Guilman Jesus Martin Varguez

Expediente 1138/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1138/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Guilman Jesus Martin Varguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado el cuatro de octubre del año actual, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. ANTECEDENTES En sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en su segundo punto resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "... que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, dicte el acuerdo o decreto correspondiente a lo solicitado por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral 630/2014, mediante escrito presentado el día veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, de conformidad con el plazo señalado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo." Posteriormente, en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante oficio relacionado el tres de octubre del año corriente (promoción 15527), remitió copia certificada del proveído de veintinueve de septiembre del presente año, en el cual, acordó favorablemente el citado memorial de veintiséis de mayo pasado y realizó el requerimiento de pago y embargo a la parte demandada, así mismo, señaló fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación del aquí quejoso. ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la citada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. CONSERVACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable, al ser un juicio de amparo que por una parte sobreseyó y por otra concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista con el cumplimiento: tres de octubre del dos mil veintitrés. Data de la notificación realizada de la vista de cumplimiento: cuatro de octubre del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: veintinueve de septiembre del año corriente. Data en que se recibió en este órgano jurisdiccional lo oficio de cumplimiento: dos de octubre del dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado, y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, el cual remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito dese vista a las partes por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercero interesada; y, cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Presidenta Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número ********************, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La omisión de acordar los escritos de veintiséis de mayo y nueve de junio, ambos del año en curso, para continuar con el procedimiento de ejecución de laudo en el juicio reclamatorio laboral ********************, que promovió en contra de los ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, consistente en la omisión de proveer el memorial presentado en fecha nueve de junio de dos mil veintitrés. No es cierto el acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe en alcance (promoción 12865), la autoridad responsable manifestó que en autos del juicio laboral de origen, no existe memorial alguno presentado en fecha nueve de junio del presente año. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo, un memorial presentado ante la autoridad responsable el nueve de junio pasado; sin embargo, dicho escrito no está suscrito por el quejoso o quien se advierta su apoderado o representante legal, asimismo no se encuentra dirigido al juicio de origen ********************, por lo que no se desprende relación alguna con el presente juicio de amparo. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63, fracción IV, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. CUARTO. Certeza del acto reclamado, en lo que respecta a la omisión de proveer el memorial presentado en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Es cierto el acto que se reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán (número de promoción 12672), pues así se advierte del informe justificado que rindió. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Inexistencia de causa de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue, además de que ello no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis constitucional. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa. En efecto, el peticionario del amparo aduce, en esencia, que la responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acordar su escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral número ********************, impidiendo con tal proceder que se le administre justicia pronta y expedita, dentro de los plazos legales. Previo al análisis del fondo del asunto, procede hacer ciertas acotaciones en cuanto al tema que nos ocupa. El artículo 17 constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta, completa e imparcial, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Por otra parte, debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas en el texto constitucional. El señalado precepto constitucional dispone, en lo conducente, que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El derecho humano de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades jurisdiccionales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de este derecho fundamental de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma rápida de conformidad con los plazos procesales. Así las cosas, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, indica: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Del análisis del precepto transcrito, se desprende que la autoridad laboral dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida una promoción por escrito, deberá de dictar la resolución que corresponda. Expuesto lo anterior, debe decirse que, en la especie, de las constancias que obran en este expediente se advierte que por escrito presentado el día veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la parte aquí quejosa y actora en el juicio laboral de origen, solicitó a la Presidenta de la Junta responsable que señale fecha y hora para realizar la diligencia de requerimiento y embargo en el juico laboral ********************. De lo que se colige, que la Junta responsable no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en el señalado precepto legal, ya que al rendir su informe justificado, no acreditó haber dictado los decretos o autos correspondientes a dicha petición dentro del plazo legalmente establecido; lo que indudablemente transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto en el artículo 17 Constitucional, que obliga a las autoridades a administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En este orden de ideas, al contravenir el acto reclamado lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder a la parte quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión que insta, para el efecto de que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, dicte el acuerdo o decreto correspondiente a lo solicitado por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral ********************, mediante escrito presentado el día veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, de conformidad con el plazo señalado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino que sólo las obliga a hacerlo oportunamente, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que atribuyó a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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