Guillermo Villanueva Amador
Expediente 1009/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guillermo Villanueva Amador
Actuaciones
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 319/2020-VI-A, promovido por ***, en contra de los actos que reclama de la Dirección del Registro del Estado Civil de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, y otra autoridad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el diecinueve siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó de la de la Dirección del Registro del Estado Civil de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, y Oficialía de la Dirección del Registro del Estado Civil en Candelaria, Campeche. SEGUNDO. Por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 319/2020-VI-A; se admitió a trámite la misma; se otorgó al representante social de la federación adscrito la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Posteriormente, por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. CUARTO. Nueva medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. QUINTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II , y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa, reclama: "La negativa de expedir el acta de nacimiento 368, con fecha de registro trece de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, así como su digitalización". TERCERO. Las autoridades responsables Directora del Registro del Estado Civil del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, y el encargado de Despacho del Registro del Estado Civil en Candelaria, Campeche, manifestaron que no son ciertos los actos que se les atribuyen, negativas de las citadas autoridades responsables que no fueron desvirtuadas por la parte quejosa con medio de convicción eficaz; toda vez que la primera autoridad mencionada señaló que el número de registro del acta de nacimiento que señala el quejoso, se encuentra a nombre de RICARDO CO ZETINA. No pasa inadvertido, que el hoy impetrante del amparo presentó copia de un acta de nacimiento expedida a su nombre, esto es, RICARDO COB ARÉVALO; sin embargo, dicha documental fue ofrecida en copia simple, por lo que no se le puede otorgar valor probatorio alguno, pues al ser la copia fotostática simple reproducción fotográfica de documento que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que el resultado no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer; de ahí que el documento de que se trata, al carecer de la certificación emitida por el fedatario público correspondiente, no puede tener valor probatorio pleno para los efectos pretendidos por su oferente. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia 3a. 18, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 379, Octava Época, Materia(s): Común que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". Por tanto, es claro que con la documental aportada por el justiciable, no logra desvirtuar la negativa decretada por las autoridades responsables. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número LXII-SG-DJ-1082/2021, signado por el director jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite a este Juzgado Federal, con relación al requerimiento efectuado por acuerdo de veinte de mayo del año en curso, comunicando esencialmente que está en disposición de prestar el auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad y al Ayuntamiento demandado, a fin de que se logre el cabal cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, de conformidad con sus facultades y atribuciones contenidas en la fracción VI, del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados en su oficio de mérito. Finalmente, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto a la continuación del trámite de ejecución de la ejecutoria de mérito, hasta en tanto la autoridad responsable y las demás autoridades vinculadas al cumplimiento (Secretario de Gobierno, Secretario de Administración y Finanzas, así como el Gobernador Constitucional, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad) informen lo conducente respecto a lo requerido en el citado auto de veinte de mayo del presente año. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Tekax, se advierte que se señaló el día diez de febrero de dos mil veintiuno, a las diez horas, para que tuviera verificativo la audiencia principal en autos del Juicio Ordinario Familiar de Guarda y Custodia 198/2020; sin que a la fecha se hubiese comunicado el resultado de dicha audiencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Tekax, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal, copia certificada las constancias relativas a la audiencia principal de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio de origen; o bien, comunique el impedimento que tiene para ello; lo anterior, a fin de resolver lo que en derecho corresponda en el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 259, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase.
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