Guillermo Jimenez Lopez

Expediente 110/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
110/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Jimenez Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Visto el estado de los presentes autos y la diligencia levantada este día, en la que el quejoso Guillermo Jiménez López, ratificó el contenido de su escrito de treinta de enero del año en curso, en el que manifestó su voluntad de desistirse de la prosecución del presente juicio de amparo; por tanto, como lo solicita el quejoso, se le tiene por desistido del presente asunto y, por ende, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Asimismo, la jurisprudencia con el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 83 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", es factible dictar un auto de sobreseimiento fuera de la audiencia de ley, también es que ello sólo procede cuando se actualice una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable. De modo tal, que cuando el Tribunal Colegiado que conoce del recurso de revisión interpuesto contra un auto de esa naturaleza, advierte que la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no es notoria e indudable, no puede reasumir jurisdicción en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, pues ello sólo es posible cuando el Juez Federal sobresee en el juicio en la audiencia constitucional, después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado alegatos, presupuestos que no se cumplen cuando se sobresee en forma incorrecta fuera de dicha audiencia. En un caso así, debe considerarse que se violan las normas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, debe revocarse el auto de sobreseimiento y ordenar al a quo reponer el procedimiento, para el efecto de que señale día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que las partes estén en aptitud, en su caso, de rendir las pruebas que estimen pertinentes y formular sus alegatos, hecho lo cual dicte la sentencia que en derecho corresponda." Como consecuencia de lo arriba indicado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, así como la audiencia incidental señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ahora bien, al existir solicitud expresa del quejoso en el sentido de desistirse del juicio de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el presente auto; en tal virtud, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. De conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Por otra parte, agréguense a estos autos únicamente para los fines legales correspondientes, el oficio signado por el Director General de Trasporte del Estado y anexos que acompaña, mediante el cual rinde su informe previo, sin hacer mayor pronunciamiento alguno, en virtud de lo acordado en líneas anteriores. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo, y si el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del mismo.

  2. Principal

    MESA VII Agréguense a estos autos el escrito firmado por el quejoso Guillermo Jiménez López, mediante el cual pretende desistir del juicio de amparo que promovió; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al quejoso a fin de que en el término de tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este Juzgado de Distrito, con identificación actualizada, a ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta; apercibido para el caso de no cumplir lo anterior, que se tendrá por no hecha la manifestación plasmada en su ocurso y se continuará con el trámite del presente juicio. Tiene aplicación al caso por identidad de razón, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR LA QUEJOSA. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por la quejosa ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si la quejosa en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio".

  3. Principal

    Agréguese a estos autos y téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos adscrito a éste Juzgado Federal, al cual anexa copias certificadas de constancias conducentes del juicio de amparo VI-56/2018 del índice de este Juzgado Federal; asimismo, comunica que mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso, se determinó la procedencia de la separación de juicios en dicho juicio. Ahora bien, en mérito de lo expuesto en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, dictado en autos del juicio de amparo VI-56/2018; en tal virtud, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se admite la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que hace al acto reclamado por Guillermo Jiménez López, respecto de la detención del vehículo marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, acontecida el veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete. Acúsese el recibo correspondiente en autos del diverso juicio de amparo VI-56/2018, del índice de este Juzgado, para los fines conducentes. Asimismo, vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Jiménez López, contra un acto del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y de otra autoridad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, las responsables, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces de unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acredite; apercibidas, de que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la Ley de la Materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo; y como autorizados para tal fin a Víctor Gutiérrez Muñoz, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y por lo que respecta a Víctor Hugo May Llanes, José Enrique Espinosa Ruiz, Vicente González Acosta, Luis Miguel Rivero Díaz, Jhonatan Misael González Martínez, Emmanuel G. Rosales Guerrero, y Fernando Mendoza Rodríguez, con las limitaciones que establece el numeral antes invocado, toda vez que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales ante los órganos de control constitucional. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada quejosa, por el conducto que indica, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con dos copias de la demanda.

  4. Incidental

    Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Guillermo Jiménez López, contra un acto del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y de otra autoridad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídase su informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 238, en armonía con el diverso 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento. En el presente caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente. 1. La omisión de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el once de enero de dos mil dieciocho; y, 2. La detención y retención, del vehículo de la marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, sin que a la fecha se haya emitido una resolución por parte de la Dirección de Transporte del Estado. Ahora, por lo que respecta al primer acto reclamado anteriormente enumerado, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, pues se trata de un acto de omisión contra el cual resulta improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que tal acto constituye una abstención de la autoridad responsable, por lo que dada su naturaleza, resulta improcedente otorgar tal medida, ya que el mismo no requiere de ejecución material alguna. Se afirma lo anterior ya que sólo puede ser suspendido lo que se viene desarrollando en forma positiva, en esas condiciones es incuestionable que no existe materia de suspensión cuando lo que se combate, como en el caso, son abstenciones de la autoridad señalada como responsable. En efecto, la suspensión que tiene por objeto evitar la consumación del acto con el consecuente perjuicio irreparable para el quejoso; en ese sentido, la abstención o acto negativo, por su naturaleza misma, entraña la imposibilidad de consumación y, por lo tanto, decretar la suspensión de la misma, no produciría efecto alguno; máxime que de concederse sería dar efectos restitutorios o constitutivos, cuando su función, como ya se dijo, es únicamente la de conservar la materia de amparo. Tiene aplicación al caso las tesis de jurisprudencia con los rubros siguientes: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA." "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS." Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la retención del vehículo propiedad de la parte quejosa, de conformidad con lo establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, se establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Sin embargo, antes de entrar a analizar los dos requisitos anteriores, es necesario verificar si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, dado que no existiría materia sobre la cual decretar dicha medida. Por tanto, tratándose de la suspensión provisional, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realice el quejoso, lo que en el caso concreto en su demanda manifiesta la existencia de la detención o depósito del vehículo de la marca marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado antes descrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Posteriormente, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativo, entre otros. Precisado lo anterior, lo que procede es determinar si el depósito del referido vehículo automotor, por parte de las autoridades responsables, previamente a la promoción del juicio de amparo, es un acto consumado para los efectos de la suspensión, y si la concesión de la medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo. Al respecto, a juicio del suscrito resolutor, el acto no es consumado para los efectos de la suspensión y, por ende, sí es susceptible de ser suspendido. La anterior afirmación se desprende de que la detención o depósito del vehículo de la marca marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, llevada a cabo previamente a la promoción del juicio de amparo, si bien es un acto que se ha ejecutado, no puede considerarse como consumado para los efectos de la suspensión, ya que subsiste mientras el vehículo no sea devuelto al quejoso. Es decir, si bien la referida detención del vehículo se realizó en un solo momento, dicho acto no queda definitivamente consumado, toda vez que sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la citada detención, lo que permite suspender esos efectos a fin de evitar perjuicio al agraviado durante la tramitación del juicio de amparo. Además, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional respecto de las consecuencias del acto reclamado, consistente en la retención del vehículo automotor, para el efecto de que le fuera devuelto, de donde se desprende que la suspensión se pidió no respecto de la detención en sí misma, sino de sus efectos y consecuencias; de ahí que, si estos siguen ejecutándose, no podría considerarse la desposesión como un acto indefectiblemente consumado pare los efectos de la medida cautelar. Ahora bien, debe precisarse que la suspensión que se conceda en contra de la detención del vehículo no tendrá efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, la autoridad responsable estará en aptitud de ejecutar nuevamente el acto y, en caso contrario se habrá restituido al quejoso en el goce del derecho constitucional violado, con lo que se evitaran los perjuicios que se pudieran provocar durante la tramitación del presente amparo. Dicho en otras palabras, la concesión de la medida cautelar no implica una restitución en el goce del derecho constitucional violado, ya que el acto reclamado sigue existiendo, en este caso, la orden de detención, encierro, secuestro administrativo o depósito del vehículo marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, lo que hace es mantener la situación jurídica que mantenía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad ejecutar el acto en sus términos o restituya al agraviado en el goce de sus derechos. Con base en lo anterior, se considera que el depósito del vehículo automotor, es un acto que, conforme a su naturaleza, es susceptible de ser suspendido, y que de conceder la suspensión en contra de ese acto, no se daría efectos restitutorios en la medida cautelar. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2001198 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/2012 (10a.) Página: 1186 SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Ahora bien, continuando con el análisis se advierte que se cumple con la condición prevista en la fracción I del artículo 128 referido, pues la medida cautelar fue solicitada por Guillermo Jiménez López, quien adjunta como documentos para acreditar de manera indiciaria la propiedad del vehículo de la marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, los siguientes: a) Original de la carta factura de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, expedida por la empresa "Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey", Sociedad Anónima de Capital Variable. b) Copia del recibo de pago de infracciones folio 33454496414, por concepto de multa por la cantidad de mil ochocientos ochenta y siete pesos moneda nacional. d) Original del escrito dirigido al Director General de Transporte del Estado, en el que solicita la devolución del vehículo automotor de la marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, con sello de recibido de once de enero de dos mil dieciocho. Documentos a los que se les otorga valor indiciario, mismos que generan convicción al suscrito Juzgador, hasta esta etapa procesal, respecto a la titularidad del quejoso como propietario del vehículo detenido. Por lo que toca al diverso requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, dispone que: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, ...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que por apariencia de buen derecho respecto de lo cual, debe entenderse el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión. Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. El segundo de los requisitos contenido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, también se satisface, porque al concederse la suspensión no se afecta al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. En el caso, como se vio, se reúnen los requisitos a que se refiere el numeral 128 citado para conceder la medida que se solicita. En el artículo 147 de la Ley de Amparo, se establece que la medida suspensional se concederá, de ser jurídica y materialmente posible, restableciendo provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado. Luego, considerando que la suspensión del acto reclamado en análisis constituye un acto de tracto sucesivo, que se acreditaron los requisitos previstos en el artículo 128 para el otorgamiento de la suspensión, y que en el caso, la naturaleza del acto otorga la posibilidad de que materialmente se restablezca provisionalmente a la quejosa en el derecho violado, procede conceder la medida cautelar, para el efecto de que la autoridad responsable devuelva al quejoso, en calidad de depósito, el vehículo de la marca "Nissan", tipo "March", año dos mil dieciséis, con placas de circulación YWU-050-A del Estado de Yucatán, hasta en tanto se notifique a la responsable la suspensión definitiva que se dicte en los presentes cuadernos incidentales. Dicha suspensión no surtirá efecto, en el caso de que, contrario a lo argüido por la quejosa, las multas que dieron origen a la detención no se encuentren pagadas o garantizadas. Asimismo, esta suspensión no surtirá efectos, si la detención del automotor obedece a motivos diferentes a los narrados en la demanda de amparo, esto es, que se refieran a situaciones diferentes a dichas infracciones y/o multas, o el vehículo sea retenido por ser objeto, producto o instrumento del delito o bien, por cualquier otro acto diverso a las multas que refiere la impetrante de amparo ya han sido cubiertas. Sin que dicha medida constituya autorización para que el quejoso contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de nueva infracción a la que motiva la presente demanda de amparo, o bien, por estar circulando dicho vehículo en la que se encuentre prestando servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades previstas en el artículo 17 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, esto es público, particular o contratado a través de plataformas tecnológicas, sin cumplir con los requisitos que establece la referida Ley o su Reglamento, para poder ejercer dicha actividad.

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