Guillermo Ricardo Méndez Martínez y Otros.
Expediente 942/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 942/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Ricardo Méndez Martínez y Otros.
- Guillermo Ricardo Méndez Martínez
- Guilermo Ricardo Mendez Martínez y Otros.
- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de trece de marzo de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente expediente, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las videograbaciones que contienen las audiencias del procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, allegadas por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y hace constar que las demás partes no los formularon. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Representación Social formulando sus alegatos y se declara precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 6), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Guillermo Ricardo Méndez Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora y otra autoridad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 5, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Recepción, trámite y avocamiento del juicio de amparo. Por razón de turno inicialmente correspondió el conocimiento de este asunto al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien la tuvo por recibida en auto de cuatro de octubre de ese año (foja 37) y previa prevención formulada en esa misma fecha, mediante determinación de veintinueve de octubre siguiente (foja 84), se declaró incompetente para conocer del asunto por razón de territorio, argumentando toralmente, que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para delitos de Alto Impacto, con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán. Por ello, en auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 92) este órgano jurisdiccional la tuvo por recibida, aceptó la competencia y la admitió a trámite, ordenando que se registrara bajo el número 942/2018; asimismo, en el mismo auto se solicitó su informe con justificación a las autoridades y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de avocamiento emitido por este juzgado, el seis de noviembre de la anualidad pasada (foja 106), se notificó personalmente al quejoso el auto de admisión. Luego, en auto de veintidós de noviembre posterior (foja 129), se reconoció el carácter de terceros interesados a: Tammi Guillen, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; y, Alan Marroquín Herrera, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. En tanto que en el diverso auto de treinta de noviembre pasado, se reconoció también ese carácter a la víctima del delito Priscila Anahí Campos Ojeda. Por otro lado, en auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (foja 176), se ordenó regularizar el procedimiento a efecto de llamar como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, con residencia en Uruapan, Michoacán; asimismo, en dicho proveído se ordenó requerir al quejoso para que manifestara si en contra del auto que decretó su vinculación a proceso promovió recurso de apelación y de ser así, si deseaba señalar como responsable a la autoridad a la que hubiere correspondiendo el conocimiento de ese medio de impugnación, con el apercibimiento que de no realizar manifestación, este expediente se resolvería en los términos en que se admitió, es decir, únicamente por el auto de vinculación a proceso. Por lo anterior, en auto de diecinueve de febrero del año en curso (foja 193), se tuvo al quejoso cumpliendo con lo requerido y señalando para ese efecto que no promovió recurso de apelación contra el auto que decretó su vinculación a proceso. Finalmente, en esta misma fecha tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Guillermo Ricardo Méndez Martínez señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Acto reclamado: Auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el seis de julio de dos mil dieciocho dentro de la causa 177/2018, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en agravio de Priscila Anahí Campos Ojeda. Autoridades responsables: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora; y, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan (foja 183) manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además de que la existencia del acto reclamado fue negado de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a la autoridad responsable a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ella atribuido, porque la naturaleza de su aseveración la liberó de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de ese ente de gobierno, por eso a éste correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta al acto precisado en este considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el seis de julio de dos mil dieciocho dentro de la causa 177/2018, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en agravio de Priscila Anahí Campos Ojeda, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 124). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, consistentes en tres discos que contienen la videograbación de la audiencia mediante la cual se vinculó al quejoso al proceso de origen y las constancias digitalizadas que integran la carpeta administrativa relativa a la causa penal de origen. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, señala en su informe justificado (foja 124, reverso) que la demanda de amparo fue promovida extemporáneamente, causal que a juicio de quien resuelve es fundada. Se dice lo anterior, ya que el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [...]" Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en los diversos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en cuyo caso se entenderán los actos reclamados como consentidos tácitamente, pues siendo impugnables vía amparo no se promovió este medio de control constitucional dentro del plazo legal. Ahora bien, resulta importante reproducir lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dado que no se está en presencia de un caso de excepción a la regla general del plazo para promover el juicio de amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo resaltado no es de origen). Los preceptos legales transcritos establecen que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente al en que acontezca cualquiera de las siguientes hipótesis: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de la interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En efecto, de las anteriores transcripciones se conoce, que el juicio de amparo deviene improcedente cuando sea promovido contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como tales, aquéllos en los que la demanda de amparo no sea promovida dentro del término de quince días. Asimismo, se pone de manifiesto que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se contará desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se combata; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que la quejosa se hubiese ostentado sabedora de los mismos. En el caso, el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso dictado el seis de julio de dos mil dieciocho dentro de la causa 177/2018, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en agravio de Priscila Anahí Campos Ojeda. Pues bien, a efecto de determinar la oportunidad de la demanda de amparo que dio origen a este expediente debe señalarse que, pese a que el quejoso no manifestó la fecha de conocimiento de la misma, atendiendo a la naturaleza del procedimiento penal del que deriva el mismo -sistema acusatorio oral- es posible afirmar que el peticionario de amparo quedó notificado del auto de vinculación a proceso que reclama el seis de julio de dos mil dieciocho, por el solo hecho de haber figurado como parte interviniente en la audiencia en la que se dictó esa determinación, tal y como se advierte del acta de audiencia que el juez de la causa acompañó a su informe justificado: Debe considerarse de ese modo, porque conforme a los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedarán notificados en ese acto los intervinientes, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.137 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Registro 2016394, que dice: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." Rebasado el aspecto relativo a la fecha de notificación la cual debe tenerse como ya se dijo, en la data de la audiencia, es decir, el seis de julio de dos mil dieciocho, debe señalarse que la misma surtió sus efectos al día posterior hácil-nueve de julio posterior-, conforme a lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo promovida por Guillermo Ricardo Méndez Martínez resulta extemporánea, acorde con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de la Amparo, ya que quedó notificado de la misma en el acto de la audiencia, es decir, el seis de julio de dos mil dieciocho y dicha notificación surtió sus efectos el nueve de julio siguiente (día siguiente hábil), conforme al referido artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, el plazo para la interposición del juicio de amparo transcurrió del diez al treinta de julio de dos mil dieciocho, como se logra apreciar de la imagen que se inserta a continuación: Es aplicable a lo anterior, la tesis II.3o.P.10 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época, Registro 2017665, Página 2680, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI CONFORME A LA LEY QUE REGULA EL ACTO RECLAMADO, LAS PARTES ASISTENTES QUEDAN NOTIFICADAS DEL CONTENIDO DE LA AUDIENCIA EN LA QUE AQUÉL SE EMITE, PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, ES APLICABLE LA PRIMERA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA. De la interpretación armónica de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se concluye que, salvo las excepciones establecidas en el primero de los numerales, el término para la promoción del juicio de amparo es de quince días, y el cómputo de éste inicia desde: a) el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, originado por la multiplicidad de procedimientos que ahora se tramitan en audiencias, se presenta una colisión cuando al quejoso se le tiene por notificado con sólo asistir a la audiencia respectiva y, por tanto, también ahí conoce el acto reclamado; conflicto que puede presentarse dependiendo de las reglas para que surta efectos la notificación, porque si se establece que surtirá sus efectos hasta el día siguiente o en fecha posterior, los plazos correrán de forma distinta; esto es, será conocedor del acto el mismo día y, conforme a esa regla, iniciará el cómputo al día siguiente; pero de tenerlo por notificado por disposición legal, el plazo inicia hasta el tercer día (al siguiente de que surtió efectos) y, por ende, debe aplicarse la regla de la fecha en que acorde con la ley de la materia debe tenerse por notificado, porque la hipótesis de conocer el acto reclamado aplica cuando al quejoso no se le tiene por notificado o no se le notifica; además, se le generaría incertidumbre para que pueda establecer cuál es la regla que se le aplicará; ello considerando que a partir de tenerlo por notificado, le otorga un mayor beneficio. Luego, cuando la ley que regula el acto reclamado dispone que las partes quedarán notificadas del contenido de la audiencia en la cual estén presentes, en cuyo caso se surte cualquiera de los supuestos establecidos en los incisos a) y b) citados, el plazo para su presentación debe computarse a partir de la primera hipótesis del artículo 18 mencionado." Consecuentemente, al haberse presentado la petición de amparo el tres de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, según se desprende del sello de recibo, es innegable que la demanda se presentó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa estaba obligada a promover tal demanda dentro del término de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día en que surte efectos la notificación del auto de vinculación a proceso que le fue notificado en la propia audiencia, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados; esto con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guillermo Ricardo Méndez Martínez, por los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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