Gustavo Arturo Nieto Irabien

Expediente 310/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
310/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Arturo Nieto Irabien

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por el Secretario de este juzgado, se advierte que no fue recurrido el auto de diecisiete de mayo del presente año, en que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de diecisiete de mayo actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por medio del cual manifiesta que en alcance a su informe justificado rendido, remite copia certificada del oficio BOO.812.02/01664, legalmente notificado, dando así respuesta en forma fundada y motivada a las peticiones de la parte quejosa; adjuntando diversas documentales como soporte del informe que rinde, por lo que de conformidad con el artículo 119 de la ley de amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que acompaña la responsable a su informe. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el día diez de abril de dos mil diecinueve, y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, ***, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; mediante proveído de once de abril de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo, teniéndose como autoridad responsable a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad; actos que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a la solicitud de adhesión al Decreto 2018, radicada con el número de expediente GUA-L-4387-31-12-18 de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Lo cual consideró violatorio del artículo 8 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, y de las que acompañó la responsable a su informe justificado, así como con el que se da cuenta, se advierte que la responsable resolvió de manera definitiva la solicitud ingresada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, pues emitió el oficio B00.812.02/01664, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, y notificado el catorce de mayo de dos mil diecinueve, del cual fue recibido por *** (autorizado del quejoso). De lo anterior, se concluye que han cesado los efectos de la omisión al derecho de petición del que se duele la parte quejosa, puesto que la responsable dio respuesta a la petición que formuló el quejoso en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, ya que emitió el oficio B00.812.02/01664 de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve y notificado el catorce de mayo de la presente anualidad, por conducto de ***. Por lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento en que la responsable emitió el oficio B00.812.02/01664, de seis de mayo de este año, y notificado el catorce del presente mes y anualidad, por conducto de ***; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado (omisión de dar respuesta a la petición que formuló el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho), se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con cuatro minutos del veintidós de mayo del año en curso, por los razonamientos anteriores. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 310/2019-VII.1 promovido por ***, por el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por el Subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con sede en esta ciudad; y, en razón de que en esta misma fecha se había señalado hora para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.

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