Guillermo Pavón Aké

Expediente 1316/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1316/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Guillermo Pavón Aké
  • Pedro Esteban Pavón May
  • Guillermo Pavón Aké y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio número 1550, recibido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, por el cual remite copia certificada de la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada por ese Tribunal en autos del toca relativo al incidente de inejecución de sentencia 2/2020; al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el incidente de inejecución de sentencia planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 1316/2019-V-B, de su índice." Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; asimismo, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio RAN/YUC/SR/DJ/3154/2019 signado por el Registrador Integral y Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en relación al requerimiento efectuado por proveído de tres de diciembre pasado, mediante el cual informa su imposibilidad para hacer entrega de la documentación, en virtud de que la parte quejosa no ha presentado documento alguno con el que acredite la personalidad con la que se ostenta ante dicha autoridad. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de tres días otorgado al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, a fin de que remitiera copia certificada del acuerdo que le recayó al memorial de siete de noviembre del presente año presentado ante dicha autoridad por la parte aquí quejosa. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las doce horas con veinte minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de diciembre dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que por proveído de once de noviembre pasado se tuvo por recibido el oficio RAN/YUC/SR/DJ/2751/2019 signado por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que por escrito presentado el siete de noviembre pasado la parte quejosa se desistió en relación a su solicitud aquí reclamada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, para que dentro del término de tres días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada del acuerdo que le recayó al citado memorial de siete de noviembre del presente año, o en su caso, el impedimento que tiene para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 260, fracción IV, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese y cúmplase.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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