Guillermo Santos Meza
Expediente 1266/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Santos Meza
Actuaciones
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1266/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al juez con las documentales ofertadas por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Guillermo Santos Meza, por conducto de sus apoderados, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, Auxiliar de Trámite de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Ambas con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de emitir el laudo dentro del expediente laboral 4B-451/2019, del índice de la responsable. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de noviembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 1266/2019, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consisten en: La omisión de emitir el laudo dentro del expediente laboral 4B-451/2019, del índice de la responsable. Tercera. Certeza del acto reclamado. Del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se advierte la actitud omisiva que se les atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del precepto 2º de ésta. Lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos reclamados, lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causales de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia y dado además, que este Juzgado no advierte la existencia de alguna de ellas que deba ser analizada de manera oficiosa, se procede al estudio de la cuestión planteada en el presente contradictorio. Quinta. Estudio de Fondo. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con el referido acto reclamado, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/83, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164369, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La quejosa en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido de los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 Constitucional. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que desde el tres de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, circunstancia que se aprecia del informe justificado. Lo anterior revela que la omisión de la junta responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho contenido en el artículo 17 Constitucional, pues al omitir dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen, provoca un retardo o dilación en el procedimiento. En efecto, el artículo 17 Constitucional consagra la garantía de seguridad jurídica, al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Conforme a dicho precepto, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, por lo que a efecto de determinar si la omisión de la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo respecto de los términos y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener: (.) ". Artículo 886. Del proyecto del laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta con citación a las partes, señalará en su caso, día y hora para el desahogo, dentro del término de ocho días, (.)". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior (.) el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan transcurrido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Por su parte, el artículo 889 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Por tanto, está demostrado que desde el tres de octubre de dos mil diecinueve, la junta responsable no ha dictado el laudo correspondiente, por lo que las consecuencias del retardo y omisión de la autoridad no se destruyen, sino que perduran mientras el juicio no continúe y concluya en forma expedita. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la omisión o el retardo de la autoridad en la tramitación y resolución del juicio actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado que consiste en la emisión del laudo que dirima la controversia planteada. Asimismo, tiene aplicación la tesis jurisprudencial IV.3o.T.J/57, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la pagina 1283, Tomo XXII, de Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Sexta. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, está demostrada la violación de derechos humanos aducida, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable realice lo siguiente: a) De conformidad los artículos 886, 887 y 889 de la Federal del Trabajo y de no solicitar la práctica de otras diligencias, dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo correspondiente al juicio laboral 4B-451/2019, dentro de los diez días siguientes; y, b) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes. Apoya lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2005150, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". (Lo subrayado no es de origen). Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.8/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen surgir en el procedimiento. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Guillermo Santos Meza, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para los efectos ahí precisados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por las siguientes autoridades: Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, Auxiliar de Trámite de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Ambas con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas que anexó a su informe la junta responsable, mismas que se ordena relacionar nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por J. Jesús Valencia Guerrero, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual promueve el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones contra la notificación de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos que expone. Por otro lado, de la certificación que antecede se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentralDeConsultas/PanelCentralDeConsultas.aspx, que la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio en que se actúa, no se encuentra dada de alta en dicho sistema. Por tanto, se comisiona al personal de este juzgado para que de inmediato autorice la sentencia correspondiente a fin de que las partes la puedan consultar electrónicamente. Ahora bien, respecto del incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones que promueve el autorizado de la parte quejosa se desecha de plano, ya que si bien a la parte quejosa se le autorizó la consulta del expediente electrónico, lo cierto es que señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; lugar en el que el actuario de este juzgado trató de notificarlo personalmente, pero al no encontrarlo dejó aviso fijado en la puerta a efecto de que dentro de los dos días siguientes compareciera ante este juzgado a notificarle la citada resolución y al no hacerlo dicha notificación se le practicó por medio de lista. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Guillermo Orduña Romero560/2020
- Guillermo Ricardo Méndez Martínez y Otros.942/2018
- Guillermo Rodríguez Pérez436/2021
- Guillermo Rodríguez Solís826/2019
- Guillermo Rosalio Villicaña Santillán689/2022
- Guillermo Santos Meza487/2023
- Guillermo Ulibarri Daumas964/2021
- Guillermo Velázquez González250/2021
- Guisela Bautista Flores630/2017
- Gumesindo Betancourt Torres787/2018
- Gumesindo García Morelos1200/2023
- Gustavo Adolfo Jasso Villicaña1508/2023