Guillermo Rodrigo Varela Tun
Expediente 1306/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guillermo Rodrigo Varela Tun
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio que sobreseyó fuera de audiencia; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes y no se tramito incidente de suspensión, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Auxiliar en funciones del Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado con fundamento en el artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo y la Actuaria de Su adscripción, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; mediante los cuales rinden informe justificado y la primera anexa copias certificadas de las constancias conducentes del expediente 956/2021, relativo al juicio laboral, de su índice. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa Guillermo Rodrigo Varela Tun reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la denegación de justicia de la responsable dentro del expediente laboral 956/2021, al no señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así como la omisión de notificar dicho acuerdo. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera que, la parte quejosa reclama en esencia la denegación de justicia de la responsable dentro del expediente laboral 956/2021, al no señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así como la omisión de notificar dicho acuerdo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Junta responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que en fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, emitió un proveído en el señaló para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el veintitrés de agosto de dos mil veintidós a las diez horas con treinta minutos; mismo auto que fue notificado a la parte actora -aquí quejosa- y a la demandada "Niplito del Sureste", Sociedad Anónima de Capital Variable, el veinte de junio de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda); así como, se advierte que no se logró notificar a las diversas demandadas "Corporativo Magav Sureste", Sociedad Anónima de Capital Variable y a las personas Carmen May Espinosa y Jorge Álvarez Balam. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que la responsable en fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, señaló para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el veintitrés de agosto de dos mil veintidós a las diez horas con treinta minutos; el cual fue notificado a la parte actora -aquí quejosa- y a la demandada "Niplito del Sureste", Sociedad Anónima de Capital Variable el veinte de junio de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda); y si bien se advierte que no se logró notificar a las diversas demandadas "Corporativo Magav Sureste", Sociedad Anónima de Capital Variable y a las personas Carmen May Espinosa y Jorge Álvarez Balam; lo anterior, fue por causas no imputables a las autoridades responsables. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable ha fijado fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica y realizado las diligencias de notificación, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación realizada en la cuenta que antecede, se advierte que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaria de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud, todos con sede en la Ciudad de México, no han rendido su respectivo informe justificado, así como, tampoco obra en autos el acuse de recibo del oficio con el que se le requirió, siendo necesario contar con su respectivo informe justificado, a fin de estar en aptitud de celebrar la audiencia constitucional correspondiente. En consecuencia, no es posible celebrar la aludida audiencia en esta data; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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