Gustavo Balderas Olivares
Expediente 510/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Balderas Olivares
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de trece de octubre de dos mil veinte, que determinó desechar la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Destino del expediente principal. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo cuarto de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para al efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que es disposición prevé. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene que **, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a las autoridades. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, medularmente, en lo siguiente: La orden de traslado del Centro Penitenciario de detención de esta ciudad, donde se encuentra recluido a uno diverso, y su cumplimentación, lo cual, resulta ser una cuestión inherente a las condiciones de internamiento en que se encuentra por estar regulado actualmente en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A la luz de la reforma constitucional de dos mil ocho, surgió a la vida jurídica la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuerpo normativo que establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Para efectos de este asunto, esta legislación prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este esquema se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de este cuerpo normativo. Régimen disciplinario, en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En efecto, el principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, implicaría hacer inviable el juicio de amparo; esto, no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso Gustavo Balderas Olivares al aducir que un custodio le dijo que sería trasladado a otro centro de reclusión, se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados. Por tanto, se precisa que si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Sin que esto implique se afecten los derechos sustantivos del quejoso y que el acto reclamado pueda ser emitido fuera de procedimiento, ya que, como se dijo, la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas; lo cual, a la postre, representó que se ejerciera un verdadero control judicial del sistema penitenciario. Además, en el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por el acto reclamado consistente en la orden de traslado de un Centro de Reclusión del que se encuentra interno a otro.
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