Gustavo Villafuerte Martinez
Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Villafuerte Martinez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, con apoyo en los artículos 356 y 357 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto causó estado. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 389/2021-IV.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En efecto, el principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, implicaría hacer inviable el juicio de amparo; esto, no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso *** se duelen del la orden de traslado a un diverso centro penitenciario. Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***. El quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el ***. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. En once de junio de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA.
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