Guillermo Santos Meza

Expediente 487/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
487/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Santos Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, para lo cual se sirve remitir copia autorizada de lo siguiente: a) Razón actuarial de doce de octubre de dos mil veintitrés, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de su adscripción para realizar la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo en contra de la parte demandada; b) Informes relativos al procedimiento de investigación del último domicilio de la parte demandada; y, c) Acuerdo de veintisiete de octubre del año actual, por el que ordenó dar vista a la parte actora con el resultado de dicho procedimiento. Atento lo anterior, en el presente asunto se concedió el amparo para los siguientes efectos: "1. Provea los medios que estime pertinentes a fin de girar los oficios respectivos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con sede en la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, en atención a la solicitud realizada por la parte quejosa el ocho de agosto de dos mil veintidós; 2. Emita pronunciamiento con motivo de la solicitud realizada por la parte quejosa para remitir oficios a instituciones o empresas a efecto de que informen el ultimo domicilio que tengan del demandado ********************; y, 3. Se sirva llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución del juicio laboral ********************". En consecuencia, con apoyo en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, se sirva remitir en copia certificada lo siguiente: a) Copia certificada de las notificaciones practicadas a la parte actora de la diligencia de doce de octubre y acuerdo de veintisiete siguiente; y b) La respuesta que se sirva realizar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con sede en la Ciudad de México. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, para lo cual se sirve remitir copia autorizada de lo siguiente: a) Auto de cuatro de los actuales, dictado dentro del juicio de origen, en el que señaló las diez horas del doce de octubre del año en curso para que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo; b) Oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que le requirió a efecto de que informe si la parte demandada tiene cuentas bancarias; y, c) Comunicados girados a diversos organismos y dependencia a efecto de que tengan a bien informar el último domicilio que tengan del demandado. Atento lo anterior, en el presente asunto se concedió el amparo para los siguientes efectos: "1. Provea los medios que estime pertinentes a fin de girar los oficios respectivos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con sede en la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, en atención a la solicitud realizada por la parte quejosa el ocho de agosto de dos mil veintidós; 2. Emita pronunciamiento con motivo de la solicitud realizada por la parte quejosa para remitir oficios a instituciones o empresas a efecto de que informen el ultimo domicilio que tengan del demandado ********************; y, 3. Se sirva llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución del juicio laboral ********************". En consecuencia, con apoyo en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, se sirva cumplir con los efectos de la sentencia protectora. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se concedió la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para los siguientes efectos: "1. Provea los medios que estime pertinentes a fin de girar los oficios respectivos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con sede en la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, en atención a la solicitud realizada por la parte quejosa el ocho de agosto de dos mil veintidós; 2. Emita pronunciamiento con motivo de la solicitud realizada por la parte quejosa para remitir oficios a instituciones o empresas a efecto de que informen el ultimo domicilio que tengan del demandado José Mundo Álvarez Ortíz; y, 3. Se sirva llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución del juicio laboral 4B-451/2019". Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: a. Se realizará el pronunciamiento respectivo; b. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, c. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del siete de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 487/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con el pedimento registrado con el número 15694 y da cuenta con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se ordena proveer lo conducente en la etapa que crresponda dentro de la presente audiencia. Con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales aportadas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y parte quejosa. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas aportadas dentro del presente asunto, y dado que no hay medios de convicción pendientes por admitir, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidos los alegatos de mérito y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad,********************, por conducto de su apoderada, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1º, 8° 14, 16, 17 y 123 de la Constitución. Segundo. Admisión. Por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; la registró con el número III-487/2023-O, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se emplazó a la parte tercera interesada mediante despacho (fojas 112 a 123); y, seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda que dio origen al juicio de amparo de que se trata, debe precisarse que el acto reclamado, consiste en: La omisión de atender las solicitudes correspondientes a efecto de girar oficios a diversas instituciones, así como realizar la diligencia respectiva de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución del juicio laboral ********************, que promovió la quejosa en contra de José Mundo Álvarez Ortiz. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Director jurídico de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana en representación del Comisionado de dicha dependencia, al momento de rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto que se le reclama. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable mencionada, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral ********************, que envió como complemente a su informe justificado. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional a dicha autoridad. Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, corresponde ahora examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el presente caso se reclama en esencia, la omisión de atender las solicitudes correspondientes a efecto de girar oficios a diversas instituciones, así como realizar la diligencia respectiva de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución del juicio laboral ********************. Dicha circunstancia, en apariencia podrían revelar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este último, aplicado en sentido contrario. Lo anterior, porque en las fracciones I a XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye también, los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia, dispone que si se trata de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En tanto que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en la última resolución dictada en el mismo procedimiento respectivo. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. Así como se dijo anteriormente, en el caso pudiera establecerse en una primera impresión, que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; ya que en la especie, se trata de actos en ejecución de un expediente laboral, el cual en apariencia, tendría que reclamarse hasta la última resolución emitida en dicho procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, el suscrito considera que el presente asunto se trata de un caso excepcional, que no encuadra en la causal de improcedencia señalada, dado que el acto reclamado no está encaminado a obtener dicha ejecución, sino, por el contrario, impide su cumplimiento. Ello, atendiendo a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer la contradicción de tesis 348/2010, en la que señaló que es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En dicha ejecutoria citó como caso de ejemplo, el auto en virtud del cual el juez natural niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor; al respecto, señaló que el mismo puede considerarse dentro de los supuestos de excepción, pues por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino, por el contrario, tiene como propósito impedir su cumplimiento. Así, indicó que en el supuesto referido, al tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio que obstaculiza la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo indirecto. Señaló que si bien es cierto que en la Ley de Amparo se establece que tratándose de actos dictados después del juicio, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, más lo es que, con esa interpretación literal se podría atentar contra la administración de justicia en tanto que se dejaría al arbitrio del juez la decisión sobre cuándo continuar con la ejecución, sin que esa arbitrariedad pudiera ser combatida; asimismo, que la consecuencia de esa interpretación sería la prolongación (que podría ser arbitraria) de los procedimientos. Concluyó señalando que si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que podrían arbitrariamente impedir la ejecución de las sentencias firmes. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, registro 160866, que dice: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Por ello, atendiendo a que el suscrito considera que el acto reclamado en esta instancia constitucional, es la omisión de atender las solicitudes correspondientes a efecto de girar oficios a diversas instituciones, así como realizar la diligencia respectiva de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución del juicio laboral ********************; es decir, está impidiendo su cumplimiento; por ello, resulta necesario que este juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente. Sexto. Estudio de fondo. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Ahora, es fundado el concepto de violación, en el que la quejosa esencialmente esgrime, que la junta responsable vulnera su derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución, porque ha sido omisa en atender las solicitudes de la parte quejosa para lograr la ejecución del laudo. En efecto, para establecer lo anterior es necesario traer a glosa el contenido del artículo 17, segundo y sexto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. . Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. .". Este numeral reconoce el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, que es el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, ante tribunales independientes, expeditos e imparciales a efecto de plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute la decisión. Además, el derecho sustantivo a la jurisdicción comprende la obligación de los tribunales de proveer eficazmente el cumplimiento de sus decisiones, es decir, se trata de una consecuencia natural que forma parte esencial de esa prerrogativa porque a través de ella se logra la efectiva tutela de los derechos e intereses que dieron inicio al proceso. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 151, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". En ese contexto, se debe señalar que el derecho a solicitar la ejecución del laudo es de carácter sustantivo porque está vinculado estrechamente al derecho de efectivo acceso a la jurisdicción, lo que a su vez se encuentra relacionado con el "efecto útil" de la resolución que puso fin al enjuiciamiento obrero, es decir, que la decisión correspondiente solucione el problema planteado conforme a la ley aplicable, que esté debidamente fundada y motivada, y además se ejecute, pues ese es el fin último de la impartición de justicia. Sustenta en lo conducente, la tesis I.3o.C.42 K (10a.), publicada en la página 1992, del Libro 6, Mayo de 2014, del Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que prevé lo siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN DERECHO SUSTANTIVO SUJETO A PRESCRIPCIÓN. El derecho a solicitar la ejecución de la sentencia es de carácter sustantivo porque se vincula estrechamente al derecho de efectivo acceso a la jurisdicción, lo cual a su vez, se encuentra relacionado con el "efecto útil" de la sentencia, es decir, que la decisión correspondiente solucione el problema planteado conforme a la legislación aplicable; que la sentencia del juzgador se encuentre debidamente motivada y, además, se ejecute, pues ése es el fin último de la impartición de justicia. Así, el ejercicio de tal derecho se encuentra sujeto a prescripción por ser un derecho sustantivo, no a preclusión. Lo anterior es así porque a diferencia de lo ocurrido durante el proceso de origen, en donde la falta de realización de ciertos actos provoca la preclusión del derecho para hacerlo valer; el dejar de ejercitar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo, ocasiona la prescripción del derecho a solicitar la ejecución de la sentencia al tratarse de un derecho sustantivo". Y la tesis V.1o.C.T.58 K, publicada en la página 2460, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL O DE ACCESO A LA JUSTICIA. DICHA GARANTÍA CONTIENE LA SUBGARANTÍA DE "EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES" O DE "JUSTICIA CUMPLIDA", QUE OTORGA A LOS GOBERNADOS EL DERECHO DE QUE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE CUMPLAN CABALMENTE. La garantía de tutela jurisdiccional o de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene a la vez la subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho de que los fallos dictados a su favor por las autoridades jurisdiccionales se cumplan cabalmente, ya que de otra manera la prerrogativa constitucional primeramente indicada no podría verse satisfecha". Ahora bien, los artículos 939, 945, 946 y 950 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. (.) Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. (.) Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo". De este marco legal deriva, la clara e ineludible obligación que tiene la junta responsable de proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, imponiendo dichos preceptos, el deber de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que sean conducentes. Asimismo, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal que la reforma en materia laboral publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve, modificó dichos artículos. Sin embargo, los numerales en cita, siguen siendo aplicables al caso en concreto, en virtud de que el diverso artículo 7° transitorio de la aludida reforma, contempla que los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento de que iniciaron. Bajo la óptica jurídica anterior, se obtiene en el caso particular la violación al derecho de justicia pronta por parte de la autoridad responsable, ya que de las constancias que obran en autos deriva lo siguiente: * Mediante escrito presentado por el apoderado de la parte quejosa el ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio natural, se aprecia que solicitó a la responsable girara oficios a diversas dependencias para que informaran el ultimo domicilio que tenga registrado el demandado ********************así como para que se girara comunicación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe si el demandado tiene registro de cuentas bancarias a su nombre. * Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, el mismo apoderado de la quejosa solicitó se despachara ejecución sobre los puntos: a) Designar actuario; b) Facultar al fedatario para que realice rompimiento o apertura de cerraduras en el domicilio del demandado; c) Girar oficio para que intervenga la fuerza pública en la diligencia correspondiente de requerimiento de pago y embargo; d) Notificar a la parte actora la fecha para la práctica de la diligencia referida, con la anticipación debida; y, e) Mantener el expediente con la debida discreción para evitar que la patronal se entere de la práctica de la diligencia y pueda garantizarse el retiro de los bienes. Escritos que fueron acordados el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de origen en el que proveyó la responsable lo siguiente: I. En términos del artículo 48 párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo, realizó el cómputo de intereses que se han generado sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago; II. Ordenó despachar auto de ejecución o en su caso de embargo en contra de la parte demandada; III. Comisionó al actuario de la adscripción para que se constituya en los domicilios correspondientes y requiera a la parte demandada del pronto y efectivo pago de la cantidad de ******************** bajo el apercibimiento legal que en caso de no hacerlo en el momento de la diligencia, se le embarguen bienes de su propiedad suficientes para cubrir la cantidad requerida; IV. Ordenó girar los oficios solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con sede en la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, V. Autorizó copias certificadas del asunto. Luego, la responsable en su informe justificado señalo textualmente: "ES CIERTO el acto reclamado, ello debido a que dentro del expediente laboral ********************, los escritos presentados por la parte atora, ahora quejosa, con fechas ocho de agosto de dos mil veintidós y uno de febrero de dos mil veintitrés, fueron acordados el seis de marzo de dos mil veintitrés, ordenándose girar los oficios solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; sin que hasta la fecha hayan sido enviados; así mismo, tampoco se acordó lo respectivo a la orden para enviar a las instituciones o empresas solicitadas en el primero de sus escritos del actor, ahora quejoso..". (Resaltado añadido). Sin que en autos se advierta que a la fecha se hubiese emitido diversa acción tendente para girar oficios a las instituciones respectivas, así como realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo en la etapa de ejecución del laudo. Esto es, de lo antes reseñado se advierte el retraso en que ha incurrido la autoridad responsable en la substanciación del procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen, puesto que se limitó a despachar auto de ejecución, sin que a la fecha obre constancia alguna de su cumplimentación, no obstante que desde la data en que se despachó el auto de ejecución, han transcurrido seis meses; inobservando así, lo preceptuado en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación, pues se insiste la junta responsable ha sido omisa en proveer la eficaz ejecución del laudo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Provea los medios que estime pertinentes a fin de girar los oficios respectivos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con sede en la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, en atención a la solicitud realizada por la parte quejosa el ocho de agosto de dos mil veintidós; 2. Emita pronunciamiento con motivo de la solicitud realizada por la parte quejosa para remitir oficios a instituciones o empresas a efecto de que informen el ultimo domicilio que tengan del demandado ********************; y, 3. Se sirva llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución del juicio laboral ********************. Séptimo. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en dicho apartado. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a por********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos descritos en el considerando sexto de este fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

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