Guillermo Manuel Pinto Pérez
Expediente 2535/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2535/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guillermo Manuel Pinto Pérez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de constancias se desprende que por proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno se reservó acordar lo conducente en relación al escrito signado por Nancy Patricia Canul Canché y Mildred Isabel Pech Mex, autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la parte quejosa, hasta este propio día; por tanto, se deja sin efecto la aludida reserva. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto, así como de la solicitud efectuada por la parte quejosa en su aludido escrito relativo al diferimiento de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se advierte que hasta la presente fecha no se ha celebrado la audiencia informativa en el idioma inglés ordenada mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en virtud de que la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, no ha remitido la información solicitada por acuerdo de cinco de noviembre último. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan las once horas con diecinueve minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el que rinde informe sobre la suspensión de plano concedida en este asunto. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que, por acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa y a la autoridad foránea tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio constitucional. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó de manera electrónica a la parte quejosa el once de noviembre de dos mil veintiuno, y a la autoridad foránea tercero interesada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, tal como consta en la tarjeta de acuse de recibo correspondiente recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el treinta de los corrientes, sin que a la presente fecha realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: ".el Fiscal del Ministerio Público Especializado en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, deje insubsistente el acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, y en su lugar, emita otro en el que tenga al inculpado Juan Pablo Guillermo Molina, designando defensor particular y autorizando a las personas que menciona en los escritos presentados el veintiuno de mayo y siete de agosto de dos mil diecinueve. Por otro lado, respecto a las diversas manifestaciones vertidas por el quejoso en los escritos de que se trata, el Fiscal responsable, con plenitud de jurisdicción, deberá resolver lo que en derecho proceda, dando contestación a las mismas." Inconforme con la anterior determinación, la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Especializado en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por conducto de su Delegado, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida, y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese sentido, mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la responsable. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Especializado en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, mediante oficio recibido el ocho de noviembre de dos mil veintiuno (promoción 18550), remitió copia certificada del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en autos de la carpeta administrativa de origen, en el que, en primer término, dejó insubsistente el proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve; y por otro lado, tuvo al impetrante del amparo señalando como su defensor particular al licenciado Alonso Román Cuevas Ocampo, fijando fecha y hora a fin de que éste acudiera ante la responsable a rendir la correspondiente protesta de ley. Posteriormente, procedió a dar contestación a los diversos puntos planteados por el quejoso. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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