Gustavo Cruz Tejeda
Expediente 479/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Cruz Tejeda
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la secretaria de acuerdos del juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual comunica el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, del que se desprende que recibió los autos originales del presente asunto, así como el cuadernillo incidental, y se avocó a su conocimiento, mismo que registró con el número de expediente ******************** Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Anotaciones en el libro electrónico de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración documental del cuadernillo de constancia.*** Hágase constar la valoración en la carátula. Como lo establece el artículo 34 del Acuerdo General en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este cuadernillo.
- Principal
Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de referencia, atento a su contenido, téngase rendido el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato. Sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase admitidas y recibidas las pruebas que acompaña a su informe la autoridad responsable, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente ********************de su índice. Se carece de competencia legal para conocer del presente sumario. Ahora, visto el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal por razón de territorio para continuar con el conocimiento del presente sumario, en atención a las siguientes consideraciones. Acto reclamado. En primer lugar, es oportuno señalar que, como se desprende del análisis del escrito inicial de demanda, así como de las constancias que se reciben, el acto reclamado se hace consistir en la dilación procesal manifiesta y excesiva para la continuación del juicio ********************, así como la omisión de pronunciar la resolución interlocutoria sobre el incidente de nulidad de actuaciones para tal efecto. Consideraciones previas. Primeramente debe señalarse que la competencia de los jueces de distrito se encuentra establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, norma que dispone, en orden de importancia, las reglas competenciales a seguir para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer un juicio de amparo, las cuales toman en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado.***** Caso concreto. Bajo ese contexto legal, como antecedente del acto reclamado se tiene que con motivo de la demanda promovida por los apoderados legales de ******************** en contra del Ayuntamiento de esta ciudad, el trece de diciembre de dos mil veintiuno se radicó el expediente ********************del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, ordenándose el emplazamiento de dicha parte demandada y señalándose las once horas con cuarenta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas. Después, llegada la fecha y hora antes señaladas, comparecieron ante el tribunal responsable ******************** y el representante legal del Ayuntamiento de esta ciudad, y ante los señalamientos del primero, se tuvo a la parte actora por ampliando su escrito de demanda en contra de las codemandadas Sistema Municipal DIF de esta ciudad e Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión de Atención a Personas con Discapacidad; ordenándose el emplazamiento de estas últimas y citándose a las parte para las catorce horas del veinte de mayo de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas. De manera que, en la fecha y hora referidas, comparecieron ante el tribunal responsable ******************** y el representante legal del Ayuntamiento de esta ciudad, no así las codemandadas Sistema Municipal DIF de esta ciudad e Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión de Atención a Personas con Discapacidad, dado que no se logró su emplazamiento; no obstante ello, la parte actora proporcionó nuevos domicilios para tal efecto, y se ordenó de nueva cuenta emplazar a dichas codemandada y se citó a las parte para las catorce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas. Así, fue hasta el nueve de noviembre de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, a la cual únicamente compareció el apoderado legal de la parte actora, no así las demandadas; diligencia en la que el tribunal responsable se reservó el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas. Posteriormente, en contra de dicha diligencia la parte demandada Ayuntamiento de esta ciudad promovió incidente de nulidad de actuaciones, y por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el tribunal responsable admitió y dio trámite al incidente innominado de mérito, fijándose como fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de enero del año en curso, y suspendió el procedimiento en lo principal hasta en tanto se resuelva la incidencia planteada. Luego, en la fecha y hora indicados tuvo verificativo la audiencia incidental de mérito, en la cual, el tribunal responsable se reservó emitir la interlocutoria correspondiente; lo que a la fecha no ha acontecido. De manera que existe una dilación procesal excesiva y manifiesta de ese procedimiento, porque desde el veintitrés de enero del año en curso, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, está paralizado, ya que no se ha emitido la interlocutoria sobre el incidente innominado planteado y así estar en condiciones de levantar la suspensión del procedimiento decretada por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En suma, el procedimiento del asunto está paralizado desde el veintitrés de enero del año en curso, pues han transcurrido más de cuatro meses sin actuación judicial. Siendo esas las razones que motivaron a la parte quejosa a promover el juicio de amparo, por ser excesiva la dilación procesal y por tanto violatoria de su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, según lo que explica en sus conceptos de violación. Los antecedentes relatados y los correspondientes conceptos de violación, evidencian que los actos reclamados, traducidos en esencia en "la dilación procesal" o "la paralización" del trámite del juicio ********************, por un lapso excesivo de más de cuatro meses, tienen lugar dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que la quejosa es la actora material y a los cuales acudió en ejercicio del derecho de acción. De manera que si la parte quejosa, como parte actora en dicho procedimiento, está reclamando en la demanda de amparo la dilación o paralización excesiva de los mismos, debido a la falta de actuación de la autoridad responsable, entonces, tales actos no son meras omisiones sin consecuencias materiales. En cambio, sí modifican o alteran el estado de cosas existente, pues la secuencia normal del trámite procesal se ve obstaculizada en perjuicio de la parte actora por todo el lapso que perdure la inactividad del órgano jurisdiccional, y con la promoción del juicio de amparo pretende precisamente que cese la dilación o paralización del procedimiento, a efecto de que se obligue a la autoridad responsable a proveer lo conducente para que el juicio prosiga por cada una de sus etapas hasta el dictado de la sentencia respectiva.**** En ese sentido, en el caso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, como autoridad instructora del procedimiento ********************, tiene el deber constitucional y legal de administrar justicia de manera pronta, es decir, dentro de los plazos legalmente establecidos en la legislación local aplicable. Por otro lado, para comprender la figura de la ejecución material a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo y los efectos que producen los actos reclamados en el caso, es de señalarse que al resolver el veintinueve de abril de dos mil quince, la contradicción de tesis 7/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió a dicha figura como criterio rector para fijar la competencia por territorio de los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo.**** A mayor abundamiento, se considera que los actos reclamados sí tienen una ejecución material, jurídicamente hablando, pues la dilación procesal o la paralización del trámite del juicio ********************, tiene como consecuencia que perduren los efectos de la detención del procedimiento respectivo. Se carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Es decir, que en el caso la ejecución de los actos reclamados se traduce en que perdure la paralización del procedimiento materialmente considerado, lo que hace posible la actualización de la hipótesis del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y que se surta la competencia legal por razón de territorio en favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con sede en Guanajuato capital; de ahí que, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer del presente sumario. Remisión de los autos. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso acuerdo general 2/2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil diecinueve, procede declinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del juez de Distrito en turno en Guanajuato, con residencia en la capital; por tanto, remítase el cuadernillo de constancias tocantes al juicio de amparo 479/2023 de este índice, para los efectos legales correspondientes. Lo que además, en el caso particular, es acorde a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el conflicto competencial ********************, en sesión de veintisiete de noviembre del dos mil veinte. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Acceso a expediente electrónico. Asimismo, infórmesele al titular del juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con sede en la capital, que se le da acceso al expediente electrónico relativo al expediente en que se actúa, para que se imponga de las constancias que lo integran. Se deja sin efectos. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha que se tenía contemplada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de referencia, atento a su contenido, téngase rendido el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato. Sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase admitidas y recibidas las pruebas que acompaña a su informe la autoridad responsable, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente ********************de su índice. Se carece de competencia legal para conocer del presente sumario. Ahora, visto el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal por razón de territorio para continuar con el conocimiento del presente sumario, en atención a las siguientes consideraciones. Acto reclamado. En primer lugar, es oportuno señalar que, como se desprende del análisis del escrito inicial de demanda, así como de las constancias que se reciben, el acto reclamado se hace consistir en la dilación procesal manifiesta y excesiva para la continuación del juicio ********************, así como la omisión de pronunciar la resolución interlocutoria sobre el incidente de nulidad de actuaciones para tal efecto. Consideraciones previas. Primeramente debe señalarse que la competencia de los jueces de distrito se encuentra establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, norma que dispone, en orden de importancia, las reglas competenciales a seguir para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer un juicio de amparo, las cuales toman en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado.***** Caso concreto. Bajo ese contexto legal, como antecedente del acto reclamado se tiene que con motivo de la demanda promovida por los apoderados legales de ******************** en contra del Ayuntamiento de esta ciudad, el trece de diciembre de dos mil veintiuno se radicó el expediente ********************del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, ordenándose el emplazamiento de dicha parte demandada y señalándose las once horas con cuarenta y cinco minutos del tres de marzo de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas. Después, llegada la fecha y hora antes señaladas, comparecieron ante el tribunal responsable ******************** y el representante legal del Ayuntamiento de esta ciudad, y ante los señalamientos del primero, se tuvo a la parte actora por ampliando su escrito de demanda en contra de las codemandadas Sistema Municipal DIF de esta ciudad e Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión de Atención a Personas con Discapacidad; ordenándose el emplazamiento de estas últimas y citándose a las parte para las catorce horas del veinte de mayo de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas. De manera que, en la fecha y hora referidas, comparecieron ante el tribunal responsable ******************** y el representante legal del Ayuntamiento de esta ciudad, no así las codemandadas Sistema Municipal DIF de esta ciudad e Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión de Atención a Personas con Discapacidad, dado que no se logró su emplazamiento; no obstante ello, la parte actora proporcionó nuevos domicilios para tal efecto, y se ordenó de nueva cuenta emplazar a dichas codemandada y se citó a las parte para las catorce horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas. Así, fue hasta el nueve de noviembre de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, a la cual únicamente compareció el apoderado legal de la parte actora, no así las demandadas; diligencia en la que el tribunal responsable se reservó el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas. Posteriormente, en contra de dicha diligencia la parte demandada Ayuntamiento de esta ciudad promovió incidente de nulidad de actuaciones, y por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el tribunal responsable admitió y dio trámite al incidente innominado de mérito, fijándose como fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de enero del año en curso, y suspendió el procedimiento en lo principal hasta en tanto se resuelva la incidencia planteada. Luego, en la fecha y hora indicados tuvo verificativo la audiencia incidental de mérito, en la cual, el tribunal responsable se reservó emitir la interlocutoria correspondiente; lo que a la fecha no ha acontecido. De manera que existe una dilación procesal excesiva y manifiesta de ese procedimiento, porque desde el veintitrés de enero del año en curso, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, está paralizado, ya que no se ha emitido la interlocutoria sobre el incidente innominado planteado y así estar en condiciones de levantar la suspensión del procedimiento decretada por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En suma, el procedimiento del asunto está paralizado desde el veintitrés de enero del año en curso, pues han transcurrido más de cuatro meses sin actuación judicial. Siendo esas las razones que motivaron a la parte quejosa a promover el juicio de amparo, por ser excesiva la dilación procesal y por tanto violatoria de su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, según lo que explica en sus conceptos de violación. Los antecedentes relatados y los correspondientes conceptos de violación, evidencian que los actos reclamados, traducidos en esencia en "la dilación procesal" o "la paralización" del trámite del juicio ********************, por un lapso excesivo de más de cuatro meses, tienen lugar dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que la quejosa es la actora material y a los cuales acudió en ejercicio del derecho de acción. De manera que si la parte quejosa, como parte actora en dicho procedimiento, está reclamando en la demanda de amparo la dilación o paralización excesiva de los mismos, debido a la falta de actuación de la autoridad responsable, entonces, tales actos no son meras omisiones sin consecuencias materiales. En cambio, sí modifican o alteran el estado de cosas existente, pues la secuencia normal del trámite procesal se ve obstaculizada en perjuicio de la parte actora por todo el lapso que perdure la inactividad del órgano jurisdiccional, y con la promoción del juicio de amparo pretende precisamente que cese la dilación o paralización del procedimiento, a efecto de que se obligue a la autoridad responsable a proveer lo conducente para que el juicio prosiga por cada una de sus etapas hasta el dictado de la sentencia respectiva.**** En ese sentido, en el caso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, como autoridad instructora del procedimiento ********************, tiene el deber constitucional y legal de administrar justicia de manera pronta, es decir, dentro de los plazos legalmente establecidos en la legislación local aplicable. Por otro lado, para comprender la figura de la ejecución material a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo y los efectos que producen los actos reclamados en el caso, es de señalarse que al resolver el veintinueve de abril de dos mil quince, la contradicción de tesis 7/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió a dicha figura como criterio rector para fijar la competencia por territorio de los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo.**** A mayor abundamiento, se considera que los actos reclamados sí tienen una ejecución material, jurídicamente hablando, pues la dilación procesal o la paralización del trámite del juicio ********************, tiene como consecuencia que perduren los efectos de la detención del procedimiento respectivo. Se carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Es decir, que en el caso la ejecución de los actos reclamados se traduce en que perdure la paralización del procedimiento materialmente considerado, lo que hace posible la actualización de la hipótesis del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y que se surta la competencia legal por razón de territorio en favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con sede en Guanajuato capital; de ahí que, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer del presente sumario. Remisión de los autos. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso acuerdo general 2/2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil diecinueve, procede declinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del juez de Distrito en turno en Guanajuato, con residencia en la capital; por tanto, remítase el cuadernillo de constancias tocantes al juicio de amparo 479/2023 de este índice, para los efectos legales correspondientes. Lo que además, en el caso particular, es acorde a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el conflicto competencial ********************, en sesión de veintisiete de noviembre del dos mil veinte. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Acceso a expediente electrónico. Asimismo, infórmesele al titular del juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con sede en la capital, que se le da acceso al expediente electrónico relativo al expediente en que se actúa, para que se imponga de las constancias que lo integran. Se deja sin efectos. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha que se tenía contemplada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés
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