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el juicio laboral ******************** De ser el caso, aplicar en beneficio del quejoso ********************la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho que entró en vigor al día siguiente de su publicación, con motivo de la cual se otorgaron al tribunal burocrático diversas atribuciones para lograr la ejecución de los laudos que emita. Con base en lo anterior, deberá hacer los requerimientos y apercibimientos que en derecho correspondan, respetando los plazos establecidos en la ley; y, en su caso, haciéndolos efectivos, a fin de que se cumpla a cabalidad con el indicado laudo, hasta lograr que el quejoso reciba el pago que le corresponde por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año 2015, prima vacacional y aguinaldo de los años 2015, 2016, 2017 y proporcional del año 2018, salarios devengados y horas extras especificadas en el laudo emitido en el expediente laboral ******************** En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados en este acuerdo y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos de la ley de la materia. Aparte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195 de la legislación en consulta. Se recibe ocurso. En otro orden de ideas, téngase por recibido el escrito del quejoso********************; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Digitalización de proveído y anotaciones. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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