Guillermo Perez Sanchez

Expediente 1324/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1324/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Alberto Perez Sanchez
  • Guillermo Perez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el seis de diciembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece el inciso la fracción I, incido b), artículo 18 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo. Ahora bien, de las constancias que la referida responsable adjunto a su informe, se advierte que en autos del Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia número 380/2021, promovido por Carlos Enrique Pérez Martín, en contra de Guillermo Pérez Sánchez y Rodrigo Alberto Pérez Sánchez, el veintidós de noviembre del año en curso, con motivo del recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa, en contra de la parte conducente del auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se otorgó como medida provisional la guarda y custodia de las menores de edad Cecilia del Carmen y Fernanda Gabriela, ambas de apellidos Pérez Sánchez, en favor del promovente Carlos Enrique Pérez Martín; siendo que con motivo del citado recurso de revocación, mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se revocó dicha determinación y se ordenó poner a las referidas menores de edad bajo la guarda y custodia del aquí quejoso y otro. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa, reclamó medularmente del Juez responsable, el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en autos del Juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia número 380/2021, promovido por Carlos Enrique Pérez Martín, en contra del aquí quejoso y otro, en el que se ordenó el uso de la fuerza pública para el efecto de poner a sus hermanas menores de edad C.C.P.S y F.G.P.S. a cargo del referido progenitor Carlos Enrique Pérez Martín. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclamó del Juez responsable, el auto de nueve de julio del año en curso, en el que se ordenó la entrega de las menores a su progenitor. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe de ley, se desprende que mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se revocó dicha determinación y se ordenó poner a las referidas menores de edad bajo la guarda y custodia del aquí quejoso y otro. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente y por correo electrónico a las representantes especiales de las menores de edad. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN.- Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo. Ahora bien, de las constancias que la referida responsable adjunto a su informe, se advierte que en autos del Juicio Ordinario Oral Familiar de Guarda y Custodia número 380/2021, promovido por Carlos Enrique Pérez Martín, en contra de Guillermo Pérez Sánchez y Rodrigo Alberto Pérez Sánchez, el veintidós de noviembre del año en curso, con motivo del recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa, en contra de la parte conducente del auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se otorgó como medida provisional la guarda y custodia de las menores de edad Cecilia del Carmen y Fernanda Gabriela, ambas de apellidos Pérez Sánchez, en favor del promovente Carlos Enrique Pérez Martín; siendo que con motivo del citado recurso de revocación, mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se revocó dicha determinación y se ordenó poner a las referidas menores de edad bajo la guarda y custodia del aquí quejoso y otro. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa, reclamó medularmente del Juez responsable, el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en autos del Juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia número 380/2021, promovido por Carlos Enrique Pérez Martín, en contra del aquí quejoso y otro, en el que se ordenó el uso de la fuerza pública para el efecto de poner a sus hermanas menores de edad C.C.P.S y F.G.P.S. a cargo del referido progenitor Carlos Enrique Pérez Martín. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclamó del Juez responsable, el auto de nueve de julio del año en curso, en el que se ordenó la entrega de las menores a su progenitor. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe de ley, se desprende que mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se revocó dicha determinación y se ordenó poner a las referidas menores de edad bajo la guarda y custodia del aquí quejoso y otro. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente y por correo electrónico a las representantes especiales de las menores de edad. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado por la María Jesús Jiménez García y Bertha Paola González Linares, mediante el cual, en relación con lo ordenado en proveído de dieciocho de noviembre del presente año, informan que aceptan el cargo para fungir, independientemente una de la otra, como representantes especiales de los menores de edad involucrados en este juicio de amparo y proporcionan como medio de contacto el correo electrónico, siendo este, prodemefa @gmail.com. En tal virtud, toda vez que existe aceptación expresa por parte de las representantes designadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, se les discierne el cargo de representantes especiales de los menores de edad, para los efectos legales a que haya lugar, facultándolas ampliamente para el buen desempeño de su cometido en salvaguardar de los derechos de los menores de que se trata, en el trámite del juicio de amparo en que se actúa y tómese nota del correo electrónico proporcionado por las mismas a fin de que sean notificadas por esa vía en las determinaciones que así lo ameriten. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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