Hatziri Jazmín Hernández Salgado y Otros.
Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hatziri Jazmín Hernández Salgado y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, residente en Guanajuato capital, a través del cual, remite constancia de notificación de ocho de junio de dos mil veintitrés, tocante al exhorto 127/2023 (452/2023) de este índice; de la que se desprende que la parte quejosa ****, por sí y en representación del infante de iniciales ***, fue notificada del proveído de treinta y uno de mayo del año en curso. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Baja de la comunicación oficial enviada. Dese de baja la comunicación oficial de que se habla en el libro de control respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectivo apercibimiento a parte quejosa. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte promovente en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, para que señalara domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y, las notificaciones que tengan el carácter de personales practíquense a ****, por sí y en representación del infante de iniciales ***, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este juzgado, conforme a las reglas que establece el artículo 29, de la ley de la materia. Causa estado. Por otra parte, de la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración de expediente. *** Devolución de constancias. *** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obran las constancias de la diligenciación del exhorto 127/2023 (452/2023), remitido al juez de Distrito en el Estado, con residencia en Guanajuato capital en turno, a efecto de notificar a la parte quejosa del contenido del acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso. Constancias que resultan necesarias para llevar a cabo una debida integración del expediente en que se actúa. Requerimiento a la autoridad exhortada. Ahora, de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que la comunicación referida fue turnada el dos de junio del año en curso al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con residencia en Guanajuato capital; en consecuencia, mediante oficio solicítese comedidamente a la citada autoridad para que de no existir inconveniente alguno, informe el estado procesal de la comunicación citada. Para tal efecto se ordena anexar al comunicado enviado, copia de la boleta de turno.
- Principal
Recepción de demanda por declinatoria de competencia legal. Visto el oficio y anexos de cuanta, al que se transcribe el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, emitido en el juicio de amparo 460/2023, del que se desprende el órgano jurisdiccional declinante determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda constitucional promovida por ********************, por conducto de su mandatario judicial Juan Francisco Escobedo Gaxiola; remite, demanda original, copia certificada del oficio 1269, demanda de amparo, toca **, expediente F-*** y un sobre con documentos. En consecuencia, esto Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda constitucional en comento. Lo anterior hágase del conocimiento del órgano jurisdiccional declinante a manera de acuse de recibo. Formación de Cuaderno Auxiliar. Fórmense dos cuadernos auxiliares que contendrán las constancias que se reciben, donde se respetará el folio y sello de los mismos. Formar expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número ********************tanto en el libro de control como en el Sistema al de Seguimiento de Expedientes; y, póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones, atento al trámite del expediente. Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida ********************, por conducto de su mandatario judicial **, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a la autoridad: Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución de diecinueve de abril del presente año, pronunciada en el toca ****, mediante la cual revocó la sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el juez Civil de Partido Especializado en Matera Familiar de Celaya, Guanajuato, en el expediente ***, para el efecto de ordenar la reposición del procedimiento y recabar de oficio diversas pruebas. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación.**** Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que la resolución de diecinueve de abril del presente año, pronunciada en el toca ***, mediante la cual revocó la sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el juez Civil de Partido Especializado en Matera Familiar de Celaya, Guanajuato, en el expediente ***, para el efecto de ordenar la reposición del procedimiento y recabar de oficio diversas pruebas, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto de posible reparación, ya que el citado acto su único efecto sería que el juicio se desarrollara por todas sus etapas y la quejosa tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamar vía amparo directo. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable ordenó reponer el procedimiento a efecto de recabar de oficio diversas pruebas, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. Sobre esa base, la determinación de recabar de oficio pruebas, carece de la afectación material necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues, en todo caso, únicamente depararía afectaciones a la celeridad o prontitud que debe revestir el juicio, pero no genera consecuencias para la persona o bienes de la justiciable que trasciendan más allá de lo meramente procedimental. Lo cual es acorde con el propósito de la regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a saber, evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, ya que la lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo. Por regla general, la mera reposición del procedimiento no constituye un acto de imposible reparación, pues si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no producen la afectación material, cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, se estará frente a una posible violación del procedimiento que no necesariamente trascenderá al resultado del juicio si se dicta sentencia favorable a las pretensiones del afectado, o que será reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva. No obstante, esta regla admite como excepción aquellas ocasiones en que las consecuencias de la determinación que ordena la reposición de un procedimiento, sí puedan llegar a producir afectaciones de imposible reparación al quejoso directo. En ese orden de ideas, para establecer si el amparo indirecto procede en contra de una sentencia de segundo grado que dejó insubsistente la de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste; deberá analizarse si las consecuencias producidas por dicho acto, son de imposible reparación o no.**** En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable. De ahí que, la reposición del procedimiento que nos ocupa, no tiene consecuencias de imposible reparación para efectos de procedencia del amparo indirecto; dado que éstas no dejarían huella alguna en su esfera jurídica. Protesta de ley. **** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. **** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. *** Exhortación a iniciar el trámite del asunto «en línea».*** Autorizados.**** Notificación a parte quejosa por exhorto. Toda vez que la parte quejosa señalo domicilio en Guanajuato capital, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 fracción II, y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto electrónico al juez de Distrito en el Estado, residente en Guanajuato capital, en turno, para que en auxilio de este juzgado, comisione personal a su cargo para que: Se constituya en ****; Notifique el presente acuerdo a la parte quejosa; y, La requiera para que en el momento de la diligencia o bien, dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Celaya, Guanajuato; apercibida que, de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista electrónica que se publica en la página del Poder Judicial de la Federación, así como en los estrados del órgano judicial citado.
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