Gustavo Alberto Reyes Ponce

Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
875/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Alberto Reyes Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a dicha autoridad, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado. Hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, en razón de que dicho asunto encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo uno, que la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a dicha autoridad el referido anexo y sin necesidad de que acuse recibo del mismo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se acuerda: de la lectura de la constancia levantada el seis de septiembre de dos mil diecinueve, por una de las actuarias adscritas a este Juzgado (foja 129), se advierte que no le fue posible notificar personalmente al quejoso GUSTAVO ALBERTO REYES PONCE, el acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, por las razones que expone en la misma. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto en el inciso a), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase al referido quejoso la notificación del mencionado auto, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase. Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio 2338, signado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de agosto último, remite copias certificadas de las constancias relativas al exhorto 235/2017 de su índice, de las que se advierte que el dos de septiembre del año en curso, recibió el mencionado exhorto debidamente diligenciado; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se observa que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde la admisión de la demanda de amparo, se tuvo como acto reclamado la denegación de justicia, consistente en la negativa de diligenciar el exhorto deducido de la demanda 378/2017, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, enviado al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, para notificar y emplazar a los demandados en el juicio de origen. Sin embargo, de las constancias que anexó la responsable Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a su oficio de cuenta, se advierte que el dos de septiembre del presente año, recibió el exhorto 235/2017, el cual devolvió debidamente diligenciado la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán; lo que acreditó la oficiante con las constancias que anexó a la misiva de cuenta. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que sería para que se diligenciara el exhorto deducido de la demanda 378/2017, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, enviado para notificar y emplazar a los demandados en el juicio de origen, y se devolviera al órgano jurisdiccional de origen; lo que efectivamente aconteció durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio constitucional con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, a fin de que estuviese en aptitud de ampliar su demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado en esta vía fue, en esencia, la denegación de justicia, consistente en la negativa de diligenciar el exhorto deducido de la demanda 378/2017, por lo que se ubica en el supuesto de una denegación de justicia en contravención al artículo 17 Constitucional, y no propiamente de una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J.8/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478, del Libro 17, abril de 2015, Tomo I, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.". Por tal motivo, a criterio del suscrito, en el caso no resulta aplicable la jurisprudencia número 136/2011, con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve; para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, no ha dado cumplimiento a la prevención que se le hizo por acuerdo de veintiuno de los corrientes, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio en el cual se le requirió para que dentro del plazo de tres días remita copia certificada de la pieza postal relativa al oficio 1783 de fecha diecinueve de agosto del presente año, con el que refiere devolvió debidamente diligenciado el exhorto 235/2017, deducido del expediente 378/2017, del índice de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, debido a que no anexó constancia que lo acredite. Constancias que se consideran necesarias para resolver adecuadamente el presente asunto. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración el VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 2246, signado por la Secretaria de Acuerdos, en funciones de Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por ausencia accidental de su titular, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Del contenido de la misiva en mención se advierte que la autoridad citada comunica que no se han recibido las constancias relativas al exhorto número 235/2017 de su índice, sin embargo apenas sean recibidas, lo harán del conocimiento de este Juzgado Federal. Al respecto, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto obren en autos las constancias del exhorto 235/2017. Notifíquese y cúmplase.

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