Guillermo Pavon Ake

Expediente 1239/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1239/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Eduin Armando Caro Yah
  • Guillermo Pavon Ake

Actuaciones

  1. Principal

    III. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintinueve de octubre del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    . Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Pavón Aké, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán y de otras autoridades; del que se advierte que en el presente caso se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, motivo por el cual, lo que procede es desechar por notoriamente improcedente la misma, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esa determinación, resulta necesario precisar que las manifestaciones vertidas por la parte promovente en la demanda de amparo que instó bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Asimismo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, pues constituye un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por esta vía se trata es el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 201/2013, por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, en el cual ordenó el desalojo del suscrito en el tablaje catastral marcado con el número 4188 de la población de Itzincab y Mulsay del municipio de Umán, Yucatán, promovido por Juan José Castañeda Loría y/o Wendy Carolina Segovia Cocom, como endosatarios en procuración de Juan José Luna Hernández, y actualmente continuado por Eduin Armando Caro Yah, mismo que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia habiéndose celebrado incluso la audiencia de remate. Cabe mencionar, que el auto del cual deriva el acto reclamado, fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en el que tuvo conocimiento el aquí quejoso en la calidad de demandado del citado juicio ejecutivo mercantil, en el cual, el Juez responsable, sigue teniendo por reconocida tal personalidad del demandado Guillermo Pavón Aké. Ahora, para resolver sobre la admisión o no de la demanda, se debe tomar en cuenta que de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, éste último interpretado en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente si se promueve contra un acto jurisdiccional, emitido en ejecución de sentencia, que no constituya su última resolución, entendida como aquella que reconoce o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Dicha causa de improcedencia es la misma que se deducía de la interpretación del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. Sobre el particular, resulta importante traer a colación la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, porque en tal ejecutoria, el máximo tribunal del País examinó los supuestos de procedencia del juicio de garantías indirecto previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. En resumidas cuentas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que de conformidad con la fracción III del invocado numeral 114, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo indirecto sólo es procedente contra la última resolución, siendo ésta, en principio, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, específicamente, tratándose de remates, la que apruebe o desapruebe el remate. Por otro lado, la suprema instancia consideró que acorde con la fracción IV del mismo precepto (114), en armonía con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada, la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional debe ser analizada, en principio, en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya cumplido con el principio de definitividad, en las materias donde sea exigible esa disposición, y afecten al quejoso y trasciendan al sentido de la resolución reclamada. Sin embargo, aceptó que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra los actos aludidos, cuando su ejecución sea de imposible reparación. Explicó que dicha excepción consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos intermedios, sin esperar a que el procedimiento culmine, pero dicha regla de excepción se actualiza únicamente cuando se esté ante un acto cuya ejecución sea irreparable. En ese orden de ideas, argumentó que la fracción III del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo establece una regla autónoma relativa a que, tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede, excepcionalmente, aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sin que tal aplicación analógica permita la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes (en grado predominante o superior). Por tales motivos, el Tribunal Pleno de la Corte concluyó que, aun tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando concurran los siguientes supuestos: a) Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean vulnerados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones expuestas dieron origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, como se ha dicho, la resolución que constituye el acto reclamado del cual se duele la parte quejosa, consiste en el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 201/2013, por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, en el cual ordenó el desalojo del suscrito en el tablaje catastral marcado con el número 4188 de la población de Itzincab y Mulsay del municipio de Umán, Yucatán, promovido por Juan José Castañeda Loría y/o Wendy Carolina Segovia Cocom, como endosatarios en procuración de Juan José Luna Hernández, y actualmente continuado por Eduin Armando Caro Yah, mismo que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia; por ende, la resolución reclamada es un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, relativo al juicio de origen, que no constituye su última resolución y no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Es así, en virtud de que el acto se reclama representa una de las fases del incidente de ejecución que se está tramitando en el juicio ejecutivo mercantil, más no representa la resolución con que dicho procedimiento culmina. De ahí que, deba desecharse la demanda porque el acto reclamado no puede combatirse en amparo indirecto. Sin que lo anterior irrogue perjuicios a la parte quejosa, ya que está en aptitud de reclamar las violaciones que le haya ocasionado la resolución combatida en el juicio de amparo que, en su caso, promueva contra la última resolución del procedimiento de ejecución del juicio de origen o del procedimiento de remate respectivo. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR GUILLEMRO PAVÓN AKÉ, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo. Regístrese y fórmese el expediente de rigor. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como sus autorizados para el mismo efecto a todas las personas que menciona en su ocurso de cuenta, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que, por oficio signado por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura, del Ministerio Público del Fuero común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, informó que la carpeta de investigación F4-F4/334/2015 misma que se encuentra glosada a la diversa carpeta marcada con el número F4-F4-565/2017, única y exclusivamente en relación a la probable transgresión de los derechos humanos de los quejosos Elmer Alberto Medina González y Manuel Jesús Hernández Hernández, se encuentra en integración, ya que se están practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados ante dicha autoridad ministerial. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura, del Ministerio Público del Fuero común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de cinco días siguientes el en que se le notifique el presente acuerdo, informe a esta potestad judicial respecto al estado procesal de la carpeta de investigación F4-F4/334/2015 misma que se encuentra glosada a la diversa carpeta marcada con el número F4-F4-565/2017, única y exclusivamente en relación a la probable transgresión de los derechos humanos de los quejosos Elmer Alberto Medina González y Manuel Jesús Hernández Hernández. Con el apercibimiento que de no de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo el epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA". NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano