Gumesindo Betancourt Torres

Expediente 787/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
787/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Gumesindo Betancourt Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, de autos se advierte que obran glosados diversas constancias originales que la parte quejosa agregó a su libelo constitucional; por tanto, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero del referido acuerdo 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA GUMENSINDO BETANCOURT TORRES por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 787/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con la documental que la parte quejosa agregó a su libelo constitucional, así como las constancias que la junta responsable anexó a su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con el pedimento que presentó la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, mismo por el que se le tuvo formulando alegatos conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo; asimismo, hace constar que concluyó el derecho de las demás partes para formularlos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tienen por reproducidos los mismos y por precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Gumesindo Betancourt Torres, a través de su apoderado jurídico solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de radicar la demanda laboral presentada por el trabajador aquí quejoso y emplazar a juicio a la parte demandada. Segundo. Admisión de la demanda. El diecinueve de septiembre pasado se registró la demanda de amparo y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y, se fijó fecha para celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado es de carácter positivo atribuido a una autoridad responsable ejecutora, con residencia en este Distrito Judicial, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de radicar la demanda laboral presentada por el trabajador aquí quejoso y emplazar a juicio a la parte demandada. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable anteriormente referida, al momento de rendir su informe justificado, manifestó la inexistencia del acto que se le reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que sea obstáculo de lo anterior el hecho de que del informe justificado rendido por el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierta que el veintiocho de mayo del año en curso, radicó la demanda promovida por la parte quejosa contra el Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, misma que quedó registrada bajo el número de expediente 89/2018; y, en ese mismo acto ordenó girar exhorto a la Junta Especial Número Seis de Zamora, Michoacán con la finalidad de emplazar a juicio a la parte demandada del juicio de origen. Constancia que adquiere valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto, porque lo arriba expuesto permite concluir que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada. Lo anterior, tomando en cuenta que el presente juicio amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquéllas futuras o inciertas que lleguen surgir de manera posterior. Sirve por analogía lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, adicionado y reformado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gumesindo Betancourt Torres, contra el acto reclamado a la autoridad responsable. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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