Guillermo Jesús Pérez Vega
Expediente 2858/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2858/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guillermo Jesús Pérez Vega
Actuaciones
- Incidental
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las once horas con treinta y seis minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia incidental sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta al Juez con el informe previo rendido por la autoridad responsable mismo que ya obra agregado en autos. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido en tiempo y forma el informe previo de la autoridad responsable; en tal virtud, celébrese la presente audiencia incidental. Abiertos los períodos de pruebas y alegatos no se da cuenta con promoción alguna. Por lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la secretaría, ténganse por cerradas dichas etapas. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2858/2022-VI-B, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado Turno Vespertino, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el quince de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hizo consistir en: - El proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de divorcio voluntario ********************, mediante el cual, se decretó que la pensión alimenticia fijada en dicho procedimiento había aumentado, por lo que se estableció la cantidad de ********************, como cantidad total adeudada por tal concepto. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado Turno Vespertino, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe previo, por lo que se tienen por existentes los mismos. TERCERO. Medida cautelar. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza de los actos reclamados, los cuales tienen el carácter de ser consumados con efectos positivos, por lo que sí es procedente el otorgamiento de la suspensión respecto de sus efectos y consecuencia; sin embargo, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se Contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. En este tenor, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende, como ya se dijo, que los referidos actos reclamados tienen el carácter de consumados con efectos positivos, se procederá a proveer estos últimos. En cuanto a los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Ello obedece a que no se satisface el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, ya que la concesión de la medida impediría el pago de la cantidad adeudada como concepto de pensión alimenticia decretada a favor del acreedor alimentario (en el caso, de la menor de edad ********************), lo que de conformidad a la fracción IX, del artículo 129, de la citada Ley, ocasionaría perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Por tanto, es improcedente conceder la medida cautelar solicitada, pues equivaldría a afectar la determinación que sobre el pago del adeudo de los aumentos de pensión alimenticia se decretó en favor de la acreedora alimentaria y los perjuicios que con tal determinación se ocasionaran a esta serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia establecida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Civil, Tesis 40, en la página 32, que señala lo siguiente: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, lo que informa la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Página: 10, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LXXXI, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS, CONTRA LA RESOLUCION QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSION. Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión." Así como la jurisprudencia I.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 383, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : UNICO. SE NIEGA a ********************, la suspensión definitiva del acto que reclamó de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta ciudad, y anexo que acompaña, con el que remite el testimonio de resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el toca 24/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada, contra la sentencia dictada el treinta de noviembre del año en curso; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irene Zariffe Ortega Saidén, representante del menor C.A.L.O. contra el acto que reclamó a la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por las razones y para los efectos precisados en la presente ejecutoria". Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento a las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y glósense a estos autos las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado en dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo; para lo cual, deberá remitirse copia certificada de la resolución pronunciada por la Superioridad, que en esta propia fecha se provee. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante el cual, esencialmente, comunica que se dejó sin efectos la diligencia de fuerza pública señalada para tener verificativo a las nueve horas del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, solicitada en autos del expediente 299/2018, del índice del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngasele por última ocasión, para que de inmediato lleve a cabo las gestiones correspondientes para poner a disposición de la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, los elementos policiacos necesarios para llevar a cabo la diligencia de mérito, señalando fecha y hora para el desahogo de la misma, lo que deberá informar a este Juzgado con la misma prontitud; pues no pasa desapercibido que ésta es la cuarta ocasión en la que deja sin efectos la fecha y hora señaladas para que se lleve a cabo la diligencia de mérito. Reiterándole que las sentencias pronunciadas por este Juzgado Federal, en forma alguna pueden encontrarse supeditadas al proceder de las partes, o bien, a circunstancias diversas que no encuentren asidero jurídico alguno con el cual justificar la imposibilidad para cumplir las mismas. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá, una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que hasta la presente fecha las autoridades responsables encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con residencia en esta ciudad, Director General de Registro y Control Documental, Director en Jefe y Registrador Integral, todos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no han dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan sin demora con la ejecutoria de mérito, para lo cual deberán adjuntar copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes que así lo acrediten, o bien, informen a este Juzgado las gestiones que hubiesen realizado con relación al cumplimiento de la misma, o en su caso, el impedimento que tienen para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tiene para ello, se impondrá a las omisas, la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
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