Gustavo Vasquez Perez
Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 21/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Vasquez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el treinta de abril de dos mil diecinueve, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. VALORACIÓN INCIDENTE. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que fue otorgada la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DUPLICADO DESTRUIBLE. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Motivo por el cual, al resultar innecesaria la retención del disco dvd encriptado electrónicamente con resumen de verificación MD5, el cual contiene la audiencia de la que deriva el acto reclamado, así como constancia de la carpeta digital, que adjunto a su informe de ley, el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede Salvatierra, Base Juventino Rosas, Guanajuato, devuélvase a su lugar de origen.
- Principal
Téngase por recibido el primero de los oficios de cuenta, signado por el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; relaciónese nuevamente al momento procesal oportuno. Por recibido también el segundo de los precitados oficios, éste suscrito por el Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Penal Acusatorio con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, expone que en esa Agencia del Ministerio Público a su encargo, se dio inicio a la Carpeta de Investigación **/2018, con motivo de la investigación de los hechos en que fallecieron dos menores de edad, en la que se señaló como probable responsable el aquí quejoso *** y en virtud de haberse acreditado su posible participación, es que se solicitó la orden de aprehensión en su contra, dándose inicio a la Causa Penal ***; siendo que el dos de abril de dos mil diecinueve, acudieron ante su presencia en calidad de víctimas indirectas los padres de los menores occisos a efecto de otorgar su perdón más amplio en favor del imputado ***, por lo que el dieciséis de abril del actual, al tratarse de un delito culposo y donde se estableció que el imputado guardaba relación de parentesco con los occisos, lo que lo vuelve un delito de querella de acuerdo a lo establecido por el artículo 155 del Código Penal Vigente en el Estado, decretó el NO Ejercicio de la Acción Penal; determinación de la que adjuntó copia. En este orden, agréguese también el último de los oficios de cuenta, a través del cual el Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base en Santa Cruz de Juventino Rosas, informa que a las catorce horas con treinta y tres minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, recibió vía Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) por parte del Agente del Ministerio Público Investigador del Sistema Penal Acusatorio con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas; la información relatada en el párrafo que precede; de ahí que, el propio veintinueve de abril del actual, dio por concluida la Causa Penal ** instruida en contra de ***, y ordenó darla de bajo en su sistema. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el quejoso ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que hizo consistir en la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución inminente; señalando como autoridades responsables al Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base en Santa Cruz de Juventino Rosas, y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, como al Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ambos con sede en Celaya, Guanajuato. Del estado de autos se advierte también que las autoridades responsables Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ambos con sede en Celaya, Guanajuato, al rendir su informe de ley, negaron el acto que les fue reclamado en el ámbito de sus atribuciones; mientras que el diverso Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base en Santa Cruz de Juventino Rosas, precisó que ante su instancia tramita la Causa Penal ** instruida en contra de ***, por considerarlo probable responsable en la comisión del antijurídico de homicidio culposo, en la que incluso giró orden de aprehensión; información que a su vez fue corroborada por el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas; cuyo informe de ley se tuvo por recibido en esta propia fecha. Precisado lo anterior, a consideración de este Tribunal Federal respecto del acto reclamado en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre el acto que reclama el quejoso ***, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así toda vez que la autoridad señalada como responsable como se precisó con anterioridad, indica y acredita que el acto reclamado ante este órgano de Control Constitucional, dictado en los autos de la Causa Penal *** instruida en contra de ***, quedó insubsistente en su proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, transcrito en el oficio con que se da cuenta; derivado de que dio por concluida la causa y ordenó darla de baja. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, CESÓ EN SUS EFECTOS el acto reclamado, que ante esta autoridad de Amparo reclamó ***; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio respecto de las autoridades responsables Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base en Santa Cruz de Juventino Rosas, y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto de los actor reclamados a las diversas autoridades responsables Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ambos con sede en Celaya, Guanajuato; toda vez que éstas, en su informe con justificación negaron el acto que les fue reclamado en el ámbito de sus atribuciones legales, sin que la parte promovente aportara prueba alguna para desvirtuar el sentido de tales informes; por tanto, al haber negado las responsables los actos que se les atribuyen y ante la circunstancia que de las constancias que conforman el sumario no existe prueba que desvirtúe tal negativa y con ello la existencia de dichos actos; con fundamento en el artículo 63 fracción IV, del ordenamiento legal invocado, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número VI. 2º. J/20, visible en la página 627, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Finalmente, agréguese a los autos el tercero de los oficios de cuenta, signado por el Encargado de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base en Santa Cruz de Juventino Rosas, toda vez que el mismo está fechado el veinticinco de abril actual, y la información que relata, se sustituyó procesalmente por el acuerdo emitido el veintinueve de abril actual, emitido en la Causa Penal *** instruida en contra de ***; tan es así que en esta resolución, se resolvió sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra los actos que reclama del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, base en Santa Cruz de Juventino Rosas, y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado; así como respecto de los actos que reclama al Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ambos con sede en Celaya, Guanajuato, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, del ordenamiento legal invocado.
- Incidental
Visto lo de cuenta, como se aprecia de la certificación que antecede, ha transcurrido el término de cinco días hábiles concedido a la parte quejosa, para que otorgara la garantía que le fue fijada a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió mediante resolución interlocutoria de diez de abril de dos mil diecinueve, sin que hasta la fecha en que se emite el presente proveído lo haya hecho. Consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se decreta que ha dejado de surtir sus efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en dicho fallo, con transcripción de este auto, hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, quienes podrán ejecutar el acto reclamado. En la inteligencia de que no obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, la parte quejosa podrá exhibir la garantía, con lo cual de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional otorgada. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la Tesis visible en la página 544, Tomo XIII-Mayo, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, esté ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados.
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia del sumario en que se actúa, que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, base en Cortázar; y no existe constancia que haya recepcionado el oficio con el cual le fue solicitado. Por otro lado, en proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, se requirió tanto al Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado en Santa Cruz de Juventino Rosas, Sede Salvatierra; así como al Agente del Ministerio Público I, que formuló la imputación a proceso, con sede en Juventino Rosas, para que dentro del término ahí otorgado, informen a este Juzgador Federal, la situación que guarda la causa penal ***, de donde deviene el acto reclamado, con motivo del acuerdo reparatorio que concluyeron ambas partes y remitieran en su caso las constancias respectivas. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental fijada para hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, para que la misma tenga verificativo.
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