Gustavo Cruz Tejeda

Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
121/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Cruz Tejeda

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años referidos, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **** por derecho propio mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 121/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de emitir resolución interlocutoria de nulidad de actuaciones instado en el expediente ********************, la cual se había señalado para su emisión el veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. *** Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V; y, 217 de la Ley de Amparo; y, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.***** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario abordar al tema lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 294/2018; en el cual para la materia laboral complementa el criterio que señala la improcedencia por regla general del juicio de amparo en contra de dilaciones procesales, a excepción de que el juez del conocimiento al realizar la lectura de la demanda advierta una abierta demora de procedimiento o paralización parcial; y aporta que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De lo reseñado evidencia que, la dilación en emitir la resolución interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones instado en el expediente ********************, misma que se pospuso su emisión en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, no es un acto de imposible reparación ni afecta derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de pronta impartición de justicia, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. De ahí que, por sí sola, dicha determinación no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la falta de resolución reclamada aún no constituye una abierta dilación dentro del procedimiento pues aún no transcurren los cuarenta y cinco días naturales desde el momento en que debió emitirse la resolución incidental; como a continuación se ilustra. **** Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales. *** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. **** Domicilio y autorizados. Ahora bien, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle ********************, número ********************, del Fraccionamiento ********************, en esta ciudad; y, como sus autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas.

  3. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE DICISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por **** por derecho propio mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 121/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de emitir resolución interlocutoria de nulidad de actuaciones instado en el expediente ********************, la cual se había señalado para su emisión el veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. *** Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V; y, 217 de la Ley de Amparo; y, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.***** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario abordar al tema lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 294/2018; en el cual para la materia laboral complementa el criterio que señala la improcedencia por regla general del juicio de amparo en contra de dilaciones procesales, a excepción de que el juez del conocimiento al realizar la lectura de la demanda advierta una abierta demora de procedimiento o paralización parcial; y aporta que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De lo reseñado evidencia que, la dilación en emitir la resolución interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones instado en el expediente ********************, misma que se pospuso su emisión en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, no es un acto de imposible reparación ni afecta derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de pronta impartición de justicia, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. De ahí que, por sí sola, dicha determinación no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la falta de resolución reclamada aún no constituye una abierta dilación dentro del procedimiento pues aún no transcurren los cuarenta y cinco días naturales desde el momento en que debió emitirse la resolución incidental; como a continuación se ilustra. **** Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales. *** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. **** Domicilio y autorizados. Ahora bien, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle ********************, número ********************, del Fraccionamiento ********************, en esta ciudad; y, como sus autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano