Guillermo Manuel Pinto Perez
Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guillermo Manuel Pinto Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó personalmente el veintitrés de mayo de dos mil veintidós; sin que a la fecha hiciera manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de ocho de abril de dos mil veintidós, por una parte se negó, y por la otra, se concedió a la parte quejosa Guillermo Manuel Pinto Pérez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Henry Benjamín Canché Yam, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad: ".la boleta de infracción 701286, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que no se encuentra debidamente motivada, por lo que debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable: la deje insubsistente, quedando sin efectos todas las consecuencias legales de tal infracción, tales como el cobro de la misma, y de haberse realizado a la fecha el pago de la sanción impuesta deberá devolver la cantidad que se hubiera pagado con motivo de la multa aludida." Así, por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora y se requirió a la responsable su cumplimiento. Por tanto, a fin de cumplir con la ejecutoria del amparo, la responsable, mediante oficio SSP/DJ/19825/2022 recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve de mayo actual (promoción 11678), remitió la diversa misiva SSP/JV/155/2022 de diecisiete de mayo del año en curso, en la que dejó insubsistente la boleta de infracción 701286 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo de cuenta se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio remitido el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, así como a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, y en el segundo, se concedió el mismo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Henry Benjamín Canché Yam, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal; lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la citada ley de la materia, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 32/2022-VI-A, promovido por , contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ... QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la Litis Constitucional en relación al precepto legal tildado de inconstitucional. En primer término se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 75, 79 y 82 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como de los numerales 411, 443 y 449 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Al respecto, de la lectura integral a la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa omitió exponer motivos de inconformidad tendientes a cuestionar la constitucionalidad de los referidos numerales, esto es, no adujo los razonamientos por los que considera que dichas normas pugnan con sus derechos fundamentales, de ahí que deba negarse el amparo por lo que respecta a las mismas. Para emprender el examen de la constitucionalidad de la norma jurídica impugnada es necesario que se expongan argumentos jurídicos que se sustenten en la precisión de los derechos fundamentales violados, y sobre todo en la demostración de que la norma reclamada es la que viola el orden constitucional. Sin embargo, si la parte quejosa se concretó a afirmar de manera dogmática que impugnaba las normas antes precisadas, sin exponer los motivos por los que así lo hacía, es inconcuso que debe negarse el amparo por lo que ve a tales actos. Si bien por cuestión de técnica, en el juicio de amparo debe sobreseerse en el juicio en los casos en que no se hayan esgrimido motivos de inconformidad en contra del acto reclamado, y respecto del que no proceda suplir la deficiencia de la queja, en tratándose del amparo contra leyes con motivo del primer acto de aplicación, debido a que no puede desvincularse el análisis de la norma tildada de inconstitucional del acto de aplicación en términos de la jurisprudencia de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN", lo procedente es negar el amparo solicitado en contra de las normas reclamadas, al no poderse dividir la continencia de la causa. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En el caso, toda vez que no se consideraron inconstitucionales los artículos reclamados por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que la boleta de tránsito transgrede sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que la boleta no se encuentra debidamente motivada, pues el agente de tránsito omitió justificar las razones que lo llevaron a imponer la sanción máxima, con lo que transgrede sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, dejándola en un estado de incertidumbre jurídica. Dicho argumento resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre por los cuales consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, que precisamente sustentan el acto de molestia. Por su parte, en relación a la infracción prevista en el artículo 328, fracción I del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, relativa a conducir un vehículo presentando tasa de alcohol en la sangre (BAC) superior a 0.080 miligramos por cien mililitros o de alcohol en aire traspirado (BrAC) superior a 0.40 miligramos/litro, se tiene que el Anexo I del catálogo de sanciones, en su apartado 4-A del citado Reglamento, contempla sanciones de 90 a 100 días de salario mínimo vigente en la zona, señalando el criterio para la determinación de la sanción en que la primera en un año, será de 90 días de salario mínimo; la segunda en un año, 95 días de salario mínimo; y, la tercera sanción en un año, 100 días de salario mínimo. Ahora bien, en el caso concreto, si bien es cierto que está fundado el acto reclamado, pues la autoridad citó que se infringió el artículo 328, párrafo primero, por lo que impuso la sanción correspondiente al grupo 4-A de la tabla de sanciones del Anexo I del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. También lo es, que no motivó por qué impuso la sanción máxima para la infracción señalada. Esto es, las actas de infracción deben ser cuidadosamente motivadas, de manera que de su contenido pueda advertirse claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción. Se afirma lo anterior, en razón de que tal y como consta en la boleta de infracción 701286 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, documento público que tiene valor probatorio pleno de conformidad con los ordinarios 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en la especie conforme a lo que establece el numeral 2 de la ley reglamentaria; no se aprecia que el agente Henry Benjamín Canché Yam, hubiere realizado la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Lo cual como se ha visto en el párrafo que antecede sí es necesario, pues es un requisito indispensable para la debida motivación del acto reclamado cuando se impone una sanción superior a la mínima, por lo que al no realizarlo la autoridad responsable contraviene el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 Constitucional. Lo anterior, pues en forma alguna precisó cómo llegó a la conclusión de que el conductor, aquí quejoso, se encontraba en el supuesto correspondiente a la tercera sanción en un año para imponerle como multa 100 días de salario mínimo, tal y como establece la tabla de sanciones del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado. De manera que para considerar el acto reclamado suficientemente fundado y motivado, se debió expresar en forma sucinta tal cuestión a fin de que el sujeto receptor de la infracción tuviera conocimiento pleno del hecho por el que se ubicó en la hipótesis en la que se fundó. De ahí, que en esta parte de la infracción reclamada el acto no se encuentre motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "TRANSITO, MULTAS DE. Las infracciones levantadas a los conductores por cruzar la línea de alto después de cambio de luz, derivan de una apreciación muy subjetiva del conductor y del agente de tránsito, pues se trata de fracciones de segundo en que se debe apreciar si la distancia de la línea, la velocidad del auto y la duración de la luz ámbar da oportunidad o no de detener el vehículo antes de la línea sin crear una situación de peligro, y si la luz ámbar da oportunidad de terminar de cruzar antes de la luz roja. Y en esas condiciones, ante la ineludible disyuntiva en que se coloca el juzgador entre aceptar una versión u otra, y ante los evidentes peligros de error que hay en aceptar una de las versiones, lo menos que puede exigirse es que las actas de infracción sean cuidadosamente motivadas en estos casos, de manera que de ellas se desprende claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, quien resulta Juez y parte en la imposición de la multa, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la forma relativa. Y si el acta de infracción es demasiado lacónica y no proporciona elementos de juicio al respecto para que el Juez forme su criterio, no puede sino estimarse que hay una falta de motivación que se traduce en una violación del artículo 16 constitucional, conforme al cual se deben exponer los motivos que actualizan la hipótesis normativa y hacen aplicable la consecuencia pertinente. Y aunque esto implica una carga legal para los agentes de tránsito, ello se justifica, en primer lugar, porque se trata de una carga que les impone la Constitución Federal y, en segundo lugar, porque la prevalencia de su dicho puede dar lugar a arbitrariedades, que se deben tratar de reducir al mínimo posible." Igualmente, tiene aplicación a lo anterior en interpretación contraria, la tesis aislada IV.1o.A.30 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA. El artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos y dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresen las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Ahora bien, de los artículos 1, 2, fracción IV y 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el territorio de ese Municipio deberá ceñirse a lo establecido por el citado reglamento para la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten; asimismo, que los oficiales de tránsito son los servidores públicos facultados para la aplicación de dicho reglamento y los supuestos en los cuales los servidores públicos pueden imponer las multas cuando se cometan infracciones. De lo anterior se obtiene que para que una boleta de infracción se encuentre fundada y motivada, es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En ese tenor, si la responsable cumple con lo anterior, no se debe exigir mayor extensión en los argumentos vertidos para sustentar el acto reclamado, además de que sus actos gozan de la presunción de legalidad, para cumplir con la garantía prevista en el numeral 16 de la Constitución Federal." Por lo anterior, se advierte claramente que la imposición de la sanción consistente en la multa efectuada a la parte quejosa en la boleta de infracción 701286, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que no se encuentra debidamente motivada, por lo que debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable: la deje insubsistente, quedando sin efectos todas las consecuencias legales de tal infracción, tales como el cobro de la misma, y de haberse realizado a la fecha el pago de la sanción impuesta deberá devolver la cantidad que se hubiera pagado con motivo de la multa aludida. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a en relación al acto reclamado al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 75, 79 y 82 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como de los numerales 411, 443 y 449 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a , Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la boleta de infracción 701286 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, y sus consecuencias jurídicas, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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