Gustavo Vallejo Serrato

Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
219/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Vallejo Serrato

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. ? Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **** por conducto de su defensora ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: 1. Juez de Control del Poder Judicial del Estado, de la Tercera Región, con sede en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 219/2023-II, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar en atención a la causa de pedir, el acto reclamado se hace consistir en: La determinación de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ***, mediante la cual inadmitió el dato de prueba ofertado consistente en el testimonio de ***. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Actos de imposible reparación en el proceso penal. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 616 , en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.*** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario puntualizar que la parte quejosa manifestó como confesión, que el proceso penal se encuentra en etapa de duplicidad del plazo constitucional; por ello, si reclama la determinación de **** de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ***, mediante la cual inadmitió el dato de prueba ofertado consistente en el testimonio de *** y ***, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de «actos de imposible reparación» entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Así, si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, también es cierto que a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos.** En ese contexto, debe ser entendida la admisión o inadmisión de medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva, como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos- haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de «actos de imposible reparación». Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, ya que el citado acto su único efecto sería que el proceso penal se desarrollara en todas sus etapas y la parte quejosa tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamar vía amparo directo. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable determinó inadmitir datos de pruebas durante la duplicidad del plazo constitucional, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable.*** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en el consecutivo 113 del primer ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.**** Autorizados.**** Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas.

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