Gustavo Alfonso Magaña Ucan
Expediente 1019/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gustavo Alfonso Magaña Ucan
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veintinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del cinco al nueve de agosto del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Gustavo Alfonso Magaña Ucán, contra actos que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La multa impuesta el doce de julio de dos mil diecinueve, en autos de la carpeta administrativa 183/2019, por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, 00/100 moneda nacional); así como el término concedido para pagarla. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1019/2019-VI-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tienen la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, quien esto suscribe estima que se materializa un supuesto de improcedencia del juicio de amparo de forma manifiesta e indudable, que impide conocer sobre la constitucionalidad de los actos que reclama el amparista y que está previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". La mencionada disposición establece que el amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; en el presente caso, el promovente no cumplió con el principio de definitividad. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la ley, prescriben el principio de definitividad respecto de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: 1. Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente) y que son: A. Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. En primer término, con relación con el requisito descrito en el apartado uno, para establecer el medio de defensa o el recurso que debe agotar la parte quejosa contra el acto reclamado, el que suscribe trae a colación los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales prevén: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite .". De los preceptos normativos citados se advierte que el recurso de revocación es el medio de impugnación que procede contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en las que interviene la autoridad judicial; medio de impugnación que tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Ahora, en lo concerniente al recurso de revocación que establece su procedencia contra "las resoluciones de mero trámite" a que hace referencia el artículo 465 antes transcrito, es conveniente citar el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo." Del numeral citado se desprende que las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional se dividen en sentencias y autos, entendiéndose por las primeras como aquéllas que deciden en definitiva y ponen término al procedimiento, y por los segundos [autos] a todos los demás casos. Por ende, las resoluciones de mero trámite que son impugnables a través del recurso de revocación, comprenden a todas aquéllas que, por una parte, no resuelven en definitiva el asunto o ponen término al procedimiento. Asimismo, cabe referir que del contenido de los artículos 465 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte que el legislador federal hubiese establecido una distinción expresa respecto a quién o quiénes les corresponde el derecho a recurrir en revocación o apelación, como ocurre con el diverso recurso establecido en el artículo 459, que fue otorgado expresamente a la víctima u ofendido. De lo que se colige que, al no existir distinción expresa, el derecho a recurrir a través de la revocación o la apelación le corresponde a aquella parte interviniente en el procedimiento penal que resulte afectada por el auto o resolución dictado por la autoridad judicial. Derecho que, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, constituye un deber procesal a cargo del agraviado el agotar el medio de defensa ordinario que le corresponde; deber que, incluso, se actualiza en aquella persona que aun cuando no tenga la calidad de víctima u ofendido o indiciado, interviene en el procedimiento penal, pues, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando por alguna causa un tercero ya se integró a la relación jurídico procesal en la que se dicta el acto de autoridad reclamado, éste se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad, en forma previa a acudir al juicio de amparo indirecto. En el caso a estudio, como antes se precisó, se advierte que el quejoso reclama la multa que se le impuso el doce de julio de dos mil diecinueve, en autos de la carpeta administrativa 183/2019, por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, 00/100 moneda nacional), así como el término concedido para pagarla; lo anterior, derivado de su inasistencia a la audiencia verificada en esa propia data, no obstante el previo apercibimiento que se le hiciera en ese sentido; determinación que a criterio de este Secretario encargado del despacho es revocable, por tratarse de una cuestión de mero trámite. Lo expuesto permite evidenciar que previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según el cual, dicho medio de impugnación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, cuyo objeto será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda y, en su caso, sea revocada, modificada o confirmada la resolución ahí impugnada, y con ello agotar el recurso antes aludido previo a la presentación de la demanda de amparo, en atención al principio de definitividad contenido en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que una vez que el promovente tuvo conocimiento del acto que se duele, estaba en aptitud legal de interponer el recurso de revocación, en el que la Juez de Control responsable, determinó imponerle la referida multa, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 466, fracción II, expresando los agravios que a su interés legal conviniere, con el objeto de que la determinación que en esta vía constitucional combate fuere modificada, revocada o, en su caso, confirmada, y con ello agotar los recursos que establece la ley del acto que aquí se reclama, y al no haber procedido de ese modo, no se agotó el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este incidente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.
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